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Ruta de atención integral a víctimas de ataque con ácido

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La Superintendencia Nacional de Salud emitió la circular 008 de 2017, mediante la cual da indicaciones a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas, Privadas y Mixtas y entidades territoriales respecto a la ruta de atención integral a víctimas de ataques con ácido, álcalis o sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano.

Por medio de esta ruta de atención integral, se deberá suministrar información y orientar a las víctimas acerca de los derechos, medidas y recursos con los que cuenta, los medios juduciales, administrativos y de atención en salud. Se garantirizará mecanismos para proporcionar ocupación laboral o su continudad laboral, según el caso.

Los prestadores de servicios de salud tienen la obligación de llevar un registro y reportar a las autoridades pertinentes sobre las personas atendidas en casos de lesiones corporales causadas por ácidos o sustancias similares. La ruta de atención para una víctima de ataque con ácido, álcalis, sustancias corrosivas o similares contempla la atención desde el momento en que acude al servicio de urgencias, así:

Atención de urgencias: las víctimas tienen derecho a una atención de manera inmediata, prioritaria, gratuita y sin interrupciones en cualquier institución prestadora de servicios de salud, bien sea de carácter pública, privada o mixta en todo el territorio nacional y sin que requiera autorización previa de la EPS. No se podrá realizar cobro de copago o cuotas moderadoras a las víctimas atendidas, así como tampoco exigírsele fotocopias o autenticaciones de documentos.

Acceso a los servicios: los servicios y tecnologías requeridos deberán garantizarse en condiciones de igualdad y oportunidad, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud.

Atención integral: las entidades territoriales (secretarias de salud) y EPS, a través de su red de prestación de servicios de salud públicas, privadas y mixtas, deberán garantizar la atención en todo su proceso, hasta que la víctima sale de su hospitalización y empieza su servicio de atención ambulatoria.

Gratuidad en la atención: las víctimas tienen derecho a recibir todos sus tratamientos médicos, sicológicos, procedimientos e intervenciones necesarias para restituir la fisionomía y funcionalidad de las zonas afectadas sin ningún costo, en consecuencia, no habrá lugar al cobro de cuotas moderadoras o copagos.

Red de servicios de salud: las entidades territoriales, EPS e IPS públicas, privadas o mixtas, deberán garantizar los siguientes servicios de asistencia:

  1. Atención de urgencias.
  2. Atención durante la hospitalización.
  3. Plan de atención integral ambulatorio que requiera para su recuperación.
  4. Remisión a la unidad de quemados.
  5. Servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico.
  6. Valoración y rehabilitación física.
  7. Todos los dispositivos, medicamentos y tecnologías para comenzar el proceso de rehabilitación.
  8. Todas las atenciones, valoraciones, evaluaciones e intervenciones ordenadas por los médicos tratantes y por los diferentes profesionales de rehabilitación.

 Registro y reporte de las autoridades: las IPS deberán llevar un registro de los casos y reportarlos a las autoridades competentes.

Atención en la unidad de quemados: los prestadores que cuenten con una unidad de quemados habilitada, deben contar con equipo asistencial especializado capacitado para atender este tipo de casos, el cual deberá estar conformado como mínimo por: un cirujano plástico, un médico con experiencia en cirugia de quemados, un médico especialista de acuerdo al área afectada y profesionales en terapia física, ocupacional, respiratoria y de lenguaje.

Valoración integral de la víctima: las unidades de quemados deberán brindar atención integral a las víctimas de ataques con agentes químicos, lo cual comprende salud física, mental y rehabilitación.

Certificado médico: la EPS a la cual se encuentre afiliada la víctima, expedirá un certificado médico en el que conste su situación y así podrá acceder a los beneficios para su integración social, laboral y el ejercicio de sus derechos.

Seguimiento y evaluación: esta ruta integral de atención contempla obligaciones particulares en cabeza de cada uno de los actores, de la siguiente manera:

  1. Entidades territoriales: deben realizar seguimiento a la implementación de la ruta integral de atención realizada por las EPS y su red prestadora de servicios de salud.
  2. Entidades Administradoras de Planes de Beneficios: deberán evaluar la implementación de la ruta de atención en su red y realizar seguimiento a la atención integral de las víctimas.
  3. Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud: las IPS deberán implementar paquetes integrales en sus unidades de quemados para la atención ambulatoria de víctimas, disponer de medicamentos e insumos y conformar un equipo capacitado para su atención.​​

El Superintendente Nacional de Salud, hizo un llamado a las entidades territoriales, EPS e IPS a garantizar el cumplimiento del protocolo establecido en esta ruta integral de atención, indicó: “la Supersalud será muy estricta en el proceso de verificación y seguimiento. Es importante recordarles a los actores involucrados que cualquier incumplimiento o barrera impuesta a las victimas acarreará daños irreparables debido a la gravedad de las lesiones”.

Descargue a continuación la circular completa. 

 

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Corte ordenó a EPS garantizar intérpretes a pacientes con pérdida auditiva

Sala Primera de Revisión, amparó los derechos a la salud de una persona con discapacidad auditiva que no recibió atención en salud oportuna.

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Luego hacer pública la denuncia presentada por un hombre trans, con discapacidad auditiva, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, amparó los derechos fundamentales a la salud e integridad del joven.

También puede leer: nuevo respiro de habilitación financiera a las EPS

¿CÓMO FUE LA TUTELA?

El hombre que se encuentra actualmente, activo, en calidad de independiente, de Compensar E.P.S. asistió al centro médico para realizarse un proceso de transformación corporal o tránsito de género, pero al presentarse a sus citas tuvo múltiples barreras para el acceso, eficaz y oportuno a los servicios de salud, en ese sentido, Indicó el joven “Compensar E.P.S. no elimino esas barreras, por el contrario, las  aumentó”.

Además, afirmó “le indicó al personal administrativo de Compensar E.P.S. que él era una persona con discapacidad auditiva y, por lo tanto, para el día de la cita necesitaba que la E.P.S. le brindara el servicio de interprete, o le permitiera el acceso a una de sus redes de internet para conectarse al centro de relevo, a fin de establecer una comunicación eficaz con el profesional de la salud.

En respuesta a su solicitud, señaló, la institución indicó que el servicio de conexión a internet era limitado en algunas sedes, de tal forma que no le podían garantizar una comunicación plena y efectiva con el personal médico y administrativo.

También puede ver: Supersalud pide revisar funcionamiento a más de 300 IPS en Soacha

¿QUÉ DICE EL FALLO?

Por su parte, el pronunciamiento de la Corte Constitucional no se hizo esperar, mediante la sentencia T-406-19, la Corte aseguró “La discapacidad auditiva del accionante no puede constituir una barrera que restrinja irrazonablemente su derecho a expresarse en el marco del acceso a los servicios de salud. Por lo tanto, Compensar E.P.S. debe garantizarle, bien sea a través del servicio de intérprete o el acceso a una de sus redes de internet, una comunicación oportuna, precisa y eficaz”. De esta manera la Corte Constitucional dejó en claro que los pacientes con sordera deben contar con intérpretes durante los procesos de atención médica.

Así mismo, indicó la Corte “La creación de barreras para establecer una comunicación oportuna y eficaz, restringe irrazonablemente el derecho a la libertad de expresión, y a la salud en el caso concreto, como quiera que impiden, expresarse libremente, a fin de comunicar sus deseos, en este caso relacionados con el proceso para llevar a cabo el tránsito de género; recibir información completa y oportuna sobre los procedimientos solicitados para llevar a cabo ese proceso; y, en esa medida, suministrar el consentimiento informado necesario para realizar cualquier tipo procedimiento médico”.

“Dadas la condición de discapacidad del accionante, no le fue posible acceder a la información suficiente sobre su proceso de tránsito de género, y los procedimientos que necesita para tal efecto. La entidad accionada no tuvo en cuenta la condición de discapacidad auditiva del accionante a fin de proveerle los medios necesarios para que este accediera, efectivamente, a los servicios de salud. Tal omisión, restringió irrazonablemente el derecho de accesibilidad a los servicios de salud en condiciones de igualdad”, añade el fallo.

El alto tribunal consideró que la petición de tener un intérprete o red de internet para el programa en línea es idónea, necesaria y proporcional. “La imposibilidad de comunicarse, de manera oportuna y eficaz, restringe irrazonablemente los derechos fundamentales del accionante, en contraste con el sacrificio que supondría para la entidad accionada conceder acceso a una de sus redes de internet para que aquel pueda conectarse al centro de relevo”, agrega el fallo.

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Nuevo respiro de habilitación financiera a las EPS

Minsalud actualiza las condiciones de habilitación financiera que deben cumplir las EPS para efectos de su permanencia en el SGSSS.

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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social publicaron el decreto 1683 de 2019 con el que actualizarán las condiciones de habilitación financiera que deben cumplir las EPS para efectos de su permanencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS, esto con el firme propósito de otorgar liquidez al sistema de salud y lograr el saneamiento de las cuentas de recobro relacionadas con los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC.

También puede leer: fijan lineamientos para la prestación de proyectos de inversión con recursos del SGR

Sanciones impartidas por la Supersalud

Así mismo, el documento aclara que debido a las recientes sanciones impartidas por la Supersalud durante su función de  inspección, vigilancia y control, las condiciones actuales de habilitación financiera de las entidades responsables del aseguramiento, ha evidenciado la entidad, afrontan dificultades en los plazos establecidos, como consecuencia del inadecuado flujo de recursos del SGSSS, especialmente, de los que cubren los servicios y tecnologías no financiados por la UPC.

En este orden de ideas, a través de la ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional han indicado que considera necesario adoptar medidas urgentes que permitan mejorar la verificación de las condiciones financieras y el flujo de recursos entre los diferentes agentes del SGSSS, y que de esta manera se impacte en los prestadores de servicios de salud, proveedores y en general, todos los intervinientes en el proceso del aseguramiento y la prestación de los servicios de salud.

De igual manera, expuso “modificar ciertas condiciones para evitar afectar el equilibrio del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la concentración de afiliados de manera descontrolada y una acumulación de acreencias insolutas a la red de prestadores de servicios de salud”, que están plasmadas en el decreto 780 del 16 de mayo del 2016, o Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

También puede ver: Sobre la depuración de las EPS en el país

Nuevos plazos

Por otra parte, El documento también estipula un nuevo plazo para que las EPS cumplan las condiciones de habilitación que contempla la ley. “Las entidades responsables del aseguramiento en salud deberán cumplir con las condiciones de habilitación a más tardar el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con la progresividad que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para el cumplimiento de dichas condiciones”. A demás, indica “a partir del 1 de enero de 2021, las instituciones responsables del aseguramiento en salud deberán cumplir de forma permanente con las condiciones de habilitación”.

De esta manera, el acto administrativo les brinda un nuevo respiro a las EPS para que puedan cumplir las condiciones de habilitación y permanencia establecidas.

Finalmente, la nueva norma  reitera que las EPS deberán mantener inversiones de al menos el 100% del saldo de sus reservas técnicas del mes calendario inmediatamente anterior. Como requisito general, las inversiones deben ser de la más alta liquidez y seguridad. Dichas inversiones, se deben mantener libres de embargos, gravámenes, medidas preventivas, o de cualquier naturaleza que impida su libre cesión o transferencia. Cualquier afectación de las mencionadas impedirá que sea computada como inversión de las reservas técnicas.

dOCUMENTO ADJUNTO

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Gobierno pide ajuste del SGP para financiar aseguramiento del subsidiado

Proyecto de decreto busca desagregación de los recursos del SGP para financiar parte del aseguramiento del régimen subsidiado.

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Los ministerios de Hacienda y Salud, en conjunto con el Departamento de Planeación Nacional, dieron a conocer el proyecto de decreto mediante el cual determinan que el  Gobierno nacional podrá utilizar de manera temporal los recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- con destino al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET hasta por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS ($492.000.000.000 m/l) para ser destinados al Sistema General de Participaciones del sector Educación. El saldo de SETECIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($700.000.000.000) se destinará al financiamiento del aseguramiento del régimen subsidiado en salud.

También puede ver: Análisis sobre la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

El documento indica que dichos recursos serán desagregados por entidad territorial, por el DNP con base en los criterios y fórmulas previstas en la normativa aplicable para la distribución de los recursos de dicho componente, utilizando las variables certificadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a la vigencia fiscal respectiva.

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