Trump autoriza redadas a migrantes en hospitales, iglesias y escuelas en Estados Unidos

Trump autoriza redadas a migrantes en hospitales, iglesias y escuelas en Estados Unidos

Luego de asumir la presidencia, Donald Trump ha revocado una directriz clave de la Administración Biden, permitiendo a las autoridades migratorias realizar arrestos en lugares considerados “protegidos”, como hospitales, escuelas e iglesias. Esta medida marca un cambio radical en la política para los migrantes en Estados Unidos y genera preocupación entre defensores de derechos humanos y comunidades migrantes.

El martes 21 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado oficial en el que anunciaba la anulación de las restricciones impuestas por Joe Biden en 2021. Estas directrices, creadas durante la anterior administración, buscaban proteger ciertos espacios para que las personas migrantes pudieran acceder a servicios esenciales sin temor a ser arrestadas.

Entre los sitios considerados “protegidos” se incluían, hospitales, albergues para víctimas de violencia doméstica y centros de ayuda en desastres naturales, escuelas e iglesias. Según el memorando de Biden, esta medida tenía como objetivo garantizar que las comunidades vulnerables no evitaran buscar atención médica, educación o refugio por temor a enfrentarse a una redada migratoria.

Sin embargo, el Gobierno del recién posicionado presidente Trump ha justificado su decisión señalando que las restricciones anteriores limitaban las acciones de los agentes migratorios y permitían que “criminales extranjeros” utilizaran estos lugares como refugios para evadir la justicia.

“Empoderar” a los agentes migratorios

Un portavoz del DHS aseguró que la nueva política busca “empoderar” a los agentes de migración para que puedan “seguir las leyes y capturar a criminales extranjeros”. Aunque el comunicado no presentó evidencia específica de casos en los que estas zonas protegidas hayan sido utilizadas como escondites, se enfatizó que la medida forma parte de la promesa de Trump de realizar la mayor campaña de deportaciones en la historia del país.

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La política también elimina la necesidad de que los agentes obtengan la aprobación de un superior para llevar a cabo redadas en estos lugares, una norma que buscaba garantizar una mayor supervisión y limitar posibles abusos.

Reacciones y preocupaciones

La decisión ha generado reacciones inmediatas entre organizaciones defensoras de los derechos humanos y comunidades migrantes. Diversos grupos han señalado que esta medida puede desincentivar a las personas extranjeras a buscar servicios esenciales, afectando especialmente a niños, enfermos y víctimas de violencia doméstica.

“Eliminar estas zonas protegidas no solo es una violación a la dignidad humana, sino que también pone en riesgo la salud y el bienestar de miles de personas,” declaró un portavoz de la organización Human Rights Watch.

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El impacto en las comunidades migrantes

La revocación de las zonas protegidas afecta directamente a las comunidades migrantes, muchas de las cuales dependen de escuelas y hospitales para cubrir necesidades básicas. Según activistas, esta medida podría llevar a un aumento en la desconfianza hacia las instituciones, dificultando el acceso a servicios de salud y educación para niños y familias migrantes.

Los hospitales y clínicas, esenciales para la atención médica de poblaciones vulnerables, podrían ver una disminución en el número de personas que buscan tratamiento por temor a ser arrestadas.

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