La crisis financiera de hospitales y clínicas en el Valle del Cauca volvió a escalar por el bajo nivel de pagos de las EPS intervenidas por el Gobierno nacional. Según la secretaria departamental de Salud, María Cristina Lesmes, durante junio estas entidades debían girar $589 mil millones por servicios prestados a afiliados del régimen subsidiado, pero los pagos efectivamente realizados sumaron $162 mil millones.
La cifra equivale aproximadamente al 27,5% de los recursos esperados, lo que explica la advertencia de la Gobernación sobre un deterioro progresivo de la capacidad operativa de la red asistencial. La funcionaria señaló que se ha “profundizado el no pago de las EPS a la red pública y privada”, pese a los requerimientos y llamados realizados desde la administración departamental.
El dato es especialmente sensible porque corresponde solo al régimen subsidiado, es decir, a una parte de las obligaciones asociadas a la atención de la población afiliada. En términos prácticos, los hospitales y clínicas estarían financiando con recursos propios, deuda o aplazamientos operativos una proporción relevante de servicios ya prestados.
Una cartera que supera los $7 billones
La Gobernación del Valle del Cauca informó que la cartera acumulada de las EPS con la red pública y privada del departamento supera actualmente los $7 billones. Ese nivel de deuda, según la administración departamental, pone en riesgo la continuidad de los servicios de salud, la entrega de medicamentos y la estabilidad del talento humano.
La alerta no se limita a una discusión contable. Cuando los pagos no llegan de manera oportuna, las instituciones prestadoras enfrentan restricciones para comprar insumos, adquirir medicamentos, sostener nóminas y mantener servicios abiertos. Lesmes advirtió que esta situación ya está generando “problemas en la compra de insumos y medicamentos, disminución de personal, cierre de servicios y, sobre todo, desatención a los pacientes”.
Desde la perspectiva de la gestión hospitalaria, el problema central está en la ruptura del flujo financiero entre aseguradores y prestadores. La red presta los servicios, pero si los recursos no se giran en los tiempos requeridos, se debilita la operación diaria. Esto afecta tanto a hospitales públicos como a clínicas privadas, particularmente en un territorio donde la administración departamental sostiene que la mayoría de instituciones no ha recibido recursos de manera oportuna.
Hospitales con meses sin recibir pagos
La Secretaría de Salud del Valle del Cauca mencionó casos específicos que evidencian la magnitud del rezago. Según Lesmes, el Hospital Psiquiátrico completa cuatro meses sin recibir recursos de Coosalud. También afirmó que el Hospital San Juan de Dios no ha recibido pagos correspondientes a mayo y junio por parte de Coosalud y Emssanar.
Otro caso señalado es el Hospital de El Cerrito, que, de acuerdo con la funcionaria, no ha recibido ningún pago de la EPS S.O.S. en lo corrido de 2026. La secretaria agregó que podría enumerar “prácticamente todos los hospitales del departamento”, porque, con excepción de dos o tres, la gran mayoría no habría recibido oportunamente los recursos.
Estos ejemplos muestran que el problema no estaría concentrado en una sola institución ni en una única relación contractual. La situación descrita por la Gobernación apunta a un patrón de retraso en los pagos que compromete a diferentes prestadores y a varias EPS intervenidas, con efectos acumulativos sobre la red asistencial.
Riesgo para medicamentos, servicios y talento humano
La falta de liquidez tiene consecuencias directas sobre la atención. De acuerdo con la información entregada por la Gobernación, la crisis ya se asocia con dificultades para garantizar la compra de insumos y medicamentos, así como con disminución de personal y cierre de servicios.
El componente laboral también aparece como uno de los puntos críticos. La administración departamental reporta la pérdida de más de 2.000 empleos en el sector salud, en un contexto en el que hospitales y clínicas enfrentan retrasos de pago y crecientes presiones operativas.
Para los administradores hospitalarios, este escenario configura un riesgo de sostenibilidad. La prestación continua de servicios depende de una cadena mínima de pagos: proveedores, medicamentos, talento humano, servicios generales, mantenimiento, tecnología biomédica y operación clínica. Cuando la cartera crece y los pagos mensuales no cubren los costos de la atención, las instituciones deben priorizar gastos, aplazar compromisos o reducir capacidad instalada.
La pregunta por el destino de los recursos
Uno de los puntos más fuertes del pronunciamiento departamental fue la solicitud de claridad sobre el destino de los recursos. Lesmes preguntó públicamente: “¿Dónde está el dinero?”. Según la funcionaria, esa respuesta debe ser entregada por el Superintendente Nacional de Salud y por cada uno de los interventores de las EPS.
La secretaria también planteó la necesidad de establecer si los recursos llegaron por tesorería y, en ese caso, a quién fueron pagados. Esta formulación no constituye, por sí misma, una conclusión sobre el manejo de los recursos, pero sí expresa una preocupación institucional sobre la trazabilidad del flujo financiero en entidades intervenidas.
En un contexto de intervención estatal, la pregunta adquiere relevancia adicional. Las EPS intervenidas se encuentran bajo medidas especiales de vigilancia y administración, por lo que la gestión de sus obligaciones con prestadores se convierte en un asunto de interés público y de garantía efectiva del derecho a la salud.
Requerimientos a la Supersalud y a interventores
Ante el panorama descrito, la Gobernación del Valle del Cauca informó que continuará enviando requerimientos formales a la Superintendencia Nacional de Salud y a los agentes interventores de las EPS. El objetivo, según la administración departamental, es esclarecer el destino de los recursos y encontrar soluciones que permitan garantizar la atención de los vallecaucanos.
La situación deja varios puntos de seguimiento para el sector. El primero es si las EPS intervenidas aumentarán el nivel de giro hacia hospitales y clínicas en los próximos cortes. El segundo es si la Supersalud y los interventores entregarán información detallada sobre la trazabilidad de los recursos. El tercero es si se adoptarán medidas para evitar nuevos cierres de servicios, retrasos en medicamentos o pérdida adicional de talento humano.
