En un escenario de mayor vigilancia sobre los precios regulados de medicamentos y de presión sobre los recursos del sistema de salud, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) avanzó con una nueva actuación contra dos agentes de la cadena farmacéutica. La medida se conoce en un momento en el que las autoridades han reiterado que el incumplimiento de los valores máximos permitidos no solo altera las reglas del mercado, sino que también compromete el acceso de los pacientes a tratamientos de uso frecuente.
En ese contexto, la Superintendencia impuso sanciones por más de $1.379 millones a un laboratorio farmacéutico y a un distribuidor mayorista por vender medicamentos por encima de los precios máximos regulados por el Gobierno Nacional. De acuerdo con la entidad, la conducta afectó recursos del sistema de salud y tuvo incidencia sobre la disponibilidad de tratamientos para los pacientes.
Las sanciones recayeron sobre Bayer S.A., en su condición de laboratorio farmacéutico, y sobre la Caja de Compensación Familiar de Fenalco Comfenalco Quindío, en su rol de mayorista en la ciudad de Armenia. La autoridad estableció que ambas entidades comercializaron medicamentos con valores superiores a los fijados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos en los canales institucionales.
Las decisiones fueron adoptadas mediante las resoluciones 18856 de 2026 y 16791 de 2026, expedidas por la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal. La SIC precisó que se trata de investigaciones independientes adelantadas en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia sobre el régimen de control de precios de medicamentos.
Hallazgos en la comercialización de medicamentos en Armenia
En el caso de Comfenalco Quindío, la Superintendencia evidenció que durante 2023 se comercializaron al menos 26 medicamentos con sobrecostos que alcanzaron hasta el 400 por ciento por encima del precio máximo permitido. La revisión se concentró en operaciones realizadas dentro del canal institucional.
Entre los casos expuestos por la entidad aparece Ferinject, utilizado para el tratamiento de la anemia. Según la información oficial, este medicamento tenía un precio máximo de $82.752 y fue vendido por $413.760, una diferencia que ubicó este producto entre los ejemplos más notorios dentro de la investigación.
La SIC también incluyó a Depo Medrol, usado en el tratamiento de enfermedades como la artritis y de patologías autoinmunes, reumáticas y pulmonares. En este caso, el precio máximo era de $5.029, pero fue comercializado por $23.425, de acuerdo con los hallazgos consignados por la autoridad.
Con estos datos, la Superintendencia concluyó que el mayorista incurrió en ventas por encima de los topes regulados, lo que dio lugar a la sanción correspondiente dentro de esta actuación administrativa.
¿Qué encontró la SIC en el caso de Bayer S.A.?
Frente a Bayer S.A., la Superintendencia comprobó que el medicamento Neogynon fue vendido con sobreprecios de entre 26,52 por ciento y 46,81 por ciento. La conducta, según la entidad, se presentó en al menos 83.525 unidades comercializadas entre octubre de 2022 y junio de 2023.
La autoridad señaló que Neogynon es utilizado como anticonceptivo y también en tratamientos relacionados con trastornos menstruales y fertilidad. Por esa razón, el caso involucra un medicamento de uso extendido dentro de la atención de salud sexual y reproductiva y de manejo hormonal.
Aunque las sanciones se dieron a conocer dentro de una misma jornada, la SIC aclaró que corresponden a investigaciones independientes. En un caso se examinó la conducta de un laboratorio farmacéutico y en el otro la de un distribuidor mayorista, ambos dentro del régimen de control de precios de medicamentos.
La actuación deja ver que la vigilancia no se concentró en un solo eslabón de la cadena, sino que alcanzó tanto a fabricantes como a comercializadores, en una revisión que abarca distintas etapas del circuito de abastecimiento farmacéutico.
La SIC advierte impacto sobre recursos públicos y acceso a tratamientos
La Superintendencia reiteró que exceder los precios regulados de medicamentos no constituye una irregularidad menor. En su pronunciamiento, la entidad sostuvo que se trata de una conducta que afecta directamente los recursos públicos de la salud, el acceso de los pacientes a tratamientos y la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La entidad subrayó que la situación adquiere una dimensión particular porque los medicamentos involucrados en estas actuaciones están vinculados con tratamientos de uso frecuente. Entre ellos figuran productos para anemia, enfermedades crónicas, trastornos autoinmunes y tratamientos hormonales, lo que amplía el alcance de los efectos señalados por la autoridad.
En esa misma línea, la SIC anunció que continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia y control en toda la cadena de comercialización de medicamentos, incluyendo laboratorios, mayoristas, gestores farmacéuticos, IPS y demás agentes. El objetivo es garantizar el cumplimiento de los precios regulados, el acceso de los pacientes a los medicamentos y la protección de los recursos del sistema de salud.
Las decisiones notificadas corresponden a fallos de primera instancia y contra ellas proceden los recursos de reposición y apelación. Con ello, el proceso sigue abierto dentro de las etapas previstas, mientras la autoridad mantiene el seguimiento sobre el cumplimiento del régimen de precios en el mercado farmacéutico.
La actualización regulatoria busca cerrar espacio a nuevos sobrecostos
La sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio se produce dentro de un régimen de control de precios que ya está vigente. La Circular 18 de 2024 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos definió la metodología para fijar el Precio Máximo de Venta de los medicamentos sometidos a control directo y estableció que quienes los comercialicen no pueden superar ese techo regulado. La misma norma prevé, además, que esos precios máximos sean actualizados de manera anual, con base en variables objetivas del mercado y en la información técnica disponible.
En ese punto cobra relevancia el proyecto de Circular 20 publicado por el Ministerio de Salud, que plantea actualizar los precios máximos de venta de 534 mercados relevantes aplicando una variación de -5,78% en el periodo de referencia de 2024. Aunque todavía no se trata de un acto definitivo, su alcance sí resulta pertinente frente a casos como el ahora sancionado, porque apunta a recalibrar los techos regulatorios con información más reciente y a reducir el margen para que se mantengan diferencias amplias entre el valor permitido y el valor efectivamente cobrado en el mercado institucional.
A ese ajuste se suma el papel del SISMED, que concentra el reporte de precios, ventas y unidades comercializadas por parte de los actores obligados. La Circular 17 de 2023 reforzó precisamente ese flujo de información para mejorar las capacidades regulatorias y de vigilancia del mercado farmacéutico. En ese marco, una situación como la que dio lugar a las sanciones no se enfrenta solo con castigos posteriores, sino también con precios máximos actualizados, trazabilidad del mercado y seguimiento permanente sobre la cadena de comercialización.
