La Contraloría General de la República advirtió que el proyecto de decreto del Ministerio del Trabajo para trasladar recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones presenta riesgos jurídicos y operativos que impiden su aplicación bajo la normativa vigente. El órgano de control señaló que el borrador abre la posibilidad de que recursos del ahorro pensional de largo plazo terminen destinados al pago de mesadas, lo que implicaría convertir ese ahorro en gasto corriente.
La observación se centra en el traslado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, RAIS, hacia el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, RPM, administrado por Colpensiones. Esta posibilidad fue contemplada en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, correspondiente a la reforma pensional aprobada por el Congreso y actualmente sometida a revisión de constitucionalidad ante la Corte Constitucional.
Según la Contraloría, el problema radica en que el mismo artículo 76 dispone de manera expresa que los recursos de las cuentas de ahorro individual deben seguir siendo administrados por los fondos privados hasta el momento en que se consolide el derecho pensional. En ese contexto, el borrador de decreto del Ministerio del Trabajo no podría aplicarse en los términos en que fue planteado.
Un traslado que choca con la norma vigente
El análisis preliminar de la Contraloría indica que no resultaría jurídicamente viable ordenar el traslado de la totalidad de los recursos correspondientes a las 119.496 personas que, con corte a febrero de 2025, ya pasaron del RAIS al RPM. La razón principal es que la mayoría de ellas aún no ha adquirido el derecho a pensión, por lo que sus recursos deben continuar bajo administración de los fondos privados.
De ese total, 18.507 personas ya tienen derecho a pensión y sus recursos asociados en cuentas de ahorro individual podrían ascender aproximadamente a 5,1 billones de pesos. Las otras 100.989 personas todavía no han consolidado ese derecho y estarían aportando un recaudo anual de 686.642 millones de pesos. En conjunto, los recursos de los afiliados trasladados ascienden a cerca de 24,7 billones de pesos.
Para la Contraloría, permitir el traslado total en estas condiciones implicaría que dineros concebidos originalmente como ahorro pensional de largo plazo puedan ser usados para financiar obligaciones corrientes asociadas al pago de mesadas. Esa posibilidad fue calificada por el ente de control como un escenario preocupante dentro del alcance del proyecto de decreto.
¿Qué obstáculos impiden mover esos recursos a Colpensiones?
La advertencia del órgano de control no solo cobija a quienes aún no tienen derecho a pensión. También alcanza a las 18.507 personas que ya consolidaron ese derecho y que se trasladaron al RPM. Sobre ese grupo, las administradoras de fondos han señalado que tampoco sería posible efectuar el traslado de recursos en este momento.
La razón es que el Decreto 1225 de 2024, que reglamenta la Ley 2381 de 2024, establece que los recursos deben permanecer en las AFP mientras no entre en operación el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Como ese fondo aún no ha comenzado a funcionar, no existiría un mecanismo institucional habilitado para recibir los recursos de las cuentas de ahorro individual.
En ese sentido, la Contraloría concluyó que la propuesta del Ministerio del Trabajo carece hoy de una ruta normativa y operativa para ejecutarse. El análisis del ente de control se apoya en dos bases concretas
- El artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 ordena que el dinero siga en los fondos hasta que se consolide el derecho pensional
- El Decreto 1225 de 2024 mantiene esos recursos en las AFP mientras no opere el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo
- Actualmente no existe un mecanismo institucional para recibir los recursos que se pretenden trasladar
- La Ley 2381 de 2024 sigue suspendida y bajo revisión de la Corte Constitucional
La advertencia se extiende al futuro fiscal del sistema
La Contraloría también advirtió que este escenario podría generar un incremento del pasivo pensional del Estado. Según el órgano de control, sustituir sostenibilidad de largo plazo por un alivio fiscal de corto plazo implicaría mantener la obligación futura del Estado, pero con menos ahorro disponible para financiarla.
El documento advierte que, si la Corte Constitucional declara exequible la Ley 2381 de 2024, los recursos ahorrados no irían a Colpensiones para el pago de mesadas de pensionados por traslado. Esos recursos tendrían como destino el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que sería administrado por el Banco de la República.
Con esa precisión, la Contraloría refuerza su conclusión sobre la inviabilidad del proyecto de decreto en las condiciones actuales. Para el ente de control, el marco normativo vigente no respalda el traslado de recursos hacia Colpensiones como lo propone el borrador del Ministerio del Trabajo, y su eventual ejecución podría comprometer la destinación del ahorro pensional.
