La Supersalud puso fecha límite a Nueva EPS para entregar la información financiera que sigue pendiente sobre tres vigencias clave. La entidad deberá remitir antes del 6 de julio de 2026 los estados financieros de 2023, 2024 y 2025, certificados, dictaminados y aprobados, en una orden perentoria e improrrogable orientada a establecer con precisión su liquidez, sus obligaciones y sus condiciones de solvencia.
El requerimiento llega en medio de la intervención forzosa administrativa que la Superintendencia mantiene sobre Nueva EPS desde abril de 2024. En este escenario, la falta de información completa no solo retrasa una obligación de reporte, sino que limita la capacidad de la autoridad para verificar el estado real de la EPS con mayor número de afiliados del país, hacer seguimiento a las medidas de recuperación y preparar una transición administrativa con cifras verificables, no con estimaciones.
¿Por qué la Supersalud elevó el requerimiento a Nueva EPS?
La Superintendencia señaló que persisten incumplimientos en la certificación, dictamen, aprobación y reporte de los estados financieros, pese a requerimientos, resoluciones, planes de trabajo y compromisos asumidos por la propia entidad. La orden también incluye la información exigida en la Circular Externa 016 de 2016, que hace parte de las obligaciones de reporte de las entidades vigiladas del sector salud.
Entre abril de 2025 y febrero de 2026, la autoridad formuló al menos cinco requerimientos formales sin que Nueva EPS acreditara el cumplimiento integral de sus obligaciones. Con el nuevo plazo, la Supersalud busca cerrar una brecha documental que ha dificultado el seguimiento financiero, administrativo y de solvencia de la entidad durante la intervención.
El contexto de vigilancia ya venía marcado por alertas estructurales. En la resolución que ordenó la intervención forzosa administrativa, la Supersalud hizo referencia a incumplimientos relacionados con patrimonio adecuado, inversiones de la reserva técnica, siniestralidad, reclamaciones en salud y estándares de habilitación y permanencia, entre otros aspectos que motivaron la medida sobre la EPS.
Información que deberá entregar la EPS
El requerimiento establece una entrega completa, soportada y verificable a través de los canales oficiales habilitados por la Superintendencia.
- Estados financieros de las vigencias pendientes.
- Certificación, dictamen y aprobación correspondiente.
- Soportes que permitan validar la información reportada.
- Cargue completo de los datos exigidos por la Circular Externa 016 de 2016.
- Remisión dentro del plazo fijado por la autoridad de vigilancia.
La exigencia no se limita al envío de documentos. La Supersalud busca contar con una base técnica que permita revisar la situación real de Nueva EPS y contrastar el avance de las acciones adoptadas durante la intervención.
¿Qué implica no contar con estados financieros completos?
La falta de estados financieros completos no es un vacío meramente contable. En una entidad intervenida, esta información permite medir el alcance de sus obligaciones, evaluar la consistencia de sus reportes y verificar si las medidas administrativas han tenido efecto sobre los problemas que originaron la intervención.
Ese punto adquiere mayor relevancia por los antecedentes oficiales sobre la operación de Nueva EPS. La resolución de intervención también advirtió deficiencias relacionadas con prestación efectiva de servicios, red de prestadores, referencia y contrarreferencia, contratación, pagos, sistemas de información y reservas técnicas; incluso señaló que las deudas con IPS, con corte a noviembre de 2023, podían poner en riesgo la prestación del servicio a sus afiliados y a usuarios de las redes acreedoras.
El seguimiento institucional posterior muestra que la información financiera siguió siendo un asunto crítico. En abril de 2026, la Procuraduría solicitó a la Supersalud un pronunciamiento sobre el estado de cumplimiento de las órdenes previstas para atender las causales de intervención de Nueva EPS, e incluyó dentro de los temas requeridos cuentas médicas, modernización tecnológica, contratación, estados financieros, control y gestión de recursos.
Antecedente judicial sobre la información pendiente
El nuevo ultimátum administrativo se suma a una decisión reciente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó a Nueva EPS ponerse al día con sus estados financieros de propósito general. La providencia fijó un plazo máximo de tres meses para elaborar, certificar, difundir y publicar la información pendiente, al considerar que existía una obligación legal vigente y exigible.
La decisión judicial también dejó una lectura relevante para el caso actual: los procesos internos de revisión, saneamiento, conciliación o depuración contable no son suficientes para aplazar una obligación que debe cumplirse con información financiera completa, certificada y disponible para el control institucional.
Advertencia de sanciones administrativas
La Supersalud advirtió que desatender el requerimiento constituye una infracción administrativa sancionable conforme al artículo 130 de la Ley 1438 de 2011. Esta disposición contempla medidas por no reportar información con calidad y oportunidad, obstruir las funciones de inspección, vigilancia y control o incumplir órdenes impartidas por la autoridad competente.
Con esa advertencia, el requerimiento deja de ser una solicitud ordinaria y se convierte en una actuación formal dentro de la intervención. El cumplimiento será determinante para establecer si la entidad entrega información suficiente o si el caso escala a nuevas decisiones sancionatorias.
Transición institucional con cifras verificables
Los estados financieros consolidados serán la base para que el próximo gobierno reciba la administración de Nueva EPS y defina la continuidad de las decisiones sobre la entidad. En ese proceso, la información comprobable resulta indispensable por el tamaño de la EPS, su peso dentro del aseguramiento y el impacto que su situación financiera tiene sobre prestadores, proveedores y demás actores del sistema.
La transparencia es el punto de fondo. Sin reportes completos, la lectura sobre la situación real de la EPS queda incompleta; con ellos, las autoridades podrán tomar decisiones con mayor respaldo técnico sobre una entidad que concentra una parte significativa de la operación del sistema.
