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Revocadas 5 EPS en la Guajira para el Subsidiado

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La Superintendencia Nacional de Salud dando cumplimiento a lo anunciado por el Dr. Norman Julio Muñoz en el XI Congreso Nacional de Salud organizado por CONSULTORSALUD,  ha comenzado una serie de revocatorias de habilitación parciales a diferentes EPS, que no han podido documentar el pleno cumplimiento de su capacidad para realizar una gestión integral del aseguramiento a las poblaciones de la Guajira.

Esta decisión, está alineada con la Política de Atención Integral en Salud- PAIS, que pretende darle un manejo diferente y elevar el nivel de protección sectorial a las poblaciones ubicadas en el entorno definido como “Colombia Dispersa”, cuyo piloto ha sido el Departamento de Guainía.

A diferencia de lo ocurrido en Guainía, la alta guajira tiene unas características especiales, que incluyen la presencia de EPSI (EPS Indígenas) y de IPSI (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Indígenas), estas últimas que se asemejan a las Empresas Sociales del Estado. 

Por eso, para este proceso la Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional solicitó la elaboración de una metodología cuyo objetivo consistía en generar una calificación estandarizada y homogénea de las EPS del Régimen Subsidiado en la Guajira, que facilitará el análisis integral y la toma de decisiones por parte de la Superintendencia.

 

QUIENES PODRIAN QUEDAR COMO GESTORES EN LA ALTA GUAJIRA?

CONSULTORSALUD cree que podrian estar dentro del sonajero de las principales candidatas a manejar el nuevo modelo de aseguramiento basado en la gestion del riesgo financiero, el agenciamiento y la gestion del riesgo en salud en su orden:

  1. Mutual Ser EPS, y
  2. Cajacopi EPS

 

C0MO SE EVALUO A LAS EPS QUE FUERON REVOCADAS PARCIALMENTE EN LA GUAJIRA?

Si Ud. pertenece a una EPS que esta asentada en los territorios de la colombia dispersa (orinoquia, amazonia, anden pacifico y san andres), tome atenta nota sobre la forma como lo van a evaluar inmediatamente para decidir si continua en el territorio o es deshabilitado:

Para el componente técnico científico se generaron 4 indicadores: red prestadora de servicio general y específica por trazadores, desnutrición y calidad de la atención medido a través de un indicador compuesto por otros 19 indicadores trazadores, definidos en la Resolución 1446 de 2006, que se encuentran enmarcados en cuatro dominios: accesibilidad y oportunidad, calidad técnica, gerencia del riesgo y satisfacción.

En el componente de flujo de recursos se utilizaron 2 indicadores: componente coincidencias cuentas y componente coincidencias financieras. A partir de los diferentes componentes se calculó el indicador final para cada EPS.

Las EPS que no cumplieron con uno o varios de esos requisitos, y a las que se les revoca parcialmente la habilitación en el departamento de la Guajira son: Caja de Compensación Familiar de Córdoba “COMFACOR”, COMPARTA EPS-S, COOSALUD E.S.S, AMBUQ ARS y Nueva EPS Régimen Subsidiado.

De acuerdo con los actos administrativos publicado por la Superintendencia, estas entidades se encuentran inmersas en el régimen de autorización previa y por lo tanto no podrán modificar su capacidad de afiliación sin autorización de la Superintendencia.

Las entidades tienen un periodo de defensa de cinco (5) días hábiles, para desvirtuar los hallazgos encontrados por la Superintendencia.

Seguramente estamos próximos a ver los siguientes pasos por parte del gobierno, que son la convocatorio pública, para escoger el operador o los operadores de aseguramiento en la alta guajira, y el establecimiento de una oferta asistencial suficiente basada en redes integrales y soportada en servicios de telesalud.

Será muy interesante ver si la Supersalud, toca el aseguramiento indígena, dándole un tratamiento uniforme a los cumplimientos y castigando las potenciales fallas de las EPSI con revocatorias como lo ha hecho con las EPS de naturaleza distinta; un trato preferente, por su condición de aseguradores de poblaciones indígenas, sería altamente inconveniente, frente a un modelo que pretende comportarse como un sistema que avanza en el mejoramiento continuado de la calidad, y quiere superar los errores de pasado: lo importante es lograr el objetivo central de mantener la salud o recuperarla en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de secuelas individuales, familiares y sociales, independientemente de la naturaleza jurídica del gestor seleccionado, dentro de un proceso transparente y participativo.

Descargue:

Resolución 3254  de 2016 SNS – Revocada habilitación Comfacor EPS CCF en la Guajira

Resolución 3255  de 2016 SNS – Revocada habilitación Comparta EPS en la Guajira

Resolución 3256  de 2016 SNS – Revocada habilitación Coosalud en la Guajira

Resolución 3257  de 2016 SNS – Revocada habilitación Ambuq EPS en la Guajira

Resolución 3258  de 2016 SNS – Revocada habilitación Nueva EPS RS en la Guajira

 

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Médicos defienden su autonomía – Piden retirar dos proyectos de ley

Gran polémica ha causado en los diferentes gremios médicos los proyectos de Ley 104, que modifica la Ley 23 de 1981 de Ética Médica; y el 056, por el cual se reglamentan las especialidades médicas y quirúrgicas, los cuales se radicaron en el Congreso de la República hace algunas semanas.

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Gran polémica ha causado en los diferentes gremios médicos los proyectos de Ley 104, que modifica la Ley 23 de 1981 de Ética Médica; y el 056, por el cual se reglamentan las especialidades médicas y quirúrgicas, los cuales se radicaron en el Congreso de la República hace algunas semanas.

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Al momento de su radicación, los Congresistas y médicos de profesión, José Luis Correa, del Partido Liberal y Jairo Giovany Cristancho, del Partido Centro Democrático, anunciaron con bombos y platillos la llegada de un proyecto de ley que finalmente actualizaría, tras 38 años, el código de ética en el país.

Sin embargo la noticia de estos proyectos, no cayó bien en el grueso de agremiaciones médicas, quienes solicitaron a los representantes retirar ambos proyectos.

A través de una misiva firmada por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Federación Médica Colombiana, la Asociación Nacional de Internos y Residentes (Anir), la Asociación Colombiana Médica Estudiantil (Acome) y la Asociación Médica Sindical Colombiana (Asmedas), extendieron su solicitud a los congresistas, argumentando varios aspectos.

¿Qué le preocupa a los gremios?

En primer lugar, las agremiaciones médicas expresan su “profundo malestar” por la radicación de los proyectos de Ley 104 y el 056.

“Queremos manifestarles nuestro profundo malestar frente al alcance de los dos Proyectos que entrañan una amenaza para el ejercicio de la medicina y las especialidades médicas”, dice la carta que podrá encontrar adjunta al final de este artículo.

1. Violaciones a la ley estatutaria de salud

En primer lugar, las agremiaciones consideran que en ambos proyectos se vulneran elementos esenciales de la Ley Estatutaria como la calidad e idoneidad profesional y pilares como la Autonomía bajo el marco de la Autorregulación.

Asimismo, indican que se vulneran preceptos constitucionales como la libre asociación y la autodeterminación de las reglas que guían el desempeño de las agremiaciones en un Estado Social de Derecho.

2. No hubo participación

Por otra parte, en la carta, los gremios, expresan que no fueron tenidos en cuenta en la construcción de estos proyectos, a diferencia de como se han elaborado estos documentos en el país, donde históricamente las agremiaciones médicas han tenido un rol activo y participativo.

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“Las organizaciones firmantes que representamos a todos los médicos del país, en ningún momento fuimos consultados ni sobre las motivaciones, redacción ni contenido de los proyectos en mención, que se desmarcan del objeto definido, con claridad, en la Ley Estatutaria de la Salud”, dice el texto.

La petición de los gremios

Teniendo en cuenta lo anterior, los gremios médicos solicitaron a los representantes retirar los proyectos y entablar un diálogo para exponer las necesidades del sector.

“Solicitamos respetuosamente el retiro de ambos proyectos de ley por las razones expuestas, pero con la invitación simultánea a dialogar para exponerles nuestras propuestas que aspiramos, en una perspectiva amplia, resuelvan los aspectos pendientes bajo el marco de la Ley Estatutaria de la Salud y se consolide el goce efectivo de un derecho fundamental para todos los ciudadanos”, concluye la carta.

¿Qué dice la Federación Médica colombiana?

En diálogo con CONSULTORSALUD, el presidente de la Federación Médica Colombiana, doctor Sergio Isaza, explicó el porqué de la molestia de los gremios y la razón por la que enviaron la carta a los representantes Correa y Cristancho.

Inicialmente, Isaza señaló que las agremiaciones médicas hicieron la petición a los representantes porque no se les tuvo en cuenta en la construcción de los proyectos, tal y como s eha hecho históricamente.

En ese sentido, el presidente de la Federación Médica precisó que los gremios médicos del país elaboraron 16 postulados que propiciaron el acuerdo nacional que antecedió a la redacción y sanción de la Ley Estatutaria de la Salud 1751 del 15 de febrero del 2015

“Lo que pedimos es que antes de que se diera iniciativa a estos proyectos se nos tuviera en cuenta, por ejemplo la ley 1164 sobre el Talento Humano en Salud la construimos entre la Federación Médica y el Colegio Médico Colombiano”, señaló Isaza.

El dirigente gremial recordó que hay una historia de proactividad por parte de los profesionales médicos en la construcción y participación en las propuestas de leyes, que hoy son leyes que funcionan y rigen.

Isaza indicó que si bien en la construcción de los proyectos pudo haber participación de algunos médicos, no se tuvo en cuenta a los gremios que representan al grueso de profesionales.

“Lo que pedimos es que cuando se vaya a tocar cualquier tema que tenga que ver con práctica profesional y la autonomía profesional, se nos consulte”, argumentó Isaza, quien aseguró que los gremios están dispuestos a trabajar en la construcción de los proyectos junto con los parlamentarios.

¿Qué dicen los proyectos de ley?

Proyecto de ley 104 – Ética Médica

El proyecto busca modificar y adicionar algunos artículos de la Ley 23 de 1981 “por lo cual se dictan Normas en Materia de Ética Médica”. 

Según los ponentes, el proyecto consiste en actualizar las normas generales y procedimentales del Código de Ética Médica, teniendo en cuenta que la relación médico-paciente es primordial durante el ejercicio profesional.

En general, el proyecto de ley actualiza o agrega apartados a diferentes artículos de la Ley 23 de 1981.

De acuerdo con Correa con la actualización se establecen los principios de la ética médica, incluyendo temas actuales como la eutanasia y el aborto.

Proyecto de ley 056 – Especialidades médicas

Este proyecto de ley tiene por objeto reglamentar las especialidades médicas y quirúrgicas, dictar disposiciones sobre su ejercicio, funciones, derechos, deberes y establecer reglas para el ejercicio profesional.

Según Correa con el proyecto se busca estipular qué hace una especialidad, los requisitos para ejercerla y algunas precisiones en materia de formación.

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Colombia busca adoptar Política Pública de Prevención y Tratamiento de la Infertilidad

Desde la perspectiva de los Derechos Humanos Sexuales y los Derechos Reproductivos, (DSDR), la infertilidad cobra gran importancia en Colombia y con ella, el debate sobre la adopción de una Política Pública de Prevención y Tratamiento de la Infertilidad en el país.

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El Gobierno Nacional a través de  la  aprobación de la Ley 1953 de 2019, insta al Ministerio de Salud y Protección Social a formular una política pública que establezca los lineamientos para orientar la prevención y el tratamiento de la infertilidad dentro de los parámetros de la salud reproductiva.   El desarrollo de esta política, se promueve, mediante el “sistema de seguridad social en salud” atendiendo a las disposiciones de la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015).

En este contexto, desde la perspectiva de los Derechos Humanos Sexuales y los Derechos Reproductivos, (DSDR), la infertilidad cobra gran importancia en Colombia y con ella, el debate sobre la adopción de una Política Pública de Prevención y Tratamiento de la Infertilidad en el país.

Infertilidad en Colombia

Aunque el proyecto normativo se encuentra en borrador, permite vislumbrar en el horizonte una solución a la problemática que se enfrenta. Según estudios recientes reportan que la prevalencia mundial de infertilidad varía entre el 3% y el 16.5% en países desarrollados y entre el 3.9% y 9.3% en países no desarrollados, además de ser catalogada por la Organización Mundial de la Salud –OMS-, como un problema de salud público.                                                                           

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Causas de la infertilidad

Por consiguiente, las causas de infertilidad pueden ser atribuidas a las condiciones de salud reproductivas de las mujeres, los hombres o de ambos. Al respecto, un estudio realizado por la OMS, en países desarrollados, reportó que el factor femenino estuvo asociado en el 37% de los casos, el factor masculino en el 8%, ambos factores asociados en el 35% mientras que el 20% restante fueron diagnosticados con infertilidad inexplicada. Así mismo, estima que actualmente en  Colombia hay más de dos millones de personas con problemas de infertilidad, y el costo de los tratamientos oscila entre 17 y 25 millones de pesos.

Cifras

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía en Salud (ENDS) en 2015, el 12,1% de las mujeres de 15 a 49 años que desean uno o más hijas o hijos han tenido problemas de fertilidad. La situación de la infertilidad se concentra en el grupo de mujeres de 40 a 44 años con el 25.4%.

El 13.6% de las mujeres con problemas de infertilidad, han alcanzado un nivel educativo superior, seguido de las de nivel educativo básico primaria (11.5%), sin educación formal (10%) y secundaria (8%). Las mujeres con nivel de educación superior son el grupo que reporta el más alto porcentaje de consulta con un especialista (45.1%), al igual que las de los quintiles de riqueza alto y más alto (41.8% para los dos grupos), las del grupo en el quintil más bajo de riqueza reportan el menor porcentaje de consulta con especialista (31.7%) al igual que las mujeres que no están buscando más hijos (18%)

Política Pública de Prevención y Tratamiento de la Infertilidad

La Política según el Ministerio de Salud busca entre otras cosas asegurar el pleno ejercicio de las garantías sexuales y reproductivas y su protección a través del Sistema de Seguridad Social en Salud.

Además, reglamentará el acceso a los tratamientos de infertilidad mediante técnicas de reproducción humana asistidas o Terapias de Reproducción Asistida (TRA) conforme a los lineamientos técnicos para garantizar el derecho con recursos públicos, bajo el enfoque de derechos sexuales y derechos reproductivos contenidos en el modelo del Plan Decenal de Salud Pública.

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Gestión y fortalecimiento institucional 

Así mismo, el proyecto que cursa en el ministerio de salud obliga a las Instituciones prestadoras de servicios salud que realicen  prevención, diagnóstico o tratamiento de la infertilidad cumplan con los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores y habilitación de servicios de salud determinados en el Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud.

En consecuencia, el proyecto también incluye que de acuerdo a lo establecido será el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) quien tenga la competencia para la inspección, vigilancia y control de los requisitos que deben cumplir los Bancos de Gametos y Embriones y lleve el registro de estos bancos.

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Minsalud fija lineamientos para operación del Sistema General de Riesgos Laborales en el SAT

Minsalud fijó los lineamientos generales para la operación del Sistema General de Riesgos Laborales-SGRL en el SAT.

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El Ministerio de salud y Protección social publicó la resolución 2389 de 2019 mediante el cual  fijó los lineamientos generales para la operación del Sistema General de Riesgos Laborales-SGRL en el Sistema de Afiliación Transaccional -SAT- y adoptó el formulario de afiliación y traslado del empleador al Sistema General de Riesgos Laborales.

En el documento define las reglas que deben cumplir quienes intervengan en la afiliación, el reporte de novedades y la disposición de la información relevante en relación con este, y adoptar el formulario de afiliación y traslado del empleador en el Sistema General de Riesgos Laborales – SGRL.

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¿A quiénes aplica?

Por consiguiente, las disposiciones contenidas en el texto administrativo aplicarán a las entidades Administradoras de Riesgos Laborales -ARL, a los empleadores, a las entidades o universidades públicas de los Regímenes Especial y de Excepción, a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, a las misiones diplomáticas, consulares o de organismos multilaterales no sometidos a la legislación colombiana; a los pagadores de aportes de contrato sindical, respecto de afiliado participe-dependiente; a las entidades territoriales certificadas en educación, a las instituciones de educación y a las escuelas normales superiores y, a las entidades, empresas o instituciones públicas o privadas donde se realicen prácticas formativas de estudiantes.

Operación del sistema general de riesgos laborales en el sistema de afiliación transaccional

En consecuencia, el Ministerio de Salud y Protección Social incorporará, en el portal web miseguridadsocial.gov.co, las funcionalidades para que los usuarios puedan realizar las transacciones de afiliación, reporte de novedades y consultas al Sistema General de Riesgos Laborales.  

Los empleadores podrán además realizar en el SAT las transacciones de reporte de las novedades que se derivan de su condición de empleador, así como aquellas que corresponden a sus trabajadores. Los trabajadores independientes y los afiliados voluntarios a riesgos laborales podrán registrar las novedades que les apliquen.

Reporte de la afiliación

La afiliación y reporte de novedades al SGRL a través del SAT, relacionadas con los empleadores, los trabajadores y los estudiantes en práctica formativa, no los exime del cumplimiento de las obligaciones definidas por el ministerio de salud. De igual manera, la operación del SAT no releva a las ARL del cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la afiliación y derivadas de esta, así como la verificación de novedades.

Por lo anterior, una vez entre en operación la afiliación y novedades del SGRL a través del SAT, las transacciones efectuadas en éste primarán sobre la afiliación y reporte de novedades realizadas directamente a la ARL o de las novedades reportadas a través de la Planilla Integrada de Aportes – PILA.

Reporte de información del empleador

Por consiguiente, las personas jurídicas que tienen la calidad de empleador, al momento de la activación del “Rol Empleador”, deberán adjuntar el RUT, cuando el SAT no tenga esta información de referencia. 

Funcionalidades del Sistema General de Riesgos Laborales en el SAT.

De este modo, la entrada en operación de las funcionalidades del SGRL en el SAT se realizará de manera gradual, a partir del 5 de febrero año 2020, y se dispondrán las siguientes novedades:

Reporte de información de las ARL

Por último, las ARL deberán reportar al SAT, a través de las especificaciones definidas en el Anexo 2, a partir del 6 de noviembre de 2019.  A continuación, usted podrá descargar la resolución 2389 de 2019 que fija estos lineamientos.

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