Con la resolución 1621 de 2020 se delegó a la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- la función de adelantar la compra directa de los medicamentos para la hepatitis C crónica para el régimen contributivo y subsidiado con cargo a los recursos de esta misma entidad.

En este sentido, la gestión adelantada por la ADRES se amparará por la regulación aplicable a las entidades sanitarias.

El documento señala que para darle total cumplimiento a la función delegada, el Ministerio de Salud adelantará los estudios técnicos, epidemiológicos y administrativos previos a la compra al igual que todos los procesos posteriores a la misma. En estos estudios se incluye la gestión administrativa, operativa y logística de los bienes adquiridos así como la supervisión del contrato o convenio respectivo sin que se generen costos adicionales en la operación de la ADRES.

Finalmente, el Ministerio de Salud y la ADRES suscribirán un convenio interadministrativo en el que se precisen las responsabilidades de cada una de las entidades.

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Mediante un pronunciamiento jurídico, el Consejo de Estado declaró legal la norma que flexibiliza el procedimiento de compensación que deben llevar a cabo las EPS para poder recibir dineros por concepto de unidad de pago por capitación (Decreto 3260 del 2007) de manos del Fondo de Seguridad Social y Garantías (Fosyga), mandato que tenía por propósito destrabar el giro de los saldos que, al 31 de diciembre del 2006, no habían podido ser compensados ordinariamente por las entidades.

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compensación a EPS

De acuerdo con el alto tribunal, dicha compensación consiste en el deber que tienen las EPS de restar de los pagos que reciben por cotizaciones de sus afiliados las UPC que corresponden a cada uno de ellos y sus beneficiarios, que es el pago anual que se le reconoce a las entidades para poder financiar el plan obligatorio de salud (POS) de cada uno de ellos.

Según el Consejo de Estado el fallo, por su parte, impuso una especie de amnistía, que le permitió a estas EPS recibir cerca de 469.000 millones de pesos, sin necesidad de tener que identificar plenamente a cada uno de sus afiliados al 31 de diciembre del 2006, dado el represamiento de los saldos que no habían podido ser compensados por el procedimiento ordinario de la época, ponían  en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud.

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La demanda señaló que “la flexibilización del procedimiento violó el principio de moralidad administrativa, pues estando obligadas a identificar plenamente a sus afiliados para recibir los recursos por UPC de manos del Fosyga, las EPS terminaron siendo eximidas de esa obligación legal”.

Finalmente, el Consejo de Estado negó las pretensiones de esta acción de nulidad simple. Sostuvo que la Sección Primera ha señalado que flexibilizar este procedimiento no viola la moralidad administrativa, sino que hace más eficiente el flujo de unos recursos que se encontraban paralizados por la falta de suministro de información por parte de las EPS. Agregó que el demandante no probó que este mandato eximiera a las entidades de su deber de identificar a sus afiliados frente a los cuales no había podido cobrar al Fosyga las UPC.

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A través de la resolución 1726 de 2020, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud amplió el plazo para el reporte del plan de aplicación de los excedentes de cuenta maestra del Régimen Subsidiado por parte de los municipios, y la actualización del plan de aplicación por los departamentos y distritos.

Fechas para el reporte de los excedentes de cuenta maestra

Según este documento las nuevas fechas para el reporte del plan de aplicación de los excedentes de cuenta maestra del Régimen Subsidiado quedarán así:

Los municipios que decidan hacer uso de los excedentes de cuenta maestra para las acciones de salud pública con ocasión de la pandemia derivada del COVID-19, deberán reportar la actualización del plan de aplicación con corte a 31 de diciembre del año 2019 a sus departamentos, a más tardar el veintiocho (28) de septiembre de 2020.

Asimismo, los departamentos, incluidos aquellos que cuentan con áreas no municipalizadas, así como los distritos que decidan modificar el plan de aplicación con corte al 31 de diciembre de 2019 enviado a través de la plataforma PISIS del SISPRO, para destinar recursos para las acciones de salud pública, deberán reportar la información a más tardar el dos (02) de octubre de 2020.

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