El Ministerio de Salud de Chile abrió el 26 de octubre de 2026 una consulta pública para modificar el Decreto Supremo N.º 460 de 1970, que regula la expedición de certificados médicos de defunción. La propuesta busca establecer expresamente la exigencia de habilitación legal de los médicos responsables de emitir estos documentos, precisar las responsabilidades profesionales según las circunstancias del fallecimiento y fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad de la información. El proceso de participación ciudadana permanecerá abierto durante 30 días corridos.

La iniciativa pretende actualizar una regulación expedida hace más de cinco décadas y adecuarla al marco normativo e institucional actual. Según el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL), la modificación tiene como propósito contribuir a una certificación de defunciones más segura, confiable y oportuna, mediante disposiciones que permitan precisar quiénes están legalmente habilitados para certificar un fallecimiento y cómo deben desarrollarse los procedimientos correspondientes.

Chile busca actualizar una regulación sobre certificados de defunción vigente desde 1970

El Decreto Supremo N.º 460 fue promulgado el 25 de junio de 1970 y publicado en el Diario Oficial el 18 de julio de ese mismo año. Su propósito fue establecer las condiciones para la expedición de certificados médicos de defunción, incluidos los procedimientos aplicables cuando una persona fallece después de recibir atención médica o cuando no existen antecedentes clínicos suficientes para certificar la causa de muerte.

La normativa contiene disposiciones sobre las responsabilidades de los médicos tratantes, los jefes de servicios asistenciales y otros profesionales que intervienen en la certificación, dependiendo de las circunstancias en que se produce el fallecimiento.

Sin embargo, el texto original conserva referencias a estructuras institucionales y procedimientos propios del sistema sanitario de la época. La consulta pública anunciada busca adecuar estas disposiciones al contexto normativo e institucional vigente, especialmente en lo relacionado con las condiciones para emitir el documento y los mecanismos de control. La actualización se encuentra en fase de consulta y, por tanto, no constituye todavía una modificación reglamentaria aprobada. Las disposiciones definitivas dependerán del resultado del procedimiento normativo.

¿Qué cambios propone Chile para la emisión de certificados médicos de defunción?

La descripción oficial de la propuesta identifica tres componentes principales para actualizar el reglamento: habilitación legal, delimitación de responsabilidades y fortalecimiento de la trazabilidad. En primer lugar, se busca establecer expresamente la exigencia de que los médicos encargados de emitir certificados de defunción cuenten con habilitación legal para ejercer. Este elemento pretende precisar las condiciones profesionales necesarias para expedir un documento que acredita médicamente un fallecimiento y su causa.

En segundo lugar, el proyecto plantea clarificar las responsabilidades y los procedimientos aplicables según el contexto en el que ocurre la muerte. Esta diferenciación resulta relevante porque las circunstancias de un fallecimiento pueden variar, particularmente cuando existe atención médica previa, cuando el deceso ocurre fuera de un establecimiento sanitario o cuando la información clínica disponible no permite determinar su causa.

Finalmente, la iniciativa contempla fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad de las certificaciones. Este componente está orientado a mejorar la confiabilidad de la información y las condiciones bajo las cuales se desarrolla el procedimiento.

La autoridad sanitaria no ha presentado estas medidas como obligaciones que ya estén entrando en vigor. Su alcance jurídico concreto deberá establecerse a partir del articulado definitivo que resulte de la tramitación.

¿Cómo regula actualmente el Decreto Supremo 460 la certificación de defunciones?

El texto original del Decreto Supremo N.º 460 de 1970 establece diferentes procedimientos para emitir los certificados médicos de defunción, de acuerdo con la atención recibida por la persona fallecida y los antecedentes disponibles.

El artículo 1 dispone que todo médico que asiste a una persona que fallece está obligado a extender el certificado, señalando la causa de la muerte. Por su parte, el artículo 2 establece que, cuando una persona fallece dentro de las 48 horas posteriores a la atención recibida por su última enfermedad en un servicio médico, corresponde al jefe del servicio otorgar el certificado. Para determinar la causa del fallecimiento deben considerarse los antecedentes clínicos disponibles, siempre que no exista una presunción fundada de una causa diferente.

El artículo 3 contempla los fallecimientos ocurridos después de las primeras 48 horas y dentro de los 30 días siguientes a la atención. En estas circunstancias, el jefe del servicio puede certificar la defunción y su causa. Si los antecedentes disponibles no resultan suficientes, debe dejar constancia de la imposibilidad de emitir el documento y explicar las razones.

Los artículos 4 y 5 desarrollan situaciones en las que no hubo atención médica previa o no existen elementos suficientes para establecer la causa del fallecimiento. El texto también contempla procedimientos de verificación y actuaciones diferenciadas cuando se sospechan causas no naturales.

Estas disposiciones corresponden al reglamento original de 1970 y permiten identificar los antecedentes normativos sobre los cuales se plantea la reforma. No deben interpretarse como modificaciones introducidas por el proyecto de 2026.

¿Qué implicaciones tendría la reforma para médicos y establecimientos de salud?

La modificación propuesta tiene especial relevancia para los profesionales que intervienen en la certificación de fallecimientos, así como para las instituciones sanitarias responsables de documentar la atención clínica de sus pacientes.

La precisión de los requisitos de habilitación legal podría facilitar la identificación de los profesionales facultados para emitir certificados médicos de defunción. Al mismo tiempo, una delimitación más clara de las responsabilidades permitiría establecer con mayor precisión las actuaciones que corresponden en diferentes circunstancias asistenciales.

Desde la perspectiva de la gestión hospitalaria, el debate regulatorio también involucra la disponibilidad de antecedentes clínicos, la documentación de los procedimientos y la consistencia de la información utilizada para determinar las causas de fallecimiento.

La calidad de la certificación constituye un componente importante de los sistemas de información sanitaria, debido a que los registros de mortalidad aportan datos para la vigilancia epidemiológica, el análisis de causas de muerte y la planificación de intervenciones de salud pública.

En otros países de la región también se han desarrollado iniciativas de fortalecimiento de estos registros. CONSULTORSALUD documentó anteriormente una propuesta de actualización del reporte de nacimientos y defunciones en Colombia, centrada en las responsabilidades institucionales y la calidad de los datos. Aunque corresponde a un marco jurídico diferente, ilustra la importancia regional de contar con mecanismos confiables para registrar los hechos vitales.

En el caso chileno, los posibles efectos operativos deberán evaluarse una vez se conozca el texto definitivo. La apertura de la consulta no permite concluir que los establecimientos deban modificar de inmediato sus protocolos ni que se hayan establecido nuevas sanciones.

¿Hasta cuándo estará abierta la consulta pública y cómo se podrán presentar observaciones?

El Ministerio de Salud de Chile estableció un período de 30 días corridos a partir del 26 de octubre de 2026 para recibir observaciones sobre la propuesta de modificación del Decreto Supremo N.º 460. La participación se realizará mediante el formulario electrónico habilitado por la autoridad sanitaria, que permite formular comentarios y proponer nuevas redacciones para los artículos del proyecto.

El MINSAL indicó que las observaciones deberán estar fundamentadas en evidencia científica, estudios de costos o demostraciones del impacto en el acceso sanitario, según corresponda. Esta exigencia busca que los aportes recibidos cuenten con sustento técnico para su evaluación durante el proceso regulatorio. La documentación y las instrucciones están disponibles en el portal oficial de consultas públicas del ministerio.

Una vez concluido el período participativo, será necesario verificar el resultado de la tramitación para determinar qué modificaciones se incorporan finalmente al reglamento y cuáles serán sus condiciones de aplicación. Por ahora, el proceso abierto por Chile representa una iniciativa de actualización de las reglas que sustentan la certificación médica de las defunciones, con implicaciones potenciales para el ejercicio profesional, la documentación clínica y la confiabilidad de la información sobre mortalidad.