Interventor de Nueva EPS denuncia coimas: pagos a hospitales y clínicas deberán hacerse sin intermediarios

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En medio de la intervención, Nueva EPS informó nuevos pagos a hospitales, clínicas y operadores de salud, y advirtió que los embargos judiciales podrían afectar la atención de 11,4 millones de usuarios.

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Nueva EPS anunció una nueva jornada de pagos a prestadores y proveedores de servicios de salud, en medio de una advertencia pública sobre posibles cobros de comisión, intermediaciones indebidas y embargos judiciales que, según el agente interventor, pueden afectar la estabilidad operativa de la entidad. El pronunciamiento se concentró en la postulación de recursos para presupuestos máximos, régimen contributivo y pagos de tesorería, con el objetivo de estabilizar la red que atiende a más de 11,4 millones de usuarios.

El agente interventor informó que esta semana se postularon $87.685 millones para presupuestos máximos, recursos destinados a financiar servicios y tecnologías en salud que están por fuera del Plan de Beneficios en Salud. Estos pagos llegarán a cerca de 100 proveedores, entre ellos operadores farmacéuticos, clínicas, hospitales universitarios, prestadores domiciliarios, instituciones de rehabilitación y entidades de alta complejidad.

A este monto se suman $68.989 millones para 636 prestadores del régimen contributivo y $124.454 millones desde tesorería para 36 proveedores. En conjunto, los recursos anunciados se acercan a los $280.000 millones, aunque durante la intervención se habló de aproximadamente $279.000 millones orientados esta semana a la red prestadora de servicios.

¿Qué pagos anunció Nueva EPS para hospitales, clínicas y proveedores?

Nueva EPS indicó que los pagos de esta semana buscan responder a obligaciones con prestadores y proveedores que soportan la atención directa de los afiliados. El agente interventor explicó que los recursos se orientan a estabilizar servicios esenciales y a avanzar en una relación más ordenada con la red, mediante facturas conciliadas, contratos definidos y planes de pago programados.

Los pagos anunciados incluyen

  • $87.685 millones para presupuestos máximos
  • $68.989 millones para 636 prestadores del régimen contributivo
  • $124.454 millones desde tesorería para 36 proveedores
  • Nuevas postulaciones proyectadas por $100.000 millones, $200.000 millones y $300.000 millones en las próximas semanas
  • Una meta cercana a $600.000 millones en tres semanas para presupuestos máximos

Entre las entidades mencionadas aparecen proveedores de medicamentos, transporte asistencial, atención domiciliaria, clínicas oncológicas, hospitales de alta complejidad e instituciones públicas y privadas. El agente interventor hizo referencia a entidades como Disfarma, CAFAM, Sanofi, Audifarma, el Hospital General de Medellín, el Hospital Universitario San Ignacio, la Fundación Valle del Lili, la Fundación Cardioinfantil, la Fundación Hospital de la Misericordia y el Hospital Pablo Tobón Uribe, entre otras.

La entidad también hizo un llamado a los proveedores con cuentas relacionadas con presupuestos máximos para acercarse a Nueva EPS, revisar sus procesos de facturación y avanzar en la conciliación correspondiente. Según el pronunciamiento, la intención es que los pagos se hagan sin intermediarios y con base en soportes administrativos verificables.

¿Cuál fue la denuncia del agente interventor sobre cobros de comisión?

Uno de los puntos más fuertes del pronunciamiento fue la denuncia sobre presuntas intermediaciones para gestionar pagos dentro de Nueva EPS. El agente interventor afirmó que en años anteriores algunos pagos se habrían realizado de manera subjetiva, bajo relaciones de cercanía o incluso mediante cobros indebidos. En su intervención sostuvo que algunos pagos se desarrollaron “bajo el amiguismo” o “bajo la coima”.

La denuncia se centró en personas que, según el agente interventor, buscan intermediar entre la EPS y los proveedores para obtener una comisión sobre los recursos girados. Frente a esta práctica, afirmó que “Los recursos de la salud no pueden ser administrados bajo esa lógica” y pidió que los pagos se hagan únicamente mediante procesos programados, contratos vigentes y facturación conciliada.

Los mensajes principales de la denuncia fueron

  • No deben existir intermediarios para obtener pagos dentro de Nueva EPS
  • Los proveedores no deben enviar personas cercanas al agente interventor para acelerar giros
  • Los pagos deben responder a contratos, soportes y planes programados
  • Cualquier cobro de comisión debe ser denunciado
  • La entidad promoverá una campaña pública para fortalecer la transparencia

El agente interventor también anunció que la entidad pondrá en circulación un mensaje institucional para que ciudadanos, trabajadores y proveedores denuncien irregularidades asociadas a cobros de comisión, fallas en el servicio o prácticas contrarias a la transparencia. La frase central fue que los pagos deben realizarse “sin intermediación, sin coima por la mitad”, por tratarse de recursos destinados a la salud y la vida de los afiliados.

Los embargos generan presión sobre la operación de la EPS

Además del anuncio de pagos y la denuncia por presuntas comisiones, Nueva EPS cuestionó el efecto de los embargos judiciales sobre el flujo de recursos. El agente interventor afirmó que algunas clínicas y proveedores han acudido a esta vía para recuperar cuentas por pagar, pero advirtió que los embargos pueden retener montos superiores a la deuda real y afectar la planeación de pagos a otros prestadores.

Según explicó, cuando un embargo captura más dinero del que efectivamente se debe, se rompe el plan de pagos de la entidad y se limita la provisión de recursos para la red estratégica. El funcionario puso como ejemplo una deuda de $200.000 millones que podría derivar en un embargo por $400.000 millones, con un efecto directo sobre otros servicios que también requieren financiación.

El agente interventor advirtió que estas decisiones pueden comprometer tratamientos de cáncer, medicamentos para pacientes trasplantados, vacunación y atención de brotes epidémicos. En su mensaje a los jueces afirmó que, si continúan los embargos, se puede poner en peligro la estabilidad de Nueva EPS y la vida de 11,4 millones de usuarios.

Nueva EPS plantea una reorganización administrativa

La entidad explicó que busca pasar de pagos discrecionales a un modelo más ordenado. Para ello, el agente interventor planteó tres frentes de trabajo. El primero consiste en fortalecer la nota técnica para identificar con mayor precisión las necesidades de salud de la población afiliada. El segundo se enfoca en relaciones contractuales sostenibles con los proveedores. El tercero apunta a desarrollar herramientas tecnológicas que permitan organizar los planes de pago.

Durante el pronunciamiento también se reconocieron dificultades internas en talento humano, infraestructura, computadores, conectividad y software. El agente interventor señaló que no es posible administrar una EPS con más de 11,4 millones de usuarios con capacidades tecnológicas limitadas. Por eso, anunció planes de choque para fortalecer áreas administrativas, mejorar condiciones locativas y avanzar en soluciones informáticas.

La continuidad de los pacientes queda en el centro del mensaje

Nueva EPS vinculó el anuncio financiero con la continuidad de la atención. Durante la intervención se presentó el caso de un adolescente diagnosticado con neuroblastoma y vinculado al programa Valientes, como ejemplo de la importancia de mantener procesos administrativos que permitan garantizar tratamientos, medicamentos y acompañamiento a pacientes con enfermedades de alta complejidad.

El mensaje institucional fue que los pagos, la facturación, los contratos y la transparencia no son asuntos exclusivamente administrativos. Cada decisión sobre el flujo de recursos puede afectar la continuidad de tratamientos, la oportunidad en la entrega de medicamentos y la capacidad de respuesta de la red prestadora.

Nueva EPS cerró su intervención con un llamado a denunciar prácticas contrarias a la transparencia y a proteger el uso adecuado de los recursos públicos destinados a la salud. El reto inmediato será convertir los anuncios de pago en giros efectivos, reducir las tensiones con la red prestadora, contener los efectos de los embargos y demostrar que la denuncia contra intermediarios se traduce en controles reales dentro de la entidad.

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