La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) informó que dará cumplimiento a la decisión judicial que ordenó suspender provisionalmente la medida de intervención forzosa administrativa para administrar a Coosalud EPS S.A. La entidad señaló que adelantará las acciones técnicas necesarias para el levantamiento provisional de la medida y la entrega de la empresa, con el fin de garantizar que ese proceso no afecte su funcionamiento.
La orden fue impartida por el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante el auto interlocutorio 072 de 2026, firmado el 14 de abril en Cartagena, dentro de la acción popular interpuesta contra la intervención de la EPS. La decisión suspendió de manera provisional las resoluciones con las que la Supersalud había dispuesto la toma de posesión de bienes, haberes y negocios de Coosalud en noviembre de 2024 y la prórroga de esa medida en noviembre de 2025.
En el mismo pronunciamiento, la Supersalud indicó que el procedimiento deberá surtirse dentro del marco legal y con participación de las instancias responsables de la entrega y recepción de la entidad. También precisó que el agente especial interventor continuará en ejercicio de sus funciones hasta que culmine la entrega formal de la EPS.
El Tribunal suspendió las resoluciones que dieron origen a la intervención
La decisión judicial dejó en suspenso la Resolución 2024320030015228-6 del 22 de noviembre de 2024, mediante la cual la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios e impuso la intervención forzosa administrativa para administrar a Coosalud EPS S.A. También suspendió la Resolución 2025320030011347-6 del 21 de noviembre de 2025, con la que esa medida fue prorrogada por un año adicional.
El auto ordenó además restablecer las cosas al estado en que se encontraban al momento de la expedición de esos actos, mientras se define de fondo la acción popular. El magistrado dejó establecido que se trata de una suspensión provisional y que el proceso judicial continúa su curso.
La acción popular fue promovida por Red Integrada de Prestadores de Servicios de Salud S.A.S. Multiservicios OL S.A.S., Jaime Miguel González Montaño y Natalia Largo González. En sus pretensiones solicitaron la suspensión de las resoluciones que ordenaron la intervención y su prórroga, así como el retorno de la administración, dirección y representación legal de la EPS a quienes estaban al frente antes del 22 de noviembre de 2024.
¿Qué pasos seguirá la Supersalud tras la orden judicial?
La Superintendencia explicó que la diligencia de levantamiento provisional de la medida deberá realizarse con presencia del agente especial interventor o de quien haga sus veces, así como de la persona designada por la asamblea de accionistas, o quien asuma esas funciones, con facultades para recibir la entidad. Esa designación deberá constar en un documento expreso y ser presentada al agente interventor con copia a la Supersalud.
Mientras se completa ese procedimiento, el agente especial interventor continuará ejerciendo sus funciones. La entidad informó además que se instalarán mesas técnicas de alistamiento a partir del lunes 20 de abril de 2026 a las 2 de la tarde en las instalaciones de Coosalud EPS S.A. en Cartagena.
La hoja de ruta planteada por la Superintendencia incluye el levantamiento provisional de la medida, la entrega adecuada de la empresa y la preservación de la operación ordinaria de la EPS durante el proceso. En su pronunciamiento, la entidad reiteró que el respeto por las decisiones judiciales hace parte del fortalecimiento institucional.
La decisión se da en medio de la acción popular contra la intervención
El proceso judicial que dio lugar a esta decisión se relaciona con la intervención adoptada por la Supersalud sobre Coosalud EPS en noviembre de 2024. En la revisión del expediente, el Tribunal Administrativo de Bolívar examinó la continuidad de la medida y resolvió suspenderla de forma provisional mientras avanza el trámite de la acción popular.
Según el contenido reseñado del auto, la providencia también dispone que la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación ejerzan vigilancia administrativa, financiera y técnica sobre el funcionamiento de Coosalud, cada una dentro de sus competencias.
Por ahora, el proceso queda concentrado en el cumplimiento de la orden judicial, la realización de las mesas técnicas y la entrega formal de la EPS conforme a lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Bolívar y por la Superintendencia Nacional de Salud.
