Corte Constitucional declara bajo cumplimiento en acceso a medicamentos del sistema de salud colombiano

La Corte Constitucional, mediante el Auto 1282 del 3 de septiembre de 2025, declaró un nivel de cumplimiento bajo respecto de la orden décima sexta de la Sentencia T-760 de 2008, que busca garantizar el acceso a medicamentos. El alto tribunal advirtió que la deuda acumulada entre EPS y gestores farmacéuticos, el represamiento de trámites en el Invima y la falta de información actualizada impiden que los pacientes reciban de manera oportuna y completa los fármacos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

Un acceso a medicamentos en riesgo

El análisis de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 evidenció que los problemas financieros del sistema de salud se están trasladando de manera directa al acceso de los pacientes a los medicamentos PBS. Según los datos remitidos a la Corte, la cartera de 14 gestores farmacéuticos asciende a $4,18 billones, lo que limita el suministro y genera barreras en la dispensación.

El tribunal señaló que “la falta de flujo de recursos impide el suministro de medicamentos, pues restringe su dispensación efectiva”. La situación refleja una presión creciente sobre hospitales, EPS y gestores farmacéuticos, que operan con dificultades de liquidez.

Tutelas en aumento por fallas en dispensación

Uno de los hallazgos más preocupantes del Auto 1282 es el aumento sostenido de acciones de tutela relacionadas con la no entrega o entrega incompleta de medicamentos. Entre enero de 2022 y diciembre de 2023, los recursos judiciales por esta causa crecieron un 32,46 %. Un año después, el incremento alcanzó el 106,81 %, y solo en el primer semestre de 2025 ya se había registrado el 59,67 % del total de tutelas radicadas en todo 2024.

Este panorama revela que, aunque no exista un desabastecimiento generalizado de medicamentos en el país, las fallas en la cadena de suministro afectan directamente la continuidad de los tratamientos, especialmente en poblaciones con patologías de alto costo.

Pacientes con mayor afectación

El informe identificó que 174 medicamentos presentan problemas de dispensación, impactando a pacientes con enfermedades graves y crónicas. Entre ellos se incluyen fármacos utilizados para tratar:

• Cánceres de distintos tipos.
• Enfermedades raras o huérfanas.
• Epilepsia y convulsiones.
• Diabetes.
• VIH.
• Condiciones oculares y hormonales de crecimiento.
• Uso de métodos anticonceptivos.
• Infecciones que requieren antibióticos especializados.

La Corte alertó que estas dificultades comprometen la calidad de vida y la seguridad de los pacientes, generando un riesgo de complicaciones clínicas y costos adicionales para el sistema.

El cuello de botella en el Invima

Otro de los elementos que agrava el problema es el represamiento de trámites en el Invima. La demora en la actualización de registros sanitarios y en la aprobación de nuevas moléculas limita la disponibilidad de opciones terapéuticas en el país.

La Sala Especial precisó que estas barreras administrativas retrasan la entrada de medicamentos innovadores y afectan la capacidad de los médicos para ofrecer alternativas de tratamiento oportunas y seguras.

Falta de información oportuna

La Corte también advirtió sobre la ausencia de información real y actualizada en el sistema de salud. La falta de reportes consistentes por parte de los actores dificulta la emisión de alertas tempranas y la búsqueda de sustitutos terapéuticos.

Este vacío informativo, según el alto tribunal, incrementa el riesgo de complicaciones médicas y de un mayor gasto para el sistema, al no contar con mecanismos que permitan gestionar el acceso de manera preventiva.

Una deuda pendiente con la Sentencia T-760

La Corte Constitucional concluyó que, pese a los avances normativos, las medidas adoptadas no han mostrado resultados efectivos. En consecuencia, declaró que el nivel de cumplimiento de la orden décima sexta de la Sentencia T-760 de 2008 es bajo, manteniendo vigente la deuda histórica del Estado con el derecho fundamental a la salud.

El Auto 1282, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, deja en evidencia que las dificultades financieras, administrativas y de gestión están limitando la entrega efectiva de medicamentos PBS.