La orden presidencial de liquidar las EPS en quiebra encendió las alertas entre los gobernadores del país, que ahora reclaman un plan territorializado con transición organizada y centrada en el paciente. Desde el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro advirtió que una decisión sin plan de contingencia podría profundizar las barreras de acceso, afectar la continuidad de tratamientos y agravar la crisis financiera de hospitales y clínicas.
La discusión sobre la liquidación de EPS sumó una nueva voz de preocupación desde los territorios. A través de la Federación Nacional de Departamentos, los gobernadores solicitaron al Gobierno nacional una ruta clara para enfrentar el eventual cierre de las aseguradoras en quiebra, con el fin de evitar traumatismos en la atención de millones de usuarios y proteger la sostenibilidad de la red prestadora.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, planteó que cualquier decisión sobre el futuro de las EPS debe construirse con participación de los departamentos, los secretarios de Salud y los mandatarios regionales. Su mensaje se concentró en un punto central: sin una transición ordenada y sin un plan territorializado, el mayor impacto recaería sobre los pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas, cáncer o patologías huérfanas.
La liquidación de EPS preocupa por el riesgo asistencial y financiero
La advertencia de los gobernadores parte de una preocupación compartida: la falta de un plan de contingencia claro. Según lo expresado desde los territorios, una liquidación masiva o acelerada podría comprometer de manera simultánea la continuidad de los servicios, la entrega de medicamentos y el pago a clínicas y hospitales.
En ese contexto, Toro señaló que los pacientes serían los primeros afectados. La mandataria sostuvo que la ausencia de garantías sobre la red de atención y de medicamentos podría traducirse en nuevas barreras de acceso para personas que hoy dependen de tratamientos continuos. “Los pacientes van a tener barreras, no van a ser atendidos. Los pacientes crónicos, con cáncer o enfermedades huérfanas, van a enfrentar grandes dificultades. Hoy no existe una red de medicamentos ni una red de atención que garantice su salud y su vida. Ese será el principal problema, porque el centro del sistema es el paciente y hoy no tendría garantías”, afirmó.
La preocupación no se limita al plano asistencial. También se extiende al frente financiero. Toro advirtió que, si se concreta la liquidación de las EPS, tanto los hospitales públicos como las clínicas privadas podrían enfrentar un escenario más complejo, debido a la incertidumbre sobre quién asumiría las deudas acumuladas por esas entidades. “Si se liquidan las EPS, los hospitales públicos y clínicas privadas tendrán serias dificultades financieras porque no está claro quién asumirá esas deudas. El Gobierno nacional ha dicho que no las va a pagar”, indicó.
Gobernadores piden una transición territorializada con el paciente en el centro
Frente a este panorama, la posición de los gobernadores apunta a la construcción de una mesa institucional que permita revisar el impacto regional de la medida y definir respuestas diferenciadas según las condiciones de cada territorio. La solicitud no se centra únicamente en frenar la decisión, sino en organizar un proceso que tenga en cuenta la realidad operativa y sanitaria de los departamentos.
La gobernadora del Valle insistió en que el país requiere un esquema de coordinación entre niveles de gobierno para evitar improvisaciones. En su concepto, no basta con anunciar decisiones estructurales sobre el aseguramiento si no existe claridad sobre la forma en que se garantizará la prestación efectiva de los servicios, la dispensación de medicamentos y la atención en zonas apartadas.
“Hay que sentarse con los departamentos, con los secretarios de Salud y los gobernadores para analizar qué está pasando en cada territorio. Se requiere un plan serio, organizado y transparente, no improvisado, que permita garantizar la atención de los pacientes. El Gobierno dice que va hacer compras centralizadas, está bien, pero cómo va a distribuir los medicamentos, cómo los va a entregar al sector rural, cuál es la fórmula en la cual le va a dar medicamentos a cada departamento”, puntualizó.
Ese planteamiento refleja una tensión de fondo: la diferencia entre una decisión nacional y su ejecución en los territorios. Para los mandatarios regionales, cualquier rediseño del sistema debe resolver preguntas operativas esenciales antes de su implementación, especialmente en lo relacionado con redes de prestación, acceso farmacéutico y cobertura para poblaciones vulnerables.
Nueva EPS concentra la incertidumbre por una eventual reasignación masiva de usuarios
Uno de los puntos más sensibles del debate es el eventual traslado de cerca de 25 millones de usuarios a la Nueva EPS. La magnitud de esa cifra es vista por los gobernadores como un factor de alto riesgo, particularmente por tratarse de una entidad que ya presenta dificultades en prestación de servicios y pago a la red hospitalaria.
Para la mandataria del Valle del Cauca, la Nueva EPS no tendría la capacidad operativa para absorber un volumen de usuarios de esa magnitud. Su advertencia se concentró en dos frentes: la insuficiencia de la red y las dificultades en el suministro de medicamentos. “La Nueva EPS no está preparada para absorber esa cantidad de pacientes. No cuenta con la red suficiente ni con la capacidad para garantizar la entrega de medicamentos. Si hoy ya presenta dificultades, con 25 millones más sería imposible que pudieran ser atendidos”, afirmó.
La preocupación por esta posible concentración de afiliados se relaciona con la continuidad de la atención. Para los territorios, una reasignación sin capacidad instalada suficiente podría traducirse en mayores tiempos de espera, fractura de rutas de atención y nuevos cuellos de botella en servicios esenciales, aunque el pronunciamiento conocido se concentra principalmente en la necesidad de planificar la transición con criterios territoriales.
El Valle del Cauca expone el peso de la deuda en la red de salud
En el caso del Valle del Cauca, la preocupación tiene además un componente financiero regional claramente identificado. La cartera con la red de salud asciende a $6 billones por parte de EPS intervenidas por el Gobierno nacional, una cifra que, de acuerdo con la gobernadora, agrava la crisis financiera del sistema en el departamento.
Ese dato ilustra por qué los gobernadores insisten en que una liquidación sin hoja de ruta podría trasladar aún más presión a los prestadores. La deuda acumulada ya impacta la operación de hospitales y clínicas, y una transición sin definiciones sobre pagos y responsabilidades podría profundizar la inestabilidad de la red.
En este escenario, el mensaje de los mandatarios departamentales se orienta a evitar que una decisión de alto impacto estructural derive en un deterioro adicional de la atención. La demanda, en esencia, es por una planeación que articule a la Nación con los territorios y que priorice la continuidad asistencial por encima de la improvisación.
La posición expresada desde el Valle del Cauca resume la preocupación de los departamentos ante una medida que podría reconfigurar el sistema de aseguramiento sin que, hasta ahora, exista claridad pública sobre el mecanismo de transición. Para los gobernadores, cualquier reforma de facto en el funcionamiento de las EPS debe partir de un principio básico: el paciente no puede quedar expuesto a vacíos de atención ni a una nueva ruptura financiera en la red de servicios.
