Secretaría de la Mujer: aún hay barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo

Ante la polémica generada estos últimos días por la supuesta interrupción del embarazo de una mujer de 23 años con siete meses de gestación en un punto de atención de Profamilia, la Secretaría de la Mujer se pronunció diciendo que aún persisten las barreras que impiden el acceso de las mujeres a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La Secretaría de la Mujer de Bogotá enumeró las principales barreras que existen en el sistema de salud colombiano para acceder a un procedimiento de aborto seguro, también, señaló que no se debe retroceder en esta materia pese a las demandas que están cursando en la corte constitucional y que están siendo estudiadas por la misma. Esta secretaría defendió las causales de aborto establecidas por la Sentencia C-355 de 2006, argumentando que su no cumplimiento aumenta la brecha de desigualdad, e incluso raya en la discriminación.

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Barreras de acceso

A continuación, se exponen los principales obstáculos para acceder a este servicio:

1. Existe un enorme desconocimiento en materia legal acerca de la Interrupción Voluntaria del Embarazo –IVE-, se exhorta a las entidades pertinentes a divulgar la sentencia y las normas que establecen el aborto como un derecho bajo sus tres causales.
2.  En la atención en salud los principales obstáculos son:
   • No existen protocolos que contengan los lineamientos del Ministerio de Salud para realizar el procedimiento,
   • No se autoriza el procedimiento bajo el argumento de que las mujeres no cumplen con los requisitos,
   • Se cuestiona o se intenta disuadir a las mujeres frente a su decisión, haciéndolas sentir culpables y juzgando su autonomía sexual y reproductiva; las mujeres no deben ser juzgadas ni criminalizadas por tomar decisiones sobre su vida y salud,
   • Se solicitan requisitos adicionales, como la realización de juntas médicas o la autorización de madres-padres o de jueces,
   • Faltan instituciones y prestadores en los niveles departamental, distrital y municipal, con capacidad técnica y profesional para realizar el procedimiento,
   • Se niegan certificaciones médicas necesarias para acceder a la IVE,
   • Existe violencia ginecobstétrica derivada de la solicitud de la IVE,
   • Falta capacitación a profesionales de la salud para la práctica del procedimiento
3. El ejercicio inadecuado de la objeción de conciencia, cuando los profesionales de la salud se niegan a realizar el procedimiento sin tener argumentos válidos.
4. La tipificación del aborto como un delito.
5. Se le quita autoridad a la mujer de decidir sobre su cuerpo, poniendo como principales autores de esta decisión al personal médico quien decide si el embarazo coincide con alguna de las 3 causales de aborto.
6. No hay acciones de inspección, vigilancia y control por parte de las entidades pertinentes a las instituciones prestadoras de servicios que se niegan a realizar una IVE.
7. Se vulnera principalmente a las mujeres indígenas, rurales, migrantes, niñas menores de 14 años y mujeres con discapacidad quienes tienen aún más barreras para acceder al servicio.
8. Existe una enorme brecha en el acceso a la IVE relacionada con la capacidad económica de las mujeres. Cifras de la Secretaría de Salud muestran que del total de abortos registrados entre 2014 y 2019 en Bogotá (52.726), cerca del 82% se realizó a través de servicios particulares.
9. Estigmatización social de las mujeres que deciden someterse a una IVE
10. En casos de violencia sexual, las barreras son aún más profundas. Entre las más comunes se encuentran:
    • No admitir la denuncia,
    • Realizar procedimientos de toma de denuncia revictimizantes (por ejemplo, indagar y cuestionar los comportamientos personales de las mujeres o no dar credibilidad a la versión de la víctima),
    • Solicitar información detallada sobre el agresor,
    • Advertir sobre repercusiones penales por efectuar la denuncia o acceder a la IVE.