El Ministerio de Salud y Protección Social condenó enérgicamente las amenazas y retenciones de ambulancias contra su personal en el Catatumbo, Norte de Santander, advirtiendo que atentar contra la misión médica equivale a vulnerar el derecho fundamental a la salud y agrava la ya crítica crisis humanitaria de la región.
Violaciones al Derecho Internacional Humanitario en el Catatumbo
El Ministerio de Salud y Protección Social emitió un comunicado en el que rechazó las amenazas directas recibidas por el personal del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, en Ocaña, y la retención de ambulancias destinadas a atender emergencias en los municipios de Convención, San Pablo y Teorama. Con ello, se configuraron graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), ya que la neutralidad y seguridad de la misión médica deben ser respetadas incluso en contextos de conflicto armado.
La entidad recordó además la Resolución 4481 de 2012, que reglamenta el uso de los emblemas de la misión médica y establece la obligación de proteger a los trabajadores de la salud bajo los principios de humanidad, neutralidad, independencia e imparcialidad. Atentar contra esta protección no solo pone en riesgo la integridad del personal, sino que vulnera los emblemas que identifican la misión médica en Colombia.
Impacto en el servicio de salud local
Como consecuencia de las intimidaciones, la Empresa Social del Estado Regional Noroccidental suspendió el despacho de ambulancias desde las zonas rurales hacia Ocaña, dejando hundida a la población en un escenario de riesgo: comunidades vulnerables que dependen de traslados oportunos para acceder a tratamientos urgentes se vieron privadas de atención médica básica. Así mismo, se reportó que tras las amenazas, las remisiones desde Convención y San Pablo quedaron canceladas “hasta nuevo aviso” para salvaguardar la vida de los trabajadores de la salud.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha documentado que, en zonas de alta conflictividad como el Catatumbo, la rotación de personal sanitario se incrementa debido a las amenazas, lo cual dificulta la continuidad de los servicios y eleva los riesgos en la atención de población afectada por el conflicto armado.
Contexto del conflicto armado
Desde el 16 de enero de 2025, la ofensiva del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra disidencias de las FARC en el Catatumbo ha dejado un saldo acumulado de al menos 71 muertos, más de 56.000 desplazados, 27 381 personas con restricciones de movilidad y 32 000 confinadas, según datos de Wikipedia. Además, aproximadamente 47 000 niños han perdido acceso a la educación por la escalada de violencia en la región.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) estimó que para enero de 2025 más de 53 700 personas en el Catatumbo requerían asistencia urgente debido a enfrentamientos y desplazamientos forzados; el debilitamiento de las instituciones públicas y la presencia de minas antipersonal agravan las dificultades para la entrega de ayuda humanitaria.
Reacción de las autoridades y llamado de acción
Frente a estos hechos, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo enfatizó que: “Estos actos no solo representan un atentado directo contra la integridad y vida de los trabajadores de la salud, sino que también constituyen una grave infracción a las normas internacionales que protegen la neutralidad de la misión médica en contextos de conflicto armado”.
Del mismo modo, el Instituto Departamental de Salud (IDS) solicitó el acompañamiento de la Fuerza Pública para garantizar un entorno seguro que permita restablecer las remisiones médicas sin riesgos para el personal sanitario. El director Fernando Álvarez subrayó que: “mientras no existan condiciones mínimas de seguridad, no se reanudarán las actividades de la misión médica en la zona”.
Principios de la misión médica y perspectivas
La misión médica en Colombia se rige por principios consagrados en el DIH: humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. La Resolución 4481 de 2012 establece que cualquier acto que interfiera con la libre circulación de ambulancias o amenace al personal sanitario constituye una violación punible y debe ser denunciado a las autoridades competentes.
En este contexto, el Ministerio de Salud hizo un llamado urgente a todos los actores armados en el Catatumbo para salvaguardar la vida de los trabajadores de la salud y garantizar la continuidad de la atención médica. Así mismo, instó a la cooperación de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos para vigilar y denunciar nuevos incidentes de violencia contra el personal sanitario.