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Supersalud podrá negar venta de más del 10% de una EPS – Proyecto de Decreto

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El Ministerio de Salud y Protección Social, publicó el proyecto de decreto mediante el cual reglamenta el artículo 75 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, en el cual se estipuló que la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) deberá aprobar cualquier operación que incida en la composición del capital o del patrimonio de las EPS.

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En el artículo 75 de la Subsección 3 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 (PND 2018 -2022), se establecen las competencias de inspección, vigilancia y control de la Supersalud, frente a todo acto jurídico que tenga por objeto o efecto la adquisición directa o indirecta del 10% o más de la composición de capital o del patrimonio de una EPS.

En el artículo 75 del PND se estipula a para grosso modo:

  • Reconocer los presupuestos de ineficacia de pleno derecho de estas operaciones
  • Examinar la idoneidad, responsabilidad y carácter de las personas interesadas en adquirir una EPS
  • Negar la citada aprobación, en caso de evidenciar que el interesado o potencial adquirente, o alguno de sus socios incurren en ciertas actividades.

Cabe recordar que el parágrafo 2º del artículo 75 del PND indica que El Ministerio de Salud y establecerá los parámetros necesarios para definir el beneficiario real de la transferencia, así como su identificación.

Por tal razón hace una semana el Ministerio de Salud publicó el proyecto de decreto en el que precisa estos aspectos.

¿Qué reglamentará el decreto?

En primer lugar, el proyecto de acto administrativo indica que a solicitud previa del interesado o interesados en adquirir de forma directa o indirecta el diez por ciento (10%) o más de la composición de capital o del patrimonio de una EPS, sin importar la naturaleza jurídica del acto y la entidad o si el inversor es nacional o extranjero, el Superintendente Nacional de Salud aprobará tal operación mediante acto administrativo.

El superintendente podrá negar la operación cuando no exista suficiente información acerca de la idoneidad, responsabilidad y carácter de los adquirentes.

Cabe aclarar que es responsabilidad de los interesados su acreditación oportuna al momento de iniciar la actuación ante la Superintendencia Nacional de Salud.

Hay que recordar que el artículo 75 también estipula los siguientes razones como válidas para negar la operación:

  • Haber sido condenado por delitos relacionados con el manejo de recursos públicos.
  • Que haya sido condenado por delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito.
  • Haber sido objeto de declaración de extinción de dominio.
  • Que haya sido sancionado por infringir las normas legales o reglamentarias sobre la integración vertical y de posición dominante.

¿Cómo será el trámite de la aprobación?

La Supersalud, dentro de los diez días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, informará al interesado, si los documentos fueron suficientes.

En caso de que no sean suficientes, comunicará a los solicitantes los documentos restantes que deberá hacer llegar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir del recibo de la comunicación.

En caso de entregar los documentos, se entenderá que desistió de la solicitud.

Vencido este término, la Supersalud contará con un término de treinta (30) días hábiles para resolver la solicitud.

Cabe aclarar que contra la decisión adoptada por la Supersalud, sea positiva o negativa, solo procede el recurso de reposición.

Definiciones a tener en cuenta

El Ministerio de Salud precisó cómo entenderá algunos conceptos para efectos del presente acto administrativo:

  1. Adquisición directa de una EPS: Acción de adquirir total o parcialmente, acciones, cuotas, partes de interés, participación en capital o patrimonio de una EPS, sin necesidad de intermediario(s).
  2. Adquisición indirecta de una EPS: Acción de adquirir total o parcialmente, acciones, cuotas, partes de interés, participación en capital o patrimonio de una EPS, a través de intermediario(s).
  3. Beneficiario real de la transferencia: Cualquier persona o grupo de personas que, por sí misma o a través de interpuesta persona, en virtud de cualquier acto jurídico, controle una EPS de manera directa o indirecta.
  4. Entre los beneficiarios reales de la transferencia están las personas con las siguientes características:
  • Aquella(s) persona (s)que tengan acción(es) cuota(s), parte(s) de interés, participación en capital o patrimonio, que corresponda a un porcentaje equivalente o superior al 25% del capital social de la EPS.
  • Las personas que sin reunir los porcentajes relacionados en el literal anterior, tengan la facultad o el poder de votar en la elección de los administradores de una EPS, o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenación o el gravamen de la acción(es) cuota(s), parte(s) de interés, participación en capital o patrimonio del capital social de la EPS.

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Corte ordenó a EPS garantizar intérpretes a pacientes con pérdida auditiva

Sala Primera de Revisión, amparó los derechos a la salud de una persona con discapacidad auditiva que no recibió atención en salud oportuna.

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Luego hacer pública la denuncia presentada por un hombre trans, con discapacidad auditiva, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, amparó los derechos fundamentales a la salud e integridad del joven.

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¿CÓMO FUE LA TUTELA?

El hombre que se encuentra actualmente, activo, en calidad de independiente, de Compensar E.P.S. asistió al centro médico para realizarse un proceso de transformación corporal o tránsito de género, pero al presentarse a sus citas tuvo múltiples barreras para el acceso, eficaz y oportuno a los servicios de salud, en ese sentido, Indicó el joven “Compensar E.P.S. no elimino esas barreras, por el contrario, las  aumentó”.

Además, afirmó “le indicó al personal administrativo de Compensar E.P.S. que él era una persona con discapacidad auditiva y, por lo tanto, para el día de la cita necesitaba que la E.P.S. le brindara el servicio de interprete, o le permitiera el acceso a una de sus redes de internet para conectarse al centro de relevo, a fin de establecer una comunicación eficaz con el profesional de la salud.

En respuesta a su solicitud, señaló, la institución indicó que el servicio de conexión a internet era limitado en algunas sedes, de tal forma que no le podían garantizar una comunicación plena y efectiva con el personal médico y administrativo.

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¿QUÉ DICE EL FALLO?

Por su parte, el pronunciamiento de la Corte Constitucional no se hizo esperar, mediante la sentencia T-406-19, la Corte aseguró “La discapacidad auditiva del accionante no puede constituir una barrera que restrinja irrazonablemente su derecho a expresarse en el marco del acceso a los servicios de salud. Por lo tanto, Compensar E.P.S. debe garantizarle, bien sea a través del servicio de intérprete o el acceso a una de sus redes de internet, una comunicación oportuna, precisa y eficaz”. De esta manera la Corte Constitucional dejó en claro que los pacientes con sordera deben contar con intérpretes durante los procesos de atención médica.

Así mismo, indicó la Corte “La creación de barreras para establecer una comunicación oportuna y eficaz, restringe irrazonablemente el derecho a la libertad de expresión, y a la salud en el caso concreto, como quiera que impiden, expresarse libremente, a fin de comunicar sus deseos, en este caso relacionados con el proceso para llevar a cabo el tránsito de género; recibir información completa y oportuna sobre los procedimientos solicitados para llevar a cabo ese proceso; y, en esa medida, suministrar el consentimiento informado necesario para realizar cualquier tipo procedimiento médico”.

“Dadas la condición de discapacidad del accionante, no le fue posible acceder a la información suficiente sobre su proceso de tránsito de género, y los procedimientos que necesita para tal efecto. La entidad accionada no tuvo en cuenta la condición de discapacidad auditiva del accionante a fin de proveerle los medios necesarios para que este accediera, efectivamente, a los servicios de salud. Tal omisión, restringió irrazonablemente el derecho de accesibilidad a los servicios de salud en condiciones de igualdad”, añade el fallo.

El alto tribunal consideró que la petición de tener un intérprete o red de internet para el programa en línea es idónea, necesaria y proporcional. “La imposibilidad de comunicarse, de manera oportuna y eficaz, restringe irrazonablemente los derechos fundamentales del accionante, en contraste con el sacrificio que supondría para la entidad accionada conceder acceso a una de sus redes de internet para que aquel pueda conectarse al centro de relevo”, agrega el fallo.

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Nuevo respiro de habilitación financiera a las EPS

Minsalud actualiza las condiciones de habilitación financiera que deben cumplir las EPS para efectos de su permanencia en el SGSSS.

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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social publicaron el decreto 1683 de 2019 con el que actualizarán las condiciones de habilitación financiera que deben cumplir las EPS para efectos de su permanencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS, esto con el firme propósito de otorgar liquidez al sistema de salud y lograr el saneamiento de las cuentas de recobro relacionadas con los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC.

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Sanciones impartidas por la Supersalud

Así mismo, el documento aclara que debido a las recientes sanciones impartidas por la Supersalud durante su función de  inspección, vigilancia y control, las condiciones actuales de habilitación financiera de las entidades responsables del aseguramiento, ha evidenciado la entidad, afrontan dificultades en los plazos establecidos, como consecuencia del inadecuado flujo de recursos del SGSSS, especialmente, de los que cubren los servicios y tecnologías no financiados por la UPC.

En este orden de ideas, a través de la ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional han indicado que considera necesario adoptar medidas urgentes que permitan mejorar la verificación de las condiciones financieras y el flujo de recursos entre los diferentes agentes del SGSSS, y que de esta manera se impacte en los prestadores de servicios de salud, proveedores y en general, todos los intervinientes en el proceso del aseguramiento y la prestación de los servicios de salud.

De igual manera, expuso “modificar ciertas condiciones para evitar afectar el equilibrio del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la concentración de afiliados de manera descontrolada y una acumulación de acreencias insolutas a la red de prestadores de servicios de salud”, que están plasmadas en el decreto 780 del 16 de mayo del 2016, o Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

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Nuevos plazos

Por otra parte, El documento también estipula un nuevo plazo para que las EPS cumplan las condiciones de habilitación que contempla la ley. “Las entidades responsables del aseguramiento en salud deberán cumplir con las condiciones de habilitación a más tardar el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con la progresividad que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para el cumplimiento de dichas condiciones”. A demás, indica “a partir del 1 de enero de 2021, las instituciones responsables del aseguramiento en salud deberán cumplir de forma permanente con las condiciones de habilitación”.

De esta manera, el acto administrativo les brinda un nuevo respiro a las EPS para que puedan cumplir las condiciones de habilitación y permanencia establecidas.

Finalmente, la nueva norma  reitera que las EPS deberán mantener inversiones de al menos el 100% del saldo de sus reservas técnicas del mes calendario inmediatamente anterior. Como requisito general, las inversiones deben ser de la más alta liquidez y seguridad. Dichas inversiones, se deben mantener libres de embargos, gravámenes, medidas preventivas, o de cualquier naturaleza que impida su libre cesión o transferencia. Cualquier afectación de las mencionadas impedirá que sea computada como inversión de las reservas técnicas.

dOCUMENTO ADJUNTO

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Gobierno pide ajuste del SGP para financiar aseguramiento del subsidiado

Proyecto de decreto busca desagregación de los recursos del SGP para financiar parte del aseguramiento del régimen subsidiado.

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Los ministerios de Hacienda y Salud, en conjunto con el Departamento de Planeación Nacional, dieron a conocer el proyecto de decreto mediante el cual determinan que el  Gobierno nacional podrá utilizar de manera temporal los recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- con destino al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET hasta por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS ($492.000.000.000 m/l) para ser destinados al Sistema General de Participaciones del sector Educación. El saldo de SETECIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($700.000.000.000) se destinará al financiamiento del aseguramiento del régimen subsidiado en salud.

También puede ver: Análisis sobre la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

El documento indica que dichos recursos serán desagregados por entidad territorial, por el DNP con base en los criterios y fórmulas previstas en la normativa aplicable para la distribución de los recursos de dicho componente, utilizando las variables certificadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a la vigencia fiscal respectiva.

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