En la sesión del Consejo de Ministros, el Gobierno concentró su mensaje sectorial en la financiación del sistema de salud, articulándolo con el decreto de emergencia económica y con la presión presupuestal que, según explicó, generan decisiones judiciales y tensiones operativas del aseguramiento. El bloque sanitario giró alrededor de cuatro ejes: la orden de la Corte Constitucional sobre la UPC, el desempeño y resultados financieros atribuidos a las EPS, los hallazgos citados sobre uso de recursos y, finalmente, el efecto de embargos sobre pagos de medicamentos, con el caso puntual de Colsubsidio como ejemplo.
Durante la sesión, se ubicó la salud como un componente de obligaciones “inaplazables” dentro de la emergencia, en particular por el costo fiscal inmediato de la nivelación de la UPC del régimen subsidiado. A partir de allí, el Ministerio de Salud llevó el debate hacia el modelo de aseguramiento insistiendo en que la discusión no se limita a suficiencia de recursos, sino a la forma en que se administran y llegan o no a la red prestadora y a los pacientes, especialmente en lo relacionado con medicamentos.
UPC y auto 2049: la obligación presupuestal inmediata que el Gobierno cuantificó en $3,3 billones
El Ministerio de Hacienda afirmó que la Corte Constitucional, mediante el auto 2049 del 10 de diciembre de 2025, ordenó equiparar la prima pura de la UPC del régimen subsidiado al 95% de la prima pura del régimen contributivo. En la sesión se explicó que ese mandato es “sobreviniente y reciente” y que obliga al Estado a responder de manera inmediata con recursos adicionales.
Ese punto quedó sintetizado en una frase presentada como eje de la coyuntura sanitaria: “la Unidad por Capitación en Salud obliga el gobierno a inmediatamente hacer una inversión de cerca de 3,3 billones en las UPC”. Con esa base, se sostuvo que la UPC se convierte en una obligación fiscal de corto plazo que debe ser atendida dentro del paquete de medidas de emergencia.
El Ministerio de Salud complementó la explicación ubicando el debate en una brecha previa entre regímenes. Según indicó, en 2022 “decidieron aumentar la UPC del contributivo en 18%” sin replicar el ajuste en el subsidiado, razón por la cual “para 2026” se busca “igualdad otra vez”. En ese mismo bloque, el ministro expuso que la UPC habría aumentado 30,4% en términos reales en el periodo referido.
EPS y aseguramiento: siniestralidad, utilidades y la crítica a la gestión del riesgo
Tras explicar la UPC, el Ministerio de Salud movió el foco hacia el rol de las EPS en el aseguramiento. En su intervención, el ministro sostuvo que las EPS están llamadas a cumplir funciones indelegables, pero afirmó que “no trabajan como aseguradores”. En esa línea, enumeró responsabilidades que, según dijo, no se estarían ejecutando adecuadamente.
Para respaldar esa postura, presentó cifras de siniestralidad que, en su lectura, contradicen el discurso de insuficiencia permanente de recursos. Los porcentajes citados fueron 86,2% (2019), 97,3% (2020), 97,6% (2023) y 84,9% “hasta octubre” del año al que se refería en la sesión.
En paralelo, se presentaron cifras de utilidades atribuidas a EPS en un cuadro mencionado en la exposición. Entre los ejemplos citados estuvieron: “Total Salud, 178 mil millones de pesos. Sura, 222”, además de otras cifras listadas en el mismo bloque. El ministro añadió un elemento sobre el sector prestador: sostuvo que “150” empresas de clínicas privadas habrían obtenido utilidades en 2024 por $5,22 billones, según la cifra mencionada en la sesión.
Contraloría, excedentes y facturación: el inventario de cifras que el Gobierno puso sobre la mesa
El Ministerio de Salud conectó la discusión de EPS con lo que describió como desvíos o falta de soportes sobre recursos del sistema. Señaló que se trataba de un reporte de la Contraloría y afirmó: “en una sola audiencia la Contraloría encontró en 2020, 2021 y 2022 que las EPS no pudieron mostrar qué habían hecho con los excedentes de 11,57 billones”, particularmente en pandemia. Agregó que “en el último reporte, en diciembre de 2024”, se mencionaron 2,71 billones, y concluyó que, sin incluir 2023, se trataba de 14 billones “sin claridad en el uso y destino”.
En ese mismo apartado se incluyeron referencias a copagos y cuotas moderadoras, citadas como un flujo de “más de un billón y medio” y “cerca de dos billones de pesos” sobre el cual, según dijo, no se tendría claridad del uso dentro de las EPS. También se citaron episodios de facturación: “1.138 muertos” con servicios que continuaron siendo facturados, y una cifra asociada de $1.482.000.000; además de pagos por encima del precio máximo por $2.119.000.000 “solo desde 2019.
Colsubsidio y medicamentos: embargos, flujo de caja y el bloqueo a la compra
El tramo más operativo del bloque de salud se centró en medicamentos y embargos. El ministro de Salud afirmó que existen recursos retenidos por decisiones judiciales que, según su versión, están bloqueando la capacidad de compra de una EPS intervenida. En ese contexto, relató el caso de Colsubsidio y lo conectó con una interrupción del suministro: “íbamos a resolver el problema hoy con Colsubsidio… y resulta que embargaron los 60 mil millones de pesos que íbamos a darle a Colsubsidio hoy, para que empezara de nuevo a proveer los medicamentos”.
En ese mismo intercambio se señaló que la situación no puede continuar y se afirmó que “nadie hace absolutamente nada, ni la Fiscalía ni nadie”, según lo dicho. También se planteó que algunas IPS estarían solicitando embargos y que jueces estarían accediendo a esas medidas, por lo que se mencionó la necesidad de identificar actores vinculados al fenómeno.
Consejo de Estado y liquidación de EPS: la advertencia sobre pagar deudas antiguas con la UPC actual
En el cierre del bloque sanitario, tambén se mencionó una decisión del Consejo de Estado que, según lo dicho, permite que “con la nueva UPC” se paguen “las viejas UPC”. La afirmación se presentó como un giro con efectos estructurales, al señalar que ello “desfiguró todo el sistema” porque implicaría destinar recursos del aseguramiento actual a deudas acumuladas, afectando la atención presente.
A partir de esa lectura, en la discusión se planteó una conclusión operativa que fue expresada en términos directos: “no hay otro camino que liquidar las EPS”, al considerar que el esquema resultaría inviable si los recursos corrientes terminan absorbiendo pasivos antiguos.
Finalmente, el bloque conectó financiación con medidas tributarias. Se dijo que el decreto incluye un capítulo de impuestos para proteger salud, con un aumento del impuesto al consumo de licores basado en una metodología sustentada en un estudio del Banco Mundial y ajustes también sobre tabaco. En la sesión se mencionó que ese conjunto de medidas acercaría el recaudo a 1,6 billones de pesos, y el ministro lo defendió como una herramienta alineada con objetivos de salud pública.
Entre tanto, el Gobierno dejó planteado que la discusión sobre la financiación del sistema de salud no se reduce únicamente al monto adicional de la UPC ordenado por la Corte, sino que incluye la forma en que fluyen y se controlan los recursos dentro del aseguramiento, especialmente en el frente de medicamentos y cartera.
En ese marco, la sesión cerró con dos líneas de acción mencionadas: por un lado, atender el ajuste inmediato de la UPC y, por otro, respaldar el recaudo propuesto (incluidos los “impuestos saludables”) y las medidas de gestión para evitar que embargos y disputas financieras interrumpan la provisión, manteniendo el debate abierto a las decisiones judiciales y al trámite institucional que corresponda.
