El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido una demanda interpuesta contra el Gobierno nacional, en la que se denuncia la omisión sistemática de entidades estatales frente a la actual crisis de desabastecimiento de medicamentos en Colombia. La acción fue promovida por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia), y va dirigida contra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
De acuerdo con la demanda, estas entidades habrían incumplido sus funciones constitucionales y legales, afectando directamente el derecho fundamental a la salud, el principio de dignidad humana y el acceso oportuno a tratamientos médicos esenciales para miles de pacientes.
Un deterioro progresivo y estructural del acceso a medicamentos
Según FEDe Colombia, el desabastecimiento de medicamentos no puede considerarse una crisis puntual, sino la manifestación de fallas estructurales y repetidas en el sistema. Entre las causas señaladas están los cuellos de botella en los trámites regulatorios del Invima, las demoras burocráticas en la financiación desde la ADRES, la falta de planificación estratégica en el manejo de inventarios, y la ineficiencia en los procesos de importación y distribución.
“No estamos ante una crisis aislada, sino ante el resultado de fallas repetidas y estructurales. Esta admisión por parte del Tribunal abre la posibilidad de obligar al Gobierno a actuar con la urgencia que la situación exige”, expresó Andrés Caro, director de FEDe. Colombia.
Los efectos sobre la ciudadanía son tangibles. Pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas, huérfanas o en tratamiento posquirúrgico denuncian que sus EPS no les han entregado los medicamentos prescritos durante meses, pese a múltiples solicitudes y acciones de tutela.
¿Qué exige la demanda?
El recurso legal busca que el Tribunal emita una orden judicial de carácter inmediato al Gobierno para que adopte medidas urgentes y efectivas con el fin de superar la crisis. Entre las peticiones destacan:
- Fortalecer el flujo de recursos destinados a la compra y distribución de medicamentos.
- Agilizar los procesos regulatorios en el Invima, especialmente aquellos relacionados con registros sanitarios y trámites de importación.
- Conformar un comité interinstitucional de seguimiento, que articule a todas las entidades responsables para la implementación de soluciones sostenibles.
Estas acciones, según la Fundación, son esenciales para “restablecer el derecho a la salud, garantizar el acceso a medicamentos esenciales y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del sistema sanitario”.
Un panorama nacional cada vez más preocupante
La crisis de abastecimiento de medicamentos ha sido denunciada por múltiples organizaciones médicas, veedurías ciudadanas y medios de comunicación. Solo en 2024, se reportó una insuficiencia del 30% en el suministro de medicamentos esenciales, afectando especialmente a poblaciones vulnerables.
En ciudades como Bogotá, Barranquilla y Medellín, se han registrado largas filas de usuarios en farmacias asociadas a EPS, con quejas constantes por demoras o ausencia total de insumos. Reportes recientes documentan cómo pacientes han tenido que asumir con recursos propios la compra de medicamentos de alto costo para garantizar la continuidad de sus tratamientos.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
Con la admisión de la demanda, el Tribunal de Cundinamarca deberá valorar las pruebas presentadas y convocar a las partes involucradas. El caso podría derivar en la expedición de medidas cautelares de cumplimiento obligatorio, así como en una sentencia de fondo que obligue al Gobierno a modificar o acelerar su estrategia de abastecimiento.
Además, este precedente abre la puerta a nuevas acciones colectivas por parte de pacientes, asociaciones médicas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que buscan incidir de manera directa en la política pública de salud desde el ámbito judicial.
La admisión de esta demanda marca un nuevo capítulo en el debate sobre la gestión estatal del sistema de salud, en particular frente a la garantía del suministro de medicamentos. El caso pone de relieve no solo los efectos de las fallas institucionales, sino también el creciente protagonismo del poder judicial como herramienta para exigir al Gobierno respuestas inmediatas y sostenibles.
El tiempo corre para miles de pacientes cuya vida y bienestar dependen del acceso oportuno a los tratamientos. Mientras el proceso judicial avanza, la expectativa se centra en si el Gobierno nacional responderá a esta alerta con medidas concretas, estructurales y verificables que restablezcan uno de los pilares esenciales del derecho a la salud en Colombia.
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