Desde la Comisión Séptima del Senado de la República se votó un proyecto de ley, cuyo propósito es mantener actualizadas las tecnologías en vacunación, de acuerdo con el panorama regional. Cabe señalar que esta iniciativa se presentó en el cuatrienio anterior, sin éxito. Para sus ponentes, las senadoras Norma Hurtado, Martha Peralta y Berenice Bedoya, lo planteado busca reducir gastos en el aseguramiento y la prestación de servicios de salud, prevenir enfermedades dentro del territorio nacional y mejorar el bienestar de la población.
En parte, el proyecto de ley se sustenta en la Ley Estatutaria de Salud y las consideraciones que hacen de la salud un derecho fundamental, individual y colectivo, que debe ser garantizado por el Estado mediante políticas diseñadas con este fin. No obstante, la problemática definida en el proyecto de ley señala que el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), a pesar de los avances logrados presenta varias falencias: es un PAI de bajo presupuesto; está rezagado en comparación con los esquemas de otros países de América Latina; no es un plan óptimo (se encuenta en permanente actualización).
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Al comparar los esquemas de vacunación vigentes en Brasil, Argentina, México y Colombia durante la última década, se encontró que en nuestro país no hay tecnologías de última generación como la vacuna hexavalente para prematuros en condiciones de riesgo, la vacuna neumocócica congujada (PCV13) o la pentavalente entra que tienen un mayor espectro de cubrimiento y protección a cepas nuevas. De hecho, la última inclusión de una nueva vacuna se hizo en 2015 cuando se incorporó la vacuna para varicela.
Hoy el PAI en Colombia cuenta con 21 biológicos y protege contra 26 enfermedades y, a pesar de las
se lee en el proyecto de ley.
limitaciones, muestra con orgullo el estatus de país libre de poliomielitis, sarampión y rubéola. No obstante, no es un programa de vacunación completo y en algunos casos es obsoleto, como en el caso de la vacuna de polio oral, que ya se ha venido sustituyendo, por su riesgo, comparado con otras opciones.
Como ventajas, las senadoras ponentes señalaron que la vacunación salva anualmente entre 2 y 3 millones de vidas en el mundo; evitan grandes costos económicos y sociales relacionados con la mortalidad y discapacidad prevenibles; protegen a la población desde edades tempranas.
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Estas son las propuestas para ampliar la financiación del PAI
Tras un seguimiento realizado a los recursos destinados a este programa, entre 2012 y 2021, se evidencia la pérdida de 0.58 puntos porcentuales dentro del gasto sectorial. Desde otra perspectiva (gasto per cápita), Colombia invierte menos de US$2 en inmunización.
“El gasto en vacunación no llega al 1% del gasto en salud. Podría pensarse que eso pasa en todos los países, pero una comparación del gasto en vacunas durante diez años muestra que Colombia esta entre los países de mas bajo gasto per cápita en vacunas”, se afirma en el texto radicado, el cual se complementa con la siguiente gráfica:
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En la actualidad, la financiación del PAI no se contempla dentro del Presupuesto General de la Nación, como se expuso ante la Comisión Séptima. Sin embargo, se propone el uso de dos fuentes alternativas: el Sistema General de Participaciones (SGP) y la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de la siguiente manera:
- Asignar al PAI dos décimas del incremento anual de la UPC.
- Destinar el 1% del total de los recursos de salud pública SGP para vacunación, lo que a su vez es el 10% del total del SGP.
Cabe señalar que la actualización y modernización del PAI equivaldría al 13% del total de la inversión sectorial financiada con recursos del PGN, solamente equivaldrían al 0,2% del total de la apropiación presupuestal otorgada al sector salud y protección social ($43,4 billones).
En ese orden, los departamentos que realizarían mayores aportes serían Antioquia ($13.228 millones), Bogotá ($10.817 millones), Valle del Cauca ($7.738 millones) y Cundinamarca ($6.249 millones). En ninguno de los casos los requerimientos destinados a financiar la modernización del PAI superarían el 0,4% de la totalidad de los recursos transferidos a través del SGP.
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