El Ministerio de Salud y Protección Social plantea una nueva reglamentación del Servicio Social Obligatorio en salud para egresados de programas de educación superior del área, con el propósito de actualizar el diseño, dirección, coordinación, organización y evaluación de este requisito habilitante para el ejercicio profesional en Colombia. La propuesta deroga la Resolución 774 de 2022 y busca articular el SSO con la Atención Primaria en Salud, el Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031, el Plan Nacional de Salud Rural y la Política Pública de Talento Humano en Salud 2025–2035.
El SSO se articula con la salud rural y la Atención Primaria en Salud
La resolución mantiene el Servicio Social Obligatorio como un deber legal para los profesionales del área de la salud. Su cumplimiento será exigible después de obtener el título profesional y deberá definirse dentro del año siguiente al grado, mediante la participación en los procesos públicos de asignación de plazas convocados por el Ministerio.
El proyecto señala que el SSO tendrá como objetivos mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud, especialmente en áreas rurales, dispersas y con barreras de acceso. También busca fortalecer la disponibilidad y distribución equitativa del talento humano, garantizar la sostenibilidad de plazas en los territorios y apoyar la implementación de la estrategia de Atención Primaria en Salud con enfoque familiar y comunitario.
La norma incorpora una relación directa con el Plan Nacional de Salud Rural, adoptado mediante el Decreto 351 de 2025. En ese marco, las Empresas Sociales del Estado deberán incluir procesos de docencia servicio dentro de su estructura funcional y misional, con el fin de constituirse como escenarios de práctica formativa y disponer de plazas para el SSO en la ruralidad.
¿Qué cambia en la duración y asignación del Servicio Social Obligatorio en salud?
La propuesta mantiene el rango legal de duración entre seis meses y un año, pero introduce modalidades diferenciadas según el tipo de plaza y las condiciones territoriales. Las plazas de seis meses se orientarán a territorios definidos por características diferenciales y condiciones de riesgo de seguridad pública, con prioridad para aquellas con menor índice de selección y mayor nivel de renuncia.
Las plazas de nueve meses se desarrollarán a través de convenios entre instituciones de educación superior y entidades públicas o privadas. Estos convenios deberán tener una duración de dos años y estarán dirigidos a programas para poblaciones vulnerables en zonas urbanas, rurales o de difícil acceso.
Las plazas de un año corresponderán a los procesos ordinarios de asignación y también a unidades de salud o prestadores pertenecientes a regímenes especiales o de excepción.
Entre los puntos centrales del procedimiento se incluyen
- Cuatro procesos anuales de asignación de plazas
- Inscripción gratuita a través del aplicativo dispuesto por el Ministerio
- Asignación mediante proceso público, automatizado y transparente
- Publicación de resultados en la página web del Ministerio
- Posibilidad de asignación directa cuando queden plazas vacantes
Nuevos escenarios para prestar el Servicio Social Obligatorio
El proyecto amplía los escenarios donde podrá prestarse el SSO. Además de las instituciones prestadoras de servicios de salud habilitadas, se incluyen políticas públicas, planes, proyectos y programas de salud pública, Equipos Básicos de Salud, vigilancia en salud pública, vigilancia comunitaria y estrategias relacionadas con Atención Primaria en Salud.
También se contemplan programas dirigidos a poblaciones vulnerables y de especial protección constitucional. En estos casos, el SSO podrá desarrollarse mediante acciones de promoción de la salud física y psicosocial, gestión de salud pública, trabajo intersectorial y participación social y comunitaria.
La norma incluye escenarios como:
- Instituciones prestadoras de servicios de salud públicas, privadas o mixtas
- Programas de salud pública y Equipos Básicos de Salud
- Programas para población víctima, migrante, privada de la libertad o con discapacidad
- Entidades de prevención, atención y mitigación de emergencias y desastres
- Grupos de investigación en salud avalados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
- Instituciones y escenarios propios de pueblos y comunidades étnicas
Criterios de priorización para asignar plazas
La asignación de plazas incorporará un sistema de priorización basado en criterios objetivos, ponderados y transparentes. El componente de voluntariedad preferente tendrá una ponderación del 40 por ciento e incluirá la manifestación voluntaria de realizar el SSO y el interés justificado en permanecer posteriormente en la región.
El componente territorial tendrá una ponderación del 20% e incluirá municipios PDET, municipios de categoría 5 y 6, y municipios con áreas rurales o rurales dispersas. A su vez, el arraigo por nacimiento, residencia o formación educativa tendrá otra ponderación del 20 por ciento.
El componente académico y de mérito tendrá una ponderación del 10 por ciento, con criterios como desempeño académico, reconocimientos institucionales y experiencia previa en Atención Primaria en Salud o salud pública durante la formación universitaria.
El componente de condiciones diferenciales tendrá una ponderación del 10 por ciento. Allí se incluyen condición de cuidador principal, situaciones de salud certificadas, víctimas del conflicto armado, pertenencia a grupos étnicos y autorreconocimiento de población LGBTIQ+.
Exoneraciones, suspensión de plazas e incentivos
La resolución establece causales excepcionales de exoneración. Entre ellas figuran los profesionales a quienes no se les asigne plaza después de participar en los procesos correspondientes, quienes ya hayan cumplido el SSO en Colombia, quienes lo hayan cumplido en el exterior por mínimo un año, quienes hayan obtenido títulos de posgrado convalidados en Colombia y quienes hayan prestado servicio militar obligatorio.
También podrán ser exonerados quienes acrediten imposibilidad de prestar el SSO por caso fortuito, fuerza mayor o enfermedades catastróficas certificadas. La propuesta aclara que las incapacidades médicas temporales, incluidas las derivadas de condiciones de salud mental, no podrán equipararse a estas causales y se regirán por la normativa laboral y de seguridad social vigente.
El proyecto fija causales para suspender temporalmente plazas durante seis meses. Esto ocurrirá cuando no sean ocupadas en más de dos procesos de asignación, no sean reportadas como disponibles, no cumplan los procedimientos establecidos o exista mora superior a 30 días en salarios, prestaciones o aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
La resolución también prevé incentivos financieros y no financieros para profesionales en territorios rurales, dispersos o de difícil acceso. Estos podrán incluir bonificaciones, primas, reconocimiento de gastos de transporte, subsidios de alojamiento y alimentación, formación continua, apoyo a publicaciones e investigaciones y beneficios para estudios de posgrado.
Una reglamentación centrada en disponibilidad territorial
El nuevo marco propuesto ubica el Servicio Social Obligatorio como una herramienta para fortalecer la presencia de talento humano en salud en territorios con mayores barreras de acceso. La reglamentación no se limita a la asignación de profesionales en hospitales o centros de salud, sino que incorpora salud pública, investigación, emergencias, poblaciones vulnerables y comunidades étnicas como escenarios válidos para el cumplimiento del requisito.
La actualización normativa también ordena obligaciones para instituciones, entidades territoriales y prestadores. Las Empresas Sociales del Estado y las instituciones públicas de salud deberán crear plazas dentro del año siguiente a la expedición de la resolución, de acuerdo con sus servicios habilitados, las necesidades de la población y la situación de salud del territorio.
Descargue aquí el Proyecto de Resolución completo:
