Descargue al final la Resolución 2026100000003814-6
La Superintendencia Nacional de Salud por medio de la Resolución 2026100000003814-6 dejó en firme la prórroga de la intervención forzosa administrativa para administrar a Nueva EPS por un año más, con lo que la medida seguirá vigente hasta abril de 2027. La decisión no solo prolonga el control estatal sobre la aseguradora, sino que abre una nueva etapa en su conducción con la designación de Jorge Iván Ospina Gómez como nuevo agente interventor, en reemplazo de la administración saliente, que deberá rendir cuentas de su gestión.
La determinación llega después de una cadena de seguimientos institucionales que, según la Superintendencia, no permitieron cerrar los hallazgos que dieron origen a la medida en 2024. Aunque Nueva EPS mantuvo crecimiento en su base de afiliados durante el periodo intervenido, ese comportamiento no estuvo acompañado de mejoras suficientes en acceso, oportunidad y continuidad de los servicios. Sobre esa base, la autoridad concluyó que las condiciones que motivaron la toma de posesión seguían vigentes y que, por tanto, era necesario prolongar la intervención.
La resolución, firmada el 10 de abril de 2026 por la superintendente nacional de salud ad hoc, Luz María Munera Medina, recompone además el trayecto reciente de la EPS dentro del sistema. Allí se recuerda que la primera toma de posesión para administrar fue ordenada el 3 de abril de 2024, que en noviembre de ese año se produjo un relevo en la intervención y que en marzo de 2025 fue reinstalada la asamblea de accionistas. Sin embargo, los nuevos seguimientos técnicos, jurídicos y financieros llevaron a la Supersalud a concluir que los problemas de fondo persistían.
¿Por qué se prorrogó la intervención de Nueva EPS?
La respuesta de la Supersalud se concentra en un punto central. La EPS siguió mostrando fallas que, a juicio de la autoridad, afectan la atención de sus afiliados y comprometen su capacidad para operar bajo parámetros adecuados de aseguramiento. En el seguimiento realizado durante la prórroga anterior se registró un aumento de las inconformidades, con un crecimiento anual de 14,25% en las solicitudes radicadas y una tasa mensual de reclamos de 33,97 por cada 10.000 afiliados, por encima del promedio nacional.
La presión más visible se ubicó en la entrega de medicamentos, la atención de varias especialidades médicas y el suministro oportuno de tecnologías en salud. La Superintendencia advirtió que Nueva EPS no logró demostrar capacidad efectiva para asegurar la entrega completa y oportuna de medicamentos e insumos en todos los departamentos donde opera, una situación que mantuvo abiertas las alertas sobre continuidad en los tratamientos y oportunidad en la atención.
A esto se sumaron dificultades en la red de prestadores. La evaluación institucional registró avances parciales, pero todavía insuficientes, en el seguimiento y control de la red, con desempeño inestable en IPS domiciliarias, resultados deficientes en IPS hospitalarias y ausencia de mediciones estandarizadas en gestores farmacéuticos. La Supersalud también mantuvo observaciones sobre fallas en interoperabilidad, debilidades tecnológicas y problemas de gobernanza contractual que siguen afectando la respuesta operativa de la EPS.
En el frente asistencial permanecieron, además, rezagos en salud infantil, coberturas de vacunación, tamización de cáncer, seguimiento de diabetes y continuidad en la entrega de medicamentos e insumos. Para la autoridad, esas brechas reflejan que la gestión integral del riesgo en salud todavía no alcanza un nivel de implementación capaz de corregir de forma sostenida los problemas que impactan a la población afiliada.
Las alertas financieras siguieron marcando el rumbo de la medida
La continuidad de la intervención también estuvo respaldada por hallazgos financieros de gran tamaño. La Superintendencia sostuvo que Nueva EPS incumplió de manera sistemática el reporte de información exigida desde marzo de 2024, lo que limitó la evaluación actualizada de sus condiciones financieras y de solvencia. A ese panorama se sumó la falta de aprobación de los estados financieros de 2023, una situación que bloqueó el cierre contable de vigencias posteriores y complicó la consolidación de cifras oficiales ante la autoridad.
Uno de los datos más sensibles fue el represamiento en el procesamiento de cuentas médicas. Al inicio de la intervención se había detectado un rezago de 5,7 billones de pesos, pero para diciembre de 2025 ese acumulado ya ascendía a 14,9 billones, equivalentes a más de 14,2 millones de facturas pendientes de procesar. Esa brecha, según la Supersalud, distorsiona la realidad financiera de la EPS e impide establecer con precisión el tamaño real de sus pasivos.
En paralelo, los anticipos girados crecieron 115% hasta alcanzar 17,1 billones de pesos a noviembre de 2025. También aumentaron las cuentas por pagar a la red prestadora y proveedora, que pasaron de 18,38 billones en diciembre de 2024 a 26,09 billones en noviembre de 2025, un alza de 24%. En contraste, el 92% de las cuentas por cobrar estaba concentrado en la ADRES, principalmente por recobros No UPC y presupuestos máximos. Ese conjunto de cifras explica por qué la situación financiera siguió siendo uno de los soportes principales para extender la medida.
La Superintendencia concluyó, además, que Nueva EPS continuaba inmersa en causales previstas en el artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. A las ya identificadas por incumplimientos normativos y de capital se sumó la relacionada con inconsistencias graves en la información suministrada, lo que reforzó la decisión de no desmontar el control estatal sobre la entidad.
El cambio de interventor marca una nueva etapa en la administración de la EPS
Junto con la prórroga, la Supersalud definió un relevo en la conducción de la entidad. Luis Oscar Galves Mateus deberá presentar la rendición de cuentas de su gestión, mientras que Jorge Iván Ospina Gómez fue designado como nuevo agente interventor de Nueva EPS. Ese movimiento no es menor dentro de la resolución, porque reorganiza el mando de la intervención en un momento en que la autoridad insiste en acelerar correctivos sobre la operación, la red, la situación jurídica y el frente financiero.
Ospina Gómez tendrá a su cargo la guarda y administración de los bienes de la EPS y deberá asumir funciones en un plazo de cinco días hábiles después de la notificación. Luego contará con 30 días calendario para presentar un plan de trabajo orientado a enfrentar reclamaciones en salud, revisar la operación de la red, fortalecer la atención en eventos de alta complejidad, corregir fallas financieras y reforzar la gestión jurídica y contractual.
La nueva etapa también incluye la separación del gerente o representante legal, de la junta directiva y de la asamblea de accionistas, además de la facultad para adoptar medidas de salvamento y constituir una junta asesora. Con ello, la Supersalud no solo prolongó la intervención de Nueva EPS, sino que dejó instalado un nuevo ciclo de administración bajo control estatal directo, con cambio de interventor y con la expectativa de que, en este nuevo periodo, la entidad logre responder a los hallazgos que siguen abiertos desde 2024.
Descargue aquí la Resolución de la Supersalud:
