MinSalud expone retos de acceso, costos y producción de medicamentos en Colombia durante el Foro Farmacéutico Latinoamericano – ASINFAR

Bogotá fue el epicentro del debate farmacéutico más urgente de la región. En el marco del Tercer Foro Farmacéutico Latinoamericano, organizado por ASINFAR, la capital colombiana reunió a ministros, funcionarios, empresarios y líderes del sector para discutir los retos de la industria farmacéutica regional y el acceso a medicamentos. En 2025, el mercado farmacéutico colombiano alcanzó los $32,47 billones, y más del 70% de ese gasto corresponde a productos importados. La industria farmacéutica nacional abastece el 60% de las unidades consumidas, pero apenas participa con el 28% del valor total del mercado.

ConsultorSalud acompañó este encuentro de alto nivel y siguió de cerca cada uno de sus planteamientos.

La apertura estuvo a cargo de la presidenta de la junta directiva de ASINFAR, la doctora Olga Lucía Cadena, quien presentó las cifras del mercado farmacéutico colombiano. Según Cadena, Colombia importó cerca de $4.000 millones de dólares en medicamentos el año pasado y exportó apenas $430 millones, una relación de casi diez a uno que, a su juicio, evidencia la necesidad de construir una política farmacéutica de Estado.

Esa fragilidad tiene rostro concreto, dado que Ecuador concentra más del 20% de las exportaciones colombianas de medicamentos y al mismo tiempo depende del país en el 60% de su consumo. Las recientes tensiones arancelarias entre ambas naciones ya se tradujeron en disrupciones reales de suministro, según lo expuesto por Cadena durante su intervención.

Comercio farmacéutico de Colombia en cifras

Fuente: Datos ASINFAR

¿Cuánto dinero del sistema de salud ha desaparecido sin dejar rastro?

El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentó durante la inauguración del foro un balance del estado actual del sistema de salud colombiano. Destacó que cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro llegó al poder en 2022, las EPS ya acumulaban una deuda de 25 billones de pesos. Hoy, según los informes de la Contraloría General de la República, esa cifra ascendió a $32 billones, un aumento que el ministro no atribuyó al gobierno actual sino a la acumulación de años de opacidad financiera en entidades que recibieron recursos públicos sin que se pudiera verificar en qué los gastaron.

El ministro fue contundente al mostrar que entre 2020 y 2023, un período que incluyó el mecanismo conocido como Punto Final, al menos 14 billones de pesos no tienen explicación verificable ante los organismos de control. Las irregularidades documentadas durante las auditorías que el gobierno adelantó por orden de la Corte Constitucional incluyen casos que Jaramillo describió con precisión quirúrgica ante los asistentes:

• Un mismo paciente fue sometido a cinco apendicectomías cobradas al sistema
• 154 mujeres fueron reportadas por intervenciones en el pene
• 308.000 personas fueron facturadas después de haber fallecido
• Un medicamento con precio regulado de 80 millones de pesos fue cobrado por 690 millones
• En apenas nueve meses de auditoría al presupuesto máximo se detectaron más de 435.000 millones de pesos en cobros por tecnologías ya incluidas dentro de la UPC

En este contexto, las cifras presentadas bajo el marco del Auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional evidencian la magnitud de estas distorsiones. Entre 2019 y 2024, los sobrecostos por encima del Precio Máximo de Venta (PMV) superaron los $2,1 billones, con un crecimiento sostenido que alcanza su punto más alto en 2024, con más de $696.000 millones. Lejos de ser episodios aislados, estos datos muestran un patrón estructural de incumplimiento en la regulación de precios, que no solo impacta las finanzas del sistema de salud, sino que también se traduce en mayores barreras de acceso para los pacientes, al encarecer los tratamientos y tensionar su disponibilidad oportuna.

Fuente: BD-PS final contrastada con Precios Máximos de Venta.

“¿A dónde fueron a pagar esos dineros? Esa es la pregunta que no tiene respuesta”,Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

¿Puede Colombia fabricar sus propios medicamentos o seguirá dependiendo del mundo?

El ministro Jaramillo a su vez presentó también las apuestas concretas del gobierno para revertir la dependencia estructural del país en materia farmacéutica, con una hoja de ruta que incluye avances ya en marcha y compromisos de mediano plazo:

• Construcción de una planta de vacunas y una planta de fármacos para enfermedades desatendidas en alianza con el Instituto Nacional de Salud
• Inversión superior a los 350.000 millones de pesos para producción de medicamentos con la Universidad de Antioquia.
• Registro INVIMA activo para la cloroquina, con Colombia consolidada como proveedor de la OPS
• Desarrollo del prototipo de la primera vacuna antirrábica humana fabricada en el territorio nacional
• Licencia obligatoria vigente que redujo un medicamento de 410.000 a 15.000 pesos por treinta tabletas, con un ahorro acumulado superior a 470.000 millones de pesos
• Convocatoria en curso para aplicar licencias obligatorias sobre cuatro principios activos adicionales

El marco de política que respalda estas iniciativas es el documento CONPES 4170, denominado Soberanía Sanitaria 2026–2035, que contempla una inversión total de $1,377 billones distribuidos entre VECOL ($917.887 millones), la Universidad de Antioquia ($350.000 millones), el Instituto Nacional de Cancerología ($76.156 millones) y el Instituto Nacional de Salud ($33.656 millones).

En materia de licencias obligatorias, el Ministerio enfatizó en cuatro principios activos antirretrovirales de acción directa —Sofosbuvir, Velpatasvir, Voxilaprevir y la combinación Sofosbuvir/Velpatasvir— cuyas patentes, en manos de Gilead Sciences Inc., tienen vigencia entre 2028 y 2033. Para estos medicamentos se espera la publicación de la convocatoria para el otorgamiento de licencia obligatoria por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En este mismo contexto, el ministro destacó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respaldó la licencia obligatoria sobre el dolutegravir, un medicamento utilizado en el tratamiento del VIH. El alto tribunal dejó en firme las resoluciones expedidas por las autoridades colombianas y cerró el proceso de revisión que se había abierto sobre esta decisión. Asimismo, señaló que el interés público justifica este mecanismo y que el derecho a la salud prevalece sobre el interés comercial.

“Para este gobierno, para el presidente de la república, la soberanía sanitaria es fundamental, y que la industria nacional pueda prosperar de tal manera que mañana no solamente exportemos, sino que podamos tener verdaderamente la posibilidad de ser autorregulados”, Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Más allá del ámbito nacional, la propuesta se proyecta en clave regional y global. En un contexto internacional marcado por tensiones en las cadenas de suministro y políticas más proteccionistas, como las adoptadas por Estados Unidos en su sector farmacéutico, el ministro planteó la necesidad de que América Latina, con más de 600 millones de habitantes, avance hacia una estrategia industrial conjunta. Esto implicaría fortalecer la producción de biológicos y biosimilares, impulsar la investigación clínica y reducir la dependencia de insumos y materias primas provenientes de Asia.

En paralelo, el ministro presentó avances en la negociación conjunta que el Gobierno adelanta con laboratorios farmacéuticos, con la participación de ASINFAR como representante de la industria nacional. Esta iniciativa se concentra en medicamentos de alto volumen, aquellos que concentran la mayor parte de las quejas de los pacientes, y persigue tres objetivos: reducir los costos de intermediación, resolver la llamada “última milla” en la entrega al paciente y garantizar el suministro oportuno. Los recursos que respaldan esta estrategia provienen del Presupuesto General de la Nación.

En este mismo frente, el ministro señaló que el Gobierno avanzará en la implementación de la Resolución 35379 de 2025 de la SIC mediante una estrategia gradual para intervenir el mercado de productos en salud. Explicó que en una primera fase se priorizarán los medicamentos de alto costo con condiciones monopólicas, seguido por una segunda etapa que incluirá insumos como pañales, pañitos y alimentos con propósito médico especial, y una tercera fase enfocada en medicamentos de alto volumen.

El Gobierno anuncia avances en la interoperabilidad de la historia clínica electrónica

Entre los anuncios más concretos presentados durante el foro, el ministro de Salud destacó los avances en la implementación de la historia clínica electrónica interoperable, una herramienta clave para mejorar el control del sistema. Según explicó, a la fecha 391 prestadores de servicios de salud ya reportan información al sistema centralizado, y se espera que antes de finalizar el mes se integren más de mil instituciones con sus respectivas sedes, superando así los 4.500 puntos de atención conectados en todo el país.

En paralelo, la Circular 044 de 2025 establece nuevas reglas para la prescripción, programación, entrega y reporte de medicamentos financiados con la UPC a través de la plataforma MIPRES, con obligatoriedad a partir del 1 de junio de 2026. Este instrumento busca cerrar brechas históricas en el seguimiento del suministro de tecnologías en salud, especialmente en medicamentos.

Las cifras presentadas por el ministro evidencian la magnitud del problema. En el caso de los antirretrovirales para el tratamiento del VIH, entre el 1 de marzo de 2025 y el 8 de abril de 2026 se registraron 1.048.154 prescripciones, equivalentes a 2.977.118 entregas. Sin embargo, 522.874 de estas, el 18,19% resultaron vencidas o no entregadas, mientras que el tiempo promedio de entrega alcanzó los 29 días.

Para el ministro, este retraso no tiene justificación. El nuevo sistema, explicó, permitirá identificar en tiempo real qué EPS cumple y cuál no, cerrando espacios de opacidad. “Lo que se habla de falta de UPC no es más que la ineficiencia de muchas EPS que no pueden demostrar el verdadero gasto médico”, afirmó.

El modelo también introduce un cambio estructural en el flujo de la información financiera. Toda la facturación de las EPS deberá pasar primero por el Ministerio de Salud antes de ser procesada, mientras que el INVIMA validará los códigos de los medicamentos facturados, una medida orientada a cerrar uno de los principales focos de irregularidades en el sistema.

En materia normativa, el ministro señaló otros avances impulsados durante el actual Gobierno, orientados a fortalecer el acceso, la regulación y la transparencia en el mercado farmacéutico:

• Actualización de los decretos 677 de 1995 y 334 de 2022, en un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, el INVIMA y gremios del sector, con el objetivo de simplificar trámites y ampliar la oferta de medicamentos.
• Resolución 542 de 2025, que establece la compra centralizada de medicamentos para enfermedades huérfanas no financiadas con recursos de la UPC.
• Resolución 1809 de 2025, que fija los requisitos operativos y financieros para los gestores farmacéuticos y operadores logísticos de tecnologías en salud.

Dichas medidas buscan fortalecer la trazabilidad, reducir los tiempos de entrega y aumentar la transparencia en el manejo de los medicamentos, uno de los eslabones más críticos del sistema de salud colombiano.

Lo discutido en Bogotá deja una conclusión de fondo en la que el desafío del sector farmacéutico trasciende la financiación y la regulación para situarse en el terreno de la gobernanza del sistema en su conjunto. La persistencia de fallas en el control, la alta dependencia externa y las brechas en la entrega al paciente obligan a superar las respuestas fragmentadas y avanzar hacia una estrategia articulada que alinee a la industria, el Estado y los aseguradores en torno a un mismo propósito de acceso efectivo, oportuno y sostenible a los medicamentos.

En este contexto, la transparencia en el uso de los recursos, el fortalecimiento de las capacidades productivas locales y la consolidación de mecanismos de seguimiento más robustos se perfilan como condiciones determinantes para redefinir el equilibrio entre las dinámicas de mercado y la garantía del derecho a la salud en Colombia y la región.