La Gobernación del Valle del Cauca y la Superintendencia Nacional de Salud acordaron articular acciones para avanzar en la superación de la emergencia humanitaria en salud declarada en el departamento. La decisión se dio durante una mesa de trabajo realizada en Santiago de Cali el 24 de junio de 2026, con participación de EPS intervenidas y no intervenidas, prestadores y actores institucionales del sistema.
La gobernadora Dilian Francisca Toro reiteró que la emergencia se mantiene vigente y que el departamento requiere soluciones estructurales y urgentes para garantizar la atención integral de la población. Según las cifras presentadas por la mandataria, el 78% de las EPS que operan en el Valle del Cauca están intervenidas. Además, la cartera total del sistema en el departamento asciende a $2 billones 768 mil millones, de los cuales $1 billón 624 mil millones corresponden a EPS intervenidas.
El dato evidencia que la crisis no se limita a un problema de atención individual, sino que combina presión financiera sobre la red prestadora, dificultades en el flujo de caja, barreras de acceso, cierre de servicios y deterioro de la capacidad instalada.
Flujo de recursos: pagos parciales afectan la respuesta hospitalaria
Uno de los puntos críticos expuestos por la Gobernación fue el pago mensual a las instituciones prestadoras de servicios de salud. Toro advirtió que, en la práctica, los giros no estarían alcanzando los porcentajes anunciados para sostener la operación de la red.
“En el departamento no se paga el 80%. En el Hospital Universitario del Valle pagan cerca del 67%. En el hospital Mario Correa, si acaso pagan el 48%”, señaló la mandataria, al insistir en la necesidad de revisar el flujo oportuno de los recursos hacia los hospitales.
Para los prestadores, la diferencia entre el porcentaje esperado y el pago efectivo puede traducirse en restricciones operativas, acumulación de obligaciones, dificultades para contratación de talento humano, afectación en la compra de insumos y retrasos en la prestación de servicios. En un contexto de emergencia humanitaria, el flujo de recursos deja de ser un asunto exclusivamente financiero y se convierte en una variable directa de acceso, oportunidad y continuidad asistencial.
La preocupación adquiere mayor relevancia si se considera que una parte sustancial de la cartera está asociada a EPS intervenidas. Aunque la intervención busca corregir fallas administrativas y proteger a los usuarios, el departamento advierte que la red prestadora continúa enfrentando pagos parciales que limitan su capacidad de respuesta.
Cierre de servicios y desempleo en salud: precisión sobre el alcance de la crisis
La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, explicó que la mesa de trabajo permitió revisar la situación de la emergencia humanitaria, las dificultades en el cumplimiento de obligaciones por parte de las EPS y la necesidad de un trabajo coordinado con la Supersalud para mejorar la atención de los vallecaucanos.
Lesmes precisó un dato clave para evitar confusiones: en el departamento han cerrado 2.000 servicios, no 2.000 IPS. Esta distinción es importante, pues el cierre de servicios puede ocurrir dentro de instituciones que siguen operando parcialmente, pero que han debido suspender líneas específicas de atención por razones financieras, administrativas o de capacidad instalada.
La funcionaria también informó que 2.400 trabajadores de salud se encuentran sin empleo. Este indicador refleja un impacto laboral directo sobre el talento humano y, al mismo tiempo, una posible disminución de la oferta efectiva de atención en el territorio. Para médicos, administradores hospitalarios y gestores de red, la combinación de cierre de servicios y pérdida de personal constituye una señal de deterioro funcional del sistema departamental.
UCI por encima del 200%: presión crítica sobre la capacidad instalada
Otro de los elementos más sensibles presentados por la Secretaría de Salud fue la ocupación de unidades de cuidado intensivo. Según Lesmes, el departamento enfrenta una sobreocupación de UCI que supera el 176% y que, al momento de la reunión, estaba por encima del 200%.
Esta cifra plantea un escenario de alta presión asistencial. En términos operativos, una ocupación por encima de la capacidad instalada puede generar congestión en urgencias, mayores tiempos de espera para remisiones, dificultades para ubicar pacientes críticos y tensión sobre el talento humano especializado.
En una emergencia humanitaria en salud, la ocupación UCI funciona como un indicador trazador de la capacidad real del sistema para responder a eventos críticos. Su comportamiento debe analizarse junto con la disponibilidad de camas, especialistas, ambulancias, medicamentos, insumos y rutas de referencia y contrarreferencia.
Desconcentración de especialidades: respuesta territorial desde hospitales de mediana complejidad
La Gobernación también informó que avanza en un programa de desconcentración de servicios especializados para acercar la atención médica a municipios donde históricamente ha sido difícil acceder a especialistas.
De acuerdo con Toro, la estrategia consiste en que hospitales de mediana complejidad con disponibilidad de especialistas se desplacen hacia los municipios para atender necesidades de la población. Esta medida busca reducir barreras geográficas y mejorar la oportunidad de atención, especialmente en zonas donde la oferta especializada es limitada.
Desde una perspectiva de red, la desconcentración puede ser una herramienta útil para contener demanda represada, evitar desplazamientos innecesarios y fortalecer la capacidad resolutiva territorial. Sin embargo, su efectividad dependerá de la articulación con EPS, prestadores, gestores farmacéuticos, sistemas de información, autorizaciones y disponibilidad de medicamentos.
Supersalud pide fortalecer inspección, vigilancia y control territorial
Durante la mesa de trabajo, Juan David Duque, superintendente delegado para la Protección al Usuario encargado de Entidades Territoriales, señaló que las Secretarías de Salud deben mantener su rol de inspección, vigilancia y control.
“Es fundamental que las Secretarías de Salud no renuncien a su tarea de inspección, vigilancia y control, no solo con los gestores farmacéuticos sino con las IPS públicas y privadas”, afirmó Duque.
El mensaje apunta a fortalecer la supervisión territorial sobre actores clave del sistema, en particular cuando existen barreras en entrega de medicamentos, prestación de servicios, cumplimiento de obligaciones contractuales y protección de usuarios. En el contexto actual del Valle del Cauca, la coordinación entre autoridad sanitaria territorial y Supersalud será determinante para convertir las mesas de trabajo en acciones verificables.
EPS intervenidas y no intervenidas: coordinación para reducir barreras de acceso
El agente interventor de Famisanar, Germán Darío Gallo, señaló que estos espacios permiten avanzar en una mejor accesibilidad a los servicios de salud y en la reducción de barreras que persisten en el Valle del Cauca. Por su parte, Carlos Humberto Beltrán, secretario general de Coosalud, destacó la importancia de establecer vínculos de trabajo entre prestadores, EPS y Gobernación, con los afiliados como principales beneficiarios.
La participación de EPS intervenidas y no intervenidas permite abordar la crisis desde una perspectiva amplia. La cartera, el flujo de recursos, la entrega de medicamentos y la disponibilidad de servicios no dependen de un solo actor. Requieren acuerdos operativos, seguimiento institucional y compromisos medibles.
La Gobernación anunció que continuará realizando seguimiento permanente a la emergencia humanitaria mediante mesas de trabajo y acciones orientadas a mejorar la entrega de medicamentos, la prestación de servicios, el pago a la red hospitalaria y la protección de la vida de los vallecaucanos.
