El régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud atraviesa una tensión estructural entre su diseño solidario y su capacidad efectiva de recaudo. Así lo plantea el documento “Diagnóstico del principio de solidaridad de la Ley 100 en el régimen contributivo: dinámica del recaudo y alternativas de sostenibilidad 2018–2025”, elaborado por la Dirección General de Innovación y Analítica de la ADRES en junio de 2026.
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El análisis parte de una premisa central: la solidaridad, como principio rector de la Ley 100 de 1993 y reforzada por la Ley Estatutaria de Salud, implica que las personas con mayor capacidad de pago contribuyan en mayor proporción al financiamiento del sistema. En el régimen contributivo, esa lógica se materializa a través de cotizaciones proporcionales al Ingreso Base de Cotización, administradas mediante los procesos de recaudo, compensación y giro.
Sin embargo, la información analizada por la ADRES muestra que, entre 2018 y 2025, los giros reconocidos crecieron por encima del recaudo reportado en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. En términos corrientes, el déficit anual pasó de -$2,3 billones en 2018 a -$8,6 billones en 2025. A precios constantes de 2018, la brecha aumentó de -$2,3 billones a -$5,7 billones en el mismo periodo.
Valor de recaudo, giros y déficit del régimen contributivo, corrientes Total anual Cifra en billones de pesos corrientes Serie anual 2018 a 2025
La brecha no es deuda, pero sí mide el límite de autofinanciamiento
Uno de los elementos más relevantes del documento es la precisión conceptual sobre el déficit. La ADRES aclara que la diferencia entre recaudo y giros no corresponde a obligaciones pendientes de pago, sino a recursos que han sido cubiertos mediante transferencias y rubros del Presupuesto General de la Nación. En otras palabras, el dato no debe leerse como cartera acumulada, sino como una medición de cuánto depende el régimen contributivo de fuentes fiscales para mantener su continuidad operativa.
La magnitud de esa dependencia se observa con claridad en diciembre de 2025: los giros alcanzaron $4,0 billones, mientras el recaudo fue de $3,2 billones, con un déficit mensual cercano a -$0,8 billones en valores corrientes y de -$0,5 billones a precios constantes. Para un sistema cuyo componente contributivo se concibe como la principal fuente no fiscal de financiamiento, esta tendencia plantea un debate técnico sobre sostenibilidad, suficiencia del recaudo y redistribución efectiva.
Proyecciones advierten continuidad del déficit en 2026 y 2027
Para complementar el análisis histórico del balance financiero del régimen contributivo, la ADRES estimó un modelo ARIMA sobre la serie mensual del déficit entre 2018 y 2025, expresada en millones de pesos constantes de 2018. Esta metodología permite proyectar el comportamiento futuro de una serie temporal a partir de sus patrones previos, incluyendo tendencias, rezagos y componentes estacionales. En este caso, el modelo fue utilizado para estimar la trayectoria esperada de la diferencia entre el recaudo por cotizaciones y los giros reconocidos por UPC.
Los resultados muestran que, bajo las condiciones actuales del sistema, el déficit persistiría durante 2026 y 2027. El documento estima un saldo de -$547.435 millones para diciembre de 2026 y de -$539.217 millones para diciembre de 2027, ambos a precios constantes de 2018. Esta trayectoria confirma que el crecimiento de los giros por UPC continúa superando el ritmo de expansión del recaudo contributivo, aun cuando la serie presenta algunos ajustes mensuales.
La ADRES precisa que este déficit proyectado no constituye una deuda del sistema ni una obligación pendiente de pago. Se trata de una medida del límite de autofinanciamiento del régimen contributivo, calculada como la diferencia entre los recursos recaudados por cotizaciones y los giros por UPC. En la práctica, esta brecha ha sido cubierta con recursos del Presupuesto General de la Nación, lo que evidencia la dependencia creciente del componente contributivo frente al financiamiento fiscal.
La especificación del modelo ARIMA utilizada en el documento fue presentada así:
Ecuación de análisis:
(yt − yt−1) − 0,3875 * (yt−12 − yt−13) − 0,3617 * (yt−24 − yt−25)
= εt − 0,27788 * εt−1 − 2,33615 * dtEsta formulación incorpora diferencias temporales de la serie, rezagos estacionales y un término de error, con el propósito de capturar el comportamiento mensual del déficit. Según el análisis, el modelo también identifica patrones estacionales recurrentes, especialmente en noviembre y diciembre, meses en los que históricamente se observan mayores niveles de presión sobre el balance financiero.
Tabla. Resultados del test Box-Ljung
| Parámetros | Valores |
|---|---|
| X-squared | 14,17 |
| df | 8 |
| p-value | 0,0774 |
No obstante, el documento también advierte limitaciones metodológicas. Las pruebas diagnósticas complementarias muestran desviaciones frente a los supuestos de normalidad y homocedasticidad, por lo que los intervalos de confianza deben interpretarse como una aproximación a la incertidumbre real y no como una medida exacta de precisión. Para la lectura sectorial, el valor del modelo no está en anticipar una cifra única e inamovible, sino en confirmar una tendencia: si no cambian las condiciones de recaudo, cotización o financiamiento, el régimen contributivo mantendrá una brecha estructural entre los ingresos que genera y los giros que debe reconocer para financiar la UPC.
Aportes patronales: el escenario que más cambia el balance
Uno de los ejercicios de simulación más sensibles se relaciona con los aportes patronales del 8,5 % sobre el IBC. De acuerdo con la estimación presentada, su reincorporación generaría un recaudo potencial adicional cercano a $19,4 billones en 2025, equivalente a un incremento del 50,1 % frente al recaudo actual del régimen contributivo. Bajo ese escenario, el déficit observado de -$8,6 billones se convertiría en un superávit aproximado de $10,8 billones.
Recaudo potencial asociado a aportes patronales del 8,5 % Valor a precios corrientes en billones de pesos Serie anual y mensual 2018 a 2025
Las proyecciones del documento señalan, además, que con la incorporación de estos aportes el sistema podría alcanzar un saldo positivo cercano a $611.817 millones en diciembre de 2026 y de $663.861 millones en diciembre de 2027. También se indica que, al analizar rangos de salario mínimo, la incorporación de aportes patronales para empresas que pagan hasta 2 SMMLV permitiría un escenario de autosostenimiento del régimen contributivo.
El documento no presenta estas simulaciones como una decisión de política adoptada, sino como escenarios técnicos de sostenibilidad. Esa distinción es clave, porque sus efectos dependerían de decisiones normativas, fiscales, laborales y económicas que exceden el alcance del análisis.
Contribución solidaria: alto potencial, bajo recaudo efectivo
El mecanismo de contribución solidaria fue diseñado como una herramienta de equidad para garantizar la continuidad del aseguramiento en salud de la población clasificada como “no pobre no vulnerable” según el Sisbén IV, pero que no cumple las condiciones para afiliarse como cotizante o beneficiaria del régimen contributivo. En términos conceptuales, el mecanismo busca ampliar la cobertura y reforzar el principio de solidaridad; sin embargo, la evidencia presentada por la ADRES muestra una brecha relevante entre su alcance potencial y su desempeño efectivo en recaudo y cobertura.
La diferencia se resume en cuatro hallazgos principales:
- Amplio universo potencial, baja participación real: el mecanismo identifica una población potencial cercana a 3,3 millones de personas, pero solo el 0,93 %, equivalente a 30.847 personas, registra pagos efectivos.
- Cobertura efectiva limitada: en marzo de 2026 se reportaron apenas 10.793 pagos, por un valor de $774 millones, lo que confirma que cerca del 99 % de la población objetivo, aproximadamente 3,2 millones de personas, permanece por fuera del mecanismo.
- Recaudo acumulado marginal: entre julio de 2022 y marzo de 2026, la contribución solidaria acumuló $15.241 millones en pesos corrientes, una cifra reducida frente a las presiones financieras del régimen contributivo.
- Bajo peso frente a las necesidades de financiación: al contrastar ese recaudo con el déficit estimado de $8,6 billones para 2025, el aporte de la contribución solidaria representa apenas el 0,18 % de las necesidades de financiamiento identificadas para el sistema.
En consecuencia, aunque la contribución solidaria conserva valor como instrumento de equidad y continuidad del aseguramiento, su incidencia financiera actual es limitada. La lectura técnica es que el mecanismo aún no logra convertirse en una fuente relevante de sostenibilidad para el régimen contributivo, ni en cobertura efectiva ni en capacidad de recaudo. Para el sistema de salud, el reto no está únicamente en la existencia normativa del instrumento, sino en su capacidad operativa para incorporar a la población potencial y transformar esa base en aportes efectivos.
Un documento dentro de una serie sobre los principios de la Ley 100
Este documento hace parte de una serie de análisis orientados a diagnosticar el estado de cumplimiento de los principios estructurales de la Ley 100: eficiencia, solidaridad y universalidad. En este caso, el foco está puesto en la solidaridad y en su expresión financiera dentro del régimen contributivo, a partir de la relación entre recaudo, giros, aportantes, IBC, aportes patronales y contribución solidaria.
Consulte y descargue el documento: Diagnóstico del principio de solidaridad de la ley 100 en el régimen contributivo: dinámica del recaudo y alternativas de sostenibilidad 2018–2025 aquí:
