La Procuraduría General de la Nación emitió una fuerte alerta sobre el nuevo modelo de salud destinado a los docentes públicos del país, señalando graves deficiencias en su implementación. El plan, que pretende reemplazar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), enfrenta serias críticas por parte del Ministerio Público debido a problemas en contratación, logística, presupuesto e infraestructura.
Según la Procuraduría, la transición hacia este nuevo sistema de salud carece de claridad en aspectos fundamentales, está cargado de enormes dudas en contratación, logística, presupuesto e infraestructura, esta situación dejaría en el limbo a cerca de un millón de maestros.
La creación de la Red Nacional de Prestadores de Servicios de Salud, que tendrá 32 coordinaciones regionales, cuya estructura y funcionamiento aún no han sido definidos y la controvertida decisión de confiar la gestión del sistema a Fiduprevisora ha generado preocupación entre los maestros afiliados a FECODE.
Otro aspecto cuestionado por la Procuraduría es la falta de precisión en cuanto al personal necesario, el presupuesto asignado y la supervisión a nivel regional y local. Se estima que la implementación de este nuevo modelo implicará un aumento significativo en los costos, lo que representa un desafío adicional para su viabilidad.
Aumento en los costos con la implementación del Nuevo Modelo de Salud para docentes
La Procuraduría cuestiona también, en cuanto al presupuesto, le aumento de costos que traerá la implementación de este sistema que, comparado con el anterior modelo, equivaldrá a un billón cien mil millones de pesos por año.
Además, la ausencia de contratos firmados, la falta de capacitación del personal y la incertidumbre sobre la división entre servicios médicos y administrativos plantean serios riesgos en la contratación y prestación de servicios. La designación de Fiduprevisora como operador del sistema también genera inquietudes sobre la protección de los derechos de los usuarios.
Al quedar la Fiduprevisora como operador de la gestión del servicio, la procuraduría se preocupa por las reclamaciones de los usuarios, lo que implica un riesgo, ya que, por su naturaleza jurídica, ya que es una entidad financiera y la Superintendencia Nacional de Salud no podrá hacer vigilancia y control sobre ella. Así mismo la entidad cuestiona que el nuevo modelo no establezca responsable que vigile la calidad de la prestación del servicio ni la gestión del riesgo.
La Procuraduría General de la Nación realizó análisis al nuevo Manual de Contratación donde se evidencian riesgos de gran magnitud en el instrumento jurídico dispuesto para la implementación del modelo para los miembros del magisterio y sus beneficiarios. Manifestando al respecto las posibles nulidades de los contratos que se suscriban, estas observaciones están encaminadas a la protección del patrimonio público y el respeto al ordenamiento jurídico en los medios por los que se pondrá en funcionamiento dicho modelo.
Ante esta situación, el Procurador Primero delegado para la Vigilancia de la Función Pública ha instado a las autoridades a revisar y ajustar el proyecto para garantizar la atención en salud de cerca de un millón de docentes del FOMAG. La incertidumbre persistente en torno a este nuevo modelo de salud destaca la importancia de abordar de manera urgente y eficaz las deficiencias identificadas por la Procuraduría, a fin de asegurar un sistema de salud sólido y confiable para los educadores del país.
