La intervención de la EPS Sanitas por parte del Gobierno colombiano ha desatado una disputa internacional. Las empresas españolas Natanor XXI y Centauro Capital, propietarias de la promotora de salud, han presentado una demanda arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), alegando que esta decisión constituye una “expropiación indirecta” que les ha generado graves perjuicios económicos.
Nueve meses después de la decisión del presidente Gustavo Petro y del entonces superintendente Luis Carlos Leal de intervenir la EPS Sanitas, las tensiones en el sistema de salud colombiano han escalado a una disputa internacional. Las compañías españolas, lideradas por el magnate vasco Joseba Grajales, reclaman una compensación de 1.200 millones de dólares (aproximadamente 5.2 billones de pesos colombianos) por lo que consideran una vulneración de sus derechos como inversionistas.
La acción legal fue radicada el pasado 21 de enero ante el Ciadi, un organismo del Banco Mundial especializado en la resolución de conflictos entre inversionistas extranjeros y Estados. Según las empresas demandantes, la intervención de la EPS viola el acuerdo de 2005 entre Colombia y España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
Acusaciones de expropiación indirecta
En su demanda, Natanor XXI y Centauro Capital califican la intervención como una medida “arbitraria” y “discriminatoria” que va en contra de los estándares internacionales de protección a las inversiones extranjeras. Las compañías argumentan que esta acción del Gobierno colombiano constituyó una “expropiación indirecta” al afectar el control y los beneficios económicos derivados de su inversión en la EPS Sanitas.
El caso ha generado gran preocupación no solo entre los inversionistas extranjeros, sino también dentro de Colombia, dado que el país podría enfrentar graves implicaciones económicas y reputacionales si el tribunal arbitral falla en su contra.
Contexto de la intervención
La intervención de la EPS Sanitas, ordenada en abril de 2024, fue justificada por el Gobierno colombiano con el argumento de garantizar la prestación de servicios de salud a millones de pacientes afiliados. En ese momento, la Superintendencia de Salud argumentó que la EPS enfrentaba serias dificultades financieras y operativas que comprometían la atención de sus usuarios.
Sin embargo, esta decisión no estuvo exenta de críticas. Sectores empresariales y analistas internacionales señalaron que la medida podría desalentar la inversión extranjera en un momento en que el sistema de salud colombiano enfrenta profundas transformaciones bajo la administración de Gustavo Petro.
Repercusiones legales y económicas
La demanda arbitral presentada por Natanor XXI y Centauro Capital podría tener implicaciones significativas para Colombia. Además del riesgo financiero, representado por la compensación millonaria que exigen las empresas españolas, el caso pone en el centro de atención la seguridad jurídica que el país ofrece a los inversionistas internacionales.
Adicionalmente, este proceso podría afectar las relaciones bilaterales entre Colombia y España, un país que históricamente ha sido un importante socio comercial e inversionista en sectores estratégicos de la economía colombiana.
¿Qué está en juego para el sistema de salud?
Más allá de las implicaciones legales y financieras, esta disputa pone en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema de salud colombiano. La intervención de la EPS Sanitas fue parte de un esfuerzo por garantizar la sostenibilidad de la prestación de servicios en un modelo que ha sido objeto de críticas por problemas de inequidad, financiación y corrupción.
No obstante, el costo político y económico de estas medidas podría ser alto si se percibe que afectan los derechos de inversionistas extranjeros y la confianza en el sector.
Defensa del Estado colombiano
La Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje) ha asumido la representación de Colombia en este proceso ante el Ciadi. En un comunicado, la Andje afirmó que está preparada para defender la legalidad de las acciones emprendidas por el Gobierno y demostrar que la intervención de la EPS Sanitas se realizó con el objetivo de proteger los derechos de los pacientes y garantizar la prestación de servicios esenciales.
El caso, que aún está en sus primeras etapas, será seguido de cerca por actores nacionales e internacionales, dada su relevancia para el sector salud y las relaciones económicas de Colombia.
Lo que sigue en la disputa internacional
El arbitraje internacional ante el Ciadi se desarrollará en varias fases, comenzando con un intento de conciliación directa entre las partes. Este mecanismo busca evitar el establecimiento formal de un tribunal arbitral mediante un acuerdo amistoso. Sin embargo, si la conciliación fracasa, se avanzará hacia una etapa de demanda formal, en la que nuevamente se buscarán opciones de conciliación antes de la instalación del tribunal que decidirá sobre las pretensiones económicas de las empresas demandantes y la defensa del Estado colombiano.
Este proceso podría extenderse hasta cinco años, tiempo durante el cual la defensa del país estará liderada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, bajo la dirección del exmagistrado César Palomino. Además, la intervención de la EPS Sanitas enfrenta paralelamente tres demandas en el Consejo de Estado, incluyendo una presentada por el partido Cambio Radical, que podría resolverse este año. Este contexto jurídico prolongado pone de manifiesto los múltiples frentes legales que deberá atender Colombia en relación con esta controvertida medida.
