La salud entrará al nuevo gobierno como una prioridad asistencial y fiscal del designado Ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez. La promesa de una inyección de hasta $10 billones durante los primeros 90 días puede aliviar el flujo de caja, pero su éxito dependerá de tres condiciones: fuente presupuestal verificable, pagos auditados y corrección técnica de la UPC y de los Presupuestos Máximos.
Como se describe el Nuevo MinHacienda designado
Miguel Gómez Martínez se describe de la siguiente manera: “Mi carrera profesional me ha permitido acumular una experiencia diversa y relevante en funciones directivas al más alto nivel. Poseo un excelente conocimiento en asuntos financieros y presupuestarios. He demostrado, en la práctica, mi capacidad para redactar y ejecutar con éxito los proyectos más complejos que requieren planificación, control y supervisión. Mis habilidades incluyen el liderazgo y la motivación de equipos de trabajo. Además, cuento con experiencia en las áreas de gestión de crisis y comunicación.
También tengo conocimientos básicos en temas mineros y petroleros, derivados de negocios particulares con los que he estado vinculado. Debido a mi experiencia académica y profesional, también tengo un buen dominio de la economía ambiental.
Sé cómo funcionan los gobiernos y soy capaz de manejar los procesos de toma de decisiones gubernamentales”.
La salud entra a la agenda central de Hacienda
Miguel Gómez Martínez será el ministro de Hacienda del gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella. Su nombramiento tiene una lectura económica evidente, pero para el sector salud representa algo más profundo: la sostenibilidad del sistema dependerá, desde el primer día, de la capacidad de Hacienda para ordenar caja, deuda, déficit, gasto social y confianza institucional.
Gómez Martínez llega al MinHacienda con una trayectoria amplia en economía, gremios, banca de desarrollo, academia, diplomacia y servicio público. Ese perfil será puesto a prueba en una cartera que recibirá un país con presión fiscal elevada, costo creciente de la deuda, estrechez de caja y demandas sociales acumuladas. En salud, el reto será convertir una promesa política en una operación financiera ejecutable, transparente y orientada a resultados sanitarios.
El Ministerio de Hacienda no formula medicamentos, no autoriza procedimientos y no presta servicios. Define algo igual de decisivo: si el sistema tendrá recursos suficientes, oportunos y trazables para que esas prestaciones ocurran. En la crisis actual, el dinero de la salud se convirtió en un determinante de acceso. La continuidad de una quimioterapia, una diálisis, un antirretroviral, una terapia biológica o una cirugía pendiente depende de decisiones fiscales concretas.
Los $10 billones: choque de liquidez con exigencia técnica
El programa de salud del presidente electo plantea un Plan de Salvamento de 90 días con una inyección inmediata de hasta $10 billones. La medida busca detener la hemorragia financiera y asistencial, restablecer el flujo de recursos, pagar deudas críticas, recuperar tratamientos interrumpidos y garantizar operación a hospitales, clínicas, gestores farmacéuticos y actores esenciales de la cadena.
La propuesta define prioridades: pago de nóminas atrasadas, abono a cartera vencida de la red pública y privada en zonas críticas, recursos urgentes para medicamentos represados, continuidad de tratamientos de alto costo, restauración parcial del flujo de UPC y Presupuestos Máximos, y fortalecimiento inmediato de INVIMA, ADRES, IETS y Supersalud.
El tamaño del anuncio exige precisión. Diez billones de pesos alcanzan para un choque inicial de liquidez, pero resultan insuficientes para cerrar todo el deterioro acumulado si se comparan con las cifras diagnósticas del propio programa: deuda vencida entre $20 y $27 billones, cartera con hospitales, clínicas y proveedores cercana a $24 billones, faltante acumulado entre $15 y $20 billones, pérdidas operacionales de EPS por $3,8 billones al tercer trimestre de 2025 y patrimonio negativo agregado de $11,3 billones.
La diferencia entre “inyectar recursos” y “estabilizar el sistema” será determinante. El salvamento deberá llegar a cuentas conciliadas, servicios críticos, pacientes de alto riesgo, redes territoriales vulnerables y obligaciones que afecten directamente la continuidad asistencial. Cada peso deberá tener trazabilidad: origen, destinatario, concepto, soporte, plazo de pago e impacto esperado.
UPC, Presupuestos Máximos y medicamentos: el núcleo del problema
El programa propone instalar desde la primera semana una Mesa Técnica Nacional de UPC para recalcular en 60 días la suficiencia real de la prima. Ese punto será central. La UPC funciona como el corazón financiero del aseguramiento; cuando queda por debajo del costo real del riesgo, el sistema empieza a trasladar presión hacia prestadores, proveedores, talento humano y pacientes.
El diagnóstico incorporado al programa señala que el ajuste de la UPC para 2025 fue de 5,36 %, frente a una necesidad estimada cercana a 17 %, con un déficit técnico de $9,2 billones. También advierte que los Presupuestos Máximos para tecnologías NO PBS quedaron en niveles muy inferiores a la ejecución previa. Ese desbalance explica una parte relevante del represamiento de servicios, la mora con prestadores y la presión sobre medicamentos.
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La promesa de “cero pacientes sin medicamentos formulados” exige una arquitectura operativa. Depurar órdenes pendientes, priorizar pacientes crónicos y de alto costo, activar compras de emergencia cuando exista riesgo de interrupción, simplificar autorizaciones redundantes y ordenar la dispensación son medidas sanitarias; financiarlas, calendarizarlas y auditarlas será tarea conjunta de Hacienda, Salud, ADRES y los organismos de control.
La crisis de medicamentos muestra que la suficiencia financiera y la gestión operativa deben avanzar al mismo tiempo. Un giro adicional sin limpieza de datos puede alimentar opacidad. Una auditoría estricta sin liquidez puede prolongar barreras de acceso. La salida requiere equilibrio: caja inmediata para proteger vidas y control inteligente para impedir desperdicio, abuso o captura de recursos.
La macroeconomía estrecha el margen de maniobra
El nuevo ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez recibirá la agenda sanitaria en medio de una situación fiscal compleja. Análisis recientes de Bancolombia indican que las operaciones de manejo de deuda han sido útiles para ordenar vencimientos y reducir algunos pagos externos, pero limitadas frente al deterioro estructural del pago de intereses. En sus cálculos, los intereses de deuda interna pasarían de $27,2 billones en 2025 a $42,7 billones en 2026, elevando la carga financiera y el déficit total.
La misma lectura advierte que la caja prevista al cierre de 2026 sería de apenas $7,1 billones, uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas en términos reales. Esa cifra es crítica frente al tamaño de las promesas de gasto y frente a una salud que reclama liquidez extraordinaria. Si la caja pública llega debilitada, el plan de salvamento requerirá fuentes sólidas: reasignaciones presupuestales, adiciones, crédito, operaciones de tesorería, priorización de gasto o una combinación de mecanismos.
Oxford Economics también ubicó a Colombia entre las economías con mayor necesidad de ajuste fiscal para estabilizar deuda: séptima entre 46 economías desarrolladas y emergentes, y cuarta en América Latina. El mensaje técnico es claro: el Estado gasta estructuralmente por encima de sus ingresos y necesitará varios años de disciplina para estabilizar la deuda.
La salud queda atrapada en esa tensión. Representa un derecho fundamental y una obligación inmediata, pero también uno de los rubros que más presiona el gasto público. La solución de fondo exigirá combinar suficiencia sanitaria con responsabilidad fiscal. Pagar tarde encarece el sistema; pagar sin auditoría deteriora la confianza; subfinanciar la UPC destruye redes; expandir compromisos sin fuente aumenta el riesgo macroeconómico.
MinHacienda como garante de confianza sanitaria
La prueba de Miguel Gómez Martínez será diseñar una ruta que haga compatible el salvamento de la salud con la consolidación fiscal. El país necesita una señal rápida de liquidez, pero también una señal estructural de orden. Ese equilibrio puede convertirse en el primer gran test económico y social del gobierno entrante.
La agenda sanitaria debería organizarse en cinco decisiones verificables: fuente fiscal del plan de $10 billones; cronograma público de pagos críticos; recalibración técnica de UPC y Presupuestos Máximos; tablero de trazabilidad de recursos; y plan de reestructuración de EPS intervenidas o financieramente inviables. El propio programa plantea revisar la viabilidad de las EPS al día 180, exigir planes estrictos de desempeño, permitir transformaciones o fusiones cuando corresponda y fortalecer reglas de solvencia.
MinHacienda también deberá apoyar una modernización institucional que cierre espacios a la corrupción y al desperdicio. El programa propone un Régimen Nacional de Información, Trazabilidad y Control del Sistema de Salud, con tableros públicos, analítica de datos, interoperabilidad, vigilancia concomitante y fortalecimiento tecnológico de ADRES, Supersalud, IETS e INVIMA. Esa línea resulta indispensable si la inyección de recursos quiere producir confianza y no solo alivio transitorio.
El enfoque preventivo y predictivo basado en la familia también tendrá implicaciones presupuestales. Georreferenciar hogares, fortalecer equipos básicos, priorizar hogares con carga de enfermedad crónica y construir redes territoriales exigirá inversión inicial, medición de resultados y coordinación entre aseguramiento, prestación y salud pública. La prevención bien financiada puede reducir gasto evitable; la prevención declarativa se queda en discurso.
Comentario de Consultorsalud: el primer cheque del nuevo MinHacienda debe comprar tiempo y confianza
La designación de Miguel Gómez Martínez conecta la política económica con la urgencia sanitaria. El presidente electo Abelardo De La Espriella ha puesto sobre la mesa una cifra potente: hasta $10 billones para un Plan de Salvamento de 90 días. Ese dinero puede comprar tiempo, evitar cierres, normalizar tratamientos y aliviar redes críticas. También puede perder eficacia si se ejecuta sin conciliación, sin priorización y sin trazabilidad.
La salud colombiana requiere una decisión fiscal responsable y una ejecución sanitaria quirúrgica. El país necesita recursos, pero también necesita saber qué se paga, por qué se paga, a quién se paga y qué mejora produce cada pago en la vida del paciente. La nueva administración tendrá que demostrar que la defensa del derecho fundamental a la salud puede convivir con disciplina fiscal, eficiencia, transparencia y control.
Miguel Gómez Martínez será, en la práctica, uno de los garantes del dinero de la salud. Su éxito dependerá de ordenar la caja sin sacrificar vidas, financiar la atención sin desbordar la deuda y reconstruir confianza en un sistema que hoy reclama liquidez, reglas y conducción técnica.
