La crisis hospitalaria en Medellín se mantiene bajo presión por la falta de flujo de recursos provenientes de las EPS, en un entorno de alta tensión financiera para la red prestadora. En ese contexto, el Tribunal Administrativo de Antioquia avanzó en el frente judicial al requerir información previa a la eventual apertura de un incidente de desacato, dentro de una acción popular orientada a la protección de derechos e intereses colectivos.
El expediente tiene como antecedente una acción popular presentada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien sostuvo que la falta de pago de las EPS intervenidas y de obligaciones atribuidas a la Nación estaba afectando el derecho fundamental a la salud, al debilitar la capacidad operativa de la red hospitalaria.
Ante esta acción, días deespués el Tribunal Administrativo de Antioquia dictaminó una medida cautelar que ordenaba a la Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud y Protección Social, en calidad de rector del Sistema General de Seguridad Social en Salud), para que a través de la Adres y de las Supersalud, y a las EPS intervenidas, en un término de 30 días, adelanten todas las gestiones que correspondan para el saneamiento de la cartera que se encuentre debidamente acreditada a favor de las IPS.
En este punto del trámite, y sin entrar aún en sanciones, el Tribunal dispuso un paso preliminar para asegurar garantías procesales: solicitó que las entidades accionadas identifiquen a los responsables de ejecutar lo ordenado y reporten sus canales institucionales de notificación, de manera que cualquier actuación posterior se adelante con pleno respeto del debido proceso.
El Tribunal también recordó que, conforme a la Ley 472 de 1998, el incumplimiento de órdenes judiciales en acciones populares puede derivar en sanciones económicas y medidas privativas de la libertad. La norma contempla multas de hasta 50 salarios mínimos y arresto hasta por seis meses, sin perjuicio de otras consecuencias previstas en el ordenamiento.
De acuerdo con el documento, el despacho otorgó dos (2) días para que se informe el correo personal institucional de los responsables de cumplir la medida cautelar. En el auto se lee: “Con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, el Despacho requiere a las accionadas que, en un término de dos días (…) informen el correo personal institucional de los funcionarios responsables de dar cumplimiento a lo ordenado en la medida cautelar decretada”.
Funcionarios y responsables requeridos por el Tribunal
Según el auto, el Tribunal incluyó en el requerimiento a funcionarios del nivel nacional y a los agentes designados en EPS bajo medidas administrativas:
- Kemer Ramírez Cárdenas — agente interventor de EPS Sanitas
- Guillermo Alfonso Jaramillo — Ministerio de Salud
- Germán Ávila — Ministerio de Hacienda
- Bernardo Camacho — Superintendencia Nacional de Salud
- Félix León Martínez — ADRES
- Luis Óscar Galves Mateus — agente liquidador de Nueva EPS
- Edwin Carlos Rodríguez Villamizar — agente interventor de Savia Salud EPS
- Alexander Mesa Romero — agente interventor de Coosalud EPS
Deudas disparadas y crisis en los hospitales
La controversia se inscribe en un escenario de cartera elevada y presión sobre hospitales de alta complejidad. En la acción popular, se ha insistido en que la falta de pago por parte de EPS intervenidas y otros responsables ha deteriorado la liquidez de instituciones públicas y privadas, con impacto directo sobre la capacidad de respuesta en urgencias y la continuidad de servicios.
Según cifras divulgadas por autoridades departamentales, la deuda total de las EPS con la red hospitalaria superaría los $8 billones, de los cuales $4,9 billones corresponderían a EPS intervenidas. En ese bloque, se ha mencionado el peso de Nueva EPS (alrededor de $3,1 billones), Savia Salud ($1,4 billones) y Coosalud ($395.000 millones).
En declaraciones públicas atribuidas al nivel territorial, se ha señalado que la iliquidez hospitalaria se ha convertido en el principal riesgo operativo para la red, con efectos sobre pagos a proveedores, contratación de talento humano e inventarios de medicamentos e insumos.
También se han referenciado casos críticos como el del Hospital General de Medellín, al que se le adeudarían cerca de $200.000 millones, en medio de un panorama de estrechez de caja que limita la operación diaria y amplifica la congestión en servicios de alta demanda.
Incidente de desacato: el paso que sigue en el expediente
Aunque la discusión pública ha girado en torno al “inicio” del incidente, el documento del Tribunal establece que, por ahora, el proceso está en un requerimiento previo a la apertura del trámite de desacato. La orden puntual del auto es que, dentro de dos días, se entregue la información de contacto institucional para asegurar notificaciones y derecho de defensa en caso de que el Tribunal avance a la siguiente fase.
Con ese paso, el expediente queda encaminado para que el Tribunal evalúe, con las notificaciones debidamente soportadas, si procede o no la apertura formal del incidente frente al cumplimiento de la medida cautelar, mientras los hospitales continúan a la espera de recursos y normalización del flujo financiero.
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