Colombia se encuentra ante la posible transformación más significativa de su sistema de salud en décadas. El proyecto de ley P.L.312-2024C (reforma a la salud), actualmente en discusión, propone una reestructuración profunda del modelo actual, buscando garantizar el derecho fundamental a la salud para todos los colombianos.
El centro de la reforma reside en la transición hacia un “Aseguramiento Social en Salud”, un sistema público, universal y solidario que busca superar las limitaciones del modelo actual. Este nuevo sistema pondría un mayor énfasis en la Atención Primaria en Salud (APS), vista como la puerta de entrada al sistema y el eje central para la promoción, prevención y atención de enfermedades.
La reforma plantea una reorganización de la gobernanza del sistema, otorgando un rol protagónico al Ministerio de Salud. A nivel territorial, gobernadores y alcaldes asumirían el liderazgo en la implementación de políticas de salud, adaptándolas a las necesidades específicas de sus regiones.
Las Gestoras de Salud y Vida no salen del proyecto de reforma a la salud
La reforma al sistema de salud no solo plantea un cambio en el modelo de atención, sino también una redefinición profunda de la gobernanza y la gestión del sistema. Si se materializa el proyecto, las EPS se transformarán en Gestoras de Salud y Vida (concepto que se ha dado a conocer desde la primera reforma propuesta). Estas entidades, que podrían ser públicas, privadas o mixtas, asumirían algunas de las funciones que actualmente desempeñan las aseguradoras, bajo un enfoque diferente.
Según el proyecto de ley, las Gestoras serían responsables de la gestión del riesgo en salud de la población afiliada, la coordinación de la atención primaria y la articulación con las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS). A diferencia de las EPS, las GSV no tendrían la función de intermediación financiera, ya que los recursos serían administrados directamente por el Estado a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
¿Cómo se financiarán las Gestoras de Salud y Vida según la reforma a la salud?
El financiamiento de las GSV provendría de una parte de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor per cápita que el Estado paga por cada afiliado al sistema. Sin embargo, la reforma plantea que la UPC se destine principalmente a la prestación de servicios de salud, y que la gestión de las GSV se financie con recursos adicionales, buscando incentivar la eficiencia y la calidad en la gestión del riesgo en salud.
La implementación de los ajustes tiene varios retos. Uno de ellos es definir claramente las funciones y responsabilidades de cada actor, evitando duplicidades y conflictos de interés. Otro desafío es fortalecer la capacidad de gestión y supervisión del Estado, garantizando que las entidades cumplan con sus objetivos y que los recursos se utilicen de manera eficiente y transparente.
ADRES como ente clave para la gestión del sistema: ¿pagador único?
En la reforma a la salud, la ADRES emerge como una pieza fundamental. En el proyecto que estudiará el Senado, mantiene su rol en la gestión y administración de los recursos financieros. Con esto, se busca eliminar la intermediación financiera de las EPS, reduciendo los costos administrativos y aumentando la transparencia en el uso de los fondos. Esto permitiría destinar una mayor proporción de los recursos a la prestación de servicios de salud, beneficiando directamente a los pacientes.
La reforma plantea que la ADRES realice el pago directo a los prestadores de servicios de salud (hospitales, clínicas, etc.), eliminando la necesidad de que estos negocien con las EPS. Se espera que esto agilice los pagos, reduzca la burocracia y mejore la liquidez de los prestadores, especialmente de aquellos que operan en zonas rurales o apartadas.
Además de la administración de los recursos, la ADRES asumiría la gestión del riesgo financiero del sistema. Esto implica identificar, evaluar y mitigar los riesgos que puedan afectar la sostenibilidad financiera del sistema, como el aumento de los costos, la evasión de cotizaciones o el fraude.
Talento humano en salud, motor de la transformación del sistema de salud
La reforma a la salud reconoce el papel fundamental del talento humano en salud. El proyecto plantea una serie de medidas para dignificar las condiciones laborales, fortalecer la formación y garantizar la distribución equitativa de los profesionales de la salud en todo el territorio nacional.
En esa medida, se contempla la eliminación de la tercerización laboral y la contratación a través de cooperativas o intermediarios, una práctica que ha generado precarización y falta de estabilidad en el sector. En su lugar, se fomentará la contratación directa, asegurando que los profesionales de la salud cuenten con vínculos laborales formales y acceso a derechos plenos. Esta medida es especialmente relevante para quienes trabajan en zonas rurales o apartadas, donde la inestabilidad contractual ha sido un obstáculo para la consolidación de equipos médicos sólidos y permanentes.
Otro aspecto clave de la reforma es el fortalecimiento de la participación de los profesionales de la salud en la toma de decisiones del sistema. Se plantea la creación de espacios de diálogo y concertación donde médicos, enfermeros y otros trabajadores del sector puedan aportar su visión y experiencia para mejorar las políticas públicas en salud. Esto garantizará que las reformas y regulaciones futuras cuenten con la perspectiva de quienes están en la primera línea de atención, promoviendo así un sistema más eficiente y centrado en las necesidades reales de la población.
Conoce el proyecto de reforma a la salud que evaluará el Senado:
