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Así será la nueva Supersalud – Proyecto de Ley

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Durante el ‘Taller Construyendo País” el presidente de Colombia, Iván duque, expuso que uno de los grandes retos que tiene el gobierno son fortalecer la Superintendencia de Salud y castigar a quienes han hecho fraude al sistema.

Añadió “Fortalecer la capacidad de la Superintendencia para que pueda poner en cintura a muchos de los que abusan, y eso implica también fortalecer el mecanismo de sanción de la Superintendencia. Una Superintendencia cuya sanción máxima no supera los dos mil millones de pesos, es vista con burla por parte de muchos actores”.

El mandatario de estado insistió en que debe haber un cambio regulatorio del sistema de salud. Es necesario que las EPS cumplan con una atención digna, con altos estándares de calidad y una cobertura robusta que vele por los derechos que tiene los colombianos en la atención en salud. De igual manera, ratificó que debe caer todo el peso de la ley a las entidades prestadoras de salud que comentan fraude, que no aseguren a sus pacientes las garantías básicas oportunas para la prestación del servicio.

“Por eso hay que fortalecerla y llevarla a denunciar, y a denunciar severamente; la corrupción en el sistema de salud es lo peor que le puede pasar a un país. Hay que introducir el concepto de calidad, para que podamos cerrar aquellas que abusan de los ciudadanos”, aseveró.

Proyecto de ley Supersalud

El proyecto de Ley tiene 4 alcances

1. Catálogo de sanciones:

El primero de ellos está relacionado con el fortalecimiento de la capacidad sancionatoria de la Supersalud. Esto incluye la adopción de un catálogo de sanciones más amplio en el que se contempla, además de las ya existentes, las multas sucesivas, la suspensión del certificado de autorización, cierre temporal o definitivo de uno o varios servicios y la remoción del cargo a los representantes legales, revisores fiscales y gerentes de EPS o de las demás entidades vigiladas, si se comprueba que autorizó, ejecutó o toleró conductas violatorias de las normas del Sistema General de Salud.

La consecuencia directa de la sanción de remoción del cargo es la inhabilidad por 15 años para ocupar cargos en entidades o instituciones públicas y privadas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Esta disposición representa toda una novedad frente a los infractores al sistema que con la normatividad vigente ejercen una actividad de “puerta giratoria”, pasando de un cargo a otro en el sistema y de lo público a lo privado, sin que se generen consecuencias por su actuar doloso y dañino frente a las entidades de salud de las que hacen parte.

Respecto de las sanciones vigentes, el proyecto endurece la sanción de multa, que ahora pasan de un máximo de 2.500 SMLV a 8.000 SMLMV para personas jurídicas y hasta de 1.000 SMLV para personas naturales.

Multas sucesivas: Se establecen también multas sucesivas hasta de 3.000 SMLMV para personas jurídicas y de hasta 300 SMLMV a personas naturales, a quienes incumplan órdenes de contenido no pecuniario, emitidas en el marco de una sanción administrativa. Por ejemplo, si la Superintendencia ordena la entrega de un medicamento a una persona y la EPS no lo hace, podrá recibir las multas sucesivas hasta el monto estipulado, en caso de incumplimiento.

Caducidad de la facultad sancionatoria: En el proyecto también se propone la ampliación del término de la caducidad de la facultad sancionatoria de 3 a 5 años, teniendo en cuenta que los 3 años contemplados actualmente son insuficientes para resolver las etapas de inspección, vigilancia y control, en atención a la dificultad de los temas que se manejan y el alto volumen de procesos.

Termino de la vía gubernativa: Así mismo, se plantea el aumento del término para decidir los recursos de vía gubernativa (reposición y apelación) de 1 a 2 años, e incorpora el silencio administrativo negativo (esto significa una respuesta negativa a lo solicitado) a efectos de garantizar la efectividad y eficiencia de las decisiones sancionatorias que emite la entidad y la protección de los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Nuevas conductas sancionables

La iniciativa, que iniciará su curso en el Congreso, establece nuevas conductas que serán sancionadas. Como por ejemplo: Quienes no reporten información con calidad, cobertura, oportunidad, pertinencia, fluidez y transparencia; obstruyan las funciones de inspección, vigilancia y control de la Supersalud; impida o no autoricen el acceso a sus archivos e instalaciones; incumplan los compromisos obligatorios de pago producto de las mesas de saneamiento de cartera, acuerdos conciliatorios y cualquier otro acuerdo de pago; no brinden un diagnóstico oportuno y/o apliquen descuentos directos sobre los pagos a realizar a los prestadores de servicios de salud sin previa conciliación e incumplan los planes de mejoramiento suscritos en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia de la Supersalud.

De igual forma, en aquellos casos, cuando se presente un hecho grave en una ciudad, que debe investigar o atender la secretaría de salud municipal, la Superintendencia podrá hacer valer su competencia preferente y asumir la investigación.

2.  Juez especializado en asuntos sectoriales

El segundo alcance está enfocado en consolidar al Juez de la Superintendencia como juez técnico de la salud, permitiéndole a la entidad emitir sentencias en tiempo y de manera eficiente principalmente sobre aquellos asuntos en los que se involucra directamente la salud de los usuarios.

Según el Superintendente Aristizábal, en la actualidad, solo dos de los asuntos jurisdiccionales que debe atender la Entidad involucran directamente la salud del usuario. Estos deben ser la prioridad. Los otros cinco son temas de contenido económico que requieren un tiempo mayor para decidir por tratarse de devoluciones, glosas o recobros de lo no POS.

Por este motivo, el proyecto propone la modificación de los términos para decidir en la función jurisdiccional, priorizando la salud y la vida y buscando alcanzar estándares de calidad científica y jurídica para emitir sentencias responsables con la sostenibilidad financiera del sector y con la eficiencia del gasto público, acordes con principios como el de universalidad sin dejar de lado la protección del derecho a la salud.

De esta manera, el proyecto contempla que se decidan en 20 días las demandas que tienen que ver con negación de cobertura del POS, conflictos de multiafiliación, conflictos de libre elección y movilidad, y prestaciones excluidas del POS.

En 60 días lo que tiene que ver con reembolsos económicos de gastos médicos. Y 120 días para todo lo que sean devoluciones o glosas.

3. Límites a los procesos de reorganización:

El alcance tres contempla que el Gobierno Nacional pueda fijar los límites a los procesos de reorganización para garantizar un correcto flujo de recursos y el pago de acreencias, con el objetivo de que no se diluyan las responsabilidades adquiridas por la entidad solicitante, especialmente, cuando se encuentran en medida especial.

4. Instrucciones contables

Finalmente, el alcance cuatro, faculta a la Supersalud para emitir instrucciones contables a sus vigilados, frente al reconocimiento, presentación y revelación de los estados financieros.

Problemas de la Supersalud

Duque instó que las entidades promotoras de salud (EPS), instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y entidades territoriales han presentado durante años una falla recurrente en el sistema debido a las malas administraciones y el uso inadecuado de la cartera, además impartió instrucciones a los diferentes actores para que se cumplan los protocolos en la asistencia médica y hospitalaria, las cuales comprenden, entre muchas otras, la atención de urgencias, suministro de medicamentos, rehabilitación etc.

Dijo que está trabajando de la mano con el titular de esta cartera, Juan Pablo Uribe, y con el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, para atender y solucionar esos problemas del sector salud.

“No solamente en identificar un programa que nosotros llamamos ‘Punto Final’, donde, primero, podamos sanear la deuda que tiene la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), con el sistema, sino que adicionalmente podamos exigirles a muchas EPS que respondan oportunamente por sus obligaciones en la red hospitalaria”.

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Facultades de la Supersalud: ¿Qué entidades están bajo sus medidas?

La Supersalud tiene la facultad de ordenar una Intervención forzosa administrativa para liquidar o para administrar, pero también puede ordenar una medida de vigilancia especial.

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Facultades de la Supersalud ¿Qué entidades están bajo sus medidas

La Supersalud es el organismo que se encarga de la inspección, vigilancia y control del sistema de salud colombiano, este cuenta, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, pero está adscrita al Ministerio de Salud. 

Para sus labores de seguimiento y control el Gobierno nacional le otorgó una serie de facultades para intervenir diferentes actores del sistema si la entidad evidencia irregularidades en su funcionamiento, teniendo en cuenta esto la Supersalud puede ordenar alguna de las siguientes intervenciones a cualquier EPS o prestador: 

Intervención forzosa administrativa para liquidar: En este proceso la SNS ordena la extinción de la persona jurídica de una entidad vigilada. La orden se da mediante un acto administrativo que faculta a la entidad para tomar posición del vigilado y terminar su existencia legal. El procedimiento debe ser adelantado por un liquidador asignado por el órgano de control, ya que es un proceso de carácter concursal y universal. 

La última EPS que fue intervenida de esta manera fue la Asociación Mutual de Barrios Unidos de Quibdó -AMBUQ EPSS, al presentar graves fallos, técnicos, operacionales, financieros y jurídicos. Sin embargo y debido a que se existe una tutela en curso en contra de este proceso, los usuarios afiliados a esta EPS no han sido trasladados a otra entidad. Esto no quiere decir que el proceso de liquidación se detenga. 

En 2020, la Supersalud ordenó la liquidación del programa de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar – Comfamiliar- y también del programa de salud de Comfacundi. Procesos que deberán terminarse totalmente en 2022.

Durante, el 2019 fue cuando más EPS fueron liquidadas por orden de la Supersalud, en ese año se ordenó la intervención para liquidar: Cafesalud, Comfacor, Saludvida EPS, Emdisalud y Cruz blanca. 

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Intervención forzosa administrativa para administrar: En este caso la SNS toma el control de la entidad vigilada con el objetivo de adecuar la entidad, indagando en el proceso si es posible optimizarla para que desarrolle adecuadamente su objeto social, o si por el contrario la entidad debe ser objeto de liquidación. Para este proceso también debe designarse un agente interventor. 

Bajo este proceso se encuentran actualmente el Hospital San Andrés ESE de Tumaco, la ESE Río grande de Magdalena, El Hospital Universitario de Sincelejo, El Hospital Universitario del Caribe, El Hospital San Andrés de Chiriguaná, el Hospital San José de Maicao, el Hospital San Jerónimo de Montería, el Hospital San Diego de Cereté y el Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña. 

Intervención técnica y administra​tiva: Este proceso es ordenado por la SNS a las direcciones territoriales de salud, el cual tiene como objetivo el salvamento de la entidad buscando ponerla en condiciones óptimas para así desarrollar adecuadamente su objeto social, o establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación. Este proceso es adelantado por un agente Interventor designado por esta Superintendencia.

Entidades bajo medida de vigilancia especial de la supersalud

Finalmente, la Supersalud puede ordenar una medida de vigilancia especial es un mecanismo preventivo sobre los actos y operaciones de una entidad que busca su recuperación y saneamiento, es decir, son aquellas medidas preventivas tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud, de obligatorio cumplimiento para las instituciones objeto de la medida.

Bajo esta medida se encuentran: 

  1. Savia salud EPS
  2. Capresoca
  3. SOS EPS
  4. Medimás EPS
  5. Comparta EPS-S
  6. Coomeva EPS
  7. Asmet Salud EPS
  8. Ecoopsos EPS
  9. Convida EPS
  10. Comfamiliar Huila
  11. Comfasucre
  12. Dusakawi 
  13. Emssanar 
  14. Comfaguajira
  15. Comfamiliar Nariño 
  16. Comfachocó  

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Retrasar las segundas dosis sería positivo para la salud pública

Un modelo matemático evidencia que, durante una espera más prolongada por estas dosis, se reduce la hospitalización por covid-19, entre otros

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Una investigación publicada en PLOS Biology  sugiere que los retrasos en la aplicación de las segundas dosis de vacunas podrían tener un efecto favorable. Estos hallazgos se conocen en medio de la tercera ola de covid-19 en América Latina y cuyo impacto ha golpeado negativamente a todos los sistemas de salud de la región, así que podrían considerarse como un insumo de gran importancia para optimizar el manejo de casos.

Actualmente, la mayoría de vacunas contra COVID-19 requieren dos dosis para obtener una inmunidad total al Sars-CoV-2. En algunos casos, los tiempos límites de aplicación varían entre tres o cuatro semanas pero no se tiene información adicional al respecto, como por ejemplo cuál es la mejor manera de minimizar las nuevas infecciones y las hospitalizaciones con un suministro de vacunas y una capacidad de distribución limitados.

La aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2 más contagiosas ha provocado un debate en el ámbito de la salud pública sobre la conveniencia de vacunar a más personas con la primera dosis de las vacunas disponibles y retrasar la segunda dosis, o de priorizar la finalización de la serie de dos dosis basándose en los calendarios probados en los ensayos clínicos. A nivel internacional todavía no se llega a un consenso, a pesar de que las probabilidades de contraer el virus y desarrollar la enfermedad son mayores que al inicio de la pandemia.

De hecho, la población general confía en estas segundas dosis para retomar sus actividades normales. Pese a que las autoridades de salud insisten en continuar con las medidas de bioseguridad, se evidencia un menor uso de las mismas, actitud generada -en parte- por el surgimiento de la vacunación como principal método de contención de la pandemia. Esto último es el escenario perfecto en países como Israel, en el que el proceso de inmunización se cataloga como el mejor del mundo. Sin embargo, un importante número de naciones han experimentado retrasos o dificultades a la hora de recibir las dosis adicionales.

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¿Cuál sería el impacto positivo de la falta de las segundas dosis?

De acuerdo con esta investigación realizada por especialistas de la Universidad de York en Toronto, Canadá, retrasar la segunda dosis entre 9 y 15 semanas después de la primera evitó más hospitalizaciones, infecciones y muertes; en comparación con el seguimiento de los calendarios recomendados para las vacunas Moderna y Pfizer-BioNTech.

A estos datos se llegó con un modelo matemático que simulaba tanto la transmisión de COVID-19 como varios calendarios de vacunación de segunda dosis retrasada. Además, simuló varios escenarios, incluyendo un rango de niveles de inmunidad preexistente en la población y una disminución de la eficacia de la vacuna de la primera dosis cuando es seguida por un intervalo más largo entre las dosis. Todo esto con el objetivo de comparar el impacto epidemiológico de cada estrategia de vacunación.

Para que la información fuera acorde con los análisis que se hacen de la COVID-19, los expertos tomaron en cuenta la historia natural de la enfermedad, n clases de individuos que incluyen susceptibles; vacunados; infectados latentes (aún no infecciosos); asintomáticos (e infecciosos); presintomáticos (e infecciosos); sintomáticos con enfermedad leve o grave; recuperados; y muertos. También se incluyeron los grupos etarios agrupados según el censo oficial de Estados Unidos.

Adicionalmente, se estableció un rango del 10% al 30% de inmunidad preexistente (es decir, seropositividad antes de la vacunación) en la población, con un 20% para el escenario del caso base Para parametrizar el modelo con un nivel determinado de inmunidad preexistente, realizamos simulaciones en ausencia de vacunación y obtuvimos las tasas de infección en los distintos grupos de edad una vez que la tasa global de ataques alcanzaba el nivel preestablecido.

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Fuente: “Evaluation of COVID-19 vaccination strategies with a delayed second dose”. PLOS BIOLOGY.

Los autores señalan que el estudio tiene varias limitaciones, entre ellas la falta de pruebas clínicas que cuantifiquen la durabilidad de las vacunas cuando se administran con diferentes calendarios. Por lo cual, los investigadores asumieron que los niveles de protección de la primera dosis eran estables si se retrasaban las segundas dosis, y que el nivel de protección tras retrasar las segundas dosis era idéntico a la protección general, tras dos dosis cuando se vacunaba según el calendario.

Sin embargo, se necesitan más estudios para determinar el tiempo óptimo entre dosis para cada tipo de vacuna. Otra de las limitaciones de esta investigación es que no se contempló toda la variedad de vacunas existentes y aplicadas contra COVID-19.

“Todavía no tenemos el panorama completo de la eficacia de las vacunas a medida que se propagan nuevas y más contagiosas variantes. La eficacia de las vacunas contra estas variantes es un factor adicional que habría que tener en cuenta a la hora de determinar los resultados de la segunda dosis a tiempo o retrasada y el intervalo entre las dosis”, dijo Seyed Moghadas, profesor de Matemática Aplicada y Epidemiología Computacional y autor principal del estudio.

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UCI en Medellín continúan al 99% de ocupación

Medellín se enfrenta al primer colapso hospitalario causado por covid-19 en el país. Ante la pérdida de la capacidad de atención, se pide un confinamiento departamental por 15 días

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El departamento de Antioquia y su capital, Medellín siguen siendo las áreas del país más afectadas en esta tercera ola de covid-19. En los últimos días, las alertas alcanzaron su nivel máximo: el 20 de abril se reportó que la ciudad solo tenía 10 camas UCI disponibles, el mismo número se contó en las primeras horas de este jueves. Ante la falta de capacidad para atender a los pacientes, se ha solicitado endurecer las medidas y establecer un confinamiento total para los próximos 15 días.

Desde el sector salud, se decidió implementar el triaje ético, ante el colapso que experimenta la capital de Antoquia. Con esta directriz, se asignarán las camas UCI disponibles a las personas que tengan una mayor capacidad para sobreponerse a la enfermedad. “Conviene subrayar que los dilemas éticos no corresponden a la elección entre el bien y el mal, o lo correcto y lo incorrecto. Sino que se trata de un conflicto aparente entre dos imperativos éticos, dos caminos del bien, que en un momento dado se enfrentan, se contraponen y nos imponen elegir, a sabiendas de que tomar un camino es abandonar el otro”, expresó el gobernador (e) Luis Fernando Suárez.

Aunque la información se conoció el 19 de abril, no se han visto cambios positivos dentro de las instituciones hospitalarias. Por el contrario, cada día aumentan las personas que requieren tratamientos más específicos contra la covid-19. Con el triaje ético, no se tendrán en cuenta las diferencias socioeconómicas, políticas, lugar de residencia u otros datos que no tengan ningún sustento clínico o evaluación clínica.

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Medellín necesita cuarentena total, insisten autoridades locales

Para la Personería, no se han tenido en cuenta otras posibilidades para reducir el impacto del aumento de casos en Medellín. En un comunicado de prensa firmado por la entidad y distintas organizaciones de médicos y hospitales que operan en la ciudad y el departamento, entre ellas la Academia de Medicina de Medellín, ASMEDAS, el Colegio Médico de Antioquia insisten en la implementación de una cuarentena estricta por las próximas 2 semanas.

“Las nuevas cepas de Sars-Cov-2, el colapso generalizado de los servicios de salud, los altos índices de infectados, de ocupación de camas UCI y de fallecidos y en vista de que otros departamentos declararon la alerta roja hospitalaria, reiteramos la necesidad declaratoria de cuarentena estricta , por parte de los entes gubernamentales nacionales y departamentales”, expone el documento.

Además de lo anterior, el gremio médico solicita la entrega de ayudas a las poblaciones vulnerables desde el sector público y privado en Medellín. El personero, William Yeffer Vivas también cuestiona el manejo actual del triaje ético, ya que atenta contra los derechos humanos, la vida y la salud. Por lo cual, solicitó una explicación definida de los parámetros que se aplican en estos casos.

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, en el departamento se reportan 443.085 casos acumulados de covid-19. Actualmente, 1.422 camas UCI para covid están ocupadas por pacientes en tratamiento. La mayoría de afectados se reportan en los grupos etarios de 20 a 29 años y de 30 a 39 años. La entidad también recordó que hoy jueves 22 de abril comienza la restricción completa a la movilidad en el departamento. Sin embargo, esta medida solo regirá hasta el 26 de abril.

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