En medio de la presión que enfrenta el aseguramiento en salud en Colombia, la Contraloría General de la República emitió una advertencia a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) por la situación financiera, jurídica y operativa de varias EPS bajo intervención forzosa administrativa. El pronunciamiento involucra a Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar, SOS y Nueva EPS, entidades sobre las cuales el órgano de control identificó riesgos para los recursos del sistema y para la continuidad en la prestación de los servicios.
La advertencia fue emitida por el contralor general Carlos Hernán Rodríguez Becerra, en ejercicio del control concomitante y preventivo, tras un seguimiento a las entidades intervenidas. Según la entidad, las medidas adoptadas no han logrado estabilizar los indicadores evaluados y, en varios casos, persisten condiciones críticas asociadas al endeudamiento, el patrimonio, los pasivos y la respuesta a los usuarios, por lo que el ente de control anunció que convocará a la Superintendencia Nacional de Salud y a las EPS intervenidas a una mesa de trabajo para presentar los hallazgos y hacer seguimiento a las acciones correctivas.
¿Qué encontró la Contraloría en las EPS intervenidas?
La Contraloría señaló que las intervenciones no estarían cumpliendo su objetivo de estabilizar a las EPS bajo medida administrativa. Las entidades evaluadas presentan incumplimientos en indicadores financieros y jurídicos, además de dificultades que pueden impactar la operación de clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios de salud.
El reporte advierte que, bajo la administración de la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS intervenidas no han mostrado una mejora estructural. El ente de control encontró aumento de pasivos, deterioro patrimonial, resultados operacionales negativos y problemas relacionados con la entrega oportuna de medicamentos.
En el caso de Nueva EPS, la Contraloría indicó que la entidad no cuenta con estados financieros certificados ni dictaminados para 2024 y 2025. Esta situación limita la validación de su información contable ante el órgano de control, pese a tratarse de la EPS más grande del país, con 11,6 millones de afiliados.
La situación financiera mantiene indicadores críticos – Supersalud
La información revisada por la Contraloría muestra señales de deterioro financiero en varias EPS intervenidas. El aumento del endeudamiento, el crecimiento de los pasivos y la caída del patrimonio fueron señalados como factores que pueden afectar la capacidad de las entidades para responder por sus obligaciones con la red prestadora y sostener la atención a los usuarios.
Entre los principales datos reportados por el órgano de control se encuentran
- Nueva EPS no cuenta con estados financieros certificados ni dictaminados para 2024 y 2025.
- La Contraloría identificó un faltante de $4,9 billones en el registro de reservas técnicas de Nueva EPS.
- También se reportaron $13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar.
- Savia Salud aumentó su nivel de endeudamiento de 4,41 a 11,73, equivalente a un incremento del 166%.
- Coosalud pasó de $1,88 billones en pasivos en octubre de 2024 a $6,34 billones en 2025.
- Famisanar pasó de un patrimonio de $2,1 billones al inicio de la intervención a -$3,3 billones a finales de 2025.
Para Famisanar, el indicador de endeudamiento pasó de 1,00 a 4,08 a diciembre de 2025. La Contraloría recordó que un resultado menor a 0,70 se considera bueno, entre 0,70 y 1,0 aceptable, y superior a 1,0 crítico. Bajo esa clasificación, el dato reportado ubica a la entidad en una condición de riesgo financiero.
Las fallas en atención se reflejan en tutelas, PQR y medicamentos
La advertencia también incluyó información sobre el acceso efectivo al derecho fundamental a la salud. Según la Contraloría, ninguna de las ocho EPS que han estado bajo intervención alcanza el 100% de cumplimiento en fallos de tutela relacionados con la protección de este derecho.
El caso más bajo corresponde a Emssanar, con un cumplimiento de solo 4,48% en tutelas. Este dato fue presentado por el órgano de control como una señal de alerta sobre la capacidad de respuesta de las EPS frente a decisiones judiciales que ordenan servicios, tratamientos o tecnologías en salud.
Durante 2025 también se registró un aumento en las peticiones, quejas y reclamos. La Contraloría reportó 2.061.661 PQR, un incremento del 27,4% frente a 2024. Nueva EPS concentró el mayor número de casos, con 518.211, seguida por Salud Total, con 276.010, y Sanitas, con 265.896. Los principales motivos fueron la negación en la entrega de medicamentos y la falta de oportunidad en la asignación de citas médicas.
Los principales puntos de presión sobre los usuarios
Los hallazgos presentados por la Contraloría muestran que las dificultades no se limitan al componente financiero. La información también evidencia barreras en servicios que afectan directamente a los usuarios, especialmente en medicamentos, citas médicas y cumplimiento de decisiones judiciales.
Los puntos más relevantes reportados fueron
- Incumplimiento de fallos de tutela en todas las EPS bajo intervención.
- Cumplimiento de solo 4,48% en Emssanar frente a tutelas en salud.
- Niveles críticos en la entrega oportuna de medicamentos.
- Aumento de PQR durante 2025 frente al año anterior.
- Quejas asociadas a falta de oportunidad en citas médicas.
- Riesgos sobre la continuidad del servicio por el deterioro financiero de las EPS.
Estos elementos fueron incluidos por la Contraloría dentro de la advertencia dirigida a la Superintendencia Nacional de Salud. Para el órgano de control, la persistencia de estos resultados exige medidas correctivas inmediatas y seguimiento institucional.
El llamado institucional se dirige a la Superintendencia Nacional de Salud
El contralor general Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que los resultados evidencian limitaciones en las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud. “La persistencia de estos resultados confirma la ineficacia de las medidas de intervención. Existe una amenaza real sobre la continuidad del servicio y la sostenibilidad financiera de todo el sistema de salud”, indicó.
La Contraloría instó a la Superintendencia a fortalecer las medidas correctivas y a justificar técnicamente la discrecionalidad en las intervenciones. El llamado busca evitar que el daño patrimonial y social continúe extendiéndose en las EPS evaluadas.
La mesa de trabajo anunciada reunirá a la Superintendencia Nacional de Salud y a las EPS intervenidas. En ese espacio, el órgano de control presentará los aspectos críticos de la advertencia y revisará las acciones que adopten las entidades involucradas.
El reto inmediato será contener el deterioro sin afectar la atención
La advertencia de la Contraloría deja un punto central para la gestión institucional. La intervención de una EPS no solo debe garantizar control administrativo, también debe demostrar capacidad para ordenar las finanzas, sostener la red de servicios y responder oportunamente a los usuarios. En ese sentido, la mesa convocada con la Superintendencia Nacional de Salud y las EPS intervenidas será un espacio clave para precisar qué acciones se tomarán frente al aumento de pasivos, los patrimonios negativos y las fallas en medicamentos, citas y tutelas.
Para clínicas, hospitales y proveedores, el principal foco estará en la evolución de las obligaciones pendientes y en la claridad sobre los pagos. El deterioro financiero de las EPS intervenidas puede trasladarse a la red prestadora cuando se acumulan cuentas por pagar, se retrasan giros o se debilita la capacidad de contratación. Por eso, más allá de la advertencia fiscal, el seguimiento deberá mostrar si existen medidas concretas para proteger la operación diaria de los servicios.
Para los usuarios, el desafío será que las decisiones administrativas no se queden en ajustes internos de las EPS, sino que se reflejen en acceso efectivo a medicamentos, citas, procedimientos y cumplimiento de órdenes judiciales. La información presentada por la Contraloría muestra que la sostenibilidad financiera y la atención en salud están conectadas. Cuando una entidad pierde capacidad de respuesta, los efectos terminan apareciendo en las PQR, las tutelas y las barreras de acceso.
El desenlace dependerá de la capacidad de la Superintendencia y de las EPS intervenidas para convertir los hallazgos en acciones verificables. La advertencia abre una exigencia institucional concreta para demostrar, con resultados y no solo con medidas administrativas, que la intervención puede corregir el deterioro y proteger los recursos del sistema sin comprometer la continuidad de la atención.
