Con una advertencia directa sobre el costo humano de la crisis, un grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de Salud y Protección Social sostiene que el sistema de salud colombiano arranca 2026 más desfinanciado y con decisiones recientes que agravan los riesgos para pacientes y usuarios. En su declaración, el grupo afirma que las determinaciones adoptadas por el Gobierno nacional en el último tiempo dejan un resultado “claro y alarmante” para quienes dependen del sistema: “mayor incertidumbre, mayores barreras de acceso, mayor sufrimiento y muerte”.
El documento señala que 2025 terminó mal para usuarios y pacientes, y que 2026 inicia con medidas que profundizan la desfinanciación y el deterioro del servicio. También plantea que estas decisiones se habrían adoptado con “preocupante indiferencia” frente a advertencias “técnicas, institucionales y humanas” formuladas durante el año anterior.
Los firmantes recuerdan que, desde 2022 y de manera reiterada durante 2025, han expresado públicamente su preocupación por el rumbo del sistema. Enfatizan que sus alertas “no han sido aisladas ni ideológicas” y que han coincidido con pronunciamientos de la sociedad civil y de los principales órganos de control y garantía del Estado.
Impacto en pacientes: deuda concentrada, riesgo financiero y más barreras de acceso
El pronunciamiento atribuye un impacto grave en pacientes a las intervenciones y decisiones recientes, al señalar que estas han “concentrado la deuda y el riesgo financiero”, deteriorado el acceso a los servicios y aumentado la incertidumbre, el sufrimiento y las barreras para usuarios y pacientes. En ese contexto, el grupo enmarca el inicio de 2026 como un punto de continuidad del deterioro vivido en 2025, con un sistema más tensionado en su capacidad de respuesta.
La declaración vincula esa afectación con un entorno de desfinanciación estructural, que según ellos se ha profundizado por fallas técnicas persistentes asociadas al cálculo y ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Para los exfuncionarios, los efectos ya se reflejan en el acceso, en la continuidad de servicios y en un incremento de la incertidumbre para pacientes y familias.
En el documento también se refuerza la idea de que el deterioro no se limita a una discusión administrativa, sino a condiciones que se expresan en obstáculos para obtener atención, mayor angustia en hogares y un sistema con mayor fragilidad financiera en su operación cotidiana.
¿Qué evidencia institucional respalda la desfinanciación del sistema de salud y el desacato señalado?
El grupo sostiene que la Corte Constitucional, mediante autos proferidos en 2024 y 2025, reiteró que el sistema de salud enfrenta un problema estructural de desfinanciación asociado de manera directa al cálculo y ajuste de la UPC. En ese marco, el documento menciona señalamientos sobre “uso de información incompleta”, “falta de aplicación de la metodología actuarial vigente” e “incumplimiento de órdenes judiciales” orientadas a garantizar la suficiencia financiera del sistema y la protección efectiva del derecho fundamental a la salud.
A esa lectura judicial, los firmantes suman advertencias provenientes de otros órganos de control. En particular, refieren que la Procuraduría General de la Nación habría alertado sobre la fragilidad financiera del sistema y la ausencia de rigor técnico en decisiones de política pública. En el mismo sentido, señalan que la Defensoría del Pueblo habría advertido un deterioro del acceso, un “aumento sostenido de quejas y tutelas” y una creciente angustia de pacientes y familias.
El documento agrega que estos llamados institucionales no se limitan a diagnósticos generales, sino que también han abordado los efectos de las medidas aplicadas en el sistema. En ese punto, la declaración incorpora lo que atribuye a la Contraloría General de la República: que las ocho intervenciones administrativas adelantadas no corrigieron las causas estructurales de la crisis y, por el contrario, “han concentrado la deuda y el riesgo financiero”, debilitando la capacidad operativa de EPS e IPS y deteriorando el flujo de recursos.
Con ese contexto, los firmantes conectan el problema financiero con el cumplimiento de órdenes previas. En cuanto al componente institucional, afirman que el Gobierno nacional cerró 2025 sin corregir rezagos históricos de la UPC, incumpliendo nuevamente órdenes de la Corte relacionadas con el reconocimiento de insuficiencias pasadas, aspecto que el documento describe como uno de los núcleos de la desfinanciación estructural. Para el grupo, esa omisión prolonga un desacato y mantiene un desafío abierto frente a la máxima autoridad constitucional.
Salario mínimo 2026, déficit y UPC: cifras de presión fiscal y aumentos reportados como insuficientes
El grupo de firmante ubica una presión adicional en el incremento del salario mínimo decretado para 2026. Según el documento, aunque esa decisión mejora el poder adquisitivo de cerca del 10% de la población laboralmente activa, genera un efecto significativo sobre las finanzas públicas y sobre el sistema de salud. En ese punto, cita que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal habría estimado que el déficit aumentaría en 5,3 billones de pesos en 2026 por esa razón.
Para el sector salud, la declaración estima que el incremento del salario mínimo implica un costo adicional cercano a 4,5 billones de pesos, equivalente aproximadamente al 40% de los recursos anunciados por el propio Gobierno para el incremento de la UPC. En el mismo apartado, el documento sostiene que ese impacto no fue incorporado en los cálculos técnicos de necesidad de financiación realizados por equipos expertos de ANDI y ACEMI, que estimaban para 2026 un incremento requerido de la UPC entre 15% y 17%.
Bajo ese escenario, el grupo afirma que el aumento del 16% de la UPC del régimen subsidiado es insuficiente porque no absorbería el choque de costos inducido por el salario mínimo. Además, el documento sostiene que ese ajuste incumple una orden histórica de la Corte Constitucional: cerrar la brecha entre los regímenes contributivo y subsidiado, orden vigente desde la Sentencia T-760 de 2008, frente a la cual gobiernos anteriores hicieron “los mayores esfuerzos” para corregirla.
En el régimen contributivo, el incremento anunciado del 9 %, aunque supera el ajuste de 2025 limitado al IPC (5,3 %), sería insuficiente frente a una necesidad estimada de financiación del 17 % para 2026, incluso sin incorporar el costo por el aumento del salario mínimo. En consecuencia, el documento afirma que se configura “un nuevo frente de desfinanciación” que se suma a rezagos acumulados.
ADRES, metodología actuarial y capacidad técnica: traslado de funciones y debilitamiento institucional
Otro componente del documento es la referencia a la metodología actuarial. El grupo menciona una “evasión sistemática” de la metodología actuarial y el traslado de responsabilidades técnicas a la ADRES, entidad que “no fue diseñada ni fortalecida para esta función”, mientras se debilita la capacidad técnica del Ministerio de Salud, señalado como la autoridad competente para estas decisiones.
Esta mención se articula con el planteamiento central del pronunciamiento sobre la insuficiencia financiera, en tanto los firmantes enfatizan que los cálculos y decisiones asociadas a la UPC deben responder a criterios técnicos y a órdenes judiciales vigentes, en un contexto en el que el sistema acumula rezagos y nuevas presiones de costos.
El pronunciamiento concluye con una reafirmación de la defensa del derecho a la salud, el respeto a la Constitución, el acatamiento de la ley y la obediencia a las instituciones democráticas. Además, el grupo manifiesta su voluntad de trabajar por un consenso “basado en la evidencia” que permita solucionar la crisis y evolucionar hacia un mejor sistema de salud.
