En un contexto marcado por desfinanciamiento, deterioro del acceso, incremento del gasto de bolsillo y un INVIMA con atrasos estructurales, AFIDRO y PROESA presentaron La ruta de la salud para el futuro del país, un documento técnico construido que define tres decisiones urgentes para el próximo Gobierno; rediseñar la UPC con criterios técnicos y transparentes, transformar estructuralmente el INVIMA y adoptar un modelo de acceso basado en valor que mejore la disponibilidad de medicamentos sin comprometer la sostenibilidad financiera. Durante el evento, expertos de la industria, la academia y centros de investigación coincidieron en que el acceso a servicios y medicamentos está en riesgo real, afectando continuidad terapéutica, resultados clínicos y la estabilidad del sistema.
Acceso en riesgo: medicamentos y continuidad de tratamientos en el centro de la crisis
A lo largo del evento se evidenció una coincidencia transversal entre industria, academia y analistas, el acceso a servicios y medicamentos atraviesa un deterioro progresivo. De acuerdo con los informes recientes de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General citados durante la presentación, las PQR en salud han registrado incrementos significativos, mientras se multiplican las denuncias por desabastecimiento, negaciones y retrasos en tratamientos en departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Santander y Bogotá.
La directora de PROESA, Victoria Eugenia Soto, explicó que las necesidades de salud del país han cambiado de forma sustantiva en los últimos años. Si antes la mayoría de las quejas se concentraba en la falta de citas con especialistas o en los tiempos de oportunidad, hoy según el análisis expuesto cerca de una tercera parte de los reclamos está asociada a medicamentos, lo que impacta directamente la adherencia a tratamientos y los desenlaces clínicos. A modo de ejemplo, PROESA identificó en pacientes diabéticos insulino-dependientes caídas de hasta 60% en atenciones y de 52% en personas atendidas entre 2023 y 2024, un comportamiento que ayuda a dimensionar la magnitud del problema en enfermedades crónicas.
Soto también alertó sobre el incremento reciente del gasto de bolsillo, especialmente en los hogares de menores ingresos, a partir de la información de la Encuesta de Calidad de Vida. Aunque en años previos se había consolidado una reducción de este indicador, los datos más recientes muestran un repunte en los quintiles más pobres, con aumentos superiores a los observados en los hogares de mayores ingresos. Según la simulación presentada por PROESA, si las familias tuvieran que asumir directamente el manejo de enfermedades crónicas sin la protección financiera actual, la proporción de hogares con gasto catastrófico en salud podría llegar hasta el 67%, con implicaciones directas sobre empobrecimiento y desigualdad.
Financiamiento en tensión: una UPC insuficiente y un sistema operando al límite
La ruta de la salud para el futuro del país parte de un diagnóstico compartido, el sistema de salud opera con una brecha estructural de desfinanciamiento, en la que la UPC la prima que financia los servicios de salud no refleja el costo real de la atención. Durante su intervención, Ignacio Gaitán, presidente de AFIDRO, recordó que, el sistema enfrenta un hueco financiero en la UPC cercano a 10 billones de pesos, que se suma a una tendencia de siniestralidad superior al 100% en varias EPS y a una cartera vencida que, según los rangos expuestos por PROESA, oscila entre 20 y 27 billones de pesos en toda la cadena de aseguramiento y prestación.
Victoria Soto señaló que la metodología de cálculo de la UPC se ha debilitado por la ausencia de informes de suficiencia en los últimos dos años, por el uso incompleto de información del régimen subsidiado y por la falta de ajustes que incorporen envejecimiento poblacional, carga de enfermedad crónica, diferencias territoriales y resultados en salud. A ello se suma un subregistro persistente de datos de prestación y una trazabilidad limitada sobre los costos reales de los servicios, lo que reduce la confianza entre los actores.
Frente a este panorama, la ruta de la salud propone la creación de una mesa técnica nacional en la que participen el Ministerio de Salud, EPS, IPS, industria, academia y organizaciones de pacientes, con el fin de acordar una metodología de cálculo de la UPC transparente, auditable y basada en datos completos de ambos regímenes. La mesa debería, según los proponentes, definir no solo el valor de la prima, sino sus criterios de ajuste por riesgo, territorio y desempeño en salud.
En paralelo, AFIDRO y PROESA plantean la conformación de un fondo de saneamiento que reconozca las deudas históricas acumuladas, estabilice el flujo de recursos hacia prestadores y proveedores, y permita que el sistema mantenga su operación mientras se implementan las reformas de fondo. La lógica explicaron los expertos es evitar que el sistema “se quede sin gasolina” en el corto plazo, al tiempo que se corrigen las fallas estructurales en el cálculo de la UPC y en la gestión del riesgo financiero.
Un INVIMA en crisis operativa: represamiento, desfinanciamiento y pérdida de competitividad
El componente regulatorio fue uno de los ejes más sensibles de la jornada. María Angélica Sánchez, directora de Asuntos Regulatorios de AFIDRO, advirtió que el INVIMA se encuentra en una situación crítica, producto de un desfinanciamiento acumulado y de una sobrecarga de funciones que no ha sido acompañada por el fortalecimiento institucional. Según las cifras presentadas, la entidad ha sufrido un desfinanciamiento cercano al 30% en los últimos años, se sostiene en tasas que no se han actualizado y que, además, no retornan de manera proporcional al instituto, y opera con una planta de personal insuficiente en la que varios cargos definidos no han sido provistos.
Esta combinación se traduce en un represamiento estructural de trámites. De acuerdo con el balance expuesto, el INVIMA registra alrededor de 12.000 trámites atrasados, y los tiempos reales de evaluación distan ampliamente del parámetro normativo: mientras la regulación establece 10 meses como tiempo estándar para aprobar nuevos registros sanitarios, el promedio observado en los últimos años asciende a 32 meses, y se han documentado casos de innovaciones farmacéuticas que tardaron hasta seis años en ser evaluadas, pese a contar ya con aprobación en decenas de países.
Un documento técnico del Departamento Nacional de Planeación (DNP), presentado al Congreso en diciembre de 2024 y citado durante el evento, concluye que estos retrasos tienen efectos directos sobre la inversión, la producción nacional, la investigación clínica y la generación de empleo en el sector farmacéutico. Las encuestas empresariales de la ANDI, mencionadas en la presentación, muestran que una proporción relevante de compañías ha detenido decisiones de contratación e inversión como consecuencia de los cuellos de botella regulatorios.
Para enfrentar esta situación, el documento propone un paquete de acciones inmediatas y de mediano plazo:
- Transformar el INVIMA mediante una ley que le otorgue autonomía técnica, administrativa y financiera, garantizando su sostenibilidad.
- Digitalizar al 100% los trámites regulatorios, eliminando procesos en papel y habilitando la trazabilidad completa de las solicitudes desde el radicado hasta la decisión final.
- Adoptar buenas prácticas de confianza internacional promovidas por la OMS, para acelerar la evaluación de medicamentos mediante el reconocimiento de decisiones de autoridades regulatorias de alta vigilancia.
- Reconfigurar la Comisión Revisora con expertos clínicos y académicos independientes, alineando su funcionamiento con estándares internacionales.
- Reorientar el foco institucional hacia la inspección, vigilancia y control sanitario, reforzando la capacidad del INVIMA para enfrentar productos falsificados, subestándar y riesgos sanitarios en el mercado.
Innovación basada en valor: acuerdos de riesgo compartido y nuevas fuentes de financiación
En el capítulo de innovación y valor terapéutico, Aurelio Mejía, director de Asuntos Públicos y Legales de AFIDRO, resaltó que la innovación farmacéutica ha cambiado de manera decisiva el curso de enfermedades como la hepatitis C, el VIH, numerosos tipos de cáncer y otras patologías crónicas. Recordó que, en las últimas décadas, se han desarrollado centenares de nuevas moléculas que han permitido tasas de curación superiores al 95% en algunas enfermedades y han transformado otras de fatales a crónicas controlables.
Sin embargo, Mejía advirtió que Colombia no está aprovechando plenamente estos avances debido a dos factores; los retrasos regulatorios ya descritos y la falta de mecanismos que midan y remuneren el valor real de las tecnologías en función de sus resultados en la vida real. En este punto, evocó estimaciones de la Organización Mundial de la Salud según las cuales entre el 20% y el 40% del gasto en salud es potencialmente ineficiente, lo que abre una ventana para reorientar recursos hacia intervenciones con alto impacto en salud y en productividad social.
Sobre esta base, tanto Mejía como Victoria Soto plantearon la conveniencia de avanzar en un modelo de acceso basado en valor, que incluya:
- Pilotos de negociación basados en valor, con posibilidad de escalamiento progresivo, en los que el precio y las condiciones de acceso estén vinculados al desempeño clínico de las tecnologías.
- Acuerdos de riesgo compartido, en los que el pago de determinados medicamentos o tecnologías se condicione a resultados observados en los pacientes o a metas clínicas predefinidas.
- Evaluaciones integrales de valor, que incorporen no solo eficacia y seguridad, sino también impacto en reducción de hospitalizaciones, uso de camas, tiempos de atención, complicaciones y productividad laboral.
- Mayor integración entre industria, aseguradores, prestadores y gobierno, para aprovechar el conocimiento técnico acumulado y orientar las decisiones hacia tecnologías con mejor relación costo-beneficio.
En materia de financiación, durante el espacio de preguntas y respuestas se presentaron varias alternativas para diversificar las fuentes de recursos sin debilitar la equidad del sistema. Entre ellas se mencionaron los bonos de impacto social aplicados a programas específicos de salud, impuestos con destinación específica a intervenciones sanitarias prioritarias, el uso estratégico de recursos de regalías para inversiones en salud y el desarrollo de esquemas de microseguros o seguros inclusivos que, articulados con el aseguramiento público, ayuden a reducir la presión sobre el financiamiento tradicional.
Una ruta de país para los primeros 100 días del próximo gobierno
La ruta de la salud para el futuro del país no se presentó como una posición gremial ni como un insumo exclusivo del sector farmacéutico, sino como un conjunto de propuestas estratégicas diseñadas para orientar las decisiones inmediatas del próximo gobierno. Durante su intervención, Ignacio Gaitán subrayó que la discusión sanitaria debe salir del terreno ideológico y entrar en el ámbito técnico. “No podemos seguir discutiendo la salud desde la ideología; tenemos que hacerlo desde la evidencia, desde los datos verificables y desde las decisiones que garanticen acceso, continuidad y sostenibilidad”, afirmó ante los asistentes.
Gaitán señaló que el propósito de esta hoja de ruta es ofrecer una base común para que el nuevo gobierno tome decisiones desde el primer día, con criterios de eficiencia y con una visión de país. Según coincidieron los panelistas, las medidas deben ser tramitadas mediante consensos amplios entre el Ministerio de Salud, las EPS, las IPS, la industria farmacéutica, las organizaciones de pacientes y la academia, con el fin de construir un marco de acción nacional que permita estabilizar el sistema en el corto plazo.
El cierre del encuentro resaltó que Colombia enfrenta un punto de inflexión. El deterioro en acceso, los problemas regulatorios, el aumento del gasto de bolsillo y las tensiones financieras demandan decisiones técnicas inmediatas. Las propuestas de AFIDRO y PROESA apuntan a que esos consensos se estructuren con metas claras, seguimiento público y criterios de evaluación que permitan verificar su impacto en la protección del acceso a servicios y medicamentos en todo el territorio nacional.
