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Así será la nueva Supersalud – Proyecto de Ley

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Durante el ‘Taller Construyendo País” el presidente de Colombia, Iván duque, expuso que uno de los grandes retos que tiene el gobierno son fortalecer la Superintendencia de Salud y castigar a quienes han hecho fraude al sistema.

Añadió “Fortalecer la capacidad de la Superintendencia para que pueda poner en cintura a muchos de los que abusan, y eso implica también fortalecer el mecanismo de sanción de la Superintendencia. Una Superintendencia cuya sanción máxima no supera los dos mil millones de pesos, es vista con burla por parte de muchos actores”.

El mandatario de estado insistió en que debe haber un cambio regulatorio del sistema de salud. Es necesario que las EPS cumplan con una atención digna, con altos estándares de calidad y una cobertura robusta que vele por los derechos que tiene los colombianos en la atención en salud. De igual manera, ratificó que debe caer todo el peso de la ley a las entidades prestadoras de salud que comentan fraude, que no aseguren a sus pacientes las garantías básicas oportunas para la prestación del servicio.

“Por eso hay que fortalecerla y llevarla a denunciar, y a denunciar severamente; la corrupción en el sistema de salud es lo peor que le puede pasar a un país. Hay que introducir el concepto de calidad, para que podamos cerrar aquellas que abusan de los ciudadanos”, aseveró.

Proyecto de ley Supersalud

El proyecto de Ley tiene 4 alcances

1. Catálogo de sanciones:

El primero de ellos está relacionado con el fortalecimiento de la capacidad sancionatoria de la Supersalud. Esto incluye la adopción de un catálogo de sanciones más amplio en el que se contempla, además de las ya existentes, las multas sucesivas, la suspensión del certificado de autorización, cierre temporal o definitivo de uno o varios servicios y la remoción del cargo a los representantes legales, revisores fiscales y gerentes de EPS o de las demás entidades vigiladas, si se comprueba que autorizó, ejecutó o toleró conductas violatorias de las normas del Sistema General de Salud.

La consecuencia directa de la sanción de remoción del cargo es la inhabilidad por 15 años para ocupar cargos en entidades o instituciones públicas y privadas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Esta disposición representa toda una novedad frente a los infractores al sistema que con la normatividad vigente ejercen una actividad de “puerta giratoria”, pasando de un cargo a otro en el sistema y de lo público a lo privado, sin que se generen consecuencias por su actuar doloso y dañino frente a las entidades de salud de las que hacen parte.

Respecto de las sanciones vigentes, el proyecto endurece la sanción de multa, que ahora pasan de un máximo de 2.500 SMLV a 8.000 SMLMV para personas jurídicas y hasta de 1.000 SMLV para personas naturales.

Multas sucesivas: Se establecen también multas sucesivas hasta de 3.000 SMLMV para personas jurídicas y de hasta 300 SMLMV a personas naturales, a quienes incumplan órdenes de contenido no pecuniario, emitidas en el marco de una sanción administrativa. Por ejemplo, si la Superintendencia ordena la entrega de un medicamento a una persona y la EPS no lo hace, podrá recibir las multas sucesivas hasta el monto estipulado, en caso de incumplimiento.

Caducidad de la facultad sancionatoria: En el proyecto también se propone la ampliación del término de la caducidad de la facultad sancionatoria de 3 a 5 años, teniendo en cuenta que los 3 años contemplados actualmente son insuficientes para resolver las etapas de inspección, vigilancia y control, en atención a la dificultad de los temas que se manejan y el alto volumen de procesos.

Termino de la vía gubernativa: Así mismo, se plantea el aumento del término para decidir los recursos de vía gubernativa (reposición y apelación) de 1 a 2 años, e incorpora el silencio administrativo negativo (esto significa una respuesta negativa a lo solicitado) a efectos de garantizar la efectividad y eficiencia de las decisiones sancionatorias que emite la entidad y la protección de los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Nuevas conductas sancionables

La iniciativa, que iniciará su curso en el Congreso, establece nuevas conductas que serán sancionadas. Como por ejemplo: Quienes no reporten información con calidad, cobertura, oportunidad, pertinencia, fluidez y transparencia; obstruyan las funciones de inspección, vigilancia y control de la Supersalud; impida o no autoricen el acceso a sus archivos e instalaciones; incumplan los compromisos obligatorios de pago producto de las mesas de saneamiento de cartera, acuerdos conciliatorios y cualquier otro acuerdo de pago; no brinden un diagnóstico oportuno y/o apliquen descuentos directos sobre los pagos a realizar a los prestadores de servicios de salud sin previa conciliación e incumplan los planes de mejoramiento suscritos en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia de la Supersalud.

De igual forma, en aquellos casos, cuando se presente un hecho grave en una ciudad, que debe investigar o atender la secretaría de salud municipal, la Superintendencia podrá hacer valer su competencia preferente y asumir la investigación.

2.  Juez especializado en asuntos sectoriales

El segundo alcance está enfocado en consolidar al Juez de la Superintendencia como juez técnico de la salud, permitiéndole a la entidad emitir sentencias en tiempo y de manera eficiente principalmente sobre aquellos asuntos en los que se involucra directamente la salud de los usuarios.

Según el Superintendente Aristizábal, en la actualidad, solo dos de los asuntos jurisdiccionales que debe atender la Entidad involucran directamente la salud del usuario. Estos deben ser la prioridad. Los otros cinco son temas de contenido económico que requieren un tiempo mayor para decidir por tratarse de devoluciones, glosas o recobros de lo no POS.

Por este motivo, el proyecto propone la modificación de los términos para decidir en la función jurisdiccional, priorizando la salud y la vida y buscando alcanzar estándares de calidad científica y jurídica para emitir sentencias responsables con la sostenibilidad financiera del sector y con la eficiencia del gasto público, acordes con principios como el de universalidad sin dejar de lado la protección del derecho a la salud.

De esta manera, el proyecto contempla que se decidan en 20 días las demandas que tienen que ver con negación de cobertura del POS, conflictos de multiafiliación, conflictos de libre elección y movilidad, y prestaciones excluidas del POS.

En 60 días lo que tiene que ver con reembolsos económicos de gastos médicos. Y 120 días para todo lo que sean devoluciones o glosas.

3. Límites a los procesos de reorganización:

El alcance tres contempla que el Gobierno Nacional pueda fijar los límites a los procesos de reorganización para garantizar un correcto flujo de recursos y el pago de acreencias, con el objetivo de que no se diluyan las responsabilidades adquiridas por la entidad solicitante, especialmente, cuando se encuentran en medida especial.

4. Instrucciones contables

Finalmente, el alcance cuatro, faculta a la Supersalud para emitir instrucciones contables a sus vigilados, frente al reconocimiento, presentación y revelación de los estados financieros.

Problemas de la Supersalud

Duque instó que las entidades promotoras de salud (EPS), instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y entidades territoriales han presentado durante años una falla recurrente en el sistema debido a las malas administraciones y el uso inadecuado de la cartera, además impartió instrucciones a los diferentes actores para que se cumplan los protocolos en la asistencia médica y hospitalaria, las cuales comprenden, entre muchas otras, la atención de urgencias, suministro de medicamentos, rehabilitación etc.

Dijo que está trabajando de la mano con el titular de esta cartera, Juan Pablo Uribe, y con el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, para atender y solucionar esos problemas del sector salud.

“No solamente en identificar un programa que nosotros llamamos ‘Punto Final’, donde, primero, podamos sanear la deuda que tiene la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), con el sistema, sino que adicionalmente podamos exigirles a muchas EPS que respondan oportunamente por sus obligaciones en la red hospitalaria”.

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Ojo: Fiscalía Decomisa Suplementos deportivos para el crecimiento muscular

Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, incautaron de 163.730 productos fraudulento de nutrición deportiva anunciados en redes sociales.

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Aunque son múltiples las denuncias realizadas por falsificación de productos de nutrición deportiva que ofrecen milagrosas fórmulas para perder peso en menor tiempo y  aumentar la masa muscular, este mercado sigue en aumento, debido a la promoción y comercialización que diariamente se visualiza en la Internet, sin ningún tipo de control.

Es por ello, que la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, iniciaron acciones investigativas y operativas para poner freno a estos suplementos que ponen en riesgo la salud y vida de los sus consumidores en redes sociales.

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En consecuencia, como resultados de las investigaciones realizadas simultáneamente en Bogotá, Medellín y Cali, fueron capturados seis presuntos integrantes de una organización criminal señalada de ingresar de contrabando, falsificar y vender ilícitamente medicamentos, suplementos dietarios y anabólicos, entre otros productos.

Por consiguiente, durante los procedimientos judiciales los investigadores  incautaron de 163.730 complementos alimenticios, 40.000 adhesivos, 13 millones de pesos en efectivo, siete celulares, dos discos duros y tres computadores portátiles con información valiosa fueron puestos a disposición para el desarrollo de las indagaciones.

Falsificación de suplementos deportivos

Del mismo modo, gracias al apoyo del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y la Agregaduría de Alemania en Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional detectaron las dos modalidades utilizadas por la red criminal para incrementar sus ganancias con la comercialización de suplementos de los que se desconocen su verdadera composición y efectos para la salud.

Modalidades delictivas

Inicialmente, se estableció que suplementos de origen estadounidense y medicamentos procedentes de China e India, cuyos envíos hacían escala en Alemania, presuntamente llegaban al país mediante la modalidad de tráfico postal y simulando ser muestras farmacéuticas o frascos de vidrio vacíos.

La organización transnacional, según la información financiera analizada, habría ingresado al país en el último año y medio cerca de 150 millones de unidades de medicamentos y productos, cuyo valor ascendería a 1.200 millones de pesos.

La segunda modalidad ilegal estaría asociada con la falsificación de suplementos reconocidos. Al parecer, químicos usados para la industria agropecuaria eran mezclados con otras sustancias, empacados o envasados; y rotulados con adhesivos de marcas y laboratorios reconocidos a nivel internacional.

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Material encontrado

De acuerdo con el material probatorio y los testimonios recopilados, la mercancía de contrabando o alterada era vendida por los presuntos integrantes de la estructura criminal a través de páginas web y grupos creados en las redes sociales.

Hasta el momento se ha podido establecer que la mayoría de los productos vinculados a este mercado ilegal son cápsulas, granulados, líquidos o sueros ofrecidos para supuestamente eliminar la grasa corporal, optimizar la tonificación sin perder músculo, aumentar la fuerza y potencia durante los entrenamientos, controlar los niveles de testosterona, incrementar el tono muscular, y reforzar las fuentes de vitaminas, proteínas y carbohidratos, entre otros aparentes beneficios.

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OPS pide a donantes 3,5 millones de dólares para respuesta humanitaria en salud en Las Bahamas

La OPS solicitó a los donantes un monto inicial de 3,5 millones de dólares para cubrir la atención médica a corto plazo y otras necesidades de la población de Las Bahamas afectada por el huracán Dorian.

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) solicitó a los donantes un monto inicial de 3,5 millones de dólares para cubrir la atención médica a corto plazo y otras necesidades de la población de Las Bahamas afectada por el huracán Dorian.

La devastadora tormenta de categoría 5 tocó tierra hace una semana en el noroeste de Las Bahamas.

El fenómeno natural afectó al sector salud de las islas Abaco y Gran Bahama, con una destrucción significativa de equipos, suministros médicos y de agua.

La tormenta afectó a unas 73.000 personas, y hay cientos de personas en refugios en la zona del desastre y en Nassau.

Nassau es la capital de la isla de New Providence que concentra el 75% de la población del archipiélago y no fue afectada por Dorian.

Si bien hasta el momento se reportan 43 muertes, se espera que el número de víctimas fatales aumente cuando avancen operaciones de búsqueda y rescate.

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El doctor Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, indicó que el manejo de los desechos y el control de los vectores que causan enfermedades, como los mosquitos, es clave, junto con el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica para la detección temprana y el manejo oportuno de brotes de enfermedades.

“nuestras preocupaciones prioritarias son restablecer el acceso a servicios de salud esenciales y la prestación continua de atención médica, garantizar la calidad del agua en las comunidades afectadas y en los centros de salud, y restaurar la higiene y el saneamiento adecuados”.

director de emergencias de la ops

Las necesidades en Las Bahamas

Los 3,5 millones de dólares solicitados por la OPS son una estimación preliminar para cubrir las necesidades de atención médica, agua y saneamiento, vigilancia epidemiológica y control de vectores a corto plazo en las islas de Las Bahamas más afectadas por el huracán Dorian durante los próximos seis meses.

Es probable que esas necesidades aumenten a medida que se completen las evaluaciones de daños, precisó Ugarte.

La OPS activó sus equipos de emergencia y desplegó expertos de su Equipo de Respuesta Rápida en Las Bahamas antes del huracán para apoyar y coordinar la respuesta humanitaria junto con las autoridades nacionales de salud.

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Hasta el momento, 14 expertos de la OPS se encuentran en la zona de desastre para proporcionar apoyo en logística, coordinación civil y militar, gestión de la información, vigilancia epidemiológica, comunicaciones y coordinación.

Las solicitudes de financiamiento incluyen_

  • 1,3 millones de dólares para restaurar la prestación de atención médica en las áreas afectadas
  • 500.000 dólares para vigilancia con el fin de detectar y manejar brotes de enfermedades
  • 800.000 dólares para acceso seguro al agua, saneamiento de emergencia y control de vectores de enfermedades
  • 671.000 dólares para manejo de información, coordinación de asistencia humanitaria y para abordar las necesidades más urgentes.
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Más de 3.000 personas con discapacidad trabajan con el Estado

Con la vinculación de 3.008 personas con discapacidad al personal de sus entidades, el Gobierno busca cumplir el Decreto 2011 de 2017.

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Con la vinculación de 3.008 personas con discapacidad a las plantas de personal de sus entidades, la administración pública avanza en el cumplimiento del Decreto 2011 de 2017.

La norma establece que para el 31 de diciembre de este año, al menos el 2% de las plantas de entidades de hasta 1.000 empleos deberán ser cubiertos por personas con discapacidad.

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Si la planta cuenta entre 1.001 y 3.000 empleos, debe proveer el 1%; y si son plantas mayores a 3.000 empleos, se debe proveer el 0,5%.

Se destaca, igualmente, el crecimiento registrado en el número de entidades que reportan tener vinculadas a personas con discapacidad, que pasaron de 441 a 517 en todo el país, lo que representa un aumento del 17%.

Las cifras de inclusión

De acuerdo con el más reciente reporte del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), del total de personas vinculadas, 1.529 laboran para entidades del orden nacional y 1.479 pertenecen al orden territorial.

Entre las entidades del orden nacional que presentan los más altos índices de vinculación se destacan la Fiscalía General de la Nación, el Icbf, el Inpec, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Dian, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y el ICA.

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Mientras tanto, el balance del orden territorial destaca a Bogotá y a los departamentos de Antioquia, Nariño, Cundinamarca, Valle del Cauca, Boyacá, Córdoba, Bolívar y Atlántico como las regiones con el mayor número de entidades que cumplen la norma.

Caracterización de los servidores públicos con discapacidad

De acuerdo con cifras entregadas por el Sigep, los hombres representan el 52% y las mujeres el 48% del total de personas con discapacidad en el servicio público, cuya mayoría está en el rango de los 50 a los 62 años, con un 54%.

En cuanto al tipo de vinculación de estos servidores públicos, el 46,4% hace parte de la carrera administrativa.

El 40,1% tiene nombramiento provisional; el 10% es de libre nombramiento y remoción y el 1,4% son trabajadores oficiales.

La discapacidad más frecuente entre este grupo de servidores públicos es la física con 42,9%; a continuación están la visual, con 36,7%, y auditiva, con 12,5%.

Cierran este listado la discapacidad psicosocial, con 4,1%; la múltiple, con 2,8% y la intelectual, con 1,0%.

Es de resaltar los altos niveles educativos que ha alcanzado esta población, representado en que el 27,7% cuenta con estudios profesionales.

Además, el 23,5%  presenta una especialización, el 3,9% acredita maestría y el 0,1% doctorado.

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