El decreto 1085 de 2023 declara el estado de emergencia económica, social y económica en el departamento de la Guajira ubicado en el norte de Colombia, se enfrenta una grave crisis humanitaria que dificulta el acceso a servicios básicos vitales como agua potable, alimentos, atención médica, infraestructura y educación. Esta situación se ve agravada por el cambio climático. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido medidas para abordar esta crisis y proteger a la población, especialmente a los niños, las mujeres embarazadas y lactantes, y los ancianos de la comunidad indígena Wayuu.
Modelo de salud propio e intercultural
El decreto 1085 de 2023 establece la necesidad de implementar medidas legislativas que reestructuren y optimicen el sistema de salud en el departamento de La Guajira, con el objetivo de asegurar el pleno disfrute del derecho fundamental a la salud por parte de la población. Estas medidas se centrarán en aspectos clave como la gobernanza, el financiamiento, la administración y la asignación de recursos, y se basarán en un modelo de salud propio e intercultural, desarrollado en colaboración con las autoridades tradicionales indígenas, en especial del pueblo wayuu y otros pueblos indígenas.
El propósito de estas medidas es lograr la alineación de todos los actores involucrados en el sistema de salud, para garantizar una atención integral que sea territorializada, universal, sistemática, permanente y resolutiva. Además, se buscará eliminar las barreras de acceso que puedan existir, ya sean de naturaleza social, geográfica, económica, cultural, asistencial o administrativa.
Medidas urgentes para proteger los derechos de los niños Wayuu y abordar la crisis en La Guajira define el decreto 1085 de 2023
En el departamento de La Guajira, la implementación de la política pública para abordar la crisis ha enfrentado dificultades persistentes. Esto llevó a la Corte Constitucional a decretar medidas cautelares en favor de los niños Wayuu, destacando las amenazas a sus derechos fundamentales de comida, agua y salud.
La corte adoptó medidas inmediatas para garantizar el disfrute efectivo de estos derechos, que debían ser implementadas por el poder ejecutivo. El Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH visitó Colombia y reconoció los esfuerzos realizados por el estado, pero concluyó que se necesitan medidas urgentes para proteger a las comunidades de La Guajira, especialmente al pueblo Wayuu y otros grupos vulnerables.
Durante una sesión en las comunidades, la Directora del ICBF reconoció problemas en los programas relacionados con la universalización, suficiencia y continuidad. En una visita a la comunidad de Parrantial, los representantes manifestaron su descontento y cansancio por la falta de soluciones y medidas efectivas.
La situación en La Guajira es alarmante menciona el decreto 1085 de 2023, con tasas de mortalidad por desnutrición, infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda en menores de cinco años más altas que en otras áreas del país. Entre 2017 y 2022, La Guajira tuvo un porcentaje significativo de las muertes nacionales en este grupo de edad debido a estas enfermedades. Durante la semana epidemiológica 23, se registró un aumento en las tasas de mortalidad por desnutrición y enfermedad diarreica aguda en La Guajira.
Ante esta situación, el Instituto Nacional de Salud ha intensificado la vigilancia epidemiológica y está abordando las causas del aumento de los indicadores de salud materna e infantil. El Gobierno Nacional ha descentralizado sus funciones en el departamento para abordar las necesidades de atención médica de la población. Sin embargo, se han identificado deficiencias en la red de atención, especialmente en el manejo y seguimiento de mujeres embarazadas y niños en riesgo de desnutrición.
En La Guajira, la población en 2023 es de 1.038.397 habitantes, de los cuales 396.511 son niños y adolescentes. Algunos de ellos están siendo atendidos por el ICBF o el Ministerio de Educación Nacional, pero otros aún no han recibido atención. Se están tomando acciones para atender a los niños y niñas en riesgo de desnutrición o desnutrición aguda, y se continúa buscando a aquellos que aún no han sido localizados.
Crisis de suministro de agua en La Guajira: Medidas urgentes que establece el decreto 1085 de 2023 para proteger recursos naturales y garantizar el acceso a servicios básicos.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha expresado que el departamento de La Guajira se encuentra en una situación crítica en el suministro de agua debido a las condiciones climáticas en el país, como la temporada seca, y al cambio climático reportado a nivel mundial. Se requieren medidas extraordinarias para garantizar la protección de los recursos naturales, especialmente los recursos hídricos, en el departamento, y para hacer frente a los eventos climáticos futuros.
La Organización Meteorológica Mundial anunció una probabilidad moderada de que se forme un episodio de El Niño desde mayo hasta julio de 2023. Además, hay un 84% de probabilidad de que ocurra con una intensidad moderada y un 56% de probabilidad de evolucionar hacia un evento fuerte entre noviembre de 2023 y enero de 2024. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia predice que la temporada de ciclones comenzará al menos 15 días antes de lo habitual en 2023, y La Guajira será una de las áreas más afectadas en el Caribe colombiano.
IDEAM estima que el trimestre de julio a septiembre estará influenciado por el inicio estacional que típicamente ocurre durante la temporada seca y por oscilaciones de diferentes frecuencias, como ondas intracirectorales y ecuatoriales. También prevé un déficit de precipitaciones entre el 10% y el 20% con respecto a los promedios históricos, la región Caribe es la más propensa a experimentar la mayor reducción porcentual en las precipitaciones durante el trimestre julio-septiembre, incluida La Guajira. Las precipitaciones mensuales en La Guajira han estado “por debajo de lo normal” y “muy por debajo de lo normal” en febrero, marzo, abril y mayo de 2023, especialmente en las partes más septentrionales de la península.
El sector de agua y saneamiento básico en La Guajira necesita medidas legislativas para obtener recursos financieros y capacidad presupuestaria a corto y mediano plazo. Estos recursos provendrán del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Regalías y el Sistema General de Participaciones. También se requieren facultades para realizar modificaciones presupuestarias con el objetivo de priorizar la implementación de intervenciones en infraestructura y gestión de agua y saneamiento básico.
Plan integral para mejorar el acceso al agua en La Guajira: Medidas excepcionales para proyectos de rehabilitación y construcción.
Se permitirá a las entidades nacionales establecer condiciones y requisitos diferentes para la aprobación y ejecución de proyectos de rehabilitación o construcción de sistemas de agua y saneamiento básico presentados por entidades territoriales que soliciten apoyo financiero. Además, podrán ejecutar directamente estos proyectos, siempre y cuando las entidades competentes agilicen los trámites necesarios en términos prediales, ambientales y de autorizaciones.
Con el fin de desarrollar un plan articulado, integral y sostenible, las entidades competentes podrán estructurar y ejecutar programas y proyectos de agua y saneamiento básico en La Guajira. Esto incluye la contratación directa, convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro, organizaciones sociales, comunidades organizadas y otras personas jurídicas. También se contempla la posibilidad de crear entidades públicas, suscribir contratos de fiducia mercantil y adoptar esquemas de gerencia integral para la rehabilitación, construcción, mantenimiento y operación de los sistemas de suministro de agua.
Durante la emergencia, la Nación podrá asumir de manera concurrente con los municipios todas las competencias establecidas en la Ley 142 de 1994 para garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua y saneamiento básico en La Guajira. Incluso, se podrá crear un mecanismo transitorio que permita brindar apoyo financiero directo a las comunidades rurales o indígenas destinado a la operación y mantenimiento de los sistemas de suministro de agua.
Medidas extraordinarias para garantizar seguridad alimentaria y protección ambiental en La Guajira
En el sector agropecuario y rural de La Guajira se requieren medidas extraordinarias para asegurar la seguridad y soberanía alimentaria. Estas medidas implican flexibilizar los requisitos y condiciones de contratación para convenios y contratos con personas naturales, entidades sin ánimo de lucro, Cabildos Indígenas, Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas y Consejos Comunitarios de las comunidades negras, según lo establecido en la Ley 70 de 1993.
Además, se necesitan tomar medidas excepcionales para el financiamiento, comercialización, transporte, almacenamiento, venta o distribución de productos agropecuarios producidos por pequeños y medianos productores en La Guajira. También se considera la titulación de tierras, adjudicación comunitaria o asociativa e implementación anticipada de programas relacionados con el acompañamiento, fortalecimiento asociativo, industrialización, desarrollo y comercialización agropecuarios.
Se busca formalizar el uso y aprovechamiento del agua en la agricultura y acuicultura de subsistencia, promover la producción alimentaria y adquirir tierras a través de mecanismos excepcionales. También se plantea establecer restricciones para la adquisición de tierras fértiles destinadas a la producción de alimentos e implementar la reforma rural integral.
Para contrarrestar la actual crisis del sector ambiental y prevenir su profundización debido a los fenómenos climáticos que se avecinan, es necesario tomar medidas en La Guajira. Esto incluye priorizar el uso del recurso hídrico y preservar el caudal ecológico, revisando y ajustando el régimen de usos existente si es necesario. También se necesita fortalecer el monitoreo ambiental en el departamento y tomar medidas para atender las actuaciones administrativas en trámite relacionadas con el recurso hídrico a través de concesiones, permisos y licencias ambientales.
Además, es necesario realizar un análisis situacional de las condiciones y usos de los recursos naturales en La Guajira como base para la disposición de proyectos de exploración y generación de energías renovables. No se flexibilizarán los estándares ambientales y se garantizará el trámite prioritario para las licencias y permisos ambientales de proyectos de transición energética. Este análisis se incorporará en la Evaluación Ambiental Estratégica del departamento de La Guajira con efectos vinculantes para la gestión ambiental del territorio.
Medidas legislativas para mejorar la educación en La Guajira: ampliación de cobertura y calidad educativa en tiempos de crisis
Con el propósito de mejorar la prestación del servicio educativo en respuesta a la grave crisis humanitaria en La Guajira, es necesario implementar medidas legislativas que agilicen la ampliación de la cobertura y mejora de la calidad de la educación, especialmente en el área de la etnoeducación. Se evaluarán políticas y programas relacionados con infraestructura, recursos e inversión, alimentación, agua potable, herramientas tecnológicas, transporte escolar, calidad y cantidad de educadores con enfoque diferencial, para determinar las medidas necesarias que contribuyan a superar la situación de crisis en el sector educativo.
En este sentido, es imperativo tomar medidas en el territorio para ampliar la prestación del Programa de Alimentación Escolar, incluso durante los períodos de receso académico, como un mecanismo inmediato que contribuye al bienestar, la permanencia y la seguridad alimentaria de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en el sistema educativo oficial.
Impulsando el desarrollo energético y de transporte en La Guajira: medidas legislativas y enfoque en infraestructura y tributos para superar la crisis
En el sector energético, se necesita la expedición de normas legales para garantizar el desarrollo integral de la población infantil y proporcionar a sus familias los medios de subsistencia a través del acceso universal a la electricidad y la participación de las comunidades en proyectos energéticos. También es necesario dinamizar el mercado de bienes, servicios y empleos relacionados con la transición energética en la región.
Para lograr esto, se plantea la necesidad de subsidiar la implementación de techos solares, microredes, proyectos de energía distribuida y almacenamiento de energía. Además, se propone transformar la termoguajira, distribuir los beneficios económicos de los proyectos de transición más allá del área de influencia, establecer esquemas tarifarios diferenciales para áreas vulnerables y desarrollar modelos innovadores de proyectos energéticos en comunidades. También se busca establecer asociaciones público-privadas y público-populares para el desarrollo de proyectos de transición y garantizar el equilibrio económico en los mismos.
Se promueve el relacionamiento entre las comunidades y las empresas para avanzar en negociaciones, teniendo en cuenta los derechos de las comunidades y su participación en los proyectos de energía.
En el sector transporte, se reconoce que la infraestructura aérea es insuficiente en La Guajira para garantizar la interconexión y la prestación de los servicios básicos esenciales, por lo que el Gobierno nacional considera necesario adoptar medidas legislativas para reforzar y ampliar la infraestructura aérea en el departamento. Además, se explorará la posibilidad de establecer sobretasas por el uso de las instalaciones y servicios aeroportuarios en La Guajira.
Medidas tributarias, sociales y de tecnología para enfrentar la crisis en La Guajira: enfoque en recursos, infraestructura y coordinación para una provisión eficiente de servicios
En cuanto al sector tributos e inversiones, se plantea la posibilidad de establecer nuevos impuestos o modificar los existentes, así como generar incentivos para las inversiones y el turismo en el departamento, todo esto con el objetivo de focalizar los recursos destinados a enfrentar la crisis humanitaria en La Guajira. Además, todas estas medidas se enmarcan en el artículo 215 de la Constitución sobre el Estado de Emergencia.
El decreto menciona la necesidad de adoptar medidas legales para entregar recursos a las familias para facilitar el acceso a una canasta básica de alimentos y aliviar la situación. También se necesitan medidas legislativas para apropiar, transferir y administrar recursos destinados a la atención de la primera infancia.
En cuanto al sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, son necesarias medidas legales para agilizar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y modificar el presupuesto para beneficiar a la población objetivo.
Para garantizar una provisión eficiente y eficaz de bienes y servicios, las entidades a nivel nacional y territorial deben formular y ejecutar programas y proyectos coordinados por el Departamento Nacional de Planeación. Además, se deben implementar medidas excepcionales en la planificación territorial para mitigar la crisis humanitaria.
Finalmente, el gobierno debe facilitar la ejecución de los recursos públicos destinados a la adquisición de bienes y servicios necesarios para la Emergencia, y las entidades a nivel nacional y territorial pueden recurrir a la contratación directa para garantizar una respuesta adecuada y efectiva.
Por estas razones, se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira, tanto en el área urbana como en la rural, por un período de treinta (30) días, a partir de la entrada en vigor del decreto.
En el cual, el Gobierno nacional ejercerá las facultades y cumplirá las obligaciones establecidas en el artículo 215 de la Constitución Política, en la Ley 137 de 1994 y en otras disposiciones pertinentes para hacer frente a la crisis.
Por lo que, el Gobierno nacional podrá tomar todas aquellas medidas adicionales necesarias para enfrentar la crisis y evitar la propagación de sus efectos. También tomará las acciones presupuestarias necesarias para llevar a cabo estas medidas.
Control de legalidad de la declaración de emergencia por parte de la corte constitucional
La Corte Constitucional de Colombia es la entidad encargada de realizar el control de legalidad sobre los decretos que declaran el estado de emergencia económica en el país. La Corte tiene la competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de estos decretos, evaluando si se cumplen los requisitos establecidos en la Constitución para declarar una emergencia económica.
Algunas de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional relacionadas con decretos de emergencia económica son las siguientes:
– Sentencia C-145-20: La Corte Constitucional se pronunció sobre el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, que declaraba un estado de emergencia económica. En esta sentencia, la Corte evaluó la constitucionalidad y legalidad del decreto.
– Sentencia C-307-20: En esta sentencia, la Corte Constitucional analizó la declaración de emergencia económica y los hechos sobrevinientes que justificaban la medida. La Corte estableció que la emergencia puede declararse frente a hechos que perturben o amenacen perturbar, en forma grave e inminente, la economía del país.
– Sentencia C-242-20: En esta sentencia, la Corte Constitucional evaluó un decreto legislativo en desarrollo del estado de emergencia que buscaba garantizar la prestación de servicios de quienes prestan función durante la emergencia. La Corte analizó la constitucionalidad y legalidad de dicho decreto.
Descargue el decreto 1085 de 2023:
Palabras claves: Decreto 1085 de 2023, declaración de emergencia social, Crisis humanitaria en La Guajira, Acceso a servicios básicos en La Guajira, Medidas para proteger derechos en La Guajira, Seguridad alimentaria en La Guajira, Desarrollo energético y de transporte en La Guajira
