La Procuraduría General de la Nación solicitó al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, que proporcionen detalles y respuestas sobre el proyecto de acto administrativo para la conformación, operación, recursos, monitoreo y seguimiento de salud financiados con la Unidad de Pago por Capacitación (UPC).
La entidad señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) poseen una asignación específica, por lo que no pueden ser empleados para propósitos diferentes a los estipulados en la Constitución y la Ley. En este sentido, tales argumentos no pueden ser invocados con el propósito de respaldar un proyecto de regulación particular.
De esta manera, la Procuraduría reafirmó que el Ministerio de Salud y Protección Social carece de la autoridad para establecer un porcentaje de referencia en la resolución, ni modificar el destino de estos recursos, tal como está establecido por ley, dado que esto podría constituir una vulneración al derecho fundamental a la salud y generar un mayor perjuicio en la prestación de los servicios.
Entre tanto, el Ministerio Público sostiene que la Resolución 2364 de 2023, emitida por el Ministerio de Salud para establecer el aumento de la Unidad de Pago por Capacitación de los regímenes contributivo y subsidiado para el año 2024, fue expedida sin observar los principios fundamentales que aseguran el debido proceso de publicidad.
Además, la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social evidenció que no se dio la participación adecuada a todas las EPS, actores fundamentales del sistema, para dialogar con los funcionarios del equipo técnico del ministerio sobre la adecuación de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC), y es por ello que hay un desconocimiento de los fundamentos jurídicos, técnicos y financieros para definir el destino de estos recursos.
El organismo de control solicitó al Ministerio para que se abstenga de expedir la citada resolución y, a su vez, no continuar con el proceso de expedición de este acto administrativo.
Gobierno Nacional responde a la Procuraduría
Luego de que la Procuraduría General de la Nación emitiera este comunicado, el presidente Gustavo Petro en su cuenta oficial de X se pronunció frente a esta solicitud. El mandatario acusó al Ministerio Público de impedir que el Gobierno envíe médicos a los hogares de los colombianos.
“La Procuraduría trata de impedir que enviemos médicos a los hogares de toda Colombia. Así quieren impedir que se prevenga la enfermedad. Quieren detener el mandato popular de las urnas. Implementar el sistema de prevención en salud es la orden de la ley estatutaria de salud”, expresó el presidente Gustavo Petro.
