El nuevo Gobierno recibirá el sistema de salud con una advertencia directa desde la red prestadora. La Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud —UNIPS pidió declarar la recuperación del sector como prioridad nacional y adoptar un plan de choque en los primeros 90 días, tras los hallazgos del informe “Análisis Financiero y de Cartera de las EPS – Primer Trimestre de 2026”, elaborado por Así Vamos en Salud.
La alerta parte de cifras financieras, pero su alcance ya compromete la prestación de servicios. Según la posición técnica del gremio, las cuentas por pagar reportadas por las EPS alcanzan aproximadamente $41,5 billones, de los cuales $38,4 billones corresponden a obligaciones con más de 90 días de mora. Para las IPS, esa cartera dejó de ser un dato contable aislado y se convirtió en una presión directa sobre hospitales, clínicas, centros de atención y continuidad asistencial.
El nuevo Gobierno hereda una crisis que ya no se contiene en las EPS
UNIPS sostiene que el informe de Así Vamos en Salud confirma el deterioro progresivo de los principales indicadores financieros del aseguramiento. El gremio advierte un crecimiento acelerado de la cartera en mora, una profundización del déficit patrimonial de las EPS y un escenario de alta vulnerabilidad para la continuidad de los servicios de salud.
El mensaje gremial apunta a que el país ya superó la etapa del diagnóstico. Para UNIPS, la prioridad del nuevo Gobierno debe concentrarse en recuperar el flujo de recursos, estabilizar la prestación y devolver confianza al sector. La organización advierte que mantener respuestas parciales podría prolongar el deterioro financiero y trasladar más presión a la red que atiende directamente a los pacientes.
¿Cómo llegó la cartera a convertirse en un riesgo de acceso?
La explicación parte de la operación diaria de las IPS. Cuando las EPS no reconocen ni pagan oportunamente sus obligaciones, hospitales, clínicas y centros de atención continúan prestando servicios con recursos propios, aumentan su endeudamiento con proveedores, aplazan inversiones tecnológicas y asumen mayores costos financieros.
Ese retraso en el flujo de recursos puede afectar la disponibilidad de talento humano, la adquisición de medicamentos, la reposición de tecnologías médicas, la capacidad hospitalaria y la continuidad de programas asistenciales. Por eso, UNIPS plantea que la cartera vencida ya incide en las condiciones reales de acceso y oportunidad para los pacientes.
| Indicador citado por UNIPS | Dato |
|---|---|
| Cuentas por pagar reportadas por EPS | $41,5 billones |
| Obligaciones con más de 90 días de mora | $38,4 billones |
| Patrimonio negativo agregado de EPS | Más de $18,2 billones |
| Afiliados en EPS con medidas especiales o intervención | Cerca del 46 % |
¿Por qué las IPS dicen que la crisis ya llegó al paciente?
Desde la perspectiva de los prestadores, el deterioro patrimonial de las EPS, la siniestralidad por encima del 100 %, las pérdidas operacionales crecientes y la cartera vencida comprometen directamente la capacidad instalada de la red. UNIPS advierte que no es viable recuperar el aseguramiento si al mismo tiempo se debilitan las instituciones responsables de prestar efectivamente los servicios.
El señalamiento desplaza el debate desde los balances hacia la experiencia concreta de atención. La crisis puede terminar expresándose en la oportunidad de una consulta, la entrega de un medicamento, la programación de un procedimiento o la continuidad de un servicio hospitalario. Para las IPS, la sostenibilidad financiera no es un fin en sí mismo, sino una condición para garantizar el derecho a la salud.
Las intervenciones no pueden aumentar la mora con la red
Uno de los puntos más sensibles de la posición de UNIPS es el efecto de las medidas especiales sobre el flujo de recursos. El informe citado por el gremio señala que cerca del 46 % de los afiliados del país pertenece actualmente a EPS sometidas a medidas especiales de vigilancia o intervención.
Para las IPS, estos procesos deben proteger simultáneamente los derechos de los usuarios y la estabilidad financiera de la red prestadora. La intervención administrativa, advierte UNIPS, no puede convertirse en un escenario donde aumenten los tiempos de pago, se acumulen nuevas obligaciones o se profundice la incertidumbre contractual.
La continuidad de la atención requiere que las intervenciones incorporen mecanismos extraordinarios de saneamiento de cartera, seguimiento permanente al flujo financiero y metas verificables de recuperación. Sin esas condiciones, una medida diseñada para ordenar el aseguramiento podría terminar trasladando nuevas cargas financieras a hospitales y clínicas.
¿Qué propone UNIPS para los primeros 90 días?
UNIPS propone al Gobierno Nacional adoptar un Plan Nacional de Recuperación del Sistema de Salud con siete medidas de choque. La propuesta combina flujo de recursos, saneamiento de cartera, abastecimiento de medicamentos, revisión de suficiencia financiera, supervisión, protección de capacidad instalada y concertación sectorial.
Las medidas planteadas por el gremio son:
- Recuperar de manera inmediata el flujo de recursos hacia las IPS mediante un plan extraordinario de pago de obligaciones corrientes.
- Implementar un programa nacional de saneamiento de cartera con conciliaciones obligatorias, metas verificables y seguimiento permanente.
- Declarar la crisis de abastecimiento de medicamentos como prioridad nacional, especialmente para pacientes críticos y enfermedades de alto costo.
- Revisar con urgencia la suficiencia de los recursos del sistema frente a los costos reales de la atención.
- Fortalecer la supervisión financiera de las EPS con indicadores públicos sobre liquidez, oportunidad de pago y cumplimiento con la red prestadora.
- Proteger la capacidad instalada de hospitales y clínicas para evitar cierres de servicios estratégicos.
- Convocar un Gran Acuerdo Nacional por la Salud con Gobierno, pacientes, prestadores, aseguradores, trabajadores, industria, academia y organismos de control.
El saneamiento de cartera será la primera prueba
Además del plan de choque, UNIPS plantea una estrategia nacional de saneamiento de cartera entre EPS e IPS. Ese proceso debería incluir depuración técnica de obligaciones, conciliación permanente, cronogramas obligatorios de pago, mecanismos ágiles para resolver diferencias de reconocimiento, fortalecimiento de los sistemas de información financiera y monitoreo público del cumplimiento de los acuerdos.
Este punto será clave porque la discusión no se reduce al monto total adeudado. También será necesario establecer qué valores están reconocidos, cuáles siguen en disputa, qué parte corresponde a glosas, qué obligaciones tienen soporte suficiente y qué compromisos pueden convertirse en pagos reales para la red prestadora.
Para el nuevo Gobierno, el saneamiento de cartera puede convertirse en una prueba temprana de capacidad de gestión. No bastará con anunciar acuerdos generales si no existen responsables, cronogramas, información depurada y seguimiento público sobre el cumplimiento de los pagos.
El paciente debe volver al centro de la discusión
UNIPS busca mover el debate más allá de la relación financiera entre EPS e IPS. En su comunicado, el gremio afirma que detrás de cada indicador hay pacientes esperando un medicamento, una cirugía, una consulta especializada o un tratamiento que no admite demoras.
Esa posición reubica la recuperación financiera como una condición para proteger la atención efectiva. Sanear cartera, restablecer el flujo y proteger la capacidad instalada no son medidas administrativas aisladas, sino decisiones relacionadas con oportunidad, continuidad, seguridad clínica y garantía del derecho fundamental a la salud.
El reto ya no es diagnosticar, sino ejecutar
El mensaje de UNIPS llega en un momento de alta sensibilidad para la política pública. El nuevo Gobierno no solo recibirá EPS financieramente deterioradas, sino una red prestadora que asegura estar absorbiendo el impacto mediante endeudamiento, presión sobre proveedores y aplazamiento de inversiones.
La advertencia del gremio deja una agenda concreta para los primeros meses. Recuperar el flujo hacia las IPS, sanear obligaciones, proteger el abastecimiento de medicamentos, medir la oportunidad de pago y evitar el cierre de servicios estratégicos serán pruebas tempranas para establecer si el nuevo Gobierno logra pasar de la alerta a una respuesta verificable.
