Las barreras de acceso a la salud en San Andrés quedaron reflejadas en un dato que sobresale frente al resto del país. Durante el primer semestre de 2026, el Archipiélago registró 57,5 quejas en salud por cada 10.000 afiliados, la tasa más alta entre los departamentos y muy por encima del promedio nacional de 5,17. La Defensoría del Pueblo relacionó este panorama con dificultades en medicamentos, remisiones y desplazamientos fuera de las islas.
La entidad señaló que esta situación debe entenderse teniendo en cuenta las características territoriales, étnicas e insulares de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estas particularidades inciden especialmente cuando los servicios requeridos no están disponibles dentro del Archipiélago y los pacientes deben trasladarse hacia otros territorios para recibir atención.
Quejas en salud continúan después de una autorización
El seguimiento realizado por la Defensoría mostró que obtener una autorización no siempre garantiza que el servicio pueda recibirse de manera efectiva. Entre las dificultades identificadas aparecen varios puntos que pueden retrasar o interrumpir la atención.
- Medicamentos y dispensación: En el caso de Nueva EPS, la entidad reportó dificultades en la entrega de medicamentos. Durante uno de los momentos del seguimiento, CAFAM era el único dispensador informado para la zona insular y operaba aproximadamente al 70 % de su capacidad.
- Cambios de gestores farmacéuticos: La Defensoría advirtió que estas transiciones pueden generar interrupciones en las entregas, acumulación de pendientes y mayores tiempos de espera.
- Información a los usuarios: La entidad señaló la importancia de comunicar oportunamente quién asumirá la dispensación, dónde estarán ubicados los puntos de atención y cuándo comenzará a operar el nuevo gestor.
La condición insular añade dificultades a las remisiones
Cuando la atención requerida no está disponible dentro del Archipiélago, el proceso puede involucrar mucho más que la programación de una cita. La Defensoría identificó dificultades relacionadas con transporte, tiquetes, viáticos, hospedaje y otros servicios complementarios necesarios para que los usuarios puedan desplazarse y acceder efectivamente a la atención.
Estas condiciones cobran especial relevancia en las remisiones hacia otros territorios. La entidad insistió en que la autorización del servicio debe estar acompañada de los componentes requeridos para que el paciente pueda completar el traslado y recibir la atención programada.
¿Qué muestran las tutelas en salud en San Andrés?
Las dificultades de acceso también aparecen reflejadas en la judicialización. Según el Informe de Tutelas de la Defensoría del Pueblo correspondiente a 2024, elaborado con información de la Corte Constitucional, San Andrés registró una tasa de 193,8 tutelas en salud por cada 10.000 habitantes, frente a una tasa nacional de 51,7.
La Defensoría precisó que estas cifras corresponden al total de acciones de tutela registradas y no exclusivamente a aquellas acompañadas o gestionadas por la entidad. El dato fue incluido como parte del seguimiento a las condiciones de acceso al derecho a la salud en el territorio insular.
Diferencias en la información dificultan seguir el flujo de recursos
Otro de los puntos identificados durante los seguimientos corresponde a las diferencias entre las cifras entregadas por las EPS y la información reportada por los prestadores. Estas inconsistencias dificultan establecer con precisión el estado de las obligaciones, los pagos efectuados y los recursos disponibles para la prestación de los servicios.
La Defensoría señaló la necesidad de contar con información verificable y consistente entre los diferentes actores. La trazabilidad de los recursos permite establecer con mayor claridad las obligaciones pendientes y conocer las condiciones financieras asociadas a la prestación de los servicios en el Archipiélago.
¿Qué plantea la Defensoría frente a las barreras identificadas?
La Defensoría concentró sus llamados en varios componentes de la atención que deben funcionar de manera articulada para garantizar el acceso efectivo a los servicios.
- Disponibilidad de medicamentos y continuidad en la dispensación.
- Funcionamiento de los gestores farmacéuticos y comunicación clara durante los cambios de operador.
- Remisiones acompañadas de transporte, viáticos, hospedaje y demás apoyos requeridos para los desplazamientos.
- Información financiera consistente que permita hacer seguimiento a obligaciones, pagos y recursos disponibles.
La entidad reiteró que una autorización no garantiza por sí misma el acceso efectivo al servicio. La atención depende también de que los demás componentes necesarios para completar el proceso estén disponibles y permitan que el usuario llegue finalmente al servicio requerido.
