Mi trabajo diario como gestora en salud me obliga a mantenerme actualizada en materia de normativa, entre muchas otras responsabilidades. No se trata solamente de leer y analizar lo nuevo que se publica: también va de implementar, de actualizar lo que ya teníamos, documentar los cambios y de formar a quienes acompaño para que puedan sostenerlos.
A menudo no termino de leer una norma cuando ya se ha publicado otra.
Y es que en los últimos meses hemos sido receptores de nuevas disposiciones y desarrollos regulatorios en diversas materias: habilitación, calidad, humanización, seguridad del paciente y atención a víctimas de violencia sexual, reprocesamiento, telemedicina, entre otros.
Cada una responde a un proceso diferente, pero todas terminan llegando al mismo lugar: el prestador, que debe incorporarlas, documentarlas y sostener su cumplimiento en la operación diaria.
Y en ese ritmo he empezado a preguntarme qué se está construyendo con tanta regulación y con qué capacidad estamos quedando quienes tenemos que implementarlas.
No toda nueva exigencia está suficientemente sustentada, responde a una necesidad demostrada o parece haber considerado las condiciones reales en las que tendrá que cumplirse.
Y cuando esas exigencias se acumulan, la dificultad para llevarlas a la práctica crece.
Interacción normativa no es lo mismo que resistencia a su cumplimiento
En algunos escenarios he escuchado hablar de una aparente resistencia de los prestadores ante las nuevas normas. Yo pienso otra cosa.
En la atención clínica existe el concepto de interacción medicamentosa. Un medicamento puede ser exactamente el indicado. Otro también. Y, aun así, juntos pueden inhibirse, solaparse o alterar sus efectos; no necesariamente porque alguno esté mal formulado, sino porque el resultado de administrarlos simultáneamente puede ser diferente al esperado cuando cada uno se analiza por separado.
Con la regulación en salud estamos viendo algo parecido.
Y es que una cosa es analizar cada disposición por separado. Otra muy distinta es ponerlas todas sobre el mismo prestador y mirar qué queda al final.
A esto debemos agregar una norma encima de otra, nuevos instrumentos, indicadores, documentos y obligaciones; y, en algunos casos, solapamientos, ambigüedades o remisiones a reglas y lineamientos cuyo desarrollo todavía está pendiente.
Cuando una regulación remite a instrumentos o desarrollos posteriores, el prestador queda frente a una obligación cuyo alcance todavía no conoce por completo. Puede saber que debe cumplir, pero no necesariamente todo aquello que tendrá que hacer para demostrar ese cumplimiento.
La previsibilidad también hace parte de una buena regulación.
Colombia no es un territorio uniforme: no es lo mismo Cundinamarca que Dinamarca.
La propia Resolución de Habilitación reconoce dificultades estructurales en territorios rurales y dispersos relacionadas con talento humano, infraestructura, servicios básicos, conectividad, transporte y modalidades de atención. También reconoce que las condiciones geográficas, demográficas y de disponibilidad de recursos no permiten que todos los prestadores cumplan en las mismas condiciones.
Ese reconocimiento obliga a mirar con cuidado cómo se traducen esas diferencias en las exigencias concretas que tendrá que cumplir cada prestador.
Adoptar estándares internacionales puede ser valioso. Pero seguimos teniendo que adaptarlos a las condiciones reales del país.
Diferenciar no significa bajar la calidad. Significa reconocer las condiciones reales en las que esa calidad debe garantizarse.
¿Y qué pasa con las observaciones recibidas durante la consulta pública de los proyectos regulatorios?
Cuando se publica una propuesta, se reciben observaciones y posteriormente se expide una norma, debería ser posible conocer qué se recibió, qué se analizó, qué se acogió, qué se descartó y por qué.
He visto procesos en los que se entrega el documento, se reciben los comentarios, se agradece la participación y posteriormente aparece una norma que conserva buena parte del enfoque que había sido objeto de observaciones.
No pretendo que toda observación deba modificar una norma. Digo que si la participación tiene un lugar en la construcción normativa, debería poder verse qué ocurrió con ella, lo que ayuda a evitar que la confianza en la autoridad en salud se resienta.
¿Y el prestador, qué pasa con él?
Es quien finalmente tiene que garantizar al paciente cada cambio, cada ajuste, cada nueva exigencia.
Detrás de cada servicio hay un profesional con años de formación, conocimiento técnico, experiencia clínica y criterio profesional. Ese criterio no aparece en una norma ni se adquiere en unas cuantas horas de capacitación.
Por eso, cada nueva exigencia debería llevarnos a mirar cuánta de la capacidad del profesional estamos destinando a cumplirla y cuánta queda para aquello que realmente importa: atender al paciente y sostener el servicio.
Porque el tiempo también es un recurso limitado.
Los controles son necesarios, no lo discuto. Pero no todos necesariamente agregan valor. Algunos pueden duplicarse, incluso solaparse.
Las normas también deberían cuidar de no sobredosificar a quien tiene que cumplirlas.
Una regulación suficiente y que pueda sostenerse
No esperaría menos regulación. Esperaría que los nuevos desarrollos normativos pudieran sostenerse sobre cinco condiciones: coherencia, proporcionalidad, diferenciación, trazabilidad y previsibilidad.
Más regulación no necesariamente significa mejor regulación. Menos tampoco.
Que los estándares internacionales se adapten a la realidad del país y no terminen convirtiéndose en obligaciones imposibles de sostener en territorios donde todavía faltan profesionales, conectividad, tecnología o recursos básicos.
Que la seguridad del paciente, la humanización y la calidad no se queden en documentos, indicadores y requisitos, sino que puedan convertirse en mejores condiciones para atender.
Que una consulta pública no termine siendo solamente la constancia de que alguien fue escuchado, sino la posibilidad de conocer qué se recibió, qué se analizó y qué cambió.
Y que cuando una norma remita a otra, y esa a otra más, alguien mire finalmente el conjunto y se pregunte cuánto de todo aquello está llegando al paciente y cuánto está quedándose atrapado en la obligación de demostrar que se hizo.
La regulación tiene que proteger al paciente. Pero también tiene que permitir que existan profesionales e instituciones capaces de atenderlo.
