- PUBLICADO:
Fallo del Tribunal del Tolima obliga a las EPS a pagar más de un billón de pesos en deudas hospitalarias
Escucha esta noticia
Cargando audio...
El Tribunal Administrativo del Tolima ordenó a las EPS pagar más de un billón de pesos adeudados a hospitales públicos y privados, en una decisión que busca proteger el derecho a la salud y garantizar la continuidad de los servicios asistenciales. La medida cautelar, con ponencia del magistrado José Andrés Rojas, advierte una crisis financiera estructural que pone en riesgo la red hospitalaria y exige al Gobierno Nacional acciones inmediatas para asegurar el flujo de recursos en el sistema.
Una acción popular en defensa del derecho a la salud
La decisión del Tribunal Administrativo del Tolima se enmarca en la acción popular interpuesta por la Gobernación del Tolima, un recurso judicial orientado a salvaguardar derechos colectivos amenazados por la falta de cumplimiento financiero de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). La medida responde a un escenario crítico en el que la falta de pago a los hospitales públicos y privados comenzó a comprometer la continuidad de los servicios y a poner en riesgo el derecho fundamental a la salud de miles de tolimenses.
La providencia, con ponencia del magistrado José Andrés Rojas, fue adoptada luego de una audiencia pública en la que se constató un deterioro financiero estructural de la red hospitalaria departamental, producto de las deudas acumuladas de las EPS con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). El Tribunal reconoció que la magnitud de los pasivos afecta la eficiencia del sistema y la prestación oportuna de los servicios médicos, además de comprometer la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.
En su decisión, el despacho judicial concluyó que “se encuentran debidamente soportadas las medidas solicitadas, en tanto se discute la violación de varios derechos colectivos relacionados con la prestación eficiente y oportuna del servicio público de salud”. Con este argumento, el Tribunal dio fundamento jurídico a la medida cautelar que ordena a las EPS el cumplimiento de sus obligaciones, marcando un precedente en la protección judicial del sistema sanitario regional.
Deudas millonarias: una amenaza al sistema hospitalario
De acuerdo con cifras consolidadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES, las Entidades Promotoras de Salud mantienen obligaciones superiores a un billón de pesos con la red hospitalaria del Tolima. Del total, cerca de $600.000 millones corresponden a hospitales públicos y otros $400.000 millones afectan a clínicas y centros privados, generando una presión financiera sin precedentes sobre el sistema asistencial departamental.
Estos pasivos, acumulados entre los años 2020 y 2024, han derivado en una crisis de liquidez que impacta directamente la operación de los prestadores, con consecuencias visibles en el retraso en los pagos al personal médico y asistencial, la dificultad para adquirir insumos esenciales y la interrupción temporal de servicios especializados, especialmente en los municipios rurales. La situación, según las autoridades locales, compromete la sostenibilidad misma de la red hospitalaria y amenaza con debilitar la atención de los pacientes más vulnerables.
La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, subrayó que la medida judicial responde a una realidad que se volvió insostenible para las instituciones del departamento. “La falta de flujo de recursos pone en riesgo la red pública y privada. Es fundamental que se adopten acciones contundentes para normalizar los pagos y proteger el derecho a la salud de los tolimenses”, afirmó la funcionaria, al destacar que el fallo del Tribunal se convierte en un respaldo jurídico a la gestión territorial para exigir el cumplimiento financiero de las EPS.
La medida cautelar: una orden con plazos definidos
La medida cautelar emitida por el Tribunal ordena a las EPS y demás operadores del sistema de salud cumplir, en un plazo máximo de dos meses, los compromisos adquiridos en las mesas técnicas de la Circular 30, un instrumento diseñado por el Gobierno Nacional para promover el saneamiento de cartera y resolver obligaciones no glosadas.
En concreto, el Tribunal exige que:
- Las EPS realicen el pago efectivo de las deudas reconocidas a las IPS públicas y privadas correspondientes a los últimos cuatro años.
- El Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la ADRES y la Supersalud convoquen una mesa técnica nacional que defina los créditos a asumir, establezca un cuadro consolidado de obligaciones y garantice el pago de al menos el 20% de las deudas liquidadas con corte al 30 de junio de 2024.
- Se asegure la continuidad en la atención hospitalaria y el flujo de recursos que permita mantener la prestación de servicios, especialmente en municipios con baja cobertura o alta ruralidad.
El fallo se apoya en el principio constitucional de solidaridad en la prestación del servicio público de salud, previsto en el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, y en el marco de la Ley 472 de 1998, que regula las acciones populares y de grupo.
Impacto regional y precedentes jurídicos
La decisión del Tribunal Administrativo del Tolima podría tener repercusiones más allá del ámbito departamental, al visibilizar una problemática común en varias regiones del país relacionada con la mora prolongada de las EPS en el pago a las instituciones prestadoras de servicios de salud. En departamentos como Huila, Magdalena y Santander, las asociaciones de hospitales públicos han reportado deudas acumuladas que también superan los cientos de miles de millones de pesos, lo que refleja una crisis financiera de carácter estructural en el sistema de salud colombiano.
El fallo emitido por el Tribunal sienta un precedente relevante al reconocer la posible vulneración de derechos colectivos como la prestación eficiente del servicio público de salud, la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público. La orden judicial, además de exigir el pago de las deudas, insta a las autoridades nacionales entre ellas el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la ADRES y la Supersalud a articular acciones que garanticen el cumplimiento de los compromisos financieros adquiridos por las EPS y aseguren la continuidad de la atención hospitalaria en el Tolima.
De esta forma, la medida cautelar representa no solo un llamado de atención a las entidades promotoras, sino también una señal de alerta para el resto del país sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, transparencia y flujo de recursos en el sistema.
Una mirada estructural al problema financiero del sistema
El problema de fondo, según analistas del sector, radica en un modelo de aseguramiento tensionado por deudas históricas, la fragmentación en los pagos y las demoras en la compensación de recursos de la ADRES.
De acuerdo con el informe “Observatorio de Financiamiento de la Salud 2025” de Así Vamos en Salud, las EPS acumulan carteras vencidas por más de 18 billones de pesos con las redes hospitalarias a nivel nacional, reflejo de una crisis estructural de liquidez que impacta la sostenibilidad del sistema.
El Ministerio de Salud ha insistido en que la Circular 30 de 2023 busca establecer acuerdos bilaterales de pago, pero su ejecución ha sido desigual entre regiones y depende en gran medida de la voluntad de las EPS y la capacidad técnica de las IPS para soportar sus cuentas.
Una decisión que redefine el equilibrio del sistema de salud
El pronunciamiento del Tribunal Administrativo del Tolima trasciende el ámbito departamental y se perfila como una decisión emblemática en la defensa del derecho fundamental a la salud. Al ordenar a las EPS el cumplimiento inmediato de sus obligaciones financieras y exigir la coordinación entre las entidades nacionales responsables del flujo de recursos, el fallo no solo responde a una crisis puntual, sino que expone la fragilidad estructural del modelo de aseguramiento en Colombia.
La medida cautelar constituye un precedente de gran alcance: obliga a revisar los mecanismos de control sobre las deudas del sistema, refuerza la obligación del Estado de garantizar la continuidad de los servicios hospitalarios y abre un debate nacional sobre la sostenibilidad financiera y la corresponsabilidad institucional. Su cumplimiento marcará el punto de partida para medir la capacidad del sistema de responder, con eficiencia y transparencia, a una deuda histórica que hoy compromete tanto la estabilidad de los hospitales como la confianza de los ciudadanos en el sistema de salud.
