En un importante desarrollo para la reforma a la salud, el Ministerio de Hacienda presentó una nueva estimación del costo, sin ser el aval fiscal de la iniciativa del Gobierno Nacional. Para la cartera, la aprobación del proyecto viene con una condición crucial: la necesidad de implementar recortes de gastos para cubrir un déficit de $2.9 billones de pesos.
Durante la tarde del martes, el Ministerio de Hacienda presentó un nuevo documento fiscal sobre la reforma a la salud en el Congreso de la República. Como se lee en sus páginas, “El documento no incluye la expresión “aval fiscal”, porque no es un término legal, y tampoco la expresión “concepto favorable”, que fue la que se utilizó en el concepto de reforma pensional“. Este concepto técnico es una de las solicitudes más importantes de los congresistas que están estudiando el proyecto en la Comisión Séptima del Senado, donde actualmente se encuentra en peligro de ser rechazado.
El documento, firmado por María Fernanda Valdés Valencia, viceministra técnica del Ministerio de Hacienda, detalla los costos de la reforma con base en la información proporcionada hasta la fecha por el Ministerio de Salud. Las estimaciones se realizan a partir del año 2025, cuando se espera que el Gobierno comience la implementación de la reforma. La conclusión del documento es clara: “Los costos fiscales mencionados podrían incorporarse de forma compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.
El aval fiscal, concedido el 20 de marzo, satisface una de las principales demandas de los congresistas y la opinión pública, quienes han estado pidiendo conocer los costos reales de esta reforma. Según el documento, se estima que el costo del proyecto en 2025 será de más de 105 billones de pesos, y en 2033 superará los 143 billones de pesos.
La aprobación del aval fiscal indica que los costos fiscales pueden incorporarse al Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2024, siempre y cuando el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) apruebe un recorte de gastos de funcionamiento e inversión del Gobierno Nacional Central en otros rubros. Sin embargo, el documento no especifica cuáles serán los recortes de gastos necesarios para financiar la reforma.
El Ministerio de Hacienda está a la espera de datos adicionales por parte del Ministerio de Salud, especialmente en lo que respecta a gastos de personal y atención de mediana y alta complejidad. Esta información es crucial para evaluar y sustentar los costos estimados.
La propuesta de la reforma plantea que la prestación de los servicios de salud se realizará a través de las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIISS), coordinadas por las Gestoras de Salud y Vida, así como por las Entidades Territoriales. El nivel primario estará compuesto por equipos de salud territorial y Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), que serán el primer punto de contacto para la población. Por su parte, el nivel complementario estará conformado por instituciones de mediana y alta complejidad.
En cuanto a la infraestructura, aún está en definición por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Por lo tanto, las cifras proporcionadas hasta el momento serán ajustadas una vez se determinen las necesidades específicas de infraestructura pública. Los costos dependerán de los recursos disponibles en cada año y de las regulaciones establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en cuanto a la conformación, tipologías, localización, funcionamiento e integración en las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud.
Además, establece que la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES) será responsable de recaudar y administrar los recursos fiscales y parafiscales destinados al Fondo Único Público de Salud. Será el único pagador del sistema y se encargará de desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación del gasto en salud, así como de realizar auditorías integrales.
Otro aspecto de la reforma es la implementación de un Sistema Público Unificado e Interoperable de Información en Salud (SPUIIS), que permitirá un acceso transparente, en línea y en tiempo real a las transacciones en salud y administrativas para todos los actores del sistema.
Las primeras reacciones sobre el nuevo aval fiscal del MinHacienda
Inmediatamente después de conocerse el aval fiscal de la reforma a la salud, se conocieron las reacciones a favor y en contra del documento, indispensable para el próximo debate. Así está el panorama:
A FAVOR: una de las primeras en pronunciarse fue la representante Martha Alfonso, quien impulsó la reforma desde la Cámara de Representantes. “El costo del sistema de salud según el documento del Ministerio de hacienda a 2033 será de 143.8 billones de pesos. Esto quiere decir que el valor de la reforma es de 14 billones de pesos adicionales a lo que ya tiene el sistema proyectado a 2033. Eso significa que anualmente la reforma cuesta 1.5 billones de pesos, que no es nada respecto a la masa monetaria de mas 95 billones anuales en promedio que maneja el sistema de salud a 2033“, expresó.
Misma línea comparte el representante Alfredo Mondragón, quien aseguró que la “financiación de la Reforma a la Salud es perfectamente asumible por el Estado y el cumple establecidos de la Regla Fiscal. Además, el gasto adicional es para gran fortalecimiento de la atención en salud”.
EN CONTRA: para actores sectoriales e investigadores, el documento emitido por el MinHacienda ratifica la inconveniencia de la reforma a la salud. En un breve análisis compartido por el Dr. Andrés Vecino, señala que: el Ministerio de Hacienda no se responsabiliza de los costos de la iniciativa, se indica claramente que hay $4 billones como pasivos -situación que ha sido negada por la ADRES y el Ministerio de Salud-. Además, concuerda con la falta de siniestralidad de la UPC, un hecho que ha sido uno de los principales argumentos de los opositores a la iniciativa.
Hace pocos minutos, Alejandro Gaviria, exministro de Salud dio a conocer su análisis al aval fiscal del Ministerio de Hacienda. “Anticipo un riesgo grande de desfinanciamiento de los medicamentos y procedimientos para la atención de pacientes crónicos. Habida cuenta del costo significativo de los centros de atención primaria, los equipos territoriales, la infraestructura pública y otros gastos adicionales, todo en un contexto de estrechez presupuestal, sería probable que estos nuevos gastos terminaran desplazando los gastos en tratamientos y medicamentos, afectando así el acceso y la calidad de los servicios de salud de Colombia”, expresó.
Gaviria resaltó que el Ministerio de Hacienda no da el aval fiscal que la iniciativa requiere para su puesta en marcha, pues no cumple con los requerimientos de la Ley 819 de 2003. La información compartida es preliminar, haciendo falta el desglose y explicación detallada de los costos; tampoco entrega sustento técnico para las cifras presentadas, lo que impide entender aspectos como el despliegue de equipos territoriales.
Además, subestima los costos del nuevo sistema de información y carece de revisión por entidades competentes. El Ministerio no contempla los costos adicionales por el cambio en la gestión del riesgo financiero; el crecimiento estimado de la atención en salud parece incoherente con las tendencias demográficas y tecnológicas, siendo criticado por su falta de credibilidad. Finalmente, señala que la reforma causaría un déficit financiero significativo, requiriendo recortes en otros sectores para alinearse con la planeación fiscal del país.
Sobre el documento también se pronunció Ana María Vesga, presidente de ACEMI enfatizó en que el documento no es el aval fiscal necesario y subrayó que “@MinHacienda reconoce que hay un faltante de 15.5 bn que tendrían que buscar su espacio fiscal antes de junio vía CONFIS, reduciendo el gasto de otros sectores. Pero además señala que al sistema le faltan recursos para 2024, que no se conoce la base técnica de los cálculos de inversiones y ahorros que le entregó Minsalud y que tampoco es claro si la UPC alcanza o no. Que más evidencia necesitamos ?”.
