Son muchas las mujeres que experimentan un trato irrespetuoso y ofensivo durante el embarazo, el parto y el periodo perinatal en centros de salud y que, por omisión o acción, son violentos, incluyendo actos inapropiados o no consensuados que se definen como violencia obstétrica. Este tipo de comportamiento no solo viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también pone en riesgo sus derechos a la vida, la salud, sexuales y reproductivos, la integridad física y a la no discriminación. Estos son inalienables e indivisibles dentro de los derechos humanos. Constituyen un problema de salud pública y de Estado, ya que las prácticas deshumanizantes durante la gestación y el parto generan altos costos sociales y económicos.
Algunos de los actos constitutivos de violencia obstétrica son:
- No atender oportunamente y de manera eficaz las emergencias obstétricas.
- Practicar una cesárea, cuando existen las condiciones adecuadas para un parto natural, sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.
- Obligar a la mujer a parir acostada y/o inmovilizada.
- Negar u obstaculizar la posibilidad de cargar y amamantar al bebé o la bebé inmediatamente después del nacimiento.
Las mujeres que sufren violencia durante el embarazo tienen más probabilidades de padecer complicaciones obstétricas, como parto prematuro o aborto espontáneo. Según la OMS, en 2020, murieron casi 800 gestantes cada día, por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto, lo que equivale a una muerte materna cada dos minutos. A pesar de que la razón de la mortalidad se ha reducido a escala mundial en un 34% aproximadamente entre 2000 y 2020, sigue siendo muy alta. Alrededor de 95% de todas las muertes maternas se dieron en países de ingresos bajos y medianos-bajos.
En el año 2016, la Universidad Industrial de Santander desarrolló un estudio en el que se recabaron testimonios de mujeres que experimentaron diversas situaciones durante la atención de sus partos. Los resultados de la investigación evidenciaron que, además de sufrir violencia obstétrica, las pacientes tuvieron que afrontar situaciones que las hicieron sentir ultrajadas e inconformes, las cuales fueron neutralizadas por ellas mismas.
Este informe puso de manifiesto una problemática en la que se identifica que el personal de salud, en algunos casos, no cuenta con la capacitación necesaria para brindar una atención digna durante el embarazo y el parto. Asimismo, en ocasiones desconocen sus derechos y la existencia de este tipo de violencia, lo que dificulta su capacidad para reconocer las agresiones y tomar medidas al respecto.
De acuerdo con el Análisis de Situación de Salud (ASIS) del Ministerio de Salud, se ha observado que entre los años 2005 y 2018, la mortalidad neonatal en el área rural dispersa ha sido entre una y tres muertes más frecuentes por cada 1.000 nacidos vivos en comparación con los centros poblados o cabeceras municipales, como Bogotá, Medellín y Cali. A pesar de que las tasas generales de mortalidad neonatal han disminuido, se mantiene la desigualdad en la atención obstétrica en el tiempo.
Diariamente, 114 familias enfrentan la pérdida de un ser querido en Colombia, debido a muerte gestacional, la cual se define como el fallecimiento del feto entre la vigésima octava semana de gestación y el séptimo día de nacimiento. Según el DANE, esta problemática es aún más preocupante en regiones como Vichada, Guainía Casanare, Vaupés, Chocó, Buenaventura y San Andrés. Durante el año 2020, se registraron altas tasas de mortalidad perinatal y neonatal en estos territorios, lo que evidencia la necesidad de implementar estrategias efectivas para prevenir y reducir estas cifras.
En Colombia, no se ha establecido una normativa específica que garantice la protección contra la violencia obstétrica y las proteja contra ella. Sin embargo, se han propuesto iniciativas en el Senado para prevenirla y sancionarla, como el proyecto de ley “Parto Digno” y el proyecto de ley “Violencia Obstétrica”. Además, existen leyes vigentes que protegen a las mujeres de todas las formas de violencia, como la Ley 1257 de 2008, que busca erradicar la violencia contra las mujeres.
En consecuencia, se ha emprendido una iniciativa orientada a transformar el sistema y erradicar progresivamente estas condiciones de vulnerabilidad, como el Proyecto de Ley “Brazos Vacíos”. es una iniciativa presentada en el país, que busca establecer la obligación del Ministerio de Salud y Protección Social de expedir un lineamiento de atención integral y humanizada de la muerte y el duelo perinatal, es decir, la pérdida de un hijo durante la gestación, el parto o el postparto.
El proyecto fue presentado ante el Senado de la República el 28 de julio de 2021 y posteriormente aprobado en tercer debate en la Cámara de Representantes el 4 de octubre de 2022. Si éste pasa una plenaria más, solo restaría la firma del presidente Gustavo Petro para que se convierta en ley. El objetivo es brindar a las mujeres y sus familias las garantías necesarias para afrontar estos procesos donde se presentan vacíos en la atención y el acompañamiento emocional.
¿Qué hacer para prevenir y erradicar este tipo de maltrato?
- Se requiere un mayor apoyo por parte de los gobiernos y los socios en el ámbito del desarrollo para impulsar las investigaciones y acciones relacionadas con el maltrato y la falta de respeto en el sector de la salud.
- Es necesario iniciar, respaldar y mantener programas específicos diseñados para mejorar la calidad de la atención de la salud materna, poniendo especial énfasis en la atención respetuosa como un componente esencial de la atención de calidad.
- Es fundamental resaltar el derecho de las mujeres a recibir una atención de salud digna y respetuosa durante el embarazo y el parto.
- Se debe involucrar a todas las partes interesadas, incluyendo a las mujeres, en los esfuerzos para mejorar la calidad de la atención y eliminar las prácticas ofensivas e irrespetuosas en el ámbito de la salud materna.
La atención obstétrica debe ser brindada por personal de salud capacitado y comprometido con el bienestar de la madre y el recién nacido, y que las instituciones de salud brinden una atención integral y de calidad a las mujeres embarazadas, La prevención y el tratamiento de las complicaciones obstétricas, como las infecciones, las hemorragias y la preeclampsia, son fundamentales para reducir la mortalidad materna y mejorar la salud de la madre y el recién nacido.
Aunque se han logrado avances en la reducción a nivel mundial, aún queda mucho por hacer para garantizar que todas tengan acceso a una atención médica adecuada. Además, se debe promover la educación y la conciencia sobre los derechos durante la gestación y el parto, con el fin de prevenir situaciones de este tipo de violencia y garantizar una atención digna y respetuosa. Implementando estrategias que permitan mejorar la calidad de la atención obstétrica en el área rural y cerrar la brecha de desigualdad en la atención de la salud materna y neonatal entre las zonas urbanas y rurales.
