La ejecución de recursos destinados a infraestructura hospitalaria en Colombia enfrenta nuevas alertas por problemas de planeación, retrasos en las obras y debilidades en el seguimiento de las inversiones públicas. En este contexto, la Contraloría General de la República emitió este 5 de noviembre de 2026 una Advertencia Especial al Minsalud, tras identificar $10,18 billones en transferencias y subvenciones condicionadas pendientes de legalización al 30 de junio de 2026. en este primro parrafo ayudmae dejando tal cual la palabra calve

La decisión se fundamenta en el seguimiento realizado durante el primer semestre de 2026 por la Contraloría Delegada para el Sector Salud. La revisión evidenció suspensiones y diferencias entre las obras ejecutadas y los proyectos inicialmente viabilizados, situaciones que pueden afectar los costos, los cronogramas y la funcionalidad de las instalaciones destinadas a la prestación de servicios de salud.

Contraloría identifica dificultades en 22 proyectos de infraestructura hospitalaria en Colombia

La Contraloría examinó una muestra de 40 proyectos de infraestructura hospitalaria y equipamiento médico financiados entre 2022 y 2025, con asignaciones por $1,03 billones. De estos, 22 proyectos, que representan recursos por $541.194 millones, presentan situaciones que requieren especial vigilancia fiscal, equivalentes al 52,77 % del valor examinado. Los hallazgos comprenden dificultades técnicas, administrativas y presupuestales en distintas etapas de ejecución.

Entre las principales deficiencias identificadas se encuentran las siguientes.

• Estudios y diseños: Problemas en los componentes técnicos necesarios para desarrollar las obras.
• Modificaciones en el alcance: Cambios frente a las condiciones de los proyectos inicialmente viabilizados.
• Mayores cantidades de obra: Incrementos en los trabajos requeridos durante la ejecución.
• Actividades no previstas: Intervenciones adicionales que modifican la planeación original.
• Insuficiencias presupuestales: Limitaciones financieras para desarrollar las obras programadas.
• Debilidades en la trazabilidad: Dificultades para verificar el seguimiento y la utilización de los recursos.

La combinación de estas condiciones puede modificar las necesidades de financiación y prolongar los tiempos previstos para la entrega de las instalaciones. Asimismo, las diferencias entre los proyectos aprobados y las intervenciones desarrolladas plantean dificultades para verificar si se mantienen las características técnicas y funcionales definidas durante su formulación.

Solo el 1,61 % de los recursos asignados corresponde a proyectos hospitalarios terminados

Uno de los resultados centrales de la advertencia es que solo el 1,61 % de los recursos asignados entre 2022 y 2025 corresponde a proyectos reportados como terminados. El indicador muestra una baja proporción de inversiones vinculadas a intervenciones concluidas durante el periodo examinado y aporta un elemento adicional para evaluar el estado de avance de la infraestructura hospitalaria financiada con recursos públicos.

Esta proporción corresponde al valor de las asignaciones asociadas a proyectos finalizados y no al porcentaje de obras terminadas. La diferencia resulta importante porque el indicador permite examinar la relación entre los recursos comprometidos y el estado reportado de las intervenciones, sin establecer por sí mismo cuántos establecimientos hospitalarios se encuentran concluidos o en funcionamiento.

A la advertencia de la Contraloría se suman las recientes denuncias de la ministra de Salud

A este panorama se suman las recientes denuncias de la ministra de Salud, Ana María Vesga Gaviria, sobre presuntas irregularidades en la asignación de recursos para infraestructura y equipamiento hospitalario. Como informó CONSULTORSALUD el pasado 28 de octubre de 2026, la funcionaria solicitó la intervención de la Contraloría y la Procuraduría tras identificar asignaciones por $885.000 millones realizadas entre el 1 y el 6 de agosto, de las cuales $403.000 millones carecían de registro presupuestal al momento de su aprobación.

Entre las situaciones denunciadas también figuraban recursos por $57.000 millones aprobados sin propuesta técnica y otros $45.000 millones correspondientes a propuestas radicadas después de recibir aprobación. La ministra señaló, además, obras autorizadas sin estudios ni diseños, montos superiores a los solicitados y proyectos que habrían recibido desembolsos sin alcanzar las metas previstas.

Estas denuncias amplían el contexto de las dificultades que enfrenta la inversión en infraestructura hospitalaria en Colombia. Mientras la ministra cuestionó las condiciones de asignación y aprobación de determinados recursos, la Contraloría identificó deficiencias durante la ejecución de proyectos financiados en periodos anteriores. Las actuaciones, aunque corresponden a procesos distintos, sitúan la planeación técnica y el control de las inversiones entre los asuntos de atención institucional.

Contraloría advierte riesgo de pérdida de recursos públicos del sistema de salud

El contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde Vargas, reiteró la alerta sobre el riesgo inminente de pérdida de recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), debido a los retrasos, suspensiones y deficiencias identificadas en el seguimiento de las obras hospitalarias. El pronunciamiento enfatiza la importancia de anticipar situaciones que puedan comprometer los objetivos de inversión y la destinación de los recursos.

Frente a estos hallazgos, la Contraloría anunció que continuará ejerciendo vigilancia fiscal para prevenir posibles pérdidas y verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos. El organismo enfatizó que la finalidad de las inversiones públicas no se limita a ejecutar presupuestos o concluir obras, sino que comprende la disponibilidad de instalaciones y servicios de salud efectivos para la población.

Desde la perspectiva de la gestión hospitalaria, este escenario también pone de relieve la importancia de articular las decisiones de inversión con la capacidad operativa de las instituciones prestadoras de servicios de salud. La planificación de nuevas instalaciones y su dotación requiere considerar las necesidades de atención de los territorios, las condiciones de funcionamiento de la red hospitalaria y la sostenibilidad de los servicios que se proyecta ofrecer.