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Entrevista

Viceministra de Protección Social

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Teniendo en cuenta la situación financiera actual del sistema de salud colombiano, la Viceministra de Protección Social, Carmen Eugenia Dávila, en entrevista con  CONSULTORSALUD habló sobre las medidas que desde el Ministerio se están tomando frente a la situación, trató temas clave como lo es la UPC, la iliquidez de los hospitales, los servicios no Pos, Caprecom, entre otros.

CONSULTORSALUD: Hemos escuchado con insistencia y profunda preocupación, que el gobierno NO puede poner dinero para paliar la deuda acumulada, bajo el argumento que “ese dinero ya se giró o ya se canceló a las EPS”, y que apalancarlo gubernamentalmente constituiría un peculado, lo cual visto desde esa óptica sería correcto.

Sin embargo, consideramos que el faltante estructural que ha mencionado, inequívocamente nos lleva a considerar, que el cálculo macroeconómico de la UPC, estuvo incorrecto por años (se hizo por lo bajo), abriendo la posibilidad de buscar e inyectar recursos frescos, para sofocar en algo, la agobiante crisis de iliquidez, rellenando ese mal cálculo histórico (sin temores de ilegalidad alguna), al tiempo que se exige a las EPS, ponerse al día con las obligaciones derivadas del riesgo que si se pagó, a través de la UPC.

¿Ustedes consideran esa posibilidad? ¿Se ha realizado un estudio actuarial de la UPC que pueda soportar esta hipótesis y la toma de decisiones?

Viceministra: El cálculo de la UPC se hace, actualmente, con base en una metodología técnica que se ha venido mejorando con el tiempo y con la información que los mismos agentes entregan al Ministerio.

El  sistema  ha  venido  reconociendo  con  recursos  del  FOSYGA  y  de  las Entidades Territoriales cuantiosas sumas por prestaciones no incluidas en el POS, ordenadas muchas veces por fallos de tutela.

Sobre estas tecnologías, debemos decir que no en todos los casos su eficacia está probada y muchas son servicios sociales complementarios como por ejemplo, cuidadores.

Para asumir los costos del No POS, el sistema no estaba preparado financieramente desde su concepción inicial. El pago de estas prestaciones ha generado afectación de la liquidez que debe orientarse al pago de deudas POS y como consecuencia de esto se han originado unas carteras de difícil manejo.

Adicionalmente, tenemos en los últimos años la presión de frecuencias de uso de los servicios que se ha tenido en cuenta en los costos de la UPC, pero la presión por la demanda de algunos servicios, particularmente, de los medicamentos se produce de manera permanente.

Por esta razón, la política de entrada de nuevas tecnologías al país debe ser cuidadosamente revisada con fundamento en las normas establecidas en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo.

Existen también unas deudas de las entidades territoriales con las EPS y de estas a su vez con los Prestadores de Servicios de Salud que se están terminando de sanear de acuerdo con las facultades de la Ley 1450 de 2011.

Paralelamente, con la aparición de estos problemas financieros, también se evidenció una afectación importante de los patrimonios de las EPS y el crecimiento excesivo de los niveles de endeudamiento con proveedores y prestadores.

Esta  situación  está  en  vía  de  corregirse  con  la  reglamentación  de  los requisitos de habilitación financiera consagrados en el Decreto 2702 de 2014 que obliga a las EPS a constituir un régimen de solvencia que implicará la inversión de cerca de 5 billones de pesos en capitalización.

No obstante lo anterior, han existido también problemas de gestión que han agravado la situación del sector, como por ejemplo los evidenciados en Caprecom que tiene un nivel de endeudamiento alto con los prestadores y proveedores de servicios de salud. La situación de Caprecom deberá ser resuelta por el Gobierno en el corto plazo y en eso estamos trabajando.

CS: ¿La UPC realmente está bien calculada, y alcanza para prestar todos los servicios que el POS incluye hoy, y los que incluirá con  la  puesta  en  operación  plena  de  la  Ley  Estatutaria?. Si  es así, entonces ¿Cómo explicamos tantas barreras de acceso al goce efectivo de este derecho y porqué se acumula tanta cartera?

Como mencioné antes, el cálculo se realiza con un método técnico aprobado desde 2004 por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud que se ha venido ajustando en los últimos años por la CRES y el Ministerio de Salud.

El valor de la UPC se ha incrementado de manera significativa por concentración de siniestralidad en algunos municipios del país y se ha hecho un esfuerzo financiero importante con la igualación de la UPC del régimen subsidiado con el régimen contributivo. Cada vez más, los actores han mejorado en el reporte de información y la base de suficiencia que sirve para este cálculo ya tiene acumulada información de 10 años.

La Ley estatutaria impone nuevos retos en materia de cálculo de la prima, por cuanto debemos trabajar a partir de exclusiones, pero a su vez tiene que existir una cobertura asegurable. Esto nos obliga a definir una nueva metodología para establecer de manera consensuada con los usuarios del Sistema, la comunidad médica y los distintos agentes las exclusiones y el método de costeo de la prima.

CS: ¿No es muy peligroso generar un endeudamiento extra en las EPS, mediante el instrumento de compra de cartera, a sabiendas que esta fórmula conduce a un debilitamiento de la UPC, y por ende es foco de nuevas obligaciones incumplidas hacia el futuro?

La compra de cartera ordinaria se maneja con límite por EPS, el cual hace referencia al gasto administrativo. A partir de 2015  se están colocando cerca de $35.000 millones al mes, más la compra extraordinaria anunciada para agosto que será de aproximadamente de $120.000 millones.

En situaciones de iliquidez es importante que se generen instrumentos para movilizar recursos frescos y apuntar a una reestructuración de pasivos vencidos con los prestadores hacia pasivos de largo plazo con el FOSYGA a través de la subcuenta de Garantías, o con la Banca Comercial.

Es necesario que los inversionistas y la banca tengan  en cuenta que el sector salud es un sector de la economía del país con una estructura de financiación asegurada, un mercado asegurado y un flujo futuro de recursos importante. Se trata de un sector en expansión, con un futuro certero y un pasado complejo por el monto de las deudas que debemos terminar de resolver entre todos.

El Gobierno viene ejecutando una política de saneamiento de pasivos desde el año 2011 que ha avanzado de manera significativa.

CS: ¿Está el Gobierno Nacional y el Ministerio, recibiendo y/o escuchando ofertas de firmas e inversionistas internacionales, que podrían estar interesados en vincularse al sistema de salud colombiano, bien sea comprando EPS y/o redes de prestadores de servicios de salud? Si es así, ¿Cuáles son estas firmas y que se espera de ellas en el corto plazo?

Sí se han presentado algunos inversionistas extranjeros para   conocer la situación del sector y sus perspectivas por su interés en realizar inversiones en el sector salud en EPS, pero particularmente en Prestadores de Servicios de Salud.

El sector de prestadores de servicios de salud ha tenido una expansión importante en los últimos años con inversiones cuantiosas en infraestructura que se estiman en más de 3 billones de pesos y nuevas formas de negocio en torno a la prestación como el turismo en salud.

CS: ¿El Ministerio mantendrá el esquema de EPS, o se decantará como lo planteaba la reforma ordinaria que no se aprobó, por el nacimiento de Empresas Gestoras de Salud? ¿Hay alguna empresa nacional o internacional  que  se esté perfilando  para  cumplir  con  este nuevo “fenotipo” empresarial?, ¿Qué plazo se tiene para este tema?

El  Gobierno  no  está  pensando  en  nuevas  iniciativas  legislativas  que  den marco para un nuevo tipo de Empresas que gestionen la salud.   La institucionalidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud es la prevista en la Ley 100 de 1993.

CS: Los superpoderes que le fueron asignados al Superintendente Nacional de Salud (fusionar, ceder afiliados, ordenar recapitalizaciones, iniciar desmontes progresivos, etc), en conjunción con el artículo igualmente aprobado en la ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo, que faculta plenamente a su despacho, hace  pensar que estamos próximos a ver decretada una emergencia sanitaria por falta de provisión de servicios de salud. De llegarse a dar tal escenario sectorial, ¿Cuáles serían las primeras medidas que adoptarían su despacho y el Superintendente Nacional de Salud? ¿Podríamos esta cercanos a ver una reestructuración total del sistema y sus actores? ¿Es esa una salida que está buscando el gobierno?

Una reestructuración total del Sistema se debería dar en el marco de una reforma  y    como  acabo de mencionar, el  Gobierno no está planteando nuevas iniciativas legislativas con ese enfoque.

No se ha pensado en decretar una emergencia sanitaria por falta de provisión de servicios, porque los servicios se están prestando, las personas cada vez acceden a más tecnologías en salud; al año se producen cerca de 400.000 millones de actividades, los prestadores facturan estas actividades y sus ingresos  han  crecido  sustancialmente  en  los  últimos  años. Por  lo  tanto hablar de una falta de provisión de servicios de salud en los últimos años, no es un escenario real.

Las competencias de la Superintendencia Nacional de Salud resultaban limitadas para efectos de lograr un control más eficiente de las EPS, IPS y demás vigilados del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esta es fundamentalmente la razón de la ampliación de las competencias para el ente de control con el  fin  de  conjurar  la  situación  de  deterioro en las entidades de aseguramiento que se venía observando hace varios años.

Al contar con facultades precisas y claras en materia de control, la Superintendencia   Nacional de Salud podrá disminuir los riesgos que presenten entidades con problemas financieros o de prestación, o corregir las deficiencias que presenten entidades particulares, en beneficio de la prestación de los servicios de salud de forma adecuada y oportuna.

En todo caso, las exigencias del Decreto 2702 de 2014, plantean una ruta de capitalización y compromiso de las EPS con el SGSSS y esto obligará muy seguramente a una depuración  del mercado de aseguradoras. 

CS: El salvamento de los hospitales públicos, es un tema de máxima prioridad sectorial; podríamos esperar que haya una vuelta atrás, en la política de subsidios a la demanda, y el gobierno retome el manejo del sistema nacional de salud, es decir ¿se aplique subsidios a la oferta de manera generalizada para las ESE? ¿Desde cuándo aplicarían tales medidas? ¿Existirían algunas condiciones particulares para acceder a este sistema? ¿Cuáles serían?

El salvamento a los hospitales públicos del país se está dando con la estructuración de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero aprobados por la Ley 1608 de 2013 que viabiliza además recursos parasu financiación. Existen más de 260 hospitales públicos en estos programas de saneamiento que tienen un horizonte promedio de 5 años de ejecución y que en un año de ejecución están presentando resultados positivos.   Estos programas tienen un enfoque integral y con la experiencia y rigor de la DAF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Gobierno está convencido que  vamos  a  avanzar  en  una consolidación  de  estas  entidades  con proyección de largo plazo.

Pese a lo anterior, hay algunos lugares del país donde la venta de servicios de los hospitales públicos puede no ser suficiente para su sostenimiento. En estos lugares será necesario pensar en un subsidiado a la oferta desde el Estado. Consideramos que la discusión amplia de este tema debe darse en el marco de la modificación de la Ley 715 de 2001.

Sin embargo, el Gobierno Nacional en el 2014 expidió el Decreto 2273 de 2013 para aquellas zonas que por sus condiciones de accesibilidad requieren garantizar este subsidio a los prestadores de servicios de salud con infraestructura pública; sin embargo la posibilidad de otorgar el subsidio está sujeto a los excedentes con los que cuenten las Entidades territoriales. Dentro  de  esta  alternativa  ya  se  encuentran  departamentos como San Andrés y Guainía.

Finalmente, el Gobierno no ha considerado la posibilidad de regresar a un Sistema Nacional de Salud similar al que existía antes de la Ley 100 de 1993, caracterizado por la ineficiencia, la escasa productividad de los prestadores públicos y el limitado acceso a los servicios de salud de la población del país, sin que existiera un derecho individual de la persona en salud  que es la ruta que  definió  el  país  en  la  Constitución  del  91  y  que  consolida  la  Ley estatutaria

CS: Su propuesta de cobrar un 20% de impuesto a las bebidas azucaradas no alcohólicas, como a los alimentos altos en calorías, idea que no fue bien vista por el gremio de las gaseosas, ni por el Ministro de Hacienda,   sin   embargo,   hace   parte   de   la   reforma   tributaria presentada ante la comisión de expertos. ¿Cómo beneficia esta iniciativa a la salud de los colombianos y especialmente a las finanzas del sistema?

Las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes tipo 2, entre otras enfermedades no transmisibles, suelen estar asociadas al exceso de peso y a la obesidad. Según cifras de la OMS las enfermedades no transmisibles – ENT se han convertido en la principal causa de mortalidad y discapacidad  mundial.  La  Organización  Panamericana  de  la  Salud  –  OPS estima que al año mueren 30 millones de personas en el mundo por causa de alguna de estas enfermedades y en Colombia más de 110 mil fallecen por enfermedades crónicas como las afecciones cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y los padecimientos pulmonares.

Los impuestos a las bebidas azucaradas han sido parte de la respuesta que algunos gobiernos han considerado, con el fin de responder al creciente consumo de estas bebidas y conello, a los problemas de obesidad y diabetes en la  población.  Actualmente, las  bebidas  azucaradas  representan casi  la mitad del consumo de azúcar diario.

Ante la necesidad de nuevos recursos y la tendencia creciente de los indicadores de obesidad y diabetes, el impuesto a las bebidas azucaradas es una de las estrategias que el Ministerio de Salud y Protección Social –ha propuesto a la comisión de expertos del Ministerio de Hacienda para ser presentada al Congreso de la República.

CS: El  recorte  al  presupuesto nacional  para el  año 2016, hace  que  el sector salud deje de recibir un 1 billón de pesos en un momento en el que sus finanzas están en alerta roja ¿Qué medidas se van a tomar para que este recorte no afecte la salud de los colombianos?

El Sistema de Salud recibirá mayores recursos que en el año 2015. No obstante se requieren más recursos por cerca de $1 billón y este valor adicional  se está analizando con el Ministerio de Hacienda. En cualquier escenario, el país deberá garantizar la continuidad de la cobertura lograda y los beneficios que hoy existen para la población; además de cumplir los retos que nos impone la Ley Estatutaria. Naturalmente, esto implicará mayores recursos.

CS: En el plan de choque presentado por usted para salvar las finanzas de los hospitales  del país, se plantea una inversión de 1,5 billones de pesos ¿Por qué tomaron hasta ahora esas medidas si los hospitales de todo el país desde hace rato estaban pidiendo ayuda por parte del Gobierno Nacional? ¿De dónde salen esos 1,5 billones de pesos,  del ministerio o de los aportes de los usuarios? O de las EPS?

El Gobierno desde la Ley 1450 de 2011 planteó medidas para sanear los pasivos entre los municipios y las EPS; posteriormente vino el Decreto  Ley  019  que  plantea  medidas  para  sanear  las  glosas  del FOSYGA por recobros No Pos y aspectos relacionados con la simplificación de procesos que redundan en mejor flujo de recursos, y después la Ley 1608 de 2013 y las Leyes del Presupuesto General de la Nación, mediante las cuales se han tomado una serie de medidas para avanzar en el saneamiento de pasivos del sector, la viabilización de recursos para este saneamiento.   Estas normas, en todos los casos, han tenido la premisa fundamental de que los recursos reconocidos se giren directamente a los prestadores de servicios de salud.

Las medidas anunciadas en el Plan de Choque, son adicionales a las que ya se han venido tomando y particularmente se plantea que sean ejecutadas entre los meses de agosto a diciembre de 2015.

Recientemente  fue  aprobado el Decreto el 1681  que le  permite al Ministerio realizar operaciones financieras a través de las cuales se podrán inyectar los recursos anunciados. Por ejemplo, este decreto nos permite estructurar una línea de crédito por un 1 billón de pesos en plazos largos, destinada a otorgar liquidez y saneamiento de pasivos a través  de  Findeter.  En el caso  de las EPS, estos  créditos estarán destinados a que las mismas paguen las deudas que tienen con los prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud incluidos en el POS.

También se está realizando una compra de cartera excepcional por $120.000 millones de pesos que serán girados directamente a los prestadores de Servicios de salud en los próximos días.

Finalmente se expidió la reglamentación del artículo 97 de la Ley del Plan,  el   cual   permite  a  las  Cajas  de  Compensación  utilizar  los excedentes del artículo 46 de la Ley 1438 de 2011, en el saneamiento de pasivos con los prestadores. Según la información reportada por estas entidades al Ministerio, el monto es cercano a los $413.000 millones.

Todo  lo  anterior  además  de  la  gestión  exhaustiva  de  la Superintendencia Nacional de Salud en el control del giro directo y la aclaración de cuentas por pagar y cuentas por cobrar de los diferentes agentes pagadores y de los prestadores de servicios de salud.

CS: Las quejas   por el hueco fiscal en la salud según las EPS, Hospitales, Clínicas, médicos y pacientes es que los recursos no llegan a tiempo, los hospitales culpan a las EPS y las EPS a las entidades territoriales, sumado a los casos de corrupción en algunas entidades ¿Cuál es la verdadera razón del hueco fiscal que tiene el sistema?

Una crisis tan compleja no se puede atribuir a una sola causa. El país viene experimentando un cambio demográfico y mayores presiones tecnológicas que han presionado un mayor gasto en salud.

En el pasado, tuvimos un crecimiento exponencial de los servicios que no estaban incluidos en el Plan de beneficios lo que presionó mayores gastos en el sector. Esto hizo que el país gastara más de lo que tenía.

Ahora es necesario tener un contrato social coherente, es decir, que exista coherencia entre lo que la sociedad aporta y lo que demanda. Todos queremos acceder cada vez a más tecnologías, mayor oportunidad y mejor calidad de los servicios, pero esto tiene unos costos que la sociedad debe asumir y que por ahora no están plenamente financiados.

A lo anterior se suma que por varios años no existió un real régimen de solvencia para las EPS. Lo que se manejaba en particular en las EPS del régimen subsidiado era un régimen centrado en temas de liquidez y no de solvencia que permitiera tener unos patrimonios que soportaran la operación del asegurador y respaldar dicha operación en momentos de crisis como los que se empezaron a evidenciar hace unos años.

Todo  lo  anterior  además  de  la  gestión  exhaustiva  de  la Superintendencia Nacional de Salud en el control del giro directo y la aclaración de cuentas por pagar y cuentas por cobrar de los diferentes agentes pagadores y de los prestadores de servicios de salud.

CS: ¿Por qué no hay sanciones ejemplarizantes con responsables claros por esta gigantesca crisis de iliquidez e insolvencia sectorial? ¿Qué está haciendo el Ministerio para evitar que se sigan perdiendo recursos o usando de manera inadecuada?

Las sanciones las impone la Superintendencia Nacional de Salud y los demás órganos de vigilancia y control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.

Conocemos que han existido sanciones por problemas relacionados con el flujo de recursos o incumplimientos del ordenamiento legal tanto a EPS como a Prestadores de Servicios de Salud y, adicionalmente, como es conocido por la opinión pública, se dieron intervenciones a los actores que no estaban operando conforme a la ley y en muchos casos se ordenó su liquidación.

CS: Los servicios No Pos y la entrada de nuevos medicamentos son una de las causas del problema ¿Qué se está haciendo al respecto para que no se sigan aumentando las deudas por estos servicios?

En primera instancia la actualización del plan de beneficios, que se ha venido realizando de manera progresiva en los últimos años, tiene como objetivo que estas demandas por el No Pos se disminuyan.

En el marco de la Ley estatutaria y la redefinición del plan de beneficios con seguridad el No Pos va a reducirse de manera significativa. No obstante, los agentes deben ser conscientes de que el SGSSS no cuenta con fondos ilimitados para pagar por todo al precio que sea y por esta razón hemos hablado de la necesidad de un nuevo contrato social donde todos nos pongamos de acuerdo sobre cuáles son las prestaciones que se van a pagar con recursos del Sistema. De lo contrario la sociedad tendrá que pensar en nuevos aportes o nuevos impuestos para financiar las demandas cada vez más crecientes.

Por otro lado, tenemos la regulación de precios a medicamentos que le ha representado ahorros por más de $1 billón al sistema.

CS: Caprecom es una de las EPS que más le adeudan a los hospitales y clínicas, pero además es la de mayor número de usuarios del subsidiado en el país. ¿Qué va a pasar con la EPS y especialmente con los usuarios sin que se vea afectado el servicio? ¿Pagará el Estado todas las obligaciones de Caprecom? ¿En cuanto tiempo? y ¿Qué plazo final tiene Caprecom para terminar  un desmonte definitivo?

 Se está trabajando al interior del Gobierno en una solución estructural o definitiva a la crisis por la cual atraviesa Caprecom.

Cualquier solución que se presente deberá garantizar la continuidad de la afiliación y de  la adecuada prestación de los servicios a todos los afiliados de la EPS. Asimismo, esta estrategia deberá considerar el pago a los prestadores de los servicios que efectivamente se hayan garantizado a los afiliados.

Por ahora, se está realizando la salida organizada de algunos departamentos en los cuales ha tenido problemas de flujo y prestación de servicios, como son el caso de Chocó y Antioquia.

CS: El Decreto 2702 de 2014, indudablemente contiene importantes beneficios que buscan una estabilidad económica futura del sistema de salud y de las EPS; sin embargo, la exigencia que tienen las EPS, de crear una reserva sobre obligaciones pendientes conocidas, no puede convertirse en un incentivo perverso, para que las EPS comiencen a no autorizar servicios o a dilatarlos (aún más en el tiempo), para no tener que reservar (congelar) esos dineros. ¿Cómo se va a controlar este delicado tema que puede haber generado una nueva barrera de acceso de manera indirecta?

El decreto de ninguna manera plantea la posibilidad del no pago de las acreencias. Por el contrario, de manera explícita, dice que deben pagarse en los plazos establecidos en la Ley.

La constitución de la reserva técnica tiene un afecto en el pasivo y en cuanto al  régimen  de  inversiones    en  el  activo,  por  lo  que  no  tendría  sentido acumular recursos en el activo que pudieran usarse para disminuir el pasivo originado en el cálculo de la reserva, disminuyendo con esto el patrimonio que también tiene que incrementar para soportar la operación (patrimonio adecuado).

Por lo tanto no consideramos que esto pueda ser un incentivo perverso, por el   contrario, es el   camino seguro para el saneamiento del sector y el adecuado  uso  de  los  recursos  de  la  prima  y  contiene  los  principios  del régimen de solvencia de cualquier actividad aseguradora.

CS: En todos los hospitales del país ha habido manifestaciones por los problemas financieros, pero hay cuatro casos específicos el Hospital del Valle, Antioquia, Santander y la Costa Caribe. ¿Qué medidas están tomando para solventar la crisis en esos departamentos?

La situación de   la red prestadora de servicios de salud en estos departamentos es en algunos casos compleja.  Sin embargo las causas y  las  soluciones  son  distintas.  Mientras  en  Antioquia  se  da  una situación de cartera en una de las principales EPS de la región por el no pago del No POS de los afiliados al subsidiado, en el Valle se suma a esta misma causa problemas de gestión del Hospital Universitario, particularmente, en la facturación de los servicios de salud.

En este sentido, la salida a los problemas es distinta y se abordará dependiendo de la circunstancia con las diferentes medidas diseñadas en el plan de saneamiento y en el plan de choque.  Frente al caso particular del Valle se realizó una revisión puntual para el pago de los servicios NO POS, con lo cual se generó un compromiso de pago por cerca de $58.000 millones.

CS: La resolución 1479 de 2015, eliminó los recobros por servicios NO POS en el régimen subsidiado, lo cual es una gran noticia. De ella, se desprende una gran sombra de duda, en la verdadera capacidad que tienen las direcciones  departamentales  y  distritales  de  salud, para atender el volumen y el costo de estos derechos fundamentales, de manera oportuna y completa.

¿Cómo va a garantizar el Ministerio de salud, la suficiencia de los recursos girados a estos territorios, para que no colapse la prestación de servicios NO POS en los próximos tres (3) meses, debido a la incertidumbre en el pago que ya presienten los prestadores, y anunciaron algunos secretarios de salud?

¿Qué deben hacer los pacientes cuando, a pesar de tener una CTC favorable, o una acción de tutela de respaldo, no les entreguen los medicamentos o no les realicen los procedimientos NO POS? ¿Es la tutela, un mecanismo que también está colapsando, frente a la impotencia de los actores de cumplir con sus compromisos?

Lo que hizo la Resolución 1479 es conectar directamente al prestador de los servicios de salud con el pagador de dichos servicios que en este caso es la Entidad  Territorial.    Las  EPS  no  tienen  responsabilidad  de  pago  de  los servicios no POS aunque sí tienen la responsabilidad de garantizar la atención del paciente.

Los recursos para pagar lo no POS antes y después de la Resolución 1479 son los mismos.  El sistema y los agentes que muchas veces inducen la demanda de servicios  deben entender que no hay fondos ilimitados para el pago de los No POS.

CS: Finalmente, ¿se sigue creyendo que no es necesaria una reforma estructural para lograr la sostenibilidad del sistema, o se está cambiando de opinión?

No  creo  que  sea  necesaria  otra  reforma para  lograr la sostenibilidad del Sistema.  Las reformas ya se hicieron con la Ley Estatutaria y con la Ley del Plan, entre otras leyes expedidas desde la Ley 1438 de 2011. Para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud necesitaremos nuevas fuentes pero esto no implicará un cambio en las instituciones y agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

 

CONSULTORSALUD agradece al Ministro de Salud Dr. Alejandro Gaviria, y la Viceministra Dra. Carmen Eugenia Dávila por su amable colaboración con esta entrevista, en estos momentos claves del sistema de salud colombiano.

 

Actualidad

Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 y su impacto con los hospitales públicos

“para lograr los objetivos propuestos en el sistema de salud, es necesario generar cambios de fondo en varios aspectos que hoy impiden que existan hospitales públicos fortalecidos al servicio de la comunidad a lo largo del tiempo”.

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La Dra. Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), conversó con CONSULTORSALUD de manera exclusiva para dar su opinión frente al Plan Nacional de Desarrollo  2018 – 2022 (PND) y su impacto con los hospitales públicos.

Además, enfatizó en qué para lograr los objetivos propuestos en el sistema de salud, es necesario generar cambios de fondo en varios aspectos que hoy impiden que existan hospitales públicos fortalecidos al servicio de la comunidad a lo largo del tiempo.

También puede leer: pronunciamiento de los gremios de salud sobre el PND


CS: 
¿Qué opina del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 aprobado recientemente en el congreso?

El Plan Nacional de Desarrollo nos deja bastante lesionados, debido a que en él se quitaron recursos importantes para los hospitales públicos. En estos momentos de crisis y de dificultades, esto genera mayores problemas para  las instituciones prestadoras de salud porque las contribuciones parafiscales que eran para pago de EPS, les va a tocar asumirlas a cada Empresa Social del Estado a partir del año entrante, quitando una financiación importante para la república hospitalaria.


PND y el Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud

Por otra parte, se acaba con el Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet) que era el fondo donde hospitales que entraban en riesgo fiscal y financiero, a través de este mecanismo, precisamente podían acceder a recursos para generar saneamiento. quedamos con bastante preocupación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

“No podemos desconocer en estos momentos que el sistema de salud está en jaque”

CS: ¿Qué impacto tiene el Plan Nacional de Desarrollo con los Hospitales públicos?

En lo que tiene que ver con el acuerdo de punto final, nosotros no podemos desconocer que van a llegar recursos importantes al sector salud, en lo correspondiente a todas las deudas que tiene el estado con las EPS por concepto de NO POS.

Estamos hablando que van a llegar recursos al sector, por alrededor de los 5.5 billones  de pesos, estos son recursos importantes para la red pública hospitalaria, sin embargo, consideramos que es un acuerdo de punto parcial, porque no hace referencia a las deudas de lo POS, es decir, lo que las EPS adeudan a la red tanto pública como privada.

En este sentido, si hacemos una sumatoria general de estas deudas, estaríamos hablando de alrededor de los 15 billones de pesos. Esto quiere decir, que quedaría una suma bastante importante de 10 billones de pesos sin financiación, sin acuerdo de punto final.

CS: ¿Qué opinión le merece lo sucedido con la situación que están afrontando los usuarios de Medimás frente a las actuaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca?

“No podemos desconocer en estos momentos que el sistema de salud está en jaque”. En lo concerniente con Medimás, de acuerdo al fallo, tiene que entrarse a quitar la habilitación y en este orden de ideas quedarían sin financiación, la deuda hoy de Medimás EPS, Cafesalud EPS y Saludcoop, es preocupante para los prestadores quienes en ultimas siguen atendiendo el usuario, pero sin garantías del pago de esos servicios. 

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Entrevista

Gustavo Morales – Presidente de Afidro

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En entrevista con CONSULTORSALUD el Dr. Gustavo Morales, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo- Afidro, habló sobre el papel de la  asociación en la regulación del precio de los medicamentos en Colombia y sus reservas frente a la declaratoria de interés público, además, de las nuevas tecnologías que entrarán al país, los avances que se han dado en la prescripción de medicamentos, y los planes que a futuro tiene Afidro en busca de mejorar la estabilidad del sistema de salud colombiano.

Que es Afidro? ¿Cuántos años tiene? y ¿Cuál es el objetivo principal de Afidro?

Afidro es la asociación de empresas farmacéuticas de investigación y desarrollo, existe desde hace 60 años y su objetivo principal, como el de todos los gremios, es representar con transparencia los intereses comunes de nuestros afiliados.

¿Quiénes son los asociados actuales de Afidro?

Hoy en día tenemos 23 empresas afiliadas. Las compañías miembros de Afidro se distinguen de otras empresas importantes del sector farmacéutico porque cumplen los parámetros internacionales para ser consideradas laboratorios de investigación y desarrollo.

¿Existen asociados a Afidro que aún no tengan presencia en Colombia?

Para poder estar afiliado a Afidro la empresa tiene que estar constituida en Colombia, sea como sucursal, como filial o como empresa nacional; no existe un requisito de nacionalidad para pertenecer a Afidro, el requisito es que la empresa técnicamente pueda ser considerada como un laboratorio farmacéutico de investigación y desarrollo.

¿Qué tipo de tecnologías comercializan los asociados a Afidro dentro del país?

Básicamente productos farmacéuticos de síntesis química y, en los últimos años, también comercializan productos farmacéuticos biotecnológicos.

¿Qué porcentaje de la UPC en los regímenes Contributivo y Subsidiado se destinan actualmente en el país para comprar medicamentos que SI están incluidos en el plan de beneficios?

Nuestros estudios recientes revelan que del total de gasto público en salud, probablemente no más del 12% se destina a medicamentos. Esos datos están en proceso final de verificación, pero seguramente, no vamos a salirnos de ese rango.

¿Cuántos recursos se necesitan en el país para el año 2017 para pagar los medicamentos NO PBS (ahora denominados prestaciones individuales), y cuánto dinero tiene efectivamente disponible el Ministerio de salud para este propósito?

Si bien no contamos con cifras oficiales al respecto, es importante señalar que los recursos a partir del año 2017 deben contemplar el Plan Implícito que se defina posterior a las primeras exclusiones que realice el Sistema, sólo hasta ese momento podrá evaluarse la necesidad de más recursos para cubrir los medicamentos no PBS.

 

¿Y en el régimen subsidiado como es este cálculo de usos y recursos disponibles, para atender los medicamentos NO PBS?

Los recursos de financiamiento del régimen subsidiado provienen de la subcuenta de solidaridad del FOSYGA y de las entidades territoriales (Sistema General de Participaciones y rentas territoriales destinadas a la salud). El cálculo per se de usos y recursos le corresponde efectuarlo al Gobierno

¿Qué opinión le merece el aplicativo MIPRES?

Es un paso necesario e inevitable después del desmonte de los CTC que ocurrió como consecuencia de la Ley Estatutaria. Acaba de empezar a implementarse en forma y, en este momento, estamos en proceso de ayudarle al gobierno a evaluar su funcionamiento y los problemas derivados a su implementación.

¿Cree Ud. que el aplicativo MIPRES favorece el acceso a los medicamentos NO incluidos PBS o se ha convertido en una barrera de acceso?

Todo dependerá de la funcionalidad del aplicativo y de la posibilidad de que los médicos puedan operarlo adecuadamente. En estas primeras semanas estamos percibiendo que puede constituirse en una barrera de acceso, especialmente en cuanto a la entrega de los productos más que a la prescripción, pero esperamos que con los ajustes que seguramente se harán eso se supere rápidamente. Hemos apoyado a organizaciones de pacientes que han montado infraestructuras de asesoría a médicos y pacientes, y la información agregada recaudada se ha transmitido a las autoridades para que tomen los correctivos necesarios.

¿Las juntas de profesionales, se están convirtiendo en una barrera de acceso para aprobar medicamentos del listado UNIRS y nutrición ambulatoria?. Los médicos no quieren conformar o participar de estas juntas ¿Por qué? 

En general todos estamos en un proceso de aprendizaje y ajuste a un nuevo modelo, siempre que hay cambios hay traumas, lo importante es tomar nota de los problemas y solucionarlos de manera sistemática. 

¿Qué opina del uso futuro del aplicativo MIPRES en el régimen subsidiado?

Es un paso necesario, lo importante es que se aplique bien tanto en lo contributivo como en lo subsidiado. Seguramente terminará también extendiéndose al PBS. 

¿Qué propuestas está haciendo Afidro para lograr que exista un solo pagador para las tecnologías NO PBS, sabiendo que en el régimen subsidiado son los entes territoriales y que el fondeo no está completo?

Nosotros no hemos trabajado ningún proyecto específico que apunte hacia un solo pagador, ese es un objetivo a largo plazo muy saludable. Entre tanto, creemos que lo que hay que hacer es mejorar las normas vigentes y que todos los agentes que deban pagar, paguen a tiempo. El Ministro ha dicho reiteradamente que buena parte de los problemas del sistema de salud, no son propios de su arquitectura, sino de la arquitectura descentralizada del estado colombiano.

¿Qué opina del Plan Implícito de Salud? ¿Conoce sus avances?

Se ventiló un proyecto de resolución hace unos meses, no se ha vuelto a conocer de ese tema. Sin embargo, en principio mi opinión es que de la Ley Estatutaria no se deriva como tal de un Plan Implícito de Salud, lo que hay, según la Ley Estatutaria, es un universo de productos explícitamente excluidos y un universo de productos y procedimientos que deben ser pagados por el sistema. La existencia de un plan implícito supone la existencia de un plan explícito y esa figura no está contemplada en la Ley.

¿Qué opinión le merece la creación del Valor Máximo de Reconocimiento VMR que acompaña los nueve agrupamientos actuales, y que han incluido las dos últimas resoluciones de actualización del plan de beneficios? ¿Cree usted que es una norma que establece una autoregulación por parte de las EPS? y que puede convertirse en un modelo futuro de regulación general al interior del sistema de salud colombiano?

No estamos de acuerdo con la definición de los subgrupos de referencia. Si bien estos se establecen con base en los códigos ATC definidos por la OMS, esta agrupación no implica necesariamente sustituibilidad entre los productos que componen cada subgrupo pues en la práctica intervienen otras variables que determinarán la elección que el médico realice.

¿Considera Afidro que el agrupamiento de medicamentos que se inició en el año 2015, se extenderá y cobijará por ejemplo a medicamentos oncológicos?

Consideramos que no se debe continuar con esta metodología, y de hecho el Ministerio mismo estableció que no va a hacer más ejercicios de agrupamiento por los requerimientos técnicos que exigen estos ejercicios.

¿Qué impacto real tendrán estos agrupamientos en el acceso y en el financiamiento de estos medicamentos?

La preocupación con estos agrupamientos es que se espera que con el mismo dinero (la UPC) las EPS estén en capacidad de cubrir un grupo amplio de tecnologías que en algunos casos aún no están disponibles en Colombia y por ende no están incluidas en el cálculo de la UPC. Esto podría poner en riesgo la autonomía médica y el acceso a los medicamentos y procedimientos requeridos por el paciente.

¿Cuál es la metodología que Afidro propone para evitar que se diluya en medio de la regulación el estímulo a la innovación? 

La Corte Constitucional ha establecido que el derecho a la salud consiste en garantizarles a los colombianos  el derecho a la mejor salud posible, eso incluye, por supuesto, el derecho a acceder a los mejores productos innovadores. Nosotros creemos que un sistema bien regulado con fuentes de financiaciones sólidas y estables, donde no haya corrupción y redundancias y con adecuados mecanismos de vigilancia y control, debería permitir el acceso de los colombianos a productos innovadores.

Hemos discrepado de la posición del gobierno en el sentido de que es la innovación la culpable del desangre del sistema. Ese énfasis deja de lado el análisis de los servicios innecesarios, el fraude, los costos administrativos excesivos, la ineficiencia en la prestación de los servicios y las oportunidades pérdidas de prevención (un niño no vacunado a tiempo, por ejemplo). Además, con la política de control de precios existentes, las críticas a los altos precios de los medicamentos en el fondo son una autocrítica del gobierno así mismo.

¿Cómo entiende Afidro el modelo de compras centralizadas? ¿Cuáles serían sus efectos positivos y negativos?

Tanto el modelo de negociaciones centralizadas como el de compras centralizadas se han ido abriendo paso en el mundo y en la región, Afidro lo considera un mecanismo legitimo siempre y cuando sean muy transparentes sus reglas, que no afecten la competencia ni discriminen a los distintos oferentes y, sobretodo, no afecten la autonomía médica. La compra centralizada no puede ser de tal magnitud que restringa las opciones de prescripción de los médicos.

¿Cómo le parece la metodología de regulación propuesta por las universidades Nacional y de los Andes para determinar el precio de los medicamentos basado en el aporte terapéutico?

Lo que es importante es: Primero, que la definición de ese aporte terapéutico a través de la evaluación tecnológica se haga con toda transparencia, con los más altos niveles técnicos, y ojala usando un análisis multicriterio para determinar el valor de cada producto.

En segundo lugar, es que pronto será necesario establecer porqué debe el gobierno fijar el precio de los medicamentos, cuando tenemos unas aseguradoras privadas que son las que deben gestionar el riesgo, pero ese es un debate sistémico que el país está en mora de dar.

En tercer lugar, nuestra verdadera discrepancia es en que los resultados de esa evaluación tecnológica sea un condicionamiento para que el producto respectivo obtenga su registro sanitario, esa es una política pública que la propia Corte Constitucional ha reconocido que puede vulnerar el derecho de los colombianos a la mejor salud posible. 

¿Le ganó Afidro la batalla al Ministro de salud al lograr que se limitará la declaración de interés público de medicamentos, al tener que consultarla con un comité del alto nivel gubernamental?

Nunca hemos participado en ninguna batalla contra nadie. Desde hace muchos años existen normas internacionales aplicables en Colombia que regulan las llamadas licencias obligatorias, es decir, las licencias que por obligación, ordenada por el Estado, el titular de una patente debe darle a un tercero para que explote el producto patentado sin la aquiescencia de aquel. Antes de expedir una licencia obligatoria, la respectiva oficina de patentes debe constatar que el ministro del ramo (sea salud, agricultura, defensa, TI) ha declarado, previamente, que respecto de ese producto patentado se predica una razón de interés público que justificaría “romper” la patente que legítimamente, por unos años, lo protege de competencia.

De modo que, para llegar a ese momento tan delicado y tan excepcional, es muy importante que la declaratoria de interés público este plenamente justificada; episodios recientes demuestran que un ministerio cualquiera, sea el de salud o cualquier otro ministerio que regule sectores donde existan patentes, puede tener un entendimiento de lo que es el interés público incompleto o parcializado, y eso genera mucha incertidumbre entre las empresas innovadoras de todo tipo.

Contrario a la premisa de su pregunta, el decreto recientemente expedido no le pone “límites” a ningún ministro en materia de declaratorias de interés público. Lo único que hace es establecer, que antes de proceder, consulte la opinión no vinculante de sus colegas de Planeación y comercio, para evaluar las implicaciones que tendría la declaratoria frente a la política económica general y la política de propiedad intelectual.  

Es decir, que Afidro no está de acuerdo con la declaratoria de interés pública que hizo el Ministerio de Salud al medicamento Glivec, o cree que el procedimiento no fue el adecuado.

El Ministerio aplicó el procedimiento que existía, pero ese procedimiento no contemplaba las salvaguardias sensatas que el nuevo decreto ahora contempla. El problema con Glivec no fue procedimental, fue sustancial. Cuando se profiere una Declaratoria de Interés Público, la pregunta no es “¿es este producto de interés público?”, porque todos los medicamentos en alguna medida lo son; la pregunta es “¿el hecho de que este producto esté patentado afecta el interés público?”. Creemos que en ese caso, tratándose de un producto bajo control de precios, incluido en el POS, y cuya patente estaba a punto de expirar, la respuesta a esa segunda pregunta era negativa.

 Hay medicamentos que entran al país y que tienen un alto costo para el sistema ¿Afidro cuál cree que es la solución para que esos medicamentos que requieren los pacientes, como en el caso de los de Hepatitis C, se puedan regular pero que no afecten tanto a las patentes como al sistema?

En general nuestra posición es que la política de precios no tiene por qué depender de afectaciones a la propiedad intelectual, se puede hacer una política de precios transparente, predecible, metódica, que gradualmente va incorporando nuevos productos al control, sin necesidad de afectar la confianza en las patentes. 

Mire usted que en los próximos días el gobierno va a incorporar aproximadamente tres mil nuevos productos al control de precios y, la discusión sobre si las patentes son válidas o no, o si se debe expedir o no una licencia obligatoria, no aparecen por ninguna parte, no es necesaria, el gobierno no requiere acudir a desconocer las protecciones de la propiedad intelectual para hacer un control de precios eficaz.

¿La vía abreviada de comparabilidad no es un camino apropiado para mejorar la competencia en Colombia?

No. Supone la entrada al país de productos biotecnológicos que de por si son de gran complejidad y riesgo, sin que para ese producto específico se hayan realizado estudios clínicos sobre humanos. Los estándares internacionales actualmente vigentes exigen como mínimo la existencia de esos estudios clínicos, y por lo tanto creemos que no se puede promover a la brava una competencia que genere semejante nivel de riesgo frente a la calidad de esos productos.

¿Entonces qué opinión tiene ustedes frente al Decreto 1782 de 2014 sobre medicamentos biotecnológicos?

Nosotros creemos que en general ese es un decreto razonable en cuanto a que regula el registro sanitario de productos biotecnológicos, pero –y el pero aquí es muy importante-, tiene un artículo, el noveno, que justamente es la vía abreviada de comparabilidad, que genera gran preocupación por su impacto a la salud y por eso lo hemos demandado ante el Consejo de Estado.

¿Qué tipo de innovaciones tecnológicas se espera que lleguen al país en los próximos meses y años?

Hay muchos avances en todas las áreas terapéuticas que tiene que ver con la salud humana, pero le mencionó tres donde el desarrollo es realmente impresionante. Uno, en el tema oncológico, a través de las inmunoterapias; dos, en el tema de enfermedades huérfanas gracias a los avances de la biología genética y molecular y; tres, en el tema de Hepatitis C ha ocurrido una auténtica revolución.

¿Cuál es el precio de estas tecnologías?  Y ¿Cuáles son los resultados esperados de las mismas?

El precio variará según si el producto entra o no al control de precios, si está o no patentado, y cuál va a ser el resultado de la respectiva evaluación tecnológica, pero lo que estamos seguros es que los colombianos tienen derecho a esos productos y la industria apoyará al gobierno en cualquier medida que le permita a los colombianos acceder a ellos.  

¿No se afecta la sostenibilidad financiera del sistema de salud, si no se hace una adecuada regulación al precio de estas tecnologías?

Nosotros estamos convencidos empíricamente que la innovación en medicamentos no es el problema financiero del sistema de salud, los medicamentos en total representan solo el 11% del gasto total del sistema, productos innovadores quizás no represente más del 3 o 4%.

Un sistema de salud donde la UPC sea suficiente, el rol de las EPS esté claro, y no haya redundancias, ni corrupción, ni politiquería, permitiría alcanzar la meta de darle salud digna y básica a todos los colombianos.

¿Qué impacto ha tenido la liquidación de  Saludcoop en el gremio?

Saludcoop era una entidad sistémica, por su tamaño y presencia nacional tenía ramificaciones en todas las esquinas del país y en todos los rincones del sistema de salud. Su liquidación por supuesto produjo un impacto enorme, pero entendiendo que quizás no había otra alternativa está bien que se haya procedido como en efecto se ha hecho con toda la transparencia en su proceso de liquidación.

Nos preocupa un poco más la situación de Cafesalud que es una EPS vigente y su capacidad de cumplimiento se ha visto sumamente deteriorada en los últimos meses.

¿Se han tomado medidas frente a esta liquidación o están esperando cómo proceda el gobierno?

Como gremio no podemos tomar decisiones colectivas que involucren a todos nuestros afiliados, pero si hemos estamos muy atentos a la evolución del proceso y hemos hecho observaciones respetuosas al gobierno y a las autoridades que están liderando el tema para garantizar que la liquidación de Saludcoop se haga con total transparencia, esperamos que la suerte final de Cafesalud garantice que se paguen las deudas que tiene la EPS con sus proveedores, y sobre todo, se garantice la continuidad en la prestación del servicio a los pacientes.

(Después de realizada la entrevista, se conoció el resultado del proceso de venta de Cafesalud. Frente a ese resultado, nos declaramos en alerta moderadamente optimista)

¿Cómo ve el próximo funcionamiento de ADRES (el banco de la salud)? ¿Qué beneficios y oportunidades puede traer al sistema de salud?

El país estaba en mora de formalizar y darle solidez jurídica al Fosyga, y la creación del ADRES va a permitir una mayor claridad en cuanto a los derechos y obligaciones de cada uno de los agentes del sistema. En el papel lo veo como algo muy positivo, pues es uno de los mejores avances de los últimos años en el sistema de salud.

En una rendición de cuentas del gremio de las farmacéuticas asociadas a Afidro. ¿Cuáles cree Ud. que son los logros alcanzados en materia de cobertura, acceso, y efectividad? y ¿sobre qué patologías especialmente está impactando positivamente el gremio de Afidro a los colombianos?

Todas nuestras compañías impactan en todas las patologías que afectan la salud de los colombianos, desde los productos dermatológicos y oftalmológicos hasta los más avanzados productos para el cáncer, nuestros afiliados atienden e innovan en todas las ramas.

Afidro como organización se siente orgullosa de promover el derecho de los colombianos a acceder a los productos de mejor calidad posible, en un ambiente de sana y feroz competencia, con respeto a la propiedad intelectual y, sobretodo, siempre con los pacientes como prioridad.

¿Qué viene para Afidro en el inmediato futuro?

A raíz de nuestro aniversario número 60, elaboramos un plan estratégico en el que vamos a trabajar para fortalecer en Colombia la cultura y el respeto a la innovación tecnológica en todos los frentes, y vamos a establecer una capacidad interna para ayudarle al gobierno a pensar en mejoras estructurales al sistema de salud en beneficios de todos los colombianos.

¿Qué tipo de mejoras estructurales tienen pensadas?

Las que resulten de los estudios, de los análisis y las reflexiones que vamos a liderar, pero muchas de ellas pasan, por ejemplo, por el tema de las fuentes de financiación del sistema, el papel de las EPS, la eficiencia en el acceso y el fortalecimiento del control. 

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Entrevista

Dr. Jaime Calderón Herrera- Director IETS

Publicado

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CONSULTORSALUD en entrevista con el Dr. Jaime Calderón Herrera, nombrado hace poco como Director Ejecutivo del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS, quien nos habló de los retos que tiene frente a la institución, como del papel del IETS en el proceso de exclusiones que viene adelantando el Ministerio de Salud, los avances en la implementación del artículo 72 del Plan de Desarrollo sobre la regulación en el precio de los medicamentos, entre otros temas.

Usted acaba de ser nombrado como Director Ejecutivo del IETS, y se dice que está es la primera vez que a la dirección del instituto llega un médico con enfoque clínico, cuéntenos ¿cuáles son los principales retos que tiene dentro de la entidad y los objetivos que tiene trazados a futuro?

El principal objetivo es el fortalecimiento y el sostenimiento en la calidad en todo lo que nosotros hagamos, siempre van a haber oportunidades de mejora, y requerimos que haya un mayor conocimiento de lo que hace el instituto, que genere legitimidad desde la construcción de caminos de confianza, insumo este, indispensable en el sistema de salud. En nuestro caso debemos proveer evaluaciones de absoluto rigor científico y metodológico que contribuyan con el proceso de transparencia, que informe la toma de una decisión de entrada y la inclusión o exclusión de una tecnología. Vale la pena aclarar que nuestro concepto o recomendación no es vinculante.

Desde que se creó el Instituto en el año 2012,  su enfoque ha sido la evaluación de las tecnologías en salud basadas en la evidencia científica, desde entonces se crean guías y protocolos sobre medicamentos, dispositivos, procedimientos y tratamientos, ¿Cuántos centros de evaluación tiene el instituto? y ¿Cómo es el proceso investigativo?

Inicialmente el IETS contribuyó con el Ministerio de Salud y Protección Social en la elaboración del Manual de criterios de priorización de las tecnologías a evaluar. Una vez hecho esto, el instituto se ha dedicado a construir, a referenciar y a optimizar los cuatro manuales metodológicos con los cuales actúa.

Estos  manuales, tienen varias fases que se sustentan en metodologías referenciadas por agencias internacionales de Europa, de Estados Unidos y de Australia, que nos han permitido generar unos manuales metodológicos, que son referenciados, a su vez, por otras agencias similares en el mundo, que tienen procesos de participación y procesos de síntesis de evidencia. Esa síntesis de evidencia tiene maneras de evaluarse y de graduarse, de poder filtrar cuáles son más robustas y cuáles más débiles; inclusive se puede mirar cuáles son los pasos para poder resolver el tema de lagunas de evidencia.

Los procesos de participación empiezan desde el mismo momento en que se hace la pregunta base sobre la cual se va a generar todo el proceso de evaluación, son procesos donde la información está disponible para los grupos de interés, de tal manera que puedan allegar evidencia que consideren adecuada; para que posteriormente nosotros la evaluemos. Entre estos públicos se encuentran la industria farmacéutica, pacientes, ciudadanos, usuarios y académicos. Dentro de este mismo proceso, hay un grupo desarrollador donde también están los expertos clínicos, expertos metodológicos y expertos en evidencia que hacen un informe preliminar, que tiene difusión entre los grupos de interés, quienes en ese momento pueden igualmente hacer observaciones o adicionar información que crean relevante.

Una vez se ha desarrollado todo este proceso, nosotros entonces producimos el informe final, y ese informe es la respuesta a la solicitud que nos haya hecho el Ministerio de Salud y Protección Social para una o para varias tecnologías en salud. El MINSALUD también  tiene sus propios procesos, que incluyen la participación de sociedades científicas, de grupos de expertos, de grupos de pacientes, etc.

Dentro de sus propios procesos, nuestro insumo es un insumo de discusión de esos mecanismos de participación, y al final, el ministerio que es el tomador de la decisión, es quien toma la decisión final teniendo en cuenta todos estos elementos.

Una vez se tienen las guías de práctica clínica y la evaluación de tecnologías sanitarias ¿Cómo es el proceso de implementación en todos los actores del sistema? ¿Ustedes además de hacer un acompañamiento, hacen un seguimiento de lo que se dice allí se cumpla?

Una cosa son la evaluaciones de tecnologías y otra las guías de práctica clínica, de hecho, hay procesos transversales a todo, bajo subdirecciones independientes al interior del Instituto y con grupos de trabajo específicos para cada una de estas actividades. 

Sumado a estos dos grupos, hay una tercera subdirección que es la de implantación y diseminación, que busca que lo que hagamos tenga un resultado final en la adopción de la guías y en la implementación de las mismas. Este es un proceso para facilitar que estas evaluaciones o las decisiones que ha tomado el ministerio, tengan aceptación y comprensión.

En la medida en la que se ha venido conociendo el IETS,  han habido instituciones y entes territoriales que nos están buscando para cubrir sus necesidades en esta materia, y lo estamos desarrollando de manera creciente, pero sin cubrir aún todas las necesidades del país en términos de nuestro apoyo para la implementación de guías.

El consejo  directivo del IETS lo conforman el Ministerio de Salud y Protección Social, el Invima, el Instituto Nacional de Salud, Colciencias, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas  ¿Cómo funciona el trabajo colaborativo entre todas las entidades que lo conforman?

El IETS es una corporación mixta de mayoría estatal,  eso quiere decir, que las cuatro entidades estatales, más las dos privadas, conforman el consejo directivo que es donde trazan las políticas generales y la estrategia.

Entonces, se nos ha encargado inicialmente por decreto del ministerio de la evaluación de las tecnologías, que terminan siendo nominadas dentro de los procesos y los tiempos que el ministerio ha definido para la nominación de tecnologías a excluir, conforme a lo que está previsto por la Ley Estatutaria.

Nuestra articulación con la agencia regulatoria INVIMA, la hacemos especialmente para propósitos del artículo 72 de la Ley del Plan de Desarrollo. Por supuesto que tenemos un dialogo con el Instituto Nacional de Salud, con Colciencias ha sido un poco menos fluido, con Ascofame y con las sociedades científicas es con quienes hemos trabajado de manera más permanente, la ACSC contribuye a nuestros procesos mediante expertos clínicos que participan en los grupos desarrolladores de las evaluaciones y de las guías de práctica clínica.  

Ha sido un trabajo articulador que se ha venido desarrollando, pero que todavía tiene un espacio muy grande para consolidar y fortalecer.

En este momento el sistema de salud inicia un nuevo plan de exclusiones, en el que el IETS realizará un papel fundamental dentro del análisis “Técnico-Científico” de las tecnologías y procedimientos que serán excluidos ¿Cuéntenos un poco como se llevará a cabo ese proceso?

Cualquier ciudadano, cualquier entidad e inclusive el gobierno pueden nominar tecnologías que consideren que son riesgosas, que son inefectivas o que hay alternativas terapéuticas que tienen igual o mejor eficacia, efectividad o seguridad. 

Una vez nominadas, existe el primer paso en el cual el IETS hace la evaluación técnico – científica  de los criterios por los cuales fue nominada la tecnología. Luego de evaluados, se le remite nuevamente al ministerio, quien inicia todo el proceso que prevé la Ley Estatutaria en términos de participación y transparencia para generar la decisión final de la exclusión.

Nuestro concepto no es vinculante, es un insumo más que tiene el tomador de la decisión, después de un proceso de participación público y abierto, que le permita al final tomar la decisión de excluirlo o no, eventualmente puede ser que una tecnología nominada para la exclusión, termine excluida, como puede suceder también que hayan tecnologías que no hayan sido nominadas y que merezcan hacer parte de las exclusiones.

El Ministerio de Salud y Protección Social anunció que recibió 66 nominaciones de exclusiones para que reciban un análisis técnico – científico ¿más o menos cuánto tiempo se espera que demore ese análisis? Y ¿Quiénes harán parte de ese grupo analista?

El IETS es un evaluador, y da un concepto, una recomendación. Es un insumo de varios que se van a producir dentro del proceso que estableció la Ley Estatutaria para las exclusiones.

Para el caso de las exclusiones evaluamos técnicamente el criterio por el cual fue nominada la tecnología, para lo cual, tenemos un plazo de 45 días calendario prorrogable en un lapso de tiempo de 10 días. Para este análisis, se conforman equipos multidisciplinarios con los siguientes perfiles: epidemiólogos clínicos, expertos temáticos y químicos farmacéuticos.

En el proceso para la regulación del precio de los medicamentos, el Plan Nacional de Desarrollo estableció que el IETS sería la entidad encargada de realizar la evaluación del registro sanitario de los medicamentos y dispositivos médicos para que a partir de esa evaluación el Ministerio fije el precio, se espera que en mayo se regule el precio de 3000 medicamentos ¿Qué ha pasado con esa evaluación?

Lo que establece la ley es que una vez se haga la solicitud de ingreso de una nueva tecnología al país, de una manera simultánea y concurrente con el Invima, que es la agencia reguladora que da el registro, al mismo tiempo el IETS se encarga de hacer la evaluación de valor terapéutico.

Una vez evaluado ese valor terapéutico, si esta en las categorías de mucho más valor o igual valor, la agencia reguladora da un registro inicial, cuando se hace esa valoración, el producto entra en un proceso de mercadeo y posteriormente de difusión e implantación, entonces, nosotros trabajaremos para la agencia reguladora y para el Ministerio, haciendo la  evaluación de tecnología sanitaria que comprende: evaluación de efectividad y seguridad, evaluación económica y posiblemente la evaluación de impacto del presupuesto; como un insumo entre otros con los cuales el tomador de la decisión establecerá el precio.

¿El IETS ya viene adelantando el proceso de evaluación?

Tenemos un estudio piloto del cual esperamos tener una propuesta metodológica estandarizada que permita la articulación efectiva entre el Ministerio de Salud y Protección Social, el Invima y el IETS. Cabe resaltar, que esta metodología contempla la evaluación del valor terapéutico a partir del uso del análisis multicriterio. Esperamos que el estudio piloto finalice en el mes de agosto y a partir de allí se inicie su implementación.

El Ministerio tiene varios elementos para la fijación de precios, en referenciación regional, con la OCDE, compra centralizada, y las evaluaciones de tecnologías del IETS.

En este caso del Plan de Desarrollo, los insumos que nos pidan tampoco son vinculantes.

El IETS entre sus ramas de investigación tiene un centro para el análisis de impacto presupuestal ¿Cómo funciona y de qué manera interviene en la regulación del precio de algunas tecnologías o procedimientos?

Es otro análisis completamente técnico, con una metodología universalmente aceptada, teniendo en cuenta particularidades del contexto colombiano, y es también otro insumo técnico para la toma de decisiones.  Nosotros elaboramos procesos de evaluación económica con absoluto rigor técnico y con adiciones que nos permitan contextualizarlos en Colombia. Esos análisis los puede pedir tanto el Ministerio de Salud y Protección Social como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En cuanto  al registro de medicamentos y dispositivos médicos de uso por fuera del registro sanitario (off label), que deben ser evaluados por el IETS para determinar un segundo uso.

En el proceso de medicamentos off label, se utiliza una metodología de referenciación internacional de agencias de vigilancia como la FDA y la Agencia Europea de Regulación de Medicamentos y se identifican alarmas del uso de estas tecnologías en indicaciones no autorizadas por la entidad regulatoria y posteriormente se hace una clasificación de riesgo a partir de esas alarmas.

Trabajamos a solicitud de evaluaciones determinadas, no por nuestra propia iniciativa, es importante señalar que no hacemos evaluaciones para la industria farmacéutica ni para la industria de dispositivos.

 

Por:Laura Suárez

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