El flujo de recursos del sistema de salud en Colombia continúa bajo presión por pagos parciales, tardíos o inexistentes de las EPS a la red prestadora, una situación advertida desde 2023 y que, según la Contraloría General de la República, ha profundizado el deterioro financiero de los hospitales públicos.
En ese contexto, el órgano de control reiteró su Advertencia a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) y amplió el llamado al Ministerio de Salud y Protección Social, al considerar que el riesgo se ha agravado y compromete la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud.
Deterioro sostenido del flujo de pagos hacia la red pública hospitalaria
La Contraloría General de la República informó que, tras revisar cuentas por pagar de las EPS y cuentas por cobrar de las Empresas Sociales del Estado, los riesgos identificados en 2023 persisten y se han intensificado. El organismo reportó un incremento acelerado de la cartera hospitalaria, un deterioro del flujo efectivo de pagos y una profundización de la crisis financiera que impacta la continuidad, oportunidad y calidad de los servicios.
De acuerdo con lo expuesto por la entidad, los pagos incompletos o demorados por parte de las EPS, incluidas las intervenidas, se han mantenido frente a servicios financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), por lo que señaló que este comportamiento evidencia que las medidas adoptadas por la Supersalud han sido “insuficientes e ineficaces”, al confirmar el riesgo de pérdida de recursos públicos previamente advertido.
Asimismo, enfatizó su preocupación por la asfixia financiera de la red pública hospitalaria, debido a su responsabilidad de atención en más de 600 municipios, especialmente en zonas alejadas del país, donde los hospitales públicos suelen ser la principal y en algunos casos única oferta institucional para la atención en salud.
¿Qué advierte la Contraloría sobre el flujo de recursos del sistema de salud hacia hospitales públicos?
La Contraloría explicó que, al constatar la continuidad del riesgo, decidió reiterar la Advertencia dirigida a la Supersalud y vincular al Ministerio de Salud y Protección Social como rector del sistema. Según el órgano de control, la problemática compromete de manera directa al Ministerio en su calidad de responsable del diseño, regulación y supervisión de los mecanismos de financiación y del flujo de recursos. El órgano de control puso el énfasis en tres frentes que considera críticos:
- Persistencia del incumplimiento en pagos por parte de las EPS, incluidas las intervenidas, frente a servicios financiados con UPC.
- Agravamiento del deterioro del flujo efectivo de pagos, con impacto directo en continuidad, oportunidad y calidad de la atención.
- Riesgo fiscal asociado a demoras en los giros, con posibilidad de configurar daño patrimonial conforme al artículo 6 de la Ley 610 de 2000.
Como parte del sustento, la Contraloría incluyó información de ACESI destacando que la cartera de las seis EPS con mayor deuda creció cerca del 42% entre 2024 y 2025, al pasar de $4,5 billones a $6,4 billones, afectando la liquidez, la sostenibilidad financiera y la capacidad operativa de los hospitales públicos.
Caída en la oportunidad de pago y crecimiento de la cartera hospitalaria pública
La Contraloría reportó cifras agregadas sobre facturación y pagos en la red pública. Para 2024, indicó que los hospitales públicos facturaron $18,8 billones, y recibieron pagos por $15,7 billones (84%), lo que dejó una cartera del 16%. Entre enero y septiembre de 2025, la situación se deterioró; se facturaron $16,3 billones, pero se pagaron $12,6 billones (77%), lo que representa una caída de 7 puntos porcentuales en la oportunidad de pago.
Por nivel de complejidad, la Contraloría señaló reducciones en toda la red pública:
- Nivel I: del 85% al 81%.
- Nivel II: del 80% al 74% (peor desempeño).
- Nivel III: del 87% al 76%, con impacto sobre hospitales de alta complejidad y alto costo.
Aunque el giro directo de la ADRES aumentó en promedio mensual de $846 mil millones (2024) a $1,076 billones (2025), es decir 27,2%, la Contraloría indicó que este incremento no se reflejó en la mitigación de la cartera. La deuda de la red pública hospitalaria pasó de $12,5 billones en 2024 a $16,28 billones entre enero y septiembre de 2025, un incremento del 30% en nueve meses.
Concentración del giro directo y distribución entre prestadores
La Contraloría reportó una alta concentración del giro directo en prestadores privados. En 2025, los prestadores privados recibieron el 67,7% de los recursos, mientras los hospitales públicos accedieron al 23,2%, lo que fue señalado como una distribución inequitativa del mecanismo de pago.
De forma complementaria, el pronunciamiento expuso que el flujo de recursos en la red prestadora, integrada por EPS intervenidas y no intervenidas, registra márgenes de 80% para el sector privado y 20% para el público.
Llamado a Nueva EPS y solicitud de medidas inmediatas
La Contraloría hizo un llamado “nuevamente y con preocupación” a la Nueva EPS, señalando que continúa sin presentar estados financieros desde 2023, pese a solicitudes reiteradas. Además, indicó que, tras verificación con la ADRES, existirían recursos correspondientes a presupuestos máximos de la Nueva EPS disponibles para ser girados a las IPS, cuya aplicación inmediata permitiría aliviar la situación financiera, especialmente en los niveles de baja complejidad de la red pública.
A su vez instó a la Supersalud y al Ministerio de Salud y Protección Social a adoptar medidas inmediatas, coordinadas y estructurales para garantizar el flujo oportuno de recursos hacia la red pública hospitalaria y evitar un colapso del sistema que pondría en riesgo el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.
