La crisis financiera del sistema de salud en Antioquia volvió al centro del debate sectorial tras la alerta de la Secretaría de Salud e Inclusión Social departamental. La dependencia del flujo de recursos hacia la red hospitalaria quedó expuesta en un dato que, más que contable, describe un riesgo operativo; la deuda acumulada de las EPS con hospitales públicos y privados asciende a 8 billones de pesos, con cifras consolidadas a septiembre de 2025. En paralelo, la congestión en urgencias y el cierre de servicios empiezan a perfilar un escenario de impacto social y clínico que trasciende la discusión presupuestal.
La secretaria de Salud e Inclusión Social, Marta Cecilia Ramírez Orrego, calificó la situación como delicada y precisó la composición de la cartera. Del total reportado, 6 billones de pesos corresponden a la red privada y 2 billones de pesos a la red pública. En el pronunciamiento, la funcionaria ubicó como origen principal de la crisis a las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, Nueva EPS, Savia Salud y Coosalud, que en conjunto adeudan 4.9 billones de pesos al sistema público y privado en el departamento.
¿Cómo se explica la deuda de 8 billones y qué revela sobre el aseguramiento en Antioquia?
El volumen de cartera descrito por la Secretaría sugiere una fractura entre el aseguramiento y la prestación que, en Antioquia, se vuelve visible por el peso de las EPS intervenidas en la dinámica regional. La acumulación de obligaciones sin pago oportuno limita la capacidad de respuesta de hospitales y clínicas, especialmente porque la operación diaria depende de ingresos regulares para sostener nómina, compra de insumos, contratación de servicios tercerizados y continuidad de rutas integrales de atención.
La dimensión asistencial también aparece en la magnitud de la población expuesta. La Gobernación señaló que el impacto recae de manera directa sobre cerca de 3 millones de afiliados que tienen estas tres EPS en Antioquia, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a servicios oportunos y de calidad. En este punto, la deuda deja de ser un indicador financiero y se convierte en un factor que incide en tiempos de espera, disponibilidad real de servicios y estabilidad de las redes de referencia y contrarreferencia.
La propia Secretaría sostuvo que los efectos ya se reflejan en la operación cotidiana. En palabras de la secretaria Ramírez Orrego, “Los efectos ya son visibles en la operación del sistema: la ocupación de los servicios de urgencias supera el 100 % en todo el departamento —110 % en el Valle de Aburrá y 108 % en el resto de Antioquia—, mientras que el cierre de servicios de salud ha aumentado de forma preocupante: 877 en 2025 representados en camas hospitalarias, parte de las urgencias, algunos quirófanos, entre otros”.
La funcionaria agregó que la problemática alcanzó incluso a los bancos de sangre del departamento, a los que se les adeudan 26 mil millones de pesos, una señal de presión sobre un componente crítico para la atención de emergencias y procedimientos quirúrgicos.
Presión sobre la red hospitalaria y señales tempranas de deterioro operativo
La combinación entre urgencias por encima del 100% y el cierre de servicios reportado para 2025 describe un patrón de estrés operativo con implicaciones directas para la seguridad del paciente, la capacidad de respuesta y la continuidad asistencial. Una red que reduce camas, limita quirófanos o restringe componentes de urgencias no solo disminuye su oferta, también incrementa la probabilidad de cuellos de botella, traslados fallidos y tiempos de permanencia más altos, especialmente en territorios donde la demanda ya se mantiene elevada.
En esa dinámica, los problemas de liquidez suelen trasladarse a la cadena de suministro. Cuando el flujo de recursos se interrumpe, las instituciones ajustan compras, renegocian pagos o acumulan obligaciones con proveedores, lo que termina afectando la disponibilidad de insumos, dispositivos médicos y medicamentos. El riesgo se amplifica en servicios de alto costo operativo, donde cualquier restricción de material impacta la oportunidad y la calidad de la atención.
El gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave Soto, describió el cuadro desde la experiencia institucional y lo vinculó con la dependencia de insumos en ortopedia. Explicó que la entidad enfrenta una crisis muy difícil, porque los precios de los insumos son elevados y esto ha derivado en deudas con proveedores, con la consecuente reducción de estos insumos para la atención de pacientes.
En su testimonio, también detalló un caso que refleja el bloqueo asistencial asociado a la cartera: “Son muchas las dificultades que tenemos. Una de ellas es el caso de una paciente de 79 años que atendemos en su estabilización desde el pasado sábado. La hemos tratado de remitir a otras instituciones, pero ningún hospital la quiere recibir debido a que Nueva EPS no ha pagado al hospital y tampoco a otras clínicas. Y este es uno de los muchos casos que tenemos. Desde el mes de octubre no hemos pagado el salario a 460 funcionarios, entre personal médico y asistencial. El llamado que hacemos a las EPS es que se pongan al día para poder responder con prontitud a pacientes y empleados” , aseguró el gerente.
Riesgo de escalamiento nacional en medio de la crisis del sistema de salud
Aunque la alerta se origina en Antioquia, el tipo de señales descritas suele ser el punto de partida de crisis que terminan ampliando su alcance. Una cartera de este tamaño, combinada con cierres de servicios, saturación de urgencias y tensiones sobre componentes como bancos de sangre, puede traducirse en mayor presión sobre redes vecinas, incremento de traslados interdepartamentales y deterioro de la oportunidad en patologías tiempo-dependientes. En términos de sistema, cuando la red prestadora pierde capacidad, la demanda se concentra en la puerta de entrada y se encarecen los desenlaces por atención tardía.
El componente social también emerge con fuerza en el relato de los usuarios, pues Gustavo Adolfo Campillo, vocero de Pacientes Colombia, se refirió a la situación como dramática y la relacionó con dificultades en la atención de pacientes con enfermedades huérfanas, cáncer y VIH, sin tratamiento por varios meses. En su declaración advirtió que “se está creando una crisis social y humanitaria que tenemos que afrontar más temprano que tarde”. En un país con alta carga de enfermedad crónica y necesidades de continuidad terapéutica, la interrupción prolongada de tratamientos se asocia a complicaciones, recaídas y aumento de demanda futura, con costos clínicos y financieros que tienden a aparecer con rezago.
En ese contexto, los esfuerzos territoriales funcionan como contención, pero tienen límites frente a una cartera que depende del aseguramiento y de la gestión del flujo de recursos. La Gobernación de Antioquia informó que puso en marcha el fortalecimiento del sistema con inversiones por 233 mil millones de pesos entre 2024 y 2025, destinadas a infraestructura hospitalaria, saneamiento fiscal y financiero, fortalecimiento institucional, dotación, tecnologías de la información, telemedicina y la Turbina de Crédito.
Entre tanto, Ramírez Orrego expresó que “la prioridad del Gobierno de Antioquia es proteger la vida y la atención en salud. Tenemos el programa Contigo Antioquia que llega a las zonas alejadas del departamento con especialistas, tenemos la Turbina de Crédito para los hospitales. Estamos haciendo un esfuerzo histórico para sostener la red hospitalaria y garantizar que los servicios no colapsen, pese a una crisis generada por las EPS intervenidas y las decisiones del Gobierno Nacional”.
Esa respuesta territorial, sin embargo, está planteada como un mecanismo de contención y no como una solución estructural al problema de fondo. Por eso, el cierre del mensaje institucional se concentra en una condición habilitante que excede el alcance departamental. La Secretaría reiteró el llamado al Gobierno Nacional, a las EPS y a las entidades responsables del aseguramiento para que se garantice el flujo de recursos, al considerarlo indispensable para preservar el derecho fundamental a la salud de millones de antioqueños.
Si la cartera continúa creciendo y la capacidad instalada sigue reduciéndose, la presión sobre urgencias y la interrupción de servicios podrían consolidar un escenario de impacto prolongado, con efectos en pacientes, talento humano y sostenibilidad de la red.
