La intervención de Coosalud EPS entró en una nueva etapa después de conocerse la radicación de una queja ante la Procuraduría General de la Nación y de una denuncia ante la Fiscalía contra Jorge Orlando Suárez Burgos, designado como agente interventor suplente de la EPS. El nuevo episodio se produjo luego de que la Superintendencia Nacional de Salud informara que acataría el fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar y pondría en marcha las acciones técnicas para levantar provisionalmente la medida y adelantar la entrega de la entidad, aunque ese restablecimiento todavía no se había materializado, pues la propia autoridad sanitaria indicó que el agente especial interventor continuaría en funciones hasta culminar la entrega formal.
La controversia, que hasta hace pocos días se concentraba en la validez de la intervención y su continuidad, pasó así a otro terreno. El punto central dejó de ser únicamente la suspensión provisional de los actos administrativos que dieron origen a la medida y se trasladó a la ejecución efectiva del fallo, en un momento en que seguía abierta la discusión sobre quién debía ejercer de manera real el control de Coosalud.
¿Qué cambió con el fallo y el acatamiento anunciado por la Supersalud?
El giro más reciente del caso se produjo el 14 de abril de 2026, cuando el Tribunal Administrativo de Bolívar suspendió provisionalmente las resoluciones con las que la Superintendencia había intervenido a Coosalud en noviembre de 2024 y prorrogado esa medida en noviembre de 2025. La decisión, contenida en el Auto 072 de 2026, fue adoptada dentro de una acción popular promovida por Red Integrada de Prestadores de Servicios de Salud S.A.S. Multiservicios OL S.A.S., Jaime Miguel González Montaño y Natalia Largo González, quienes solicitaron el retorno de la administración, la dirección y la representación legal de la EPS a quienes estaban al frente antes del 22 de noviembre de 2024.
En la revisión del expediente, el Tribunal concluyó que el plan de acción adelantado durante la intervención no mostró resultados satisfactorios y que no se evidenció una mejoría en la gestión de la entidad. Con esos elementos, suspendió provisionalmente los actos administrativos y ordenó que las cosas volvieran al estado en que se encontraban al momento de la expedición de esas resoluciones, mientras se resuelve de fondo la acción popular. También dispuso vigilancia administrativa, financiera y técnica por parte de la Contraloría y la Procuraduría.
Después del fallo, la Superintendencia Nacional de Salud informó que daría cumplimiento a la decisión judicial y que adelantaría las acciones técnicas necesarias para el levantamiento provisional de la medida y la entrega de la entidad. Sin embargo, en el mismo pronunciamiento precisó que el procedimiento debía surtirse dentro del marco legal y que el agente especial interventor continuaría ejerciendo sus funciones hasta culminar la entrega formal de la EPS. La entidad anunció además mesas técnicas de alistamiento a partir del 20 de abril de 2026 en Cartagena.
Ese anuncio dejó planteada la tensión que hoy define el caso. Hubo una manifestación formal de acatamiento al fallo, pero no una restitución inmediata y consumada del control de Coosalud. La decisión judicial frenó de manera provisional la intervención, pero la ejecución material de esa orden quedó sujeta a un proceso de transición que seguía abierto en el plano administrativo y que, en la práctica, impedía hablar de una entrega ya perfeccionada.
La intervención avanzó entre hallazgos, alertas financieras y cambios de mando
El origen de esta controversia se remonta al 22 de noviembre de 2024, cuando la Superintendencia ordenó la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios de Coosalud EPS e impuso una intervención forzosa administrativa para administrar la entidad. La medida se sustentó en 21 hallazgos y en un bajo nivel de cumplimiento del plan de acción, con apenas 6% de actividades cumplidas a cabalidad, 58% en ejecución y 36% sin avance, en una EPS que para entonces contaba con 3,2 millones de afiliados.
Entre los hallazgos consignados quedaron fallas en la prestación oportuna, eficaz y de calidad de los servicios, problemas en la entrega de medicamentos, dificultades para el acceso a tecnologías en salud y rezagos en la implementación de rutas de atención, incluida la ruta materno perinatal y la de promoción y mantenimiento de la salud. A ese panorama se sumaron observaciones sobre la inversión de la reserva técnica, inconsistencias en su cálculo y retrasos en la entrega de información financiera necesaria para medir indicadores de solvencia.
La intervención tampoco logró desactivar rápidamente las alarmas. El 6 de diciembre de 2024, la Supersalud alertó sobre la posible pérdida de más de 200 mil millones de pesos y sobre estados financieros que no corresponderían a la realidad económica de la entidad. Ese escenario dio paso posteriormente al inicio de una auditoría forense internacional en Coosalud, presentada como la primera de ese tipo entre las EPS intervenidas por la Superintendencia.
Con el avance de los meses, la inestabilidad administrativa pasó a ser otro factor crítico. El expediente revisado por el Tribunal Administrativo de Bolívar dejó constancia de que entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 fueron designados cinco agentes interventores distintos. A 31 de diciembre de 2025, las peticiones, quejas y reclamos llegaron a 107.252, las tutelas subieron de 16.771 en 2024 a 20.216 en 2025, la liquidez cayó de 1,53 en 2023 a 0,70 al cierre de 2024 y el patrimonio pasó de 283.522 millones de pesos a menos 859.167 millones.
Las radicaciones del 20 de abril llevaron la disputa a la Procuraduría y la Fiscalía
En medio de esa transición quedaron formalizadas dos actuaciones que abrieron un nuevo frente. La primera fue la queja presentada ante la Procuraduría General de la Nación, en la que aparece Jaime Miguel González Montaño como quejoso y Jorge Orlando Suárez como disciplinable. La segunda fue la denuncia radicada ante la Fiscalía General de la Nación, en la que figura Danny Julián Quintana Torres como apoderado, Jaime Miguel González Montaño como denunciante y Jorge Orlando Suárez Burgos como denunciado.
Las dos actuaciones fueron presentadas en el mismo momento en que la Superintendencia había anunciado el inicio de las mesas técnicas de alistamiento para la entrega de la EPS. Esa coincidencia terminó por ampliar el alcance de la controversia, porque la discusión sobre el control de Coosalud dejó de estar circunscrita al escenario administrativo y pasó también a los frentes disciplinario y penal.
Coosalud EPS quedó así en una fase de transición especialmente delicada. La intervención fue suspendida provisionalmente por orden judicial, la Supersalud comunicó su acatamiento y, al mismo tiempo, el caso sumó nuevos frentes ante la Procuraduría y la Fiscalía. El punto que sigue sin resolverse plenamente es la materialización de la entrega y, con ello, la definición efectiva sobre el control de la EPS.
