El proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) propone aumentar gradualmente la proporción de las transferencias a departamentos y municipios, pasando del actual 23,8% al 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación en los próximos diez años. Para 2036, este ajuste significaría que las transferencias del SGP alcanzarían el 8,4% del PIB, lo que representaría un incremento del 65% en comparación con el escenario actual.
Bajo este contexto, Fedesarrollo compartió su análisis a la iniciativa. Desde una perspectiva fiscal, el aumento en las transferencias proyectado en la reforma del SGP tendría un impacto negativo progresivo en el balance fiscal, elevando el déficit al 6,4% del PIB para 2036, en comparación con el 3,1% en el escenario actual. Como consecuencia, la deuda del gobierno superaría el límite del 71% del PIB establecido por la regla fiscal, lo que podría desencadenar una crisis fiscal. Esta situación incrementaría el costo del endeudamiento, afectaría negativamente el crecimiento económico y contribuiría a un aumento del desempleo y la pobreza.
“Un aumento del 65% en las transferencias del SGP significaría $60 billones adicionales por año, un
monto superior al presupuesto de inversión para 2025, que es de $44 billones. Esto implica que, incluso
eliminando por completo la inversión del Gobierno nacional, no sería posible financiar un aumento de
esta magnitud”, advirtió Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, en un debate de control
político en la Comisión IV Constitucional del Senado de la República.
El director de Fedesarrollo reconoció la importancia de fortalecer la autonomía de las entidades territoriales, pero recomendó ajustar el proyecto de reforma para que la participación del SGP en los ingresos corrientes se incremente al 30%, en lugar del 46,5% propuesto. “Este porcentaje no solo supera el promedio histórico del periodo 2000-2019, sino que también se sitúa 10 puntos por encima de lo observado en 2023”, subrayó Mejía.
Fedesarrollo reconoce que los entes territoriales deben tener una mayor participación
Fedesarrollo también enfatizó la relevancia de transferir competencias del Gobierno a los entes territoriales y de fortalecer la capacidad institucional de las entidades más rezagadas. Señaló que cualquier incremento en las transferencias debe estar respaldado por la implementación de mecanismos de evaluación y control más sólidos, además de incentivos que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas. Estas medidas serían clave para garantizar una adecuada priorización y una eficiente ejecución de los recursos transferidos.
