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Reforma Estructural, la clave para que mejore el sistema de salud

ACHC habló sobre deudas del sector hospitalario, las medidas del PND, la llegada de inversionistas al sector y la coyuntura de Medimás.

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juan carlos giraldo

Durante el 2019, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) ha girado $14,5 billones a las EPS, IPS y proveedores de servicios y tecnologías  de salud para el régimen contributivo y régimen subsidiado.

Así mismo, el giro  en  recursos de la Unidad de pago por capitación (UPC), han sido  de $7,1 billones, por incapacidades han sido $256.786 millones y en el total del régimen contributivo han sido $7,5 billones. Para el subsidiado, el total girado desde el Adres ha sido de $6,9 billones.

Giros iniciales para la prestación de servicios de salud

De igual manera, el primer giro del año se hizo por orden de los a $3,6 billones, para la prestación de servicios de salud a 20,9 millones de afiliados del régimen contributivo y 22,5 millones de afiliados del subsidiado. Se estima que $1,9 billones fueron derivados de los cuatro procesos de compensación de enero del 2019. Del total de recursos para el régimen contributivo, la Adres giró el 27% equivalente a $494.620 millones de manera directa a 1.980 prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud.

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 ¿Qué giros han sido destinados al régimen subsidiado?

En el caso del régimen subsidiado, se destinaron $1,7 billones; el 28% ($485.747 millones) lo giró a las EPS y el 72% ($1,25 billones) lo aplicó en modalidad de giro directo a 3.168 IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, autorizados por 43 EPS que operan el régimen subsidiado.

Destinación de recursos mes a mes

En febrero, la destinación fue de $3,6 billones para la prestación de servicios de 42,6 millones de afiliados a los regímenes contributivo y subsidiado.

Al primero se destinó un giro de unos $1,9 billones, el 25% equivalente a $464.985 millones de manera directa a 1.882 prestadores y proveedores; mientras que para los afiliados al régimen subsidiado la suma destinada fue de $1,7 billones; el 24%, equivalente a $419.787 millones, lo giró a las EPS y el 76%, equivalente a $1,3 billones, lo aplicó en modalidad de giro directo a 3.194 IPS

La situación en marzo, fue similar al mes anterior: $3,63 billones, con los cuales se financian la prestación de servicios de todos los afiliados a los regímenes contributivo y subsidiado. 

Plan de  Beneficios

En efecto, en el mes abril, las EPS recibieron $3,55 billones para 42,6 millones de afiliados a los dos regímenes.

De estos, $1,85 billones fueron al aseguramiento de los afiliados al régimen contributivo, de los cuales el 95% fueron para financiar los servicios de salud incluidos en el Plan de Beneficios ($1,75 billones), el 3% para la provisión de incapacidades por enfermedad general de los afiliados al Sistema ($62.003 millones) y el 2% son recursos para que las EPS adelanten actividades de promoción de la salud y prevención de las enfermedades ($39.227 millones).

Total de recursos girados en el mes de abril

Del total de recursos para el régimen contributivo, el 23%, equivalente a $407.581 millones, se destinaron de manera directa a 2.037 prestadores y proveedores de servicios.

Mientras que, para el aseguramiento en salud de los afiliados al régimen subsidiado, se giró $1,7 billones; de los cuales un 26,66%, equivalente a $465.474 millones, lo giró a las EPS y el 73,34% restante, equivalente a $1,3 billones, lo aplicó en modalidad de giro directo a 3.150 IPS y proveedores.

Persistencia de las deudas

A pesar de lo anterior, la deuda a los hospitales y clínicas por la prestación de servicios de salud llegó a los $10,1 billones de pesos, de acuerdo con la información de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC). 

Según la Asociación en su estudio de cartera hospitalaria, con corte a diciembre 31 del 2018, el 59,1 % es deuda morosa, en una muestra de 207 instituciones. 

Lea también: saneamiento de deudas por recobros

El problema hospitalario continua

En una entrevista realizada hace algunos días por  nuestro medio, el  director de la ACHC, Juan Carlos Giraldo, compartió en los micrófonos de CONSULTORSALUD un estudio de cartera hospitalaria que según expresó, es un tema que enciende muchas alarmas en el sector salud.

En este contexto, este es el estudio número 41 que se hace, y se elabora cada 6 meses, es decir que este observatorio de cartera se viene generando hace más de 20 años, y si persiste es porque el problema continúa.

Eps con mayor morosidad

El estudio, señala que los mayores deudores son las EPS del régimen contributivo con $4 billones de pesos, con el 57,9 % en mora. De este grupo los principales deudores son la Nueva EPS con $1,01 billones y Coomeva EPS con $619.304 millones; de esta EPS preocupa la alta morosidad, que supera el 75%; la tercera deudora es Medimás con $415.571 millones.

Deudas del subsidiado

De otro lado, las EPS del régimen subsidiado le adeudan a los hospitales y clínicas $2,9 billones, de los cuales el 66,9 % es cartera en mora. En este régimen la mayor deuda es la de EPS Savia Salud con $639.567 millones y 70% en mora; en segundo lugar, está Emssanar ESS con $258.933 millones y, en tercero, Asmet Salud ESS con $255.131 millones.

Magnitud problema

Sin embargo, Giraldo Valencia manifestó que, ante la magnitud de la deuda a los hospitales y clínicas, es positiva la aprobación en el Plan Nacional de Desarrollo que ostenta algunas medidas para el saneamiento financiero del sistema de salud.

“El PND es un paso en el sentido correcto, nos debe acercar, pero para nosotros el verdadero arreglo de los problemas tiene que pasar por un repensar algunas de las estructuras del sistema, es decir, una reforma estructural. La calidad tiene que ser un atributo y no un sobre costo

Conclusiones de la ACHC

“Esto sirve para resolver parte de la cartera hospitalaria y por ello es necesario que el Gobierno defina los procedimientos para la revisión de las deudas y los mecanismos que permitan el pago de esta cartera y un efectivo flujo de recursos para todos los agentes de la cadena del sistema de salud”, explicó.

El Estado, que incluye Adres, el extinto Fosyga y las entidades territoriales, les adeudan $1,1 billones a las diferentes clínicas y hospitales. 

Deudas de los entes territoriales

No obstante, En el caso de la deuda de los entes territoriales asciende a $695.708 millones, con el 69,4% en mora. El mayor deudor es el departamento de Antioquia con $154.450 millones, seguido por Norte Santander con $71.730 millones y en tercer lugar el Valle del Cauca con $70.486 millones. 

Deuda de cartera

Para la asociación preocupa la cartera de las EPS que se encuentran bajo alguna medida de la Supersalud, pues de ese grupo hacen parte 55 EPS que adeudan a los hospitales y clínica $4,7 billones de pesos, con 70,4% en mora y en las que están afiliados 23,6 millones de los usuarios del sistema de salud, es decir el 50,2 %.

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Facultades de la Supersalud: ¿Qué entidades están bajo sus medidas?

La Supersalud tiene la facultad de ordenar una Intervención forzosa administrativa para liquidar o para administrar, pero también puede ordenar una medida de vigilancia especial.

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Facultades de la Supersalud ¿Qué entidades están bajo sus medidas

La Supersalud es el organismo que se encarga de la inspección, vigilancia y control del sistema de salud colombiano, este cuenta, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, pero está adscrita al Ministerio de Salud. 

Para sus labores de seguimiento y control el Gobierno nacional le otorgó una serie de facultades para intervenir diferentes actores del sistema si la entidad evidencia irregularidades en su funcionamiento, teniendo en cuenta esto la Supersalud puede ordenar alguna de las siguientes intervenciones a cualquier EPS o prestador: 

Intervención forzosa administrativa para liquidar: En este proceso la SNS ordena la extinción de la persona jurídica de una entidad vigilada. La orden se da mediante un acto administrativo que faculta a la entidad para tomar posición del vigilado y terminar su existencia legal. El procedimiento debe ser adelantado por un liquidador asignado por el órgano de control, ya que es un proceso de carácter concursal y universal. 

La última EPS que fue intervenida de esta manera fue la Asociación Mutual de Barrios Unidos de Quibdó -AMBUQ EPSS, al presentar graves fallos, técnicos, operacionales, financieros y jurídicos. Sin embargo y debido a que se existe una tutela en curso en contra de este proceso, los usuarios afiliados a esta EPS no han sido trasladados a otra entidad. Esto no quiere decir que el proceso de liquidación se detenga. 

En 2020, la Supersalud ordenó la liquidación del programa de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar – Comfamiliar- y también del programa de salud de Comfacundi. Procesos que deberán terminarse totalmente en 2022.

Durante, el 2019 fue cuando más EPS fueron liquidadas por orden de la Supersalud, en ese año se ordenó la intervención para liquidar: Cafesalud, Comfacor, Saludvida EPS, Emdisalud y Cruz blanca. 

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Intervención forzosa administrativa para administrar: En este caso la SNS toma el control de la entidad vigilada con el objetivo de adecuar la entidad, indagando en el proceso si es posible optimizarla para que desarrolle adecuadamente su objeto social, o si por el contrario la entidad debe ser objeto de liquidación. Para este proceso también debe designarse un agente interventor. 

Bajo este proceso se encuentran actualmente el Hospital San Andrés ESE de Tumaco, la ESE Río grande de Magdalena, El Hospital Universitario de Sincelejo, El Hospital Universitario del Caribe, El Hospital San Andrés de Chiriguaná, el Hospital San José de Maicao, el Hospital San Jerónimo de Montería, el Hospital San Diego de Cereté y el Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña. 

Intervención técnica y administra​tiva: Este proceso es ordenado por la SNS a las direcciones territoriales de salud, el cual tiene como objetivo el salvamento de la entidad buscando ponerla en condiciones óptimas para así desarrollar adecuadamente su objeto social, o establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación. Este proceso es adelantado por un agente Interventor designado por esta Superintendencia.

Entidades bajo medida de vigilancia especial de la supersalud

Finalmente, la Supersalud puede ordenar una medida de vigilancia especial es un mecanismo preventivo sobre los actos y operaciones de una entidad que busca su recuperación y saneamiento, es decir, son aquellas medidas preventivas tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud, de obligatorio cumplimiento para las instituciones objeto de la medida.

Bajo esta medida se encuentran: 

  1. Savia salud EPS
  2. Capresoca
  3. SOS EPS
  4. Medimás EPS
  5. Comparta EPS-S
  6. Coomeva EPS
  7. Asmet Salud EPS
  8. Ecoopsos EPS
  9. Convida EPS
  10. Comfamiliar Huila
  11. Comfasucre
  12. Dusakawi 
  13. Emssanar 
  14. Comfaguajira
  15. Comfamiliar Nariño 
  16. Comfachocó  

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Retrasar las segundas dosis sería positivo para la salud pública

Un modelo matemático evidencia que, durante una espera más prolongada por estas dosis, se reduce la hospitalización por covid-19, entre otros

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Una investigación publicada en PLOS Biology  sugiere que los retrasos en la aplicación de las segundas dosis de vacunas podrían tener un efecto favorable. Estos hallazgos se conocen en medio de la tercera ola de covid-19 en América Latina y cuyo impacto ha golpeado negativamente a todos los sistemas de salud de la región, así que podrían considerarse como un insumo de gran importancia para optimizar el manejo de casos.

Actualmente, la mayoría de vacunas contra COVID-19 requieren dos dosis para obtener una inmunidad total al Sars-CoV-2. En algunos casos, los tiempos límites de aplicación varían entre tres o cuatro semanas pero no se tiene información adicional al respecto, como por ejemplo cuál es la mejor manera de minimizar las nuevas infecciones y las hospitalizaciones con un suministro de vacunas y una capacidad de distribución limitados.

La aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2 más contagiosas ha provocado un debate en el ámbito de la salud pública sobre la conveniencia de vacunar a más personas con la primera dosis de las vacunas disponibles y retrasar la segunda dosis, o de priorizar la finalización de la serie de dos dosis basándose en los calendarios probados en los ensayos clínicos. A nivel internacional todavía no se llega a un consenso, a pesar de que las probabilidades de contraer el virus y desarrollar la enfermedad son mayores que al inicio de la pandemia.

De hecho, la población general confía en estas segundas dosis para retomar sus actividades normales. Pese a que las autoridades de salud insisten en continuar con las medidas de bioseguridad, se evidencia un menor uso de las mismas, actitud generada -en parte- por el surgimiento de la vacunación como principal método de contención de la pandemia. Esto último es el escenario perfecto en países como Israel, en el que el proceso de inmunización se cataloga como el mejor del mundo. Sin embargo, un importante número de naciones han experimentado retrasos o dificultades a la hora de recibir las dosis adicionales.

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¿Cuál sería el impacto positivo de la falta de las segundas dosis?

De acuerdo con esta investigación realizada por especialistas de la Universidad de York en Toronto, Canadá, retrasar la segunda dosis entre 9 y 15 semanas después de la primera evitó más hospitalizaciones, infecciones y muertes; en comparación con el seguimiento de los calendarios recomendados para las vacunas Moderna y Pfizer-BioNTech.

A estos datos se llegó con un modelo matemático que simulaba tanto la transmisión de COVID-19 como varios calendarios de vacunación de segunda dosis retrasada. Además, simuló varios escenarios, incluyendo un rango de niveles de inmunidad preexistente en la población y una disminución de la eficacia de la vacuna de la primera dosis cuando es seguida por un intervalo más largo entre las dosis. Todo esto con el objetivo de comparar el impacto epidemiológico de cada estrategia de vacunación.

Para que la información fuera acorde con los análisis que se hacen de la COVID-19, los expertos tomaron en cuenta la historia natural de la enfermedad, n clases de individuos que incluyen susceptibles; vacunados; infectados latentes (aún no infecciosos); asintomáticos (e infecciosos); presintomáticos (e infecciosos); sintomáticos con enfermedad leve o grave; recuperados; y muertos. También se incluyeron los grupos etarios agrupados según el censo oficial de Estados Unidos.

Adicionalmente, se estableció un rango del 10% al 30% de inmunidad preexistente (es decir, seropositividad antes de la vacunación) en la población, con un 20% para el escenario del caso base Para parametrizar el modelo con un nivel determinado de inmunidad preexistente, realizamos simulaciones en ausencia de vacunación y obtuvimos las tasas de infección en los distintos grupos de edad una vez que la tasa global de ataques alcanzaba el nivel preestablecido.

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Fuente: “Evaluation of COVID-19 vaccination strategies with a delayed second dose”. PLOS BIOLOGY.

Los autores señalan que el estudio tiene varias limitaciones, entre ellas la falta de pruebas clínicas que cuantifiquen la durabilidad de las vacunas cuando se administran con diferentes calendarios. Por lo cual, los investigadores asumieron que los niveles de protección de la primera dosis eran estables si se retrasaban las segundas dosis, y que el nivel de protección tras retrasar las segundas dosis era idéntico a la protección general, tras dos dosis cuando se vacunaba según el calendario.

Sin embargo, se necesitan más estudios para determinar el tiempo óptimo entre dosis para cada tipo de vacuna. Otra de las limitaciones de esta investigación es que no se contempló toda la variedad de vacunas existentes y aplicadas contra COVID-19.

“Todavía no tenemos el panorama completo de la eficacia de las vacunas a medida que se propagan nuevas y más contagiosas variantes. La eficacia de las vacunas contra estas variantes es un factor adicional que habría que tener en cuenta a la hora de determinar los resultados de la segunda dosis a tiempo o retrasada y el intervalo entre las dosis”, dijo Seyed Moghadas, profesor de Matemática Aplicada y Epidemiología Computacional y autor principal del estudio.

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UCI en Medellín continúan al 99% de ocupación

Medellín se enfrenta al primer colapso hospitalario causado por covid-19 en el país. Ante la pérdida de la capacidad de atención, se pide un confinamiento departamental por 15 días

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El departamento de Antioquia y su capital, Medellín siguen siendo las áreas del país más afectadas en esta tercera ola de covid-19. En los últimos días, las alertas alcanzaron su nivel máximo: el 20 de abril se reportó que la ciudad solo tenía 10 camas UCI disponibles, el mismo número se contó en las primeras horas de este jueves. Ante la falta de capacidad para atender a los pacientes, se ha solicitado endurecer las medidas y establecer un confinamiento total para los próximos 15 días.

Desde el sector salud, se decidió implementar el triaje ético, ante el colapso que experimenta la capital de Antoquia. Con esta directriz, se asignarán las camas UCI disponibles a las personas que tengan una mayor capacidad para sobreponerse a la enfermedad. “Conviene subrayar que los dilemas éticos no corresponden a la elección entre el bien y el mal, o lo correcto y lo incorrecto. Sino que se trata de un conflicto aparente entre dos imperativos éticos, dos caminos del bien, que en un momento dado se enfrentan, se contraponen y nos imponen elegir, a sabiendas de que tomar un camino es abandonar el otro”, expresó el gobernador (e) Luis Fernando Suárez.

Aunque la información se conoció el 19 de abril, no se han visto cambios positivos dentro de las instituciones hospitalarias. Por el contrario, cada día aumentan las personas que requieren tratamientos más específicos contra la covid-19. Con el triaje ético, no se tendrán en cuenta las diferencias socioeconómicas, políticas, lugar de residencia u otros datos que no tengan ningún sustento clínico o evaluación clínica.

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Medellín necesita cuarentena total, insisten autoridades locales

Para la Personería, no se han tenido en cuenta otras posibilidades para reducir el impacto del aumento de casos en Medellín. En un comunicado de prensa firmado por la entidad y distintas organizaciones de médicos y hospitales que operan en la ciudad y el departamento, entre ellas la Academia de Medicina de Medellín, ASMEDAS, el Colegio Médico de Antioquia insisten en la implementación de una cuarentena estricta por las próximas 2 semanas.

“Las nuevas cepas de Sars-Cov-2, el colapso generalizado de los servicios de salud, los altos índices de infectados, de ocupación de camas UCI y de fallecidos y en vista de que otros departamentos declararon la alerta roja hospitalaria, reiteramos la necesidad declaratoria de cuarentena estricta , por parte de los entes gubernamentales nacionales y departamentales”, expone el documento.

Además de lo anterior, el gremio médico solicita la entrega de ayudas a las poblaciones vulnerables desde el sector público y privado en Medellín. El personero, William Yeffer Vivas también cuestiona el manejo actual del triaje ético, ya que atenta contra los derechos humanos, la vida y la salud. Por lo cual, solicitó una explicación definida de los parámetros que se aplican en estos casos.

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, en el departamento se reportan 443.085 casos acumulados de covid-19. Actualmente, 1.422 camas UCI para covid están ocupadas por pacientes en tratamiento. La mayoría de afectados se reportan en los grupos etarios de 20 a 29 años y de 30 a 39 años. La entidad también recordó que hoy jueves 22 de abril comienza la restricción completa a la movilidad en el departamento. Sin embargo, esta medida solo regirá hasta el 26 de abril.

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