El debate sobre la reforma a la salud impulsada por el Gobierno Nacional continúa generando preocupación entre organizaciones civiles y pacientes, quienes advierten sobre los graves riesgos que representa el nuevo proyecto de ley para el sistema de salud en Colombia. En un comunicado emitido por Pacientes Colombia, un movimiento que agrupa a 198 organizaciones de pacientes a nivel nacional se señaló que el texto presentado por el Gobierno ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes no refleja los cambios solicitados por la sociedad civil durante las mesas de trabajo con el Ministerio de Salud.
Denis Silva, vocero de la organización, expresó su descontento y alarmó frente a lo que considera una propuesta regresiva que pone en peligro la atención de 16 millones de personas en el país, destacando que este proyecto de ley amenaza no solo el acceso a servicios de salud, sino también la calidad y sostenibilidad del sistema. “El Gobierno perdió una oportunidad clave para lograr una reforma consensuada con todos los actores. Este proyecto, lejos de avanzar en el derecho a la salud, lo restringe”, afirmó Silva.
10 banderas rojas de la reforma a la salud
La organización detalló los 10 puntos críticos identificados por Pacientes Colombia en la nueva propuesta del Gobierno:
Fin del aseguramiento individual: Se propone el aseguramiento social, lo que implica que, en una crisis financiera, no habría entidades responsables que respondan directamente por los pacientes, dejando a la población vulnerable y sin protección.
Fragmentación de la prestación de servicios: Las funciones actualmente ejercidas por las EPS se dividirían entre diferentes actores como los Centros de Atención Primaria (CAPS), gestoras de salud y vida, y los entes territoriales. Esto fragmentaría el sistema, dificultando la coordinación y continuidad de la atención.
Desaparición de los servicios complementarios sociales en salud: No se ha asignado una fuente de financiación para estos servicios, lo que provocaría la pérdida de derechos adquiridos, afectando a quienes dependen de programas adicionales como transporte y apoyo social.
Desdibujamiento de los programas especiales: Aunque se prioriza la atención primaria, no queda claro cómo se gestionarán las cohortes de pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo. Estas poblaciones quedarían sin la atención especializada que requieren.
Superpoderes para la ADRES: La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) asumiría todas las funciones administrativas y financieras de las EPS, pero sin contar con la capacidad técnica y operativa necesaria para manejar estas nuevas responsabilidades, lo que podría generar un caos en la gestión de recursos y pagos.
Entrega de medicamentos en la incertidumbre: a pesar de que se contempla la figura de gestores farmacéuticos dentro de la red de prestación de servicios, no se han definido claramente sus funciones, lo que aumenta la incertidumbre sobre la entrega oportuna de medicamentos a los pacientes.
Limitaciones al derecho a la tutela: La reforma no especifica ante quién se radicarían las tutelas, lo que podría incrementar las barreras de acceso a este mecanismo de protección de derechos y generar confusión entre los usuarios.
Pacientes con enfermedades huérfanas en riesgo: Cerca de 100 mil pacientes con enfermedades huérfanas o raras quedarían en una situación crítica debido a la falta de asignación de recursos para su atención especializada, lo que pone en riesgo su tratamiento y calidad de vida.
División de la UPC sin sustento técnico: La Unidad de Pago por Capitación (UPC), que financia los servicios de salud, se dividiría en tres subcuentas sin especificar los porcentajes de asignación. Esta falta de claridad podría dejar sin recursos a pacientes en el momento en que una de las subcuentas se agote.
Pago del 8% a las gestoras de salud sin funciones claras: Las EPS pasarían a ser gestoras de salud y vida, pero con un rol limitado, recibiendo apenas un 8% de los recursos sin que se especifiquen claramente sus responsabilidades dentro del sistema.
Retroceso para el derecho a la salud
La preocupación de Pacientes Colombia radica en que, a pesar de haber participado en dos mesas de trabajo con el Ministerio de Salud para discutir los principales puntos de la reforma, ninguna de las propuestas presentadas por las organizaciones de pacientes fue incluida en el texto final del proyecto de ley 312. Para las asociaciones, este proyecto no solo pone en peligro el acceso a la salud de millones de colombianos, sino que también socava los derechos adquiridos por los pacientes más vulnerables.
El enfoque principal de la reforma, según el Gobierno, es la atención primaria y la descentralización de las funciones que antes estaban en manos de las EPS. Sin embargo, los críticos argumentan que esta descentralización podría resultar en una fragmentación del sistema, generando ineficiencias y dificultando el acceso a tratamientos especializados, sobre todo para pacientes con condiciones crónicas o de alto costo.
Futuro de los pacientes en Colombia
El panorama que presenta la reforma es incierto, y organizaciones como Pacientes Colombia insisten en la necesidad de replantear el proyecto para garantizar que todos los actores del sistema de salud, incluidos los pacientes, sean escuchados y tenidos en cuenta. La salud es un derecho fundamental, y cualquier reforma que busque modificar el sistema debe estar orientada a fortalecer el acceso, la calidad y la sostenibilidad del mismo, no a generar incertidumbre y retroceso en los derechos adquiridos.
Las organizaciones de pacientes afirmaron que continuarán elevando su voz, buscando que sus preocupaciones sean escuchadas antes de que el proyecto de ley avance en su trámite legislativo. Mientras tanto, la incertidumbre sigue siendo el principal desafío para los millones de colombianos que dependen de un sistema de salud eficiente y equitativo.
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