La eventual liquidación de EPS en Colombia se convirtió en un nuevo punto crítico del debate sectorial, luego de que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y Asocajas expresaran su preocupación por las consecuencias que una decisión de este alcance podría generar para millones de usuarios. Ambos actores coincidieron en que una medida de este tipo, si no está precedida por condiciones técnicas, jurídicas, operativas y financieras suficientes, podría profundizar la crisis del sistema en lugar de corregirla.
La discusión se produce en un contexto de alta presión financiera, deterioro en el flujo de recursos y crecientes dificultades para garantizar la prestación oportuna de servicios. En ese escenario, la liquidación de entidades aseguradoras no solo implica el cierre de actores del sistema, sino también el traslado masivo de afiliados hacia otras EPS que tendrían que asumir pacientes con tratamientos en curso, barreras acumuladas de acceso y necesidades asistenciales no resueltas.
Para la ANDI, el sistema atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El gremio señaló que la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), sumada a la insuficiencia e inoportunidad en el pago de Presupuestos Máximos, pone en riesgo la operación del sistema, la protección de los pacientes y la estabilidad de toda la cadena de atención. En ese marco, los recursos resultan esenciales para pagar servicios, medicamentos, dispositivos médicos, insumos, así como salarios y honorarios del talento humano en salud.
La crisis financiera sigue en el centro del debate sectorial
Uno de los ejes comunes entre los pronunciamientos es que la discusión sobre las EPS no puede desligarse del problema de financiación del sistema. La ANDI recordó que, según la Corte Constitucional, la crisis financiera del sector tiene origen en la insuficiencia de la UPC y en un rezago que se ha incrementado desde 2021. A partir de esa lectura, sostuvo que los problemas financieros del sistema han sido inducidos por el Gobierno nacional.
El gremio empresarial afirmó además que, aunque la Corte ordenó concertar el valor de la UPC y el monto del rezago, así como expedir una normativa de transición para el cumplimiento de los indicadores financieros de las EPS, esas órdenes no han sido atendidas. Bajo esa perspectiva, advirtió que intervenir o liquidar entidades con base en indicadores financieros carece de legitimidad si no se han corregido primero las condiciones estructurales que explican su deterioro.
Asocajas, por su parte, coincidió en que la solución no está en liquidar las EPS. Desde su posición, esta medida requiere un mecanismo extraordinario de estabilización financiera que primero corrija la insuficiencia de recursos y garantice un flujo oportuno para todos los actores del sistema de salud. Sin ese soporte, la liquidación no elimina los riesgos existentes, sino que los traslada abruptamente a las EPS receptoras.
Más de 12 millones de afiliados podrían quedar expuestos a una transición sin garantías
El mayor foco de preocupación se concentra en los usuarios. La ANDI advirtió que no existe claridad sobre qué EPS serían objeto de liquidación, cuáles pacientes tendrían que ser trasladados ni cuáles serían las entidades receptoras. Según su estimación, si solo se consideran las EPS hoy intervenidas para administrar, sin incluir a la Nueva EPS, se verían afectados 11,8 millones de afiliados. Si el criterio para liquidar otras entidades fuera distinto, la magnitud del impacto podría ser mayor.
Asocajas elevó la alerta al señalar que la continuidad de la atención de más de 12 millones de colombianos podría verse comprometida si este proceso se desarrolla sin suficiencia de recursos ni garantías de transición. El gremio sostuvo que la reasignación de afiliados sin condiciones adecuadas compromete tratamientos, acceso a medicamentos y procedimientos en curso, y advirtió que las EPS no intervenidas hoy no cuentan con la capacidad financiera ni operativa para recibir a esa población.
Esta preocupación adquiere una dimensión adicional en el caso de la Nueva EPS. Asocajas indicó que esa entidad atiende actualmente a más de once millones de personas y que sigue presentando dificultades serias en el acceso a servicios. Como referencia, mencionó que para agosto de 2025 registró 626 Peticiones, Quejas y Reclamos por cada 10.000 afiliados, en medio de una tendencia creciente que persiste pese a más de dos años de intervención.
Pacientes con tratamientos complejos enfrentarían los mayores riesgos
La ANDI advirtió que un traslado masivo de afiliados pondría en riesgo la continuidad de la atención, especialmente para pacientes con enfermedades de alta complejidad o con tratamientos prolongados. Entre ellos mencionó personas con cáncer, enfermedades huérfanas, pacientes en diálisis, con VIH, con enfermedades respiratorias crónicas, trastornos de salud mental, embarazos de alto riesgo y pacientes en recuperación poshospitalaria.
En estos casos, la atención depende de autorizaciones vigentes, rutas clínicas estructuradas, redes prestadoras articuladas y bases de datos que permiten sostener la trazabilidad del proceso asistencial. Una reasignación sin garantías podría traducirse en retrasos para citas, remisiones, medicamentos o procedimientos, con efectos directos sobre el pronóstico de los pacientes.
Asocajas reforzó esta idea al señalar que recibir población proveniente de EPS bajo estrés financiero y operativo no equivale a incorporar afiliados en condiciones ordinarias. Se trata, explicó, de usuarios que ya han enfrentado barreras de acceso y que acumulan necesidades de atención, lo que representa una presión asistencial y financiera inmediata para las entidades receptoras. Esa carga no desaparece con la liquidación, sino que puede intensificarse.
El debate también involucra capacidad operativa, deudas y marco jurídico
La advertencia de ambos gremios también se extiende a la viabilidad operativa y económica del sistema. La ANDI señaló que una redistribución masiva de afiliados afectaría a las EPS receptoras por la concentración del riesgo y por la necesidad de negociar nuevos contratos con la red prestadora y con proveedores de tecnologías en salud. También alertó sobre las afectaciones económicas derivadas del posible desconocimiento de deudas acumuladas entre los actores del sistema, con impacto en la continuidad de la cadena de valor y en el pago de salarios y honorarios al talento humano.
Asocajas insistió en que cualquier proceso de liquidación debe garantizar el pago a los prestadores, tanto para recuperar la deuda acumulada como para mantener la prestación de los servicios y asegurar la atención de los pacientes provenientes de EPS liquidadas. Desde esta óptica, la discusión no se limita al aseguramiento, sino que compromete la estabilidad de hospitales, clínicas, proveedores y trabajadores del sector.
En el plano jurídico, Asocajas recordó que el Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió provisionalmente el Decreto 0182 de 2026 al advertir que los traslados masivos de afiliados pueden causar efectos potencialmente irreparables en la continuidad del aseguramiento. Según el gremio, ese mismo riesgo está presente en los procesos de liquidación cuando se adelantan sin garantías técnicas, operativas y financieras suficientes.
Los gremios piden soluciones estructurales y decisiones técnicas ante la posible liquidación de EPS
Tanto la ANDI como Asocajas coincidieron en que las decisiones sobre el futuro de las EPS deben adoptarse con base en criterios técnicos, respetando el marco jurídico vigente y en diálogo con los actores del sistema. Para ambos gremios, una reorganización del aseguramiento solo sería viable si está acompañada por soluciones de fondo a los desequilibrios estructurales que hoy afectan la sostenibilidad del modelo.
Asocajas reiteró la disposición de las Cajas de Compensación Familiar para trabajar junto con el Gobierno nacional, las entidades aseguradoras, los prestadores y los demás actores del sistema en la construcción de soluciones coyunturales y estructurales que permitan recuperar la estabilidad, la confianza y la continuidad en la atención.
